Marod

Hago esta entrada, como epílogo a la interminable discusión que mantuvimos con ocasión de la sentencia Obergefell en USA sobre el matrimonio homosexual. [Además de la poligamia, habría que permitir el “matrimonio narciso” | No es por joder, pero ahora ya no hay ni una sola razón para prohibir la poligamia]

En esta ocasión me aparto de la acostumbrada estructura que caracteriza estas entradas por eso, por intentar ser breve (imposible) y porque es una especie de “posdata” a la anterior.

El PP recurrió la reforma que introdujo el PSOE para la legalización del matrimonio homosexual. Y su argumentario se basaba en la concepción histórica, tradicional y natural del matrimonio. Yo, cada vez que alguien alude a “lo natural” en Derecho me sale un sarpullido… En todo caso, alegan que dar la posibilidad de casarse a los homosexuales desvirtua el matrimonio y lo hace irreconocible. Tal cual (las cursivas son la parte literal y sustancial de la interminable sentencia…sólo para valientes)

El carácter básico de la institución del matrimonio. Se recuerda que existen pocas instituciones en la historia de la humanidad con la tradición, solidez e importancia social del matrimonio, institución que responde a la lógica de las necesidades naturales y sociales de nuestra especie, así como a su perpetuación. De ahí la necesidad de reconocer, proteger y fomentar de forma precisa, específica y sostenida en el tiempo la unión entre el hombre y la mujer. Y de ahí que la ley impugnada desnaturalice el matrimonio, haciendo de una institución con unos contornos tan definidos y universales una institución polisémica, borrosa y disponible.

No se recurre la Ley porque amplíe los derechos de los homosexuales, ni porque pretenda introducir en el ordenamiento español un cauce institucional para encauzar su relación de pareja con plenos efectos jurídicos. Se recurre, entre otras cosas, porque amplía tales derechos de un modo innecesario y cuando podría hacerse sin desvirtuar una institución tan fácil y universalmente reconocible como el matrimonio, y sin respetar el derecho querido por millones de ciudadanos y protegido por la Constitución a adherirse personalmente a una institución como el matrimonio entre un hombre y una mujer. La Constitución no se respeta, continúan los recurrentes, privando de derechos a quienes legítimamente los tienen para reconocer con ello los nuevos derechos legítimos de otros; se respeta y avanza desde un punto de vista democrático dando derechos a quienes no los tenían, pero sin perturbar ni disminuir los que la Constitución garantiza. Respetar la institución del matrimonio tal y como la ha querido el constituyente no es incompatible, concluyen los recurrentes, con la plena equiparación de derechos civiles de las personas homosexuales. Existen diversas opciones para ello, pero la peor es la escogida por el autor de la reforma, quien para construir destruye una institución constitucionalmente garantizada como el matrimonio.

El TC dice que no. Que la institución –tras una evidente evolución- se mantiene como una comunidad de afecto que genera un vínculo entre dos personas con idéntica posición y que consienten voluntariamente. Y define, de paso, las notas definitorias del matrimonio moderno:

  • Igualdad de los cónyuges
  • Libre voluntad de contraer
  • Manifestación de esa voluntad (formalismos legales)

Todos se cumplen, oiga. Según lo dice:

Tras las reformas introducidas en el Código civil por la Ley 13/2005, de 1 de julio, la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades establecidas en el ordenamiento. Así, la igualdad de los cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio con la persona de la propia elección y la manifestación de esa voluntad son las notas esenciales del matrimonio, presentes ya en el Código civil antes de la reforma del año 2005, y que siguen reconociéndose en la nueva institución diseñada por el legislador.

Sin embargo, el TC reconoce que otra opción (la unión arcoíris 😉 ) era técnica y constitucionalmente posible. Que es la parte que no comparto, y reconozco que estoy en solitario, así que probablemente tenga el juicio nublado. Sigo manteniendo que si establecemos una institución diferente (matrimonio/unión) para los mismos efectos y realidades (estado civil y esas notas definitorias) estamos haciendo una diferencia de trato justificada en qué? En la dimensión tradicional, antropológica, histórica y bla bla bla del matrimonio. Y por esas, las instituciones no evolucionarían jamás. No me enrollo, que esto ya lo hemos tratado. Tal cual:

El legislador, tal y como sugería el Consejo de Estado en su dictamen de 16 de diciembre de 2004 respecto del anteproyecto de Ley por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio (expediente núm. 2628-2004), y apunta el Abogado del Estado en sus alegaciones, podría haberse inclinado por otras opciones a la hora de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo usando la categoría, empleada en otros países de nuestro entorno, de las uniones civiles, opción que es la que parecen preferir los recurrentes. Pero esta elección que hubiera supuesto la no modificación de la institución matrimonial clásica junto con la simultánea creación de un régimen diferente al del matrimonio, con un contenido más o menos equiparable pero diferente, no fue la escogida por el legislador, que optó en cambio por generalizar el régimen único del matrimonio para cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, opción ésta ajustada a la Constitución y que parece responder a la lógica de que dos relaciones jurídicas equiparables —matrimonio entre personas de distinto sexo y unión civil entre personas del mismo sexo— y con similares efectos reciban la misma denominación. El legislador español, como otros de nuestro entorno jurídico cercano, tenía varias opciones a su alcance a la hora de otorgar reconocimiento jurídico a la situación de las parejas del mismo sexo, y la opción escogida es respetuosa con los dictados del texto constitucional, sin que esta afirmación prejuzgue o excluya la constitucionalidad de otra.

Y sin embargo sí se paran a analizar si el cambio de condiciones en el matrimonio perjudica o impide el derecho de los heterosexuales. Y llegan a la conclusión de que no. Lo cual también nos indica, de nuevo, que pretendemos regular diferente lo que en realidad es igual. Diferente figura legal para satisfacer el mismo deseo (derecho subjetivo) del individuo. Sigo sin verlo.

Habría que determinar si la regulación impugnada impide el ejercicio del derecho por parte de las personas heterosexuales, en las mismas condiciones en que anteriormente lo ejercían, afectando por tanto al contenido esencial de ese derecho, y la respuesta a esta cuestión ha de ser negativa. El reconocimiento del derecho al matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, implica la posibilidad para cada individuo de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo o de diferente sexo, de manera que ese ejercicio reconozca plenamente la orientación sexual de cada uno. Ello no afecta al contenido esencial del derecho, porque el que puedan contraer matrimonio entre sí personas del mismo sexo ni lo desnaturaliza, ni lo convierte en otro derecho, ni impide a las parejas heterosexuales casarse libremente, o no casarse. Las personas heterosexuales no han visto reducida la esfera de libertad que antes de la reforma tenían reconocida como titulares del derecho al matrimonio, puesto que con la regulación actual y con la anterior, gozan del derecho a contraer matrimonio sin más limitaciones que las que se deriven de la configuración legal de los requisitos para contraer matrimonio que realiza el Código civil. Sin embargo, las personas homosexuales gozan ahora de la opción, inexistente antes de la reforma legal, de contraer matrimonio con personas del mismo sexo, de tal modo que el respeto a su orientación sexual encuentra reflejo en el diseño de la institución matrimonial, y por tanto su derecho individual a contraer matrimonio integra también el respeto a la propia orientación sexual. De este modo se da un paso en la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) que han de orientarse a la plena efectividad de los derechos fundamentales (STC 212/2005, de 21 de julio, FJ 4), además de ser fundamento del orden político y de la paz social y, por eso, un valor jurídico fundamental (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8), sin perjuicio de que se puede reconocer que el mecanismo elegido por el legislador para dar ese paso no era el único técnicamente posible.

El TC se lava las manos, y yo creo que no debería. Debería decir que les corresponde hacer el juicio de constitucionalidad sobre la diferencia de trato que supondría dos instituciones diferentes. Pero se salen por la tangente.

No corresponde al Tribunal Constitucional enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles (entre otras muchas STC 60/1991, de 14 de marzo, FJ 5), puesto que debemos respetar las opciones legislativas siempre que las mismas se ajusten al texto constitucional. Como dice el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones, se pudo optar por diversas modalidades de regulación de la unión entre personas del mismo sexo. La opción que contiene la Ley 13/2005, sometida a nuestro examen se inscribe en la lógica del mandato que el constituyente integró en el art. 9.2 CE, de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, apoyándose en la interpretación que ya ha hecho este Tribunal de la cláusula antidiscriminatoria del art. 14 CE, en la que hemos incluido la discriminación por razón de la orientación sexual (STC 41/2006, de 13 de febrero, FJ 3), en la línea de la jurisprudencia de Estrasburgo (entre otras, STEDH en el asunto L. y V. c. Austria de 9 de enero de 2003, § 48).

Cerramos con el voto particular discrepante (igualico que los americanos, tu). Más que nada porque va muy en la línea de Plaza (creo), y supongo que le interesará verlo en un “turista de reconocido prestigio” 😉 .

  1. La Sentencia de la mayoría, de la que discrepo, parte de la consideración —que sí comparto— del art. 32 CE como integrado por la configuración de una garantía institucional, la del matrimonio, y la consagración de un derecho, el de contraerlo, cuando proclama literalmente en su núm. 1 que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.

Para definir la institución matrimonial que la Constitución garantiza, se utiliza (en el fundamento jurídico 9) la llamada “interpretación evolutiva”, para llegar a decir que el matrimonio es “ una comunidad de afecto que genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo expresamente, mediante las formalidades previstas en el ordenamiento”. La descripción que acaba de reproducirse, un tanto enrevesada y poco eufónica, realiza una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino (N.A.: Sí joder, podría. Pero no puede desde un punto de vista moral, melón. ¿te atreves a afirmar lo mismo de los homosexuales?). De cualquier manera y con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu.

En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir. Y no se diga —que se dice— que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva.

En resumen, la unión libérrima a juicio del TC, sería perfectamente constitucional. Por hoy, y sin que sirva de precedente, voy a llamarles Prostitucional J

 

Marod

Bueno, pues aquí estamos de nuevo dispuestos a extraer el jugo a la jurisprudencia del Constitucional. Esta vez, trataré de mostraros cuál es la doctrina constitucional en esta embarullada realidad plurilingüística de este país nuestro. Al turrón:

HECHOS EN LID:

Reforma, allá por el 2012, de la Ley de 2007 de función pública de las Islas Baleares. La reforma, sin entrar en detalle, se dirigía a revertir en cierto modo la política lingüística en la islas. Se impone un uso indistinto de ambas lenguas (castellano y catalán), se suprime la obligación de conocimiento del catalán por parte de nuevos empleados públicos, y establece la tramitación de procesos administrativos mayoritariamente en castellano (salvo que el administrado comunique su opción catalana). Para más detalles: Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (buscadla en google, gandules 🙂

PARTES:

  • Atacante: Más de 50 senadores del grupo parlamentario Socialista del Senado (lo de más de 50 es así, literal, ¿Será como para acojonar al otro? – ¡Ándate con ojo, que me he traído a unos colegas! 🙂
  • Defensor: El Abogado del Estado (¿Quién si no, el obediente funcionario?)

ARGUMENTOS Ataque:

La Ley impugnada articula un conjunto de medidas que atentan contra la posición constitucional y estatutaria del catalán en la Comunidad Autónoma, en cuanto que erosionan su condición de lengua propia y oficial, lesionando con ello los derechos de los ciudadanos y vulnerando normas estatales de carácter básico. Se les reprocha vulneración del art. 3.3 CE así como los arts. 4.3 y 35 del Estatuto de Autonomía, los cuales, según los recurrentes, establecen los principios de protección del pluralismo lingüístico y de normalización progresiva de la lengua catalana y que ahora se verían vulnerados en cuanto se trataría de un conjunto de medidas que, a medio y largo plazo, van a determinar el carácter innecesario de la lengua catalana en el ámbito institucional y administrativo de las Illes Balears (OHH, Dios Mío, ¡Qué tragedia! 🙂 🙂

En parte porque estiman que imponen un uso indistinto de ambas lenguas, suprimen la obligación de conocimiento del catalán por parte de los nuevos empleados públicos y establecen la tramitación de los procedimientos administrativos mayoritariamente en castellano.

A su juicio, esta reforma legal impide que el catalán pueda ser el centro de gravedad del funcionamiento ordinario de las organizaciones administrativas. Y por tanto, lo posterga.

Asimismo, entienden estos más de 50, que la reforma (uso indistinto de lenguas y eliminación del requisito de conocimiento de catalán para la mayoría de empleados públicos) vulnera, atenta, se caga en:

  • Estatuto de Autonomía Balear: Consagra el derecho a relacionarse en catalán con la Admon. …. Y como ahora puede que haya funcionarios que no sepan catalán, pues se puede comprometer el ejercicio de tal derecho.
  • 14 CE: En la medida que la reforma consagraría una auténtica discriminación por razón de lengua en la atención a los ciudadanos ( J Really? Que ilusión, no soy el único que emplea el concepto de discriminación por razón de lengua…. ¿Veis como no estoy tan pirado?)
  • Otros motivos de competencias Estado vs CCAA….( Pero eso es un rollo patatero y no me interesa incluirlo aquí, que sólo voy a examinar la cuestión puramente lingüística)

ARGUMENTOS Defensa:

No resulta predecible ese resultado, porque existe una generalización del dominio del catalán según manifiesta el legislador balear con fundamento en el conocimiento de su sistema educativo. (Y si ellos lo dicen… ¿Será verdad, no? 🙂 . Así que, menos dramas, que los derechos de los baleares de dirigirse a la Admon en catalán quedan suficientemente garantizados.

Y además, que es una decisión política otorgar más prioridad a la excelencia en los conocimientos y prácticas profesionales que al requisito lingüístico que está constitucionalmente aceptada.

Y por último que la demanda de los atacantes carece de fundamentación suficiente (vamos que ni de lejos fundamentan toda esa serie de magníficos desastres que suponen que van a ocurrir en relación al catalán en Baleares 🙂

…No dice mucho más. (Claro, con tanto recorte, hasta los abogados están calladitos 🙂

FALLO: trrrrrrrrrrrrrrrrrrr (redoble de tambor)…………….

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1º (un rollo que excluí que no viene a cuento, porque ya está derogado. No se mete)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil trece.

(¡A tomar por culo! El TC postergando lenguas a su edad…. Que desfachatez! 🙂

…Bueno hay un voto particular que se muestra disconforme (Dª Adela Asúa Batarrita) pero incluir sus fundamentos se nos haría muyyyyy laaaargooo y no quiero aburrir 😉

FUNDAMENTOS DEL TC

Veamos cómo fundamentan vuestros queridos “turistas” este descalabro catalán:

  • El punto de partida para enjuiciar el presente recurso ha de ser obviamente el hecho de que la Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española y, como ya se expresara en la STC 32/1986, de 26 de junio, FJ 1, en dicha realidad se constata un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, que obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas en orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas, a la protección efectiva de todas ellas y a la configuración de derechos y deberes individuales en materia lingüística. (vamos, que esto no es un ataque a las “otras” lenguas, sino la decisión sobre una controversia concreta)
  • Define, el TC (en base a la C.E.) un concepto interesante “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. Positivismo jurídico cuasi-puro, pues determina la realidad lingüística conforme a su reconocimiento jurídico-político, desechando su “realidad y peso” como fenómeno social. Supongo fruto, de prevalecer una decisión política (refrendada por soberanía) sobre una liberalización del uso que supondría, a todas luces, un importante detrimento de las lenguas minoritarias.
  • Sin embargo, no todo es “jauja” para las lenguas “menores”…mirad, mirad: “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas oficiales, con independencia de la realidad y el peso social de cada una de las lenguas en cuestión, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia” (es decir, la protección de lenguas co-oficiales no justifica una postergación del castellano). Más claro lo suscribe en este caso el TC:

La cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas, de forma que en ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia de una lengua sobre otra, lo cual llevaba a este Tribunal, en referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña, a fijar las siguientes premisas doctrinales:

1) la definición del catalán como “la lengua propia de Cataluña” no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano;

2) toda lengua oficial es, por tanto —también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española—, lengua de uso normal por y ante el poder público;

3) desde la perspectiva constitucional, es inexcusable el equilibrio entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado;

y 4) todo ello, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. (Problema: “carta blanca” al legislador para establecer políticas de ,digamos, discriminación positiva para corregir situaciones de hecho… en las que hay enormes dificultades para establecer un criterio objetivo, máxime con nuestra consabida afición al victimismo… opinión personal).

Entonces, el TC trata de ponerle límites a esa “patente” del legislador (el/los parlamento/s): “El ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales”.

También aprovecha el TC para “lavarse las manos” un poco 🙂 En el ámbito de control de constitucionalidad en el que nos encontramos, debemos observar, una vez más, que en un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, y en otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos

Desde esta estricta perspectiva jurídico-constitucional, la opción de política legislativa aquí enjuiciada de conformar una función pública donde no sea necesario genéricamente el requisito lingüístico de la lengua propia no implica necesariamente una posición subordinada de esta lengua, puesto que, como se ha subrayado, la medida preserva la garantía bidireccional del uso de la lengua propia entre Administración y ciudadanos a través de un amplio abanico de puestos de trabajo para cuyo acceso y provisión es necesario el requisito lingüístico. Lo justifica estableciendo requisito suficiente su inclusión (lengua catalana) como un mérito. Le parece proporcional (bueno, menos a Asúa, a ella no 🙂

No hay inconstitucionalidad en tener el conocimiento del catalán como mérito, no existe discriminación, por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán y la existencia de medidas de fomento.

Tampoco se aprecia la discriminación por razón de lengua alegada por los demandantes por los siguientes razonamientos:

  1. a) En primer lugar, ni los arts. 3 CE y 4 del Estatuto balear, ni tampoco la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, invocada por los demandantes, imponen un uso exclusivo o prevalente de la lengua regional en el ámbito administrativo y oficial. (Fíjense los que hayan seguido nuestra última discusión que el criterio de un uso prevalente o exclusivo sí sería considerado una discriminación… lo que no sabía era de la existencia de una Carta Europea de lenguas minoritarias… ¡lo que inventan, oyes! 🙂

… Más claro todavía: este Tribunal reconoció que el legislador había sido sensible a la consideración de la lengua como un elemento constitutivo de la personalidad

No puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, lo que conduce al reconocimiento de la constitucionalidad de los preceptos examinados, al poderse utilizar con normalidad la lengua catalana, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano.

(soplamocos considerable a las pretensiones de sus señorías 🙂

Un concepto interesante nos introduce el alto Tribunal:

“Concepto de “lengua propia” puede definirse como la lengua característica, histórica, privativa, por contraste con la común a todas las Comunidades Autónomas; el de “lengua de uso normal” es el definitorio de una realidad, caracterizada por el uso normal y habitual de la lengua propia en todos los órdenes de la vida social; y el de “lengua preferente” el que implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la Comunidad Autónoma.

En la citada STC 31/2010 ya se indicaba que el concepto de lengua preferente es el único vedado constitucionalmente

Y ya, como colofón final, sentencia (nunca mejor dicho 😉 )

“La modificación legislativa aquí enjuiciada tiende a equilibrar el papel del castellano en el ámbito oficial y administrativo, modificando la orientación de las medidas legislativas introducidas por la Ley 3/1986, de 19 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears que habían reforzado la posición del catalán, otorgándole cierta prevalencia en las diferentes facetas antes expresadas en este ámbito material.

Lógicamente, esta opción de política lingüística del año 1986 no constriñe la que pueda adoptarse en el momento actual a la luz de la realidad lingüística, siempre y cuando tales medidas introducidas se constate que no impongan una preferencia de una de las lenguas oficiales en relación con la otra, ni supongan una postergación o menoscabo de una de ellas.”

Y yo terminó diciendo aquello: Es política, no ciencia jurídica, hombre 🙂

Hasta aquí una interesante sentencia de nuestro garante constitucional que espero haya servido para aclarar los límites que los legisladores “bordean peligrosamente” en no pocos casos.

Hasta la próxima entrega 😉

Marod

De la serie “Jurisprudencia que se entienda” (bueno pensar un título mejor, que yo para la síntesis soy un negado).

Permitidme un breve preámbulo ya que estoy insuflando vida a nueva sección (o al menos se intenta…veremos si la criatura despierta suficiente interés para seguir viviendo otro mes). Breve, un par de notas sobre su funcionamiento y declaración de intenciones de su descerebrado autor.

Seguiré un mismo esquema siempre, con el fin de dotar a la criatura de un mínimo de imparcialidad:

1. Partes y hechos en lid
2. Argumentos atacante y defensor (contradicción)
3. Fallo (sentencia, se entiende)
4. Fundamentos TC (motivación del fallo)

En la entrada propiamente dicha, seré siempre imparcial y cualquier comentario, explicación o chiste malo de mi cosecha irá entre paréntesis. El resto, si bien no siempre será literal (por obvios motivos de espacio y de que esto sea mínimamente tragable para cualquier lector) , será siempre fiel expresión de su original y, por tanto, ajeno a este humilde leguleyo.

En los comentarios (si es que me quedan fuerzas 🙂 ) ya pasaré de estas mariconadas y haré lo que me de la gana y emplearé todas las marrullerías y trucos que me apetezcan.

– Abrimos marzo con:

Recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno cántabro por la ley de prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica (con dos cojones, Nacho 🙂 )

HECHOS: aprobación y promulgación de la ley del parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. La ley expresada consta de tres artículos y establece un prohibición general y absoluta de la técnica de fracking en toda Cantábrica.

PARTES: Atacante (me mola más que recurrente, es más teatral) el Abogado del Estado, en nombre de Mariano Rajoy. Defensor, el Letrado del servicio jurídico del gobierno de Cantabria (Jesús que cargo más largo), en nombre del Parlamento cántabro (mayoría absoluta pepera… Nacho Diego. Es una lucha fraticida, esta. No lo entiendo muy bien, pero bueno)

Argumentos ataque: (Ahorraré mucha jerga técnica y motivos procesales porque son un coñazo infumable y sólo podrían interesar a frikis juristas…si alguno estuviese leyendo ya puede dejarlo 🙂 )

Básicamente interesantes podemos englobar en dos aspectos: el puramente competencial (Madrid vs Santander) y el relativo a la protección ambiental vs desarrollo económico y generación de riqueza (sí, amigos, nuestro TC va a conocer sobre si es mejor aplicar un principio de prudencia por si el fracking fuese malo maloso y peligroso, o por el contrario hay que ponerse a contar billetes…. No me digáis que no estáis impacientes….)

Dice el Abogado del Estado que procede la inconstitucionalidad de la ley cántabra porque invade una competencia exclusiva del Estado: la de Minas y la de Ordenación económica. Que el parlamento cántabro no tiene competencia para prohibir una actividad minera/energética y mucho menos para obstruir o excluir su territorio de la generación de riqueza nacional (a ver que se creen estos cántabros, catalanes? 🙂 )

Después les mete el dedo en el ojo porque los legisladores cántabros ponen la motivación de la prohibición en un pretendido principio de prudencia en cuanto a la necesaria y superior necesidad de protección del M.A. y la salud. Y trae hasta informes de la Dirección General de Minas: En el referido informe se concluye que “dada la importancia estratégica del suministro energético, tanto a nivel nacional en términos de seguridad de suministro y de balanza de pagos como a nivel regional y local, por su potencial para generar actividad económica complementaria y compatible con el tejido existente, parece justificado permitir el desarrollo de este tipo de proyectos. No obstante, siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y de protección medioambiental vigentes, sin que se aprecien razones técnicas objetivas que justifiquen el establecimiento de una prohibición general a priori” y que, por tanto, “Cuando el Estado ha dictado, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para valorar e integrar el interés medioambiental, la prohibición autonómica de la técnica del fracking resultaría pues arbitraria y desproporcionada, si se tiene en cuenta que también la normativa básica exige una evaluación de impacto ambiental previa a la aprobación de todo proyecto”

El Abogado del Estado considera vulnerados los arts. 128.1 CE (“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”) y 130.1 CE (“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos…”). La prohibición que establece el art. 1 de la Ley de Cantabria 1/2013 sería desproporcionada y podría dar lugar a la privación de recursos energéticos estratégicos para el interés general; máxime si esta iniciativa de prohibir el uso de la técnica de la fractura hidráulica se extiende a otras Comunidades Autónomas. Así viene ya sucediendo en La Rioja y Navarra, mientras que en otras Comunidades Autónomas, como Aragón, Baleares y País Vasco, se están tramitando proposiciones de ley en el mismo sentido. Todo ello podría suponer una seria limitación a la posibilidad de investigar y explotar los recursos de hidrocarburos no convencionales en gran parte del territorio español; extremo que acredita la incidencia de esta cuestión en la ordenación general de la economía.

Argumentos defensa:

El mandato constitucional de protección del medio ambiente (art. 45.2 CE) es claro y terminante. Por otra parte, en materia de protección medioambiental el Estado tiene competencia exclusiva para aprobar la legislación básica, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección (STC 60/2013, entre otras), que pueden ser más severas que las estatales, sin que ello infrinja el sistema constitucional de distribución de competencias. La prohibición del fracking en Cantabria constituye una medida de protección adicional del medio ambiente, más protectora que la regulación estatal; se conecta con la competencia de ordenación del territorio y resulta adecuada al principio de proporcionalidad conforme ha sido definido por la doctrina constitucional. Tal prohibición sería la única medida equilibrada, idónea y necesaria para preservar el medio ambiente y la salud de los ciudadanos que habitan en las zonas de sondeos mediante dicha técnica. La incidencia del uso del fracking sobre el medio ambiente es incuestionable, toda vez que esta técnica supone una contaminación en los acuíferos subterráneos, dada la inyección de productos químicos que implica. Es pues natural que, en el marco de sus competencias, la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013 haya establecido un régimen de protección de los ecosistemas ante una actividad que constituye un riesgo para el medio ambiente, teniendo en cuenta la extraordinaria complejidad de la geomorfología de esta Comunidad Autónoma, muy rica en cuevas (algunas de ellas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO) y en extraordinarios recursos hídricos subterráneos.
Para la cosa de la salud dice que toda vez que el uso de la técnica de la fractura hidráulica conlleva riesgos para la salud de las personas y animales, dado el empleo de sustancias tóxicas que requiere. Resulta llamativo —a juicio del representante del Parlamento de Cantabria— que esa toxicidad ,aunque se califique como no elevada, se reconozca en el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas que se acompaña a la demanda, al igual que le llama la atención el silencio que se guarda —en la propia demanda y en el dictamen del Consejo de Estado que a la misma se acompaña— sobre los efectos del fracking para la salud.

(En resumen que aplicando un principio de precaución y teniendo en consideración lo mucho que podría joderles el fracking en cantabria, a sus vacas y sus cuevas y esas cosas suyas, que vayan a fracking a la sierra de Madrid, no te jode)

FALLO (se admiten apuestas….trrrrrrrrr… Redoble de tambor)

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:

Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.
Dada en Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil catorce.

(Ohhhhh, gana Estado central… Malditos fachas!! 🙂 )

FUNDAMENTOS (motivación del TC)

Con el tema “verde” dice el TC: La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea publicó el 10 de agosto de 2012 un informe, relativo a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa, y el Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones relativas a los recursos de hidrocarburos no convencionales denominadas “Las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto [2011/2308(INI)]” y “Los aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto [2011/2309(INI)]”. En todos estos documentos se pone de manifiesto que el desarrollo del gas de esquisto es hoy controvertido en la Unión Europea, sin que existan datos terminantes sobre sus eventuales riesgos para la salud y el medio ambiente (vamos que no se sabe. No tan claro como decía el letrado cántabro)

Y en cuanto al tema competencial:

– Esta prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria contradice de manera radical e insalvable lo dispuesto en el apartado 5 del art. 9 de la Ley del sector de hidrocarburos, añadido por la citada Ley 17/2013, en cuya virtud se autoriza la aplicación de la técnica de la fractura hidráulica en el desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales, precepto formal y materialmente básico ex art. 149.1.13 y 25 CE. Conforme ya quedó señalado, constituye un marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional, referido al empleo de una técnica habitual en la industria para la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional. El legislador autonómico no se limita pues a establecer las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que en la materia correspondiente le asigne su Estatuto, siempre “respetando las bases establecidas por el Estado” (SSTC 135/2012, FJ 2 y 8/2013, FJ 3); vulnera la competencia estatal al entrar en conflicto con la eficacia de la legislación básica que se dicta al amparo de la misma en el territorio de Cantabria.

La prohibición impuesta por el art. 1 de la Ley impugnada no puede considerarse como una norma adicional de protección en materia medioambiental, conforme a la doctrina constitucional al respecto.

La prohibición absoluta e incondicionada de una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos no puede decidirse por una Comunidad Autónoma (por si no les había quedado claro 🙂 )

Y hasta aquí, mis queridos amigos, la sentencia de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, y que la próxima vez que discutáis en la próxima reunión de familiares o amigos sobre el tema, podáis citar -ebrios ya en la sobremesa- el caso del gobierno de España contra cantabria y la doctrina de la STC 106/2014.

Nota: No me he olvidado de mi promesa acerca de traer alguna que podáis calificar de STP (sentencia tribunal prostitucional). En la próxima cumplo… Soy hombre de palabra 😉

Me temo que es demasiado largo. No es por plomo, de verdad, es que es jodido resumir los “ladrillos” del TC. Ya siento.

Hay gente mosqueada y / o sorprendida por la sentencia del Prostitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. Por esa segunda parte de la misma, en la que declara que las referencias “al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña”, no son inconstitucionales si se interpretan dentro de la Constitución. Esto es, si se interpretan como una “aspiración susceptible de ser defendida dentro de la constitución”.

No acaban de convencerme los críticos. Una cosa es que sea “El Prosti” para los amigos, y otra cosa es que siempre sea puta. O que una puta no pueda tener su parte buena. Es posible que los críticos defiendan -y deseen- que esa aspiración sea imposible. Pero eso es lo mismo que harían los nacionatas si consiguieran lo suyo. Y es una putada, porque en ese caso la única esperanza sería hacerse separatatista de los separatas. La ironía del asunto es que la única defensa contra el separatismo nacionata, aparte de la fuerza, ¡es el separatismo! Esto es, formalizar -universalizar- su aspiración, de tal forma que lo que vale para el pato, valga para la pata. Pero lo que vale para la pata, no le vale al nacionata. Reductio ad absurdum. Una de las herramientas más antiguas y eficaces de la lógica [–>].

En estas andaba; criticando a los críticos del Prosti. Sin que sirva de precedente. Cuando veo que llegua Ruiz Soroa. Siempre una especie de alma gemela, en una versión mucha más académica. Y ve algo que se me había escapado. Un “aroma canadiense” de la sentencia del Prosti.

Y es verdad. Con menos explicación y detalle -y fuste- que el TS de Canadá, en realidad el Prosti ha hecho lo mismo. Como señala RS, en vez de limitarse a un “eso no vale”, ha especificado cómo sí podría valer. Aunque en mi opinión, la diferencia por la distancia recorrida por ambos tribunales en ese aspecto es tan grande, que la comparación entre ambos se debe de quedar en el espíritu. Si acaso. Aun así, y siguiendo al maestro, aplaudo al Prosti.

Los que no han estado a la altura son los demás.

– Separatas: Ha dicho que sí se puede, y nosotros superaremos lo que haya que superar.

– No separatas: Ha dicho que es inconstitucional.

– Idiotas: Hablando se entiende la gente.

Pero nadie ha entrado al trapo de cómo sería ese -se puede, si se hace constitucionalmente-. Nadie ha aprovechado la oportunidad (canadiense, efectivamente) que ofrece el Prosti. Porque, para estupor de idiotas, la gente no se entiende naturalmente por mucho que hable. Todo lo que saben y quieren saber los separatas es que quieren separarse. Y todo lo que saben y quieren saber los no separatas es que ellos no. Y así, queridos idiotas, no hay la menor oportunidad de entenderse. Separarse o no separarse no es “dialogable”. O es A, o es B. Lo que sí es dialogable es cómo y cuándo se puede separar quién. Y el resultado de ese hablar suele ser el enfriamiento del separatismo cuando es absurdo. Véase Canadá. Porque al generalizar, y pasar del Pueblo de Catalufilandia, a cualquier ente englobable en el concepto gnóstico y multiforme de “pueblo”, la jodimos, tía María. Igual le dan por saco a Bildulandia, y acabamos haciendo una reserva india en los altos del Goyerri y naciones adyacentes. Si de separar se trata, también se trata de que los que no se quieren separar, se puedan separar a su vez de los que sí se quieren separar. Y da la casualidad de que son los tuyos.

O sea, pensar. Si se trata de fuerza, mejor nos hacemos con la fuerza. Y si se trata de “dialogar”, que nunca lleva al entendimiento,  reductio ad absurdum de jarabe de arce.

 

Como diría V, ya siento. No os voy a contar los motivos jurídicos por el que nuestros pringados presentan demanda contra la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y contra el Prosti, supongo. Podría meter la pata, y no es plan. Ya vendrá Octavio a explicarlo. Espero.

De momento, las fotos de la firma y envío. Para que conste. Y para que tiemble la mamomcracia (je).

pringados-contra-el-prosti-f1 pringados-contra-el-prosti-f2 pringados-contra-el-prosti-f3 pringados-contra-el-prosti-f4 pringados-contra-el-prosti-f5 pringados-contra-el-prosti-p1 pringados-contra-el-prosti-p2 pringados-contra-el-prosti-p3La historia es larga, pero se puede seguir cada paso, de reciente a anterior, pinchando en el cartelito:

Recurso Octavio

O bien con este índice, en su orden natural:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.
  15. Jaque al prosti
  16. De nuevo, jaque al TC
  17. ¿Podría ser Rajoy todavía peor que Zapatero?
  18. El recurso de amparo, de cafés con Anna Grau
  19. Los esforzados pringados acuden al TEDH, contra el Parlamento de Cataluña y el Prostitucional (fotos).

Nota previa [pm]: Se trata de un nuevo paso en la guerra `[–>] de la puta plebe contra el Prostitucional. Donde puta plebe se personaliza en este caso en Octavio, Viejecita y Juan Espino (más alguna Emma que anda escondida por ahí). Imagino que en este caso el Prosti estará pastoreado por Rajoy, don Teledeporte. O El Aguerrido. El núcleo es que no les sale de los caprichos admitir un recurso de amparo contra las declaraciones de soberanía del Parlamento de Cataluña, a la que tienen todo el derecho del mundo, según la constitución.

Al final sale la lista de todos los pasos de la serie.

 

Octavio

La explicación es sencilla. Los vicios nacionales se extienden como la espuma, entre ellos el de “paso de ti como de comer mierda y por lo tanto , no te debo ninguna explicación”. Tan interiorizado esta este comportamiento entre las élites, políticas, jurídicas o de cualquier tipo  (con el agravante de que , élite en este país se considera ya hasta un bedel de la última pedanía perdida de Dios ) , tanto como la idea de que  las cosas son supuestamente así y no se pueden cambiar esta incrustada en la mente de los ciudadanos.

No pretendemos con este escrito mas cosa  (ni menos) que decirles a sus Señorías,… “ Os vamos a tocar los cojones todo lo que podamos -mientras que no nos contestéis- como los ciudadanos tenemos derecho, no se trata de que nos deis la razón ( que  dicho sea de paso y como podéis comprobar , la tenemos) sino que nos deis las vuestras de manera motiva y razonada”.  *

Y de paso  , intentar transmitir una idea,   su fuerza radica en que desconocemos la nuestra, si tomamos conciencia de ella en numero suficiente, se les acabo el chollo.

* Pero ojo, que no damos puntadas sin hilo… y resulta que , a lo mejor antes de llamar a la puerta del TEDH, nos plantamos delante de la del Supremo.

Escrito-Prosti-12-9-13

 

Dado que hoy es  Once de septiembre , y para  celebrar la diada , hemos decidido chinchar un poquito al TC. La cuestión en realidad es experimentar una vía que , según  respondan o más bien , si no lo hacen , nos abriría la vía, no del TEDH … sino del Tribunal Supremo.
 Los artículos que entran en juego son…

Artículo 9 Declaración de inadmisibilidad. Plazo

1. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.

2. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.

Disposición adicional primera Regímenes especiales

1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

artículo 12 Protección jurisdiccional

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (sic):

  • a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.
  • b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
  • c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Todos de la ley 4/2001 de Derecho de Petición, no es descartar TEDH, tenemos plazo, si no ver como respiran.

Recurso Octavio

Anteriores en la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.
  15. Jaque al prosti

Que no se me enfaden por el apelativo, en el fondo cariñoso. Ni siquiera es mío. Yo se lo copié al periodista Carlos Herrera, que directamente le llamaba Tribunal Prostitucional en su programa. Y no creo que sea porque tengan una filosofía de practicar eso que llaman “derecho creativo”, a la Garzón. Más bien parece algo que, en plan fino, podría tildarse de derecho gamberro.

A ver. Unos cachondos. Dicen a nuestros amigos que no están “legitimados” para presentar un recurso de amparo contra las declaraciones de soberanía del Parlamento de Cataluña, por mucho que aleguen que atenta contra su derecho fundamental de participación política. El de todos. Sin mayor explicación. No legitimados … porque lo digo yo. Aunque sí dan a entender algo. Dicen que no están legitimados según el artículo en cuestión. El 46.1 (a) de la LOTC.

Mira:

LOTC, Artículo 46

1. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

  • a) En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

En plata, que un españolito de a pié no está directamente afectado por esa declaración del Parlamento de Cataluña.

Y luego llega la hora de decidir si mantener la suspensión provisional de esa declaración soberanista, cuyo plazo caducaba, y que habían hecho a instancias del gobierno. ¿Y que dicen? Que mantienen la suspensión, porque …

La Resolución 5/X tiene claro efecto jurídico sobre el Gobierno autonómico en la medida en que le insta a la consecución de una cierta finalidad prescrita y controla que esa finalidad se cumpla. Y tiene igualmente efecto jurídico sobre la ciudadanía en cuanto pretende activar y promover el ejercicio de libre opinión [art. 20.1.a) CE] y participación en los asuntos públicos (art. 23.1CE). [–>]

¿Cachondo el Prosti, no? ¿No ha caído en que “la ciudadanía” no es más que una abstracción que consiste en los ciudadanos, como por ejemplo los pringados que han presentado el recurso de amparo? ¿Cómo puede ser que algo que afecta a los ciudadanos, según el mismo Prosti, se transmute en algo que hace de los ciudadanos  “personas no afectadas”? ¿Broma, o gamberrada? ¿Cómo podría no estar directamente  afectado alguien a quien suprimen uno de sus derechos fundamentales? O igual es derecho cuántico, como el gato de Shrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo.

¡Pues jaque!

Prosti

Que por supuesto, se van a pasar por el forro de sus caprichos. Pero igual llegan otras instancias, como más europeas, y le sacan los colores a nuestros gamberretes. ¡Ah!, ¿que tenían que seguir las instrucciones de sus señoritos, para que puedan practicar sus cambalaches y prodigios? Ajo y agua; haber pedido susto.

¡Jaque!

Recurso Octavio

Entradas anteriores de la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.

Hay ingenuos que piensan que los separatistas catalanes les van a quitar un buen pedazo de soberanía. ¿De sobera-qué? Creen que porque en la constitución hay frases estupendas, del tipo de …

1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

… se lo pueden creer. ¡Hay que ser pardillo! ¿Cuántos más síntomas necesitan -de los que vemos todos los días- para saber que será una constitución, pero también es una payasada grotesca? La guinda de ese circo de payasos que responde al nombre Nación Española. Se la saltan todo el rato, pero además anunciando en público la jugada. ¿Qué esperábamos?

En principio, es el fin del Recurso de amparo de Octavio contra el Parlamento de Cataluña. El fin, según la payasada española. Veremos qué pasa en Europa. Pero el circo tiene su gracia, así que mejor lo contamos.

Nos habíamos quedado en que ese Tribunal, conocido popularmente como Prostitucional, había rechazado el recurso por falta de legitimidad de los recurrentes. Básicamente, dos ingenuos españoles. Que se basan en un silogismo al alcance incluso de Pascual Sala:

  1. La constitución establece como derecho fundamental el de participación política.
  2. Y establece el recurso de amparo como defensa de los derechos fundamentales violados por las decisiones o actos sin valor de Ley, por ejemplo del Parlamento de Cataluña.
  3. Los dos ingenuos españoles no han tenido ninguna posibilidad de participación política en las declaraciones de soberanía del Parlamento de Cataluña. Como votan en Madrid, no tenían representación posible en el parlamento felón.

¿Y la conclusión, Pascual, es? Que los españoles mondos y lirondos no están directamente afectados cuando les chorimangan un derecho fundamental. Y no estoy diciendo ninguna broma:

notificacion-prostitucional-marcadaSegún el artículo citado por el Prostitucional, están legitimados: la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Y, claro, es evidente que uno mismo no es la persona directamente afectada cuando le quitan el derecho de participación -a él, Pascual, al peticionario mismo-, en una declaración sobre la soberanía nacional, que la constitución define como suya, en parte.  Siempre que la expresión “pueblo español” tenga alguna relación con los pobres pringados que ostentan un pasaporte español. Acojonante Prostitucional. Pero no cabe recurso. O eso se creen ellos.

Solo cabía que la fiscalía -o sea, Gallardón, o sea Mariano El Audaz- recurriera. No tengo la respuesta de La Voz de su Amo, porque no es por escrito. Solo un relato, por cuya veracidad pongo la mano en el fuego.

Resultado de la entrevista con la Fiscalía del TC:

Para definirla en cinco palabras, “los ciudadanos no son personas”, o dicho de otro modo solo son ciudadanos los parlamentarios, lo cual no deja de sorprender y ofender a la inteligencia de cualquiera, máxime si tenemos en cuenta que los parlamentarios existen tras la promulgación de la Carta Magna, no cuando con espíritu de reforma de España y de mejorar la convivencia se parió dicho texto.

Este prólogo es el resultado del bucle en torno al cual la Sra Fiscal jefe del TC ha defendido su postura de no recurrir la providencia dictada, por entender que  la interpretación del art. 42, está referida a que los únicos legitimados para recurrir en amparo son los parlamentarios, y todo el tiempo tras una discusión encarnizada con mi Ilustre compañero Octavio, ha mantenido con mucho aplomo y poco fundamento no carente de nerviosismo,  que en mi opinión dejaba ver su sometimiento al jefe.

Esto es, no va a hacer nada.

En este estado de cosas daremos este fin de semana vueltas a una petición de aclaración, nulidad, consulta vinculante al tribunal de derechos humanos … lo que sea, con tal de seguir defendiendo vuestra motivada, precisa, y fundamentada petición.

Yo tengo noticias de que algún juez del Supremo ha visto el recurso, y ha opinado que (a) va a ser una decisión política por parte de todos y (b) es muy recomendable llevarlo al Tribunal Euroeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. En (a) ha acertado plenamente, ¿por qué no va a acertar en (b)? Sería un placer insuperable darles en el morro a los payasos. Lo malo es que ni siquiera se iban a ruborizar. Y ni hablemos de que sus alcaldadas, una vez corregidas por sentencia firme, tengan repercusión en sus carreras. Y así estamos como estamos.

Me quedan dos preguntas. ¿Cuando la gente se enfada con Mas, o todavía más con Cayo Lara, por la cosa esa de la soberanía, se puede saber a qué mierda de soberanía se refieren? ¿A la de los diputados en Cortes? Porque según el Prostitucional, no hay más. Y según La Marianidad, o sea Gallardón, o sea la fsical jefe de la Fiscalía del Prostitucional, tampoco.

La otra es técnica, y el jefe técnico está missing hasta el lunes. Lo de los derechos humanos y tal, muy bonito. Ojalá os animéis. Pero, ¿qué tiene de malo una acusación de prevaricación al Prosti?

Y una nota / añadido. Una de las misiones principales de una constitución es proteger a la plebe del gobierno y la partitocracia. Poniendo límites de hasta dónde pueden llegar el legislativo y el ejecutivo. La idea de un Prostitucional cuya mayoría la nombre la misma mayoría que nombra al gobierno, y cuya minoría la nombra el resto de la partitocracia, es, esencialmente, la idea de la prostitución de esa función de protección de la chusma. O poner al lobo de guardián de la borregada. Chiste, atsracanada, payasada; lo que quieras, menos tomártelo en serio.

Anteriores de la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña (Esta entrada)
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.

O si no, el cartelito:

Recurso Octavio

Juan Espino

Hola Plaza, mañana presento el siguiente escrito ante el Fiscal del Tribunal Constitucional.

Si te parece interesante colgarlo en Plaza Moyúa, puedes colocar este enlace por si la gente se anima a enviarles un Fax:

Un abrazo.

Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

A la att. del Fiscal ante el Tribunal Constitucional

c/. Ortega y Gasset, 57

28006 – Madrid

Nº de Recurso: 858-2013

27 de Mayo de 2013

Muy Sr. mío:

Me dirijo a Ud. tras tener conocimiento d la providencia del Tribunal Constitucional en el que se decide la inadmisión de nuestra petición de Derecho de Amparo, ante la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, aprobando la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo catalán. Providencia en la que queda señalada que únicamente su intervención, puede retomar la defensa de los derechos fundamentales que, en mi opinión, se nos niega indebidamente por parte del Tribunal Constitucional.

Examinado el contenido de la providencia, se desprende que el Tribunal Constitucional (Art. 46.1a de la LOCT) no nos reconoce legitimidad para plantear dicha petición de amparo:

“… toda vez que los recurrentes carecen de legitimación conforme al art. 42 en relación con el 46.1 a) LOCT.”

Pero, contrariamente, nuestra Constitución es palmaria al respecto:

Artículo 1 La soberanía reside en el pueblo.

1.     …

2.     La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2 Unidad de la Nación y derecho a la autonomía

        La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y …

Entendiendo que, en ningún caso, he perdido mi condición de español, considero, injustamente cercenado mi derecho fundamental a ser consultado en cualquier acto o decisión de Parlamento Nacional o autonómico que afecte, o pueda afectar, dicha unidad de mi Nación.

En resumen, que el Tribunal Constitucional, considera que ni Doña María Maestre Urbina, ni Don Juan Espino Sánchez somos ”personas directamente afectadas”, ni interesadas por lo que pueda ocurrirle a España en el futuro.

Igualmente, entiendo que el Tribunal Constitucional “no ha fundamentado” la falta de legitimación, simplemente la remisión a unos artículos que, a cualquier buen lector –no soy jurista–, le “dicen” justo lo contrario de lo que interpreta el Tribunal Constitucional.

Es por todo ello, que en virtud del Derecho Fundamental de Petición de los arts.  29.1 y 124.1 de la CE ,  le solicito que asuma y haga valer, en tiempo y forma, la defensa de nuestros Derechos Fundamentales, ante el atropello que, en mi opinión, supone la citada Providencia del Tribunal Constitucional.

Deseo añadir que he oído varias veces a algunos amigos jueces y fiscales, la queja u opinión, sobre la poca predisposición de la sociedad civil española a implicarse en asuntos de esta gravedad, salvo en las redes sociales. Espero que para una vez que nos decidimos a hacerlo, no seamos desoídos en nuestras juπstas peticiones.

Reciba un cordial saludo.

Nota: El título es mío (pm)

Anteriores de la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña (Esta entrada)
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía no es asunto tuyo

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buesa-mintegi

Ninguna broma. Noticias de Navarra:

mintegi-asesinatos-politicos

El primer encontronazo se ha producido por la utilización del término “presos políticos” para referirse a reclusos de ETA por parte de Julen Arzuaga (EH Bildu), lo que ha motivado una queja formal del PP.

Posteriormente, la portavoz de esta coalición, Laura Mintegi, ha calificado el asesinato del socialista Fernando Buesa como “una muerte por causas políticas” y ha añadido que “todas las víctimas son evitables, porque todas tienen un origen político”.

…/…

Mintegi ha lamentado la decisión de posponer la ponencia, ha asegurado que durante el debate de hoy se ha limitado a “constatar” que el “conflicto” vasco tiene un “origen político” y ha afirmado que el “respeto y la democracia consiste en escuchar lo que te gusta y lo que no”.

Ha insistido en que su formación no quiere practicar una política de “agresión” contra nadie, que trabajan para lograr “la paz” a través del “respeto y el diálogo” y ha matizado que no siempre reciben el mismo trato de respeto por parte de otros grupos [–>]

Cabe preguntar a Pascual Sala, o a Madina, Zapatero y otros llorones emocionados, si se trataba de que todas las opciones políticas tengan voz (y ya la tenían con Aralar), o de que tenga voz la justificación del asesinato político. Tampoco estaría mal que no expliquen el significado de “evitable” en un asesinato. Pero que lo expliquen ellos, no Mintegi. Para la angelita ya sabemos que quiere decir que hubiera bastado portarse bien para no ser asesinable.

el respeto y la democracia consiste en escuchar lo que te gusta y lo que no

Interesante visión. Porque puede ocurrir que no le guste mi opinión de que básicamente es como los nazis. Y que la historia demuestra que nunca han servido las componendas con los asimilables a los nazis. Ni siquiera para los que han pensado que no es una aberración moral intentarlo. Nunca.

La cosa tiene guasa. Imaginemos que alguien escaso de frenos morales se cabrea por la presencia de justificadores del asesinato en el Parlamento Vasco, y le pega un tiro a Mintegi. Solo por tratar de comprender el esquema que nos presenta Laurita. ¿Hemos de entender que se hubiera tratado de una “muerte por causas políticas”, y que como tal, era “evitable”? ¿Evitable, cómo? ¿Deberíamos reñir al cadáver de la amable y nada agresiva bestia por no haberlo evitado? Porque la idea es si está bien o está mal que te peguen un tiro, por política. Y la idea es que si antes estaba bien, o estaba justificado, ahora también. Y si ahora no está bien -por ejemplo con ella-, entonces es que antes tampoco, aunque lo hicieran los suyos. O es el primer caso, o es el segundo. Y resulta que es el segundo, si se quiere aspirar al mínimo de civilización.  Lo entiende hasta un niño, pero no lo entienden todos los adultos.  Los nazis, por ejemplo,  no. Los Prostitucionales y los etarras tampoco.

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Sorprendente. Todo el mundo quiere “la paz”. Porque ha llegado un “tiempo nuevo”. ¿Nuevo en qué? ¡Pues en que ahora queremos la paz, joé! ¿Y por qué no la queríamos antes? Antes, por ejemplo, de asesinar a ochocientos y pico. Más los que se fueron para que no les asesinaran. ¿Cuántos miles? Y los que vivieron amedrentados, sin poder hablar. Debe ser que no había llegado el tiempo nuevo. Todavía. Esas cosas llevan su tiempo, ya se sabe.

Por ejemplo, hubo un Franco muy malo, y claro, en justa correspondencia había que asesinar a unos cuantos inocentes … mucho después de que muriera el malo. Conflictos; inercias. Solo era cosa de esperar que los asesinos comprendieran la bondad de “la paz”. Mientras asesinaban. La revelación, y eso. Pero todo el mundo sabía que no eran malos chicos. Todo el problema era conseguir decirlo. Asesinan, pero son buenos. El malo es el conflicto.

¿Se debe de haber arreglado el conflicto ese, no? Digo, para tanto amor como derramamos ahora. Pero insisto, por qué la revelación es buena ahora, y no antes. ¿Ni siquiera serán culpables de los asesinados inútilmente mientras les duró la sordera?

Otros presos [quiere decir asesinos] argumentan si no debieron hacerlo hace treinta años, cuando los miembros de ETA político-militar se disolvieron, y cuestionan las tesis de la propia organización al decretar el cese definitivo del terrorismo en todos los ámbitos. [–>]

¡Hay que joderse! Hasta en ETA parece que hay gente capaz de sumar dos y dos. No es fácil hacer un gráfico histórico de los asesinatos. Demasiado largo, y no se ven los años. Pero pondremos unas divisorias verticales, y lo relatamos. Con un clic se llega al original. Incluso a la lista de todos los nombres. Pero sin las rayas verticales.

Lo suele explicar otra amante de “la paz” y el amor universal. Laura Mintegi. Como había Franco, y tal, pues conflicto. Y claro, se comprende que eso produce víctimas. Exactamente, 44 asesinatos. Hasta la primera raya vertical.

Pero luego, aunque ya no había Franco, es que había habido Franco. Y eso no podía ser, ¿no?  Era necesario compensar. Había demasiado inocente pululando por ahí, sin sufrir. No era justo. Así que a seguir asesinando.

Además, después de Franco iba a venir una democracia, y una constitución, y había que influir en el asunto. ¿O qué? 96 asesinatos en los siguientes tres años, hasta la Constitución. La raya vertical del medio.

Pero resulta que no les gustó la constitución. Algunos siguieron seis años más con la afición. 211 asesinatos más. La tercera raya.

Repetimos:

Otros presos (quiere decir asesinos) argumentan si no debieron hacerlo hace treinta años, cuando los miembros de ETA político-militar se disolvieron, y cuestionan las tesis de la propia organización al decretar el cese definitivo del terrorismo en todos los ámbitos.

Pero a otros no les bastaron seis años y 211 asesinatos más allá de la Constitución para recibir la iluminación de la paz. Necesitaron 463 asesinatos extra, y 30 años.

Vamos a resumir la actividad de estos asesinos celestiales cargados de paz. Ordenada según variaba el enemigo.

  • Contra Franco: 44 asesinatos.
  • Contra el proceso constituyente: 96 asesinatos.
  • Contra el asentamiento de la democracia: 211 asesinatos.
  • Contra la democracia asentada: 463 asesinatos.

Pero ahora, sin que nadie explique por qué, y sin que algunos asesinos presos lo entiendan en absoluto, ha estallado un anhelo de pacificación y amor universal. Y hasta magnánimas concesiones de que algún error ha podido haber. Que tal vez alguno de los más de 800 asesinatos hubiera sido mejor evitar.

El Correo:

El portavoz de la izquierda abertzale, Pernando Barrena, ha afirmado hoy que el asesinato del socialista catalán Ernest Lluch por parte de ETA le “revolvió” y ha mantenido que “cuando menos, nunca debió suceder”.

Pernando Barrena pronunciará una ponencia titulada ‘Víctimas y reconciliación’ en la que lanzará el mensaje de que la izquierda abertzale “está dispuesta” a participar en el proceso de reconocimiento y reconciliación que “tanto anhela la sociedad vasca”. Dicho proceso también consiste en “acercarse a esas realidades diferentes que conocemos bajo la denominación de víctimas”, ha dicho. [–>]

No tengo ni idea de lo que ese Pernando entiende por “reconciliar”.  Según la RAE, es “volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos”. Y así lo entiendo yo también. De lo que tanto yo, como Barrena mismo, podemos deducir que es mucho más probable que nos hagamos astronautas, a que jamás nos vayamos a reconciliar. No se pueden unir ánimos con gente que alardea de su inmundicia. Peor aun; cualquier idea de civilización pasa por rechazar esa posibilidad. O sea, que no. Que se reconcilie su puta sociedad con quien quiera, pero no conmigo. A mi me sobra con la normas de urbanidad, de las que la primera es no asesinar. Y otra es que no puedes asesinar, y después exigir reconciliación. Pero me temo que gentuza y urbanidad no casan.

Y lo malo es que en su no respuesta a los asesinos que saben sumar y restar, hay implícita una mentira que conviene aclarar. Que la diferencia entre hace 30 años y ahora, es que ahora los asesinables estamos dispuestos a reconciliarnos. Pero, muy a pesar del PP y del PSOE, y del Prostitucional, eso no es cierto.

Respuesta a la iniciativa encabezada por Maleni, V y Octavio:

Es muy difícil pensar que sea una buena idea la asignatura de Educación para la ciudadanía, si está pensada por políticos. O si los políticos tienen la más remota posibilidad de meter la cuchara en ese caldo. Y cuando digo políticos – sí, Mariano, también estoy pensando en ti. Y en ti, Rosa. De Rubis y Chacones, Pachis o Madinas, ya ni hablemos. Y a la izquierda solo queda los que apoyan la ideología estadísticamente más asesina de toda la historia de la humanidad.

Está demostrado que un político en España y en esta democracia solo es un yonki de los votos. Para ellos, “ciudadanía” no puede ser otra cosa que el proceso por el que se idiotiza a la gente, para conseguir sus votos. No hay otra cosa que les quepa en la cabeza. Sí sería razonable que unos buenos profesionales de la educación, lo menos ideologizados que se pueda, diseñaran unos cursos en los que se incluyera todo aquello no polémico que consideramos el sostén de nuestra cultura. Y de nuestra idea de civilización y urbanidad. Y respecto a lo polémico, que se explicara como tal como tal, admitiendo sin dramatismo el desacuerdo. Por ejemplo, que los socialistas piensan que los valores de ciudadanía son los que decidan los políticos elegidos en las urnas; la marianidad piensa en los valores católicos; mientras que otros piensan que los valores de civilización se pueden sacar de nuestra historia, mirando aquellos factores que han hecho del mundo un lugar mejor (para la gente, midiendo el bienestar), y los que lo han hecho peor. Pero eso no va a ocurrir jamás con la estructura política que tenemos. Una asignatura de valores siempre va a ser una maza con la que los yonkis se golpean entre sí. Para hacerlo mal, es mucho mejor no hacerlo en absoluto.

Sin embargo, visto el panorama, no creo que quepa la menor duda de que los que realmente necesitan clases de EpC, y con urgencia, son los políticos y sus secuaces.

Voy a proponerles la primera.

Amparo Lasheras:

– Un movimiento revolucionario no debe condenar la violencia. Es legítima como defensa y contestación ante la opresión social y política

– En un proceso de liberación esa decisión significa que se inicia una estrategia diferente porque la lucha armada no es eficaz en el avance del proyecto final. Por ello, hay que buscar otros instrumentos que permitan continuar en el camino hacia la liberación nacional y social

– (Un movimiento revolucionario) no debe condenar la violencia. Siempre es legítima como defensa y contestación ante la opresión social y política. Si, según algunos teóricos, debe de existir la violencia legítima del Estado, no entiendo porque no puede existir la violencia revolucionaria. [–>]

Ese es el problema con los hijos políticos de los asesinos terroristas vascos, que ni los políticos ni los prostitucionales quieren comprender. Y es exactamente el mismo de la Alemania post-nazi.  Que un grupo político, con un apoyo social aberrante – propio de una sociedad enferma, se creía con todo el derecho y la legitimidad de utilizar el asesinato como herramienta de hacer política. Y que si la sociedad quiere aspirar a ser medio sana algún día, no puede dar espacio público a los que representan la enfermedad, o sociopatía.

No se trata de que los delegados de los asesinos “comprendan el daño causado”. Una imbecilidad; lo comprenden tan perfectamente que por eso lo infligían. Y lo apoyan, hasta que deja de “ser eficaz”. Ni se trata de que condenen “todas las violencias”, porque eso es, precisamente, no entender que no puedes asesinar cada vez que tengas una puta causa – y el asesinato te parezca “eficaz”. No, si alguien tiene empeño en que digan algo, como Pachindacari, solo puede consistir en algo tan simple como: – Nos equivocamos, no debimos de asesinar. Ni aplaudir a los asesinos, ni tener “tolerancia cero” con las celebraciones de nadie, ni ser los bestias que somos.

Nuestros políticos y Prostitucionales, que no han recibido una EpC adecuada – y tanto muestran necesitarla – lo que están haciendo es avalar la tesis que da legitimidad a cualquier bestialidad de la política. La tesis etarra, por resumir.

Así que mejor se meten la EpC por donde les quepa. Y la mejor sugerencia es su propio ojete. Camino ideal para dar paso a un supositorio con la medicina que necesitan.

Hay que llamar al Prostitucional, pero ya. Se ha a cometido un atropello, una injusticia con una criatura del señor. No puede ser pecado dar vivas a una organización que, como vivimos en tiempos nuevos, no existe. Y, ¡venga ya!, ¿qué tiene de malo amenazar simbólicamente a unos futboleros que celebran un partido, haciendo como pistola con el dedo? ¡Con banderas de España, además!

Pues le han hecho dimitir. Y por eso hay que poner en marcha el Prostitucional para que resuelva este error.

El angelito, con la cuadrilla:

Al menos el Ibazeta este no se ha equivocado, como los que le han hecho dimitir. Es completamente consciente de no haber hecho nada que no se deba de hacer. Simplemente, tal vez pueda ser utilizado por el asqueroso facherío español para poner en aprietos a la vanguardia de la causa sagrada. Y es por eso por lo que escribe la carta de dimisión; no porque no haya que amenazar a la gente que se equivoca de opinión o de equipo. Y no porque no vaya a seguir haciendolo en el futuro.

En su carta de dimisión dirigida al alcalde y hecha pública hoy por el consistorio donostiarra, Ibazeta asegura que no desea que “un incidente aislado y la utilización que del mismo pueda hacerse generen daño político alguno” al primer edil, al Gobierno municipal o a la institución presidida por Izagirre. [Deia]

¿Incidente aislado? ¿Qué quiere decir con eso el representante del grupo que nos da constantes lecciones de lo que llaman “la paz”? ¿Aislado como 857 asesinatos individuales? ¿Aislado porque esa noche, ¡joé!, sólo fue uno? ¿Aislado porque tiene el firme propósito de no hacerlo más, porque ha comprendido que esas no son formas de comportarse en una sociedad que aspire a cierto nivel de convivencia civilizada? ¿Y si es así, por qué no lo dice? ¿Tal vez porque entonces habría que explicar que lo de asesinar no estuvo bien? ¡Jamás! Cualquiera podría pensar que los que asesinaban, y los que les aplaudían, y comprendían, etc, son un poco bestias.

Fácil. Porque hay un Prostitucional. Máxima autoridad del mamoneo político que ha dejado fuera de toda duda que se puede ser heredero político de una banda terrorista, tipo nazi, y participar en la payasada con toda naturalidad. Y si se puede eso, según gloriosa sentencia, ¿por qué diablos no se va a poder increpar y amenazar a aficionados con banderas españolas? La mera participación de los herederos políticos de lo asesinos, sin solución de continuidad con el terrorismo, es una formidable amenaza. ¿Y ahora vamos a rasgarnos las vestiduras cada vez que la amenaza implícita se haga explícita? ¿O es que vamos a cogérnosla con papel de fumar, y protestar cada vez que por descuido la amenaza salga de alguien con cargo público, en vez de hacerse bien – como cuando en Pamplona impiden el Riau riau?

Mejor que venga el Prosti, y lo arregle. Y explique que los nazis son corderos, ya que han dicho que no volverán a asesinar. Esta vez de forma “definitiva”, en lugar de “indefinida”, “permanente”, o como quiera que fuera.

Hay una actualización con un texto / propuesta de Octavio.

Maleni

Chicos, esto necesita nuestra colaboración. Habría que ponerse en contacto con ella y decirle que estamos dispuestos a un apoyo mediante recogida de firmas o lo que sea.

Si alguien puede hacer esta tarea de contacto, estupendo.  Plazaeme, tú puedes difundir en Plazamoyua.  Eclectikus nos transmite la noticia en su club liberal del facebook y Maganto tiene que redactarlo, claro. Y de Eurobaltic qué vamos a esperar… sin comentarios.

http://www.elcomercio.es//rc/20120621/mas-actualidad/nacional/aguirre-tacha-verguenza-sentencia-201206211750.html

Saludos.

Octavio

En su blog  [–>]:

Dedicado a Viejecita y Maleni

Esperanza Aguirre ha vuelto ha poner el dedo en la llaga (como ya lo hizo cuando denuncio la necesidad de reformular las Autonomías), cuando tras el ultimo bochorno al que nos ha sometido el Tribunal Constitucional ha  indico la necesidad de convertir el TC en una sala especifica del Tribunal Supremo (como dicen los de gomaespuma de lo bueno lo mejor).

Las reacciones airadas de toda la clase política deberían, como señala el editorial de hoy de Libertad Digital,  convencer a aquellos que no se han planteado aun la cuestión de lo acertado de la crítica de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Muy interesante tambien el enlace que aporta Maleni sobre la opinión de diversas asociaciones del mundo jurídico

Las críticas que se deben hacer al TC son dos, politización y falta de rigor técnico. Lo primero es de muy difícil solución dentro del sistema monárquico parlamentario que algunos “nos hemos dado” y otro solo padecemos.  Lo segundo si relativamente fácil de conseguir.

La modificación de la Constitución para convertir el TC en  una sala de garantías constitucionales del Tribunal Supremo, solo hay que modificar los artículos 159 (2) y 165 por la vía rápida del articulo 167 (1)  de la siguiente manera.

Artículo 159. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

159. 2. Los miembros del Tribunalonstitucional deberán ser nombrados entre Magistrados con al menos quince años de ejercicio profesional, siendo obligatorio que al menos cinco de ellos se hayan realizado en el Tribunal Supremo.

Artículo 165. Una Ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

165. La ley Orgánica del Poder Judicial regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

El verdadero  problema y que convierte algo relativamente fácil en algo prácticamente imposible es que una iniciativa como esta jamás contaría con el apoyo del PSOE, salvo que no fuera el PP el proponente sino una iniciativa ciudadana masivamente apoyada.

Añadido texto que envía Octavio:

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Don Cayo Octavio Turino, mayor de edad, con DNI  ….Y domiciliado a efectos de notificación,  en  Travesía del Rubicón S/N , Doña Livia…..haciendo uso de su derecho de petición garantizado en el art. 29.1 CE, exponen:

El artículo 23.1 CE establece como “fundamental” el derecho a participar en los asuntos públicos, bien mediante representante bien “directamente”.

Una de las escasas formas de participación ciudadana ante las limitaciones que por razón de materia se imponen al referéndum o a la Iniciativa Legislativa Popular, es la proposición al Parlamento mediante sugerencia de la toma en consideración de actuaciones sobre determinadas normas o instituciones que profundicen en la calidad de nuestro sistema democrático, utilizando como herramienta de participación  directa, el derecho de petición.

Esta petición versa concretamente sobre la necesidad de convertir al Tribunal Constitucional en un tribunal con una menor carga política y una mayor profesionalidad, objetivos tendentes  a dar auténtico cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 de la CE, el que “la justicia se administre por jueces y magistrados, independientes , inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley”  y  el articulo 24.1 CE a obtener una “tutela judicial efectiva” que solo , si es impartida por profesionales de la judicatura cualificados y experimentados , queda plenamente garantizada y a salvo de cualquier injerencia política.

Este objetivo puede conseguirse modificando tan solo dos artículos de la Constitución, el 159.2 y el 165,  por el mismo cauce que se ha realizado la última reforma constitucional, mediante la vía del artículo 167. Los artículos citados, podrían quedar redactados de la siguiente manera,

159. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados con al menos quince años de ejercicio profesional, siendo obligatorio que cinco de ellos se hayan realizado en el Tribunal Supremo.

165. La ley Orgánica del Poder Judicial regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

En su virtud  de todo ello y de conformidad con los arts. 29.1 CE , 3 LO 4/2001, de 12 de noviembre, y 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

AL CONGRESO SOLICITA: Que por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tengan a bien adoptar las medidas legislativas conducentes a dotar de mayor independencia y profesionalidad al Tribunal Constitucional.

En Emerita Augusta  a 25 de Junio de 2012.

Versión corregida (en Word) lista para rellenar y usar: