Sefuela

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Os lo resumo: Condenan directamente al alcalde a pagar una multa de 1.500 euros mensuales mientras no se ize en su ayuntamiento la bandera española, tal y como establece la legislación. El bolsillo duele, y supongo que podrá resistirse un tiempo si consigue que alguien le pague por no izarla, pero al final la gente se acaba cansando de pagar lo de otros y cederá. Es una forma fácil de acabar con las tonterías.

Por otra parte, todos habéis visto el espectáculo de Artur Mas y los alcaldes con el bastón de mando, a la salida del TSJC por la convocatoria del 9-N. Este hombre se cree astuto y se ríe del cumplimiento de las sentencias. Hasta ahora, porque tengo la impresión de que la nueva reforma legal en la que  el Tribunal Constitucional puede poner multas por no cumplir sus sentencias tiene más enjundia de la que parece. Y, por eso, estaban cabreados los nacionalistas catalanes. Me explico.

Supongamos que a Arturito Mas le cae una multa de dos mil euros mensuales por no respetar la normativa sobre educación. O mil por cada norma que no respete,  y otro tanto a cada alcalde que ize la bandera de los separatistas en lugar de la española en su ayuntamiento. Si no la pagan, su cuenta se verá embargada y, si no hay cuenta, sus bienes, porque Hacienda (que es el perceptor y recaudador de estas multas) no se anda con chiquitas. Las tonterías se irían terminando poco a poco, sin gestos grandilocuentes ni necesidad de recurrir al artículo 155, lo que parece que no quiere hacer realmente nadie por si desata a los independentistas más radicales (De hecho, muchos indepes están deseándolo para intentar que les hagan caso en alguna parte del resto del mundo además de en Venezuela y Argentina).

Quiero creer que la reforma de las funciones del Tribunal Constitucional busca hacer este tipo de actuaciones. A lo mejor soy optimista, pero podría funcionar. De hecho, ninguna empresa se va a atrever a pagar a la Hacienda catalana porque sabe que se lo reclamaría la Hacienda española. Y tampoco me vale que la Generalitat sea recaudadora en Cataluña, como me dijo un indepe al comentarle esto. La Generalitat podrá quedarse con la parte que tenga asignada, y devolverla vía subvenciones a quien quiera favorecer, pero Hacienda reclamará la suya, y la Generalitat no podrá negarse a quitarlo del bolsillo de los afectados y entregar lo que corresponda a la Hacienda española. Esperemos que se haga y que funcione.

Nota: Os ruego me corrijáis si he cometido alguna inexactitud. Últimamente conozco mejor la normativa chilena que la española.