Luis Bouza-Brey, 23-5-15

 

 

Ariadna se enamoró de Teseo y le regaló un ovillo de hilo que al seguirlo le sirviera de guía, cuando aquél acudió a Creta y entró en el laberinto para acabar con el minotauro.

 

Los españoles tendremos que encontrar el ovillo y tirar del hilo, a fin de conseguir Regeneración y Estabilidad del sistema político, desde las elecciones de mañana hasta después de las generales próximas, de finales de año.

Con mucha cautela, pues la incertidumbre es muy alta, dadas la carencia de datos fiables sobre la voluntad popular, y la probablemente muy elevada complejidad de los resultados de aquélla en Municipios, Comunidades Autónomas y Cortes Generales, voy a intentar trazar un mapa del laberinto español, encontrar el ovillo de Hispania, y tirar del hilo para seguirlo hasta alcanzar un deseable horizonte abierto.

 

Uno parte de una visión estratégica derivada de la conclusión de que existe una crisis institucional básica del Régimen del 78, debida a la obsolescencia del régimen electoral vigente, a las deficiencias y perversión del modelo de Estado Autonómico diseñado en la Constitución, y a la disfuncionalidad de la función jurisdiccional española, instrumentalizada por los partidos políticos, y atascada por la falta de recursos y la inadecuación de las leyes procedimentales a las necesidades del mundo actual.

Si a ello le añadimos la falta de renovación del modelo económico-social español, bloqueado por las dinámicas del boom especulativo de décadas anteriores, la crisis de la actual, la corrupción, y la inoperancia mortecina del sistema cultural y educativo, la resultante sintética de todos estos factores es esta situación agónica del Régimen del 78, asfixiado por su falta de renovación y sus crisis de representación, participación, e integración, que lo conducen a una crisis global de legitimidad que exige de manera perentoria su reforma.

A mi juicio, esta reforma ha de tener rango constitucional y global, si se desea superar con firmeza el desfase, y abrir un período de desarrollo político estable y continuado del país, duradero por décadas.

Aunque también se puede optar por una política conservadora, de cambios mínimos y parches, para salir del paso e ir tirando unos años en un clima de inestabilidad creciente y disfuncionalidades y flojera estructural.

A la vista de ambas opciones y sus resultantes previsibles, uno se inclina por la primera de ellas, pero teniendo en cuenta que una reforma consistente y global exige amplio consenso, y por tanto, el poner fin a la lógica estrecha, camorrista y decadente de la lucha encarnizada por la conquista del poder entre los partidos, así como comenzar a articular pactos y acuerdos bàsicos reformistas entre viejos y nuevos actores de un drama político mucho más complejo que el anterior.

 

PRIMERA FASE: NUEVOS EQUILIBRIOS LOCALES Y AUTONÓMICOS.

 

Los actores políticos que compartan el mapa estratégico diseñado líneas arriba han de ser conscientes de la necesidad de regenerar la vida política local y autonómica, para sanear la corrupción galopante y generar al mismo tiempo un marco de estabilidad, en el contexto de unas elecciones a Cortes futuras que permitan introducir reformas constitucionales que impidan un derrumbe del Régimen. Derrumbe que conduciría a un retroceso de las condiciones de vida de los españoles y a una fragilidad e inestabilidad políticas globales, que nos aislarían por largos años del contexto europeo y destruirían el desarrollo político y económico del país.

Partiendo de este enfoque, y en un contexto de probable fragmentación del sistema de fuerzas políticas, parece evidente la necesidad de un clima general de acuerdos multidireccionales, en el que se trataría de crear y articular un amplio bloque de fuerzas reformistas, decididas a luchar contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad y la reforma del sistema.

Por tanto, partiendo de estas condiciones iniciales, la fijación de acuerdos y coaliciones de gobierno habría de orientarse hacia aquellos actores dispuestos a realizar estos grandes objetivos: saneamiento, gobernabilidad y reforma, sin pactos excluyentes en contra de nadie que los asuma sin ambiguedades y reservas.

Si estas condiciones se asumen y pactan, con fórmulas y calendarios que no dejen resquicios abiertos a la mentira, la manipulación y la retórica tramposa, lo lógico y obligado sería facilitar el gobierno del partido más votado, en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, facilitando un clima de cooperación, atención al interés general, y aproximación a unas elecciones a Cortes Generales que abrieran una legislatura dedicada a la Reforma Constitucional, a la reforma y dinamización del modelo económico, y a la construcción de un nuevo clima cultural saneado y creativo y de un sistema educativo renovado en España.

 

 

SEGUNDA FASE: UNA LEGISLATURA PARA LA REGENERACIÓN, LA REFORMA Y EL DESARROLLO.

 

Este habría de ser el objetivo para el próximo período, una legislatura para el cambio. Pero para posibilitarlo, se debería abrir ya el debate sobre las reformas constitucionales, socioeconómicas, culturales y educativas, a fin de que no se nos escape nuevamente de las manos la oportunidad de Regenerar el sistema y salir del caos creciente actual.

A pesar de nuestras deficiencias y patologías como país, no nos faltan economistas, psicólogos, pedagogos e intelectuales que podrían diseñar las futuras reformas. Habría que pedirles asistencia responsable para elaborar este diseño.

Por lo que se refiere a las reformas políticas e institucionales, hace años que defiendo casi en solitario su necesidad.

Entremos en su análisis:

 

1.- LA REFORMA ELECTORAL.

El sistema electoral actual produce diversas anomalías: la primera es la de que existe una enorme desigualdad en la fuerza del voto de los individuos, pues en unas zonas los Diputados salen elegidos por muchos menos votos que en otras; en unas, un Diputado vale x votos, mientras que en otras, cada Diputado necesita x por y votos para resultar elegido. En general, valen más los votos de los ciudadanos de los territorios despoblados que los de los territorios poblados.

En segundo lugar, la concentración de las candidaturas de algunos partidos regionales en este ámbito territorial, sin presentarse en el conjunto del territorio nacional, junto con el tamaño reducido de algunas circunscripciones provinciales, les lleva a monopolizar la representación de las provincias pequeñas, en detrimento del carácter teóricamente proporcional de la fórmula electoral, transformando el sistema en casi mayoritario en estas zonas.

En tercer lugar, el hecho de que las circunscripciones sean provinciales, y que la presentación de las candidaturas se realice mediante listas cerradas y bloqueadas, hace que la capacidad de elección de los electores se reduzca, al votar a listas de partido con desconocimiento de las personalidades de los candidatos, que, por consiguiente, dependen para ser elegidos de la sumisión a la cúpula del partido del que forman parte y no de sus méritos o deméritos en la representación de los ciudadanos, reduciendo o destruyendo los vínculos de responsabilidad ante ellos.

En cuarto lugar, este carácter semiproporcional de la fórmula electoral tiende a producir un sistema de partidos de bipartidismo imperfecto, que hasta ahora funcionaba con bisagras nacionalistas orientadas al desmantelamiento del sistema y a la satisfacción de intereses locales irresponsables ante el interés general.

La continuación de la vigencia de este sistema, por las consecuencias mencionadas, produciría efectos destructivos para el paìs, por lo que se hace urgentemente preciso sustituirlo por otro alternativo.

La alternativa más adecuada, a mi juicio, sería la de un sistema mixto, predominantemente mayoritario, de distritos uninominales en función de la población, repartiendo trescientos escaños a otros tantos distritos de aproximadamente ciento y pico mil electores cada uno, complementado con una circunscripción única nacional de cincuenta escaños, asignados a listas de partido en función de los votos obtenidos por cada partido en el conjunto del paìs, a los que se hubieran restado los ciento y pico mil votos obtenidos en cada distrito en el que dicho partido hubiera obtenido representación.

Este sistema mixto serviría para dar representación a los partidos minoritarios que no hubieran obtenido tepresentación en los distritos uninominales.

Sin haber hecho todavía ningún ensayo de simulación estadística de un sistema como éste, intuyo que daría lugar a un parlamento con una mayoría clara, con uno o varios partidos minoritarios y potencialmente capaces de constituirse en mayoría en las siguientes elecciones.

 

2.- LA REFORMA DEL ESTADO AUTONÓMICO.

 

El diseño y posterior despliegue del Estado autonómico se hizo sin criterios claros de cuál habría de ser la estructura del Estado resultante al final, producto a trancas y barrancas de tirones contrapuestos durante el proceso constituyente, y resultante de la búsqueda de legitimación del proceso en una situación postfranquista que otorgaba una sobrelegitimación desproporcionada e injustificada a los nacionalistas, a los que se intentaba satisfacer con concesiones descentralizadoras que se pensaba dejarían de ser necesarias a medida que se fuera avanzando en el proceso de descentralización.

La resultante institucional fue un modelo abierto y no estable; un Senado mal hecho; un Estado tan descentralizado o más que los Estados federales pero que no era federal y no osaba atender a la lógica del “autogobierno en la periferia y gobierno compartido en el centro” característica de los mismos, lo que lo llevó a la perversión, la centrifugación de competencias esenciales y la ausencia de mecanismos y controles de coordinación e integración.

La resultante cultural fue la deslegitimación del Estado y la Nación, el irredentismo y fundamentalismo crecientes de los etnicismos ¿”nacionalistas”?, el privilegio territorial y étnico valorado como característica positiva del régimen, la corrupción y despilfarro locales, la estimulación de las conjuras sediciosas que hoy estallan, y la debilidad del Gobierno central, incapaz de mantener la vigencia de la Constitución y la Ley en el conjunto del paìs.

En la actualidad, y como resultado de todo ello, en el País Vasco y Navarra existe una situación de privilegio económico y social; la Constitución, las leyes y las sentencias han dejado de aplicarse en Cataluña; el Estado carece de competencias esenciales en diversas Comunidades Autónomas, en las que su debilidad es tal que resulta incapaz de mantener la vigencia del Estado de Derecho; el castellano ha perdido su status de lengua cooficial en las instituciones y el sistema educativo, violándose de este modo los derechos fundamentales de la población de los territorios bilingües; el Senado es un cementerio de elefantes y no una cámara de representación territorial e integración de la diversidad; los medios públicos y privados subvencionados de comunicación bombardean con propaganda asfixiante y monolítica propugnando la sedición; la escuela se ha transformado en una instancia de adoctrinamiento y propaganda para la sedición y desmembración del Estado y la Nación; un sector de los políticos y autoridades autonómicas conspiran públicamente para cometer sedición, sin que ni jueces ni fiscales actúen, prevaricando abiertamente; los partidos principales de ámbito nacional traicionan su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes llegando a pactos y acuerdos explícitos o tàcitos con los sediciosos…

En síntesis: el Estado Autonómico se ha pervertido y constituye un atentado contra la Constitución y la unidad de España. Es preciso reformarlo urgentemente para evitar el derrumbe del régimen constitucional y la transformación del sistema político en un Estado fallido, sometido a rupturas balcanizantes y ataques exteriores ante su situación de debilidad.

 

3.- LA REFORMA DEL PODER JURISDICCIONAL.

 

El poder jurisdiccional, atascado por falta de recursos, leyes procedimentales obsoletas y dependencia de los partidos políticos en sus instancias superiores, que lo hacen lento, ineficaz y dependiente, necesita una reforma urgente que restablezca el Estado de Derecho y lo salve de constituir una caricatura kafkiana de una Justicia en la que los ciudadanos comienzan a dejar de creer.

 

En fin, para mi estas son las reformas urgentes que deberían empezar a debatirse y aplicarse en la próxima legislatura. Su aprobación exige amplios acuerdos y una dinámica de consenso diferente de la camorra permanente de la actualidad.