upyd enmiendas


Destacando el comentario de imerida49 de ayer -para mí el de más enjundia, y convirtiéndolo en entrada de hoy:

Cuidado con el Golem!: articulillo de C.M.G. en la Página web del Partido; los expulsados, huidos y disidentes, no podemos influir en lo que se publica en la Pagina Web, pero los que vais a regenerar el Congreso, creo que tendriais algo que decir. Si a mi la Coordinadora, me prohibia expresarme libremente, creo que la misma censura debiera existir en la ÚNICA pagina de información del Partido. ¿ Porque este hombre puede vomitar por su teclado lo primero que se le viene a la cabeza y el resto no ? sus salidas de tono atentan contra el Partido y nadie ni le expedienta ni le pone freno, yo creo que los criticos que aún están el Partido debieran ponerle un bocado a este garañón ( caballo salvaje para los menos ilustrados ). No es de recibo que a puertas de un Congreso, se permitan desatino tamaños, ¿ no es espedientable una actuación tamaña ? si a unos por decir que no hay democracia interna los expulsan a otros por decir tamañas paridas debieran……………. borrarlos del Partido. Oiga no lo entiendo. Ignacio Mérida

Me permito añadir, sin añadir realmente nada: ¿Podría un afiliado de UpyD referirse a Gorriarán, en público y por escrito,  como un inmoral, estúpìdo, canalla y desleal -además de “ser descerebrado o entidad al servicio …”, sin resultar expedientado? ¿Y en el caso inverso, qué ocurre? ¿Era esta la nueva forma de hacer política? Aparentemente sí: el responsable de Comunicación y Programa de UPyD debería de saberlo. ¿O se ha equivocado?

Hoy es la “asamblea informativa” que organiza la dirección de UPyD para explicar a los afilados y simpatizantes del País Vasco el funcionamiento del congreso. Afortunadamente, El Correo también informa:

  • La «crisis» interna que azota a Unión Progreso y Democracia en diferentes comunidades ha llegado también a Euskadi
  • militantes críticos con la dirección del partido, entre los que figuran las dos cabezas de lista de UPyD por Vizcaya y Guipúzcoa en las pasadas elecciones autonómicas, Lydia Brancas y Maleni San Vicente, han puesto por escrito sus discrepancias respecto a la manera en que actúa el equipo de Rosa Díez.
  • Estos dirigentes han presentado dos enmiendas a la totalidad al proyecto que defenderá la Ejecutiva en el próximo congreso de la formación, que se celebrará el 20 de noviembre, y han suscrito una tercera en apoyo al sector crítico de Madrid, en la que se exige la anulación de todos los expedientes abiertos «injustamente» contra distintos compañeros del partido.
  • según denuncian desde el sector crítico vasco, la dirección empezó a variar su rumbo, trastocando «cosas demasiado sustanciales» del manifiesto fundacional de UPyD.
  • Quienes discrepan en Euskadi aseguran no cuestionar el liderazgo de Rosa Díez, pero reprochan a la dirección política de la formación que «tome decisiones sin ningún tipo de debate participativo» y que las únicas salidas que se encuentren aquellos con una opinión contraria a la línea oficial sean «dejar el partido o ser expedientados», denuncia Rodolfo Laiz, uno de los fundadores de la formación en el País Vasco.
  • Maleni San Vicente advierte que muchas personas «nos sentimos engañadas y defraudadas» al ver que, tras los buenos resultados obtenidos en las urnas, «lo que se pretende hacer es cambiar la filosofía del partido». La que fuera cabeza de lista por Guipúzcoa en los comicios autonómicos asegura que seguirán luchando «al menos hasta el congreso» de noviembre. «Nuestro objetivo es ser constructivos», afirma.
  • Los críticos acudirán al Palacio de Congresos de Madrid con dos enmiendas a la totalidad del proyecto abanderado por la dirección. La primera hace referencia a los estatutos y la organización del partido, y la segunda a la ponencia política. «Unión Progreso y Democracia nació con vocación de no ser un partido como los demás, donde unos pocos mandan y muchos otros obedecen», recuerdan. De no ver satisfechas hasta cierto punto sus demandas, no descartan abandonar la formación.
  • Además, el sector crítico vasco se ha sumado, asimismo, a la propuesta remitida por los ‘disidentes’ de Madrid, en la que se exige anular los expedientes disciplinarios en curso y a establecer un plazo de un mes desde la aprobación de los estatutos para que los militantes que dejaron el partido puedan reintegrarse.

Enlace al artículo completo en El Correo –>

Foto El Correo / Mitxel Atrio

Foto El Correo / Mitxel Atrio

La enmienda, preparada por el grupo Babia,pide:

1.- Anulación de todos los expedientes en curso.

2.- Se establecerá un plazo de un mes a partir de la aprobación de estos estatutos, para que todos aquellos militantes que hubieran abandonado el partido, cualesquiera que hubieran sido sus motivos, puedan reintegrarse.

3.- Durante este periodo de un mes, y sólo para los militantes reincorporados durante este periodo extraordinario, cualquier requisito de antigüedad queda en suspenso.

4.- Las competencias en materia de infracciones y sanciones durante este periodo transitorio serán, en materia de instrucción, del CD las más graves, y de los CT las más leves, siendo competente para la resolución de los expedientes, la Comisión de garantías elegida según las normas estatutarias, ampliada en otros 7 miembros, elegidos por sorteo entre los delegados del congreso y que no ostenten ningún otro cargo orgánico.

Posiblemente hemos estado siendo injustos con una parte de nuestros compañeros que tienen mucha importancia en toda esta historia. Los expedientados.

Desgraciadamente hay una tendencia natural a olvidar a la víctima del poder, aunque sea un poder abusivo. ¿Será miedo? ¿Será comodidad? No lo sé, pero siempre ocurre. La mayor parte de la gente suele pensar, aunque sea inconscientemente, que “algo habrá hecho”. Y solo con un poquito de ese pensamiento se establece automáticamente una frontera entre el castigado y el hereje todavía impoluto.

Es cierto. Nadie puede estar en todo, verlo todo, pensarlo todo. Hay que delegar, y aceptar cosas pensadas y hechas por otros. Pero si esos otros han hecho barbaridades como las ponencias de las que estamos hablando, entonces tienes tantos motivos para pensar que “algo habrán hecho”, como los que tienes para pensar que la democracia interna en un partido les preocupa en un sentido diferente que el de evitarla a toda costa.

Y les debemos algo a los expedientados, que son las víctimas más directas del abuso. Les debemos probablemente la conciencia de lo que pasa.

Recuerda. Recuerda la balsa de aceite que parecía UPyD antes de aquella reunión del Consejo Político en que -¡oh, no!-, hubo una propuesta alternativa. Los dioses, anonadados, con las venas hinchadas palpitando en sus cuellos, tuvieron que tragarse la humillación de aceptar votar una propuesta contraria a la suya. Lo nunca visto. Y lo que no parece previsto que se vuelva a ver, dado lo poco que tardó en iniciarse un expediente al causante del contradiós.

Y ahí fue cuando a los primeros se les empezaron a levantar las orejas. ¿Hmm?

schnauzerQue se convirtió en franco mosqueo cuando también expedientaron a los de EstaNoEsLaWeb, por pretender saltarse el bloqueo infomativo del partido.

La salida de Buesa del partido ni hubiera sido en tanta medida el disparadero de una crisis, si no hubiera estado precedida de esos expedientes previos. Y no hay expediente sin expedientado. Así que, cuando menos, eso les debemos.

¿Se puede saldar esa deuda? Sí, se puede. De dos formas. Con una enmienda, y con una ayuda. Y las dos se acaban de hacerse públicas, cada una por su autor, que son dos grupos distintos.

A mi me parece una gran idea. Pongo un extracto de la “Justificación”:

Se pide  una reforma constitucional para cuya materialización efectiva habría que seguir los cauces establecidos en el Art. 168 de la CE, …

… que  implican  la disolución de las cortes, la aportación de un nuevo texto y la aprobación de las modificaciones mediante referéndum.  En ese estado de cosas, y dado que al introducir, entre otros,  el debate sobre la forma del Estado , materia incluida en el titulo preliminar y que obligaría a seguir el cauce del art. 168, parecería mas práctico y factible, propugnar una “nueva constitución” completamente adaptada a los tiempos actuales, que realizar una serie  de modificaciones sobre el texto de 1978, que  a duras penas obtendrían el consenso necesario.

En otro orden de cosas  este texto que se nos presenta, al optar por un “Estado Federal de intensidad media”, introduce una serie de incógnitas. Con independencia de la facilidad o no para hacer llegar a la ciudadanía las ventajas de un modelo federal sobre el actual, habría que añadir las de explicar por qué se escoge un modelo de intensidad media, en lugar de uno de intensidad alta o baja.  Es evidente que, pese al gran interés que despierta este tema entre el ciudadano medio, resultaría una labor ardua y  francamente compleja de explicar.

Por todo ello , planteamos esta enmienda a la totalidad de la ponencia política y dada la necesidad de aportar un texto alternativo, adjuntamos como tal, al considerarlo plenamente vigente, el Manifiesto Fundacional, obteniendo con la aprobación de esta enmienda, no sólo un texto de calidad superior, sino que dicho manifiesto sería  rubricado por los militantes legítimamente representados en el congreso mediante sus delegados, y formar parte no sólo de manera honorífica sino material y efectiva del acervo del partido.

El documento, listo para mandar. Solo hay que sustituir el nombre de autor, cambiando Babia-2 por el que corresponde al enviante.

También podría subtitularse …

La extraña relación de UPyD con el papel.

Tranquilos, que ya se acaba el plazo y dejaremos de hablar de las enmiendas. Pero es que este proyecto de Matrix más parece una película de los hermanos Marx, y no paran de dar que hablar. me han contado esto, y como me lo han contado lo pongo:

Supon que lees las ponencias y te mosqueas (solo) con una cosa. Que ya es suponer. Por ejemplo con la coña esa de la crème de la crème de aparato incrustada como “consejeros natos” en el Consejo Político, que debería ser quien controlara al aparato. Así que te planteas hacer una enmienda, por ver si el resto de la tropa opina como tú. ¿Normal, no? ¿No dice Aparatrix que aquí participa todo el mundo, y que UPyD es ejemplo y espejo de democracia? Pues sí, pero … ya verás.

Ves en seguida que tu enmienda tiene que ser a la totalidad. En primer lugar porque corres el riesgo de que el Consejo Político, autor de la ponencia que quieres corregir (y juez y parte), decida que no es consistente con el resto de la ponencia, y el reglamento te obliga en ese caso a hacer una enmienda a la totalidad. ¡Bah! -dirás, copio la ponencia, y cambio lo de los “consejeros natos”. Buena idea.

Sigues leyendo los reglamentos y sistemas, y te enteras de que recomiendan que las enmiendas se envíen en formato electrónico.

Pueden presentarse cuatro tipos diferentes de enmiendas:

A) A la totalidad: Pretende cambiar el documento entero, con aportación de un texto alternativo.

B) De modificación: Altera la redacción de un artículo determinado del texto.

C) De supresión: Se suprime un artículo sin ser sustituido.

D) De adición: Insertan uno o varios artículos nuevos.

En el caso de formularse una enmienda parcial que suponga alterar el sentido general de una Ponencia deberá de aportarse un texto alternativo completo de la misma.

¿Dónde se dirigen las enmiendas?

Las enmiendas deberán remitirse al Consejo de Dirección dentro del plazo establecido, por escrito, preferentemente en formato electrónico, utilizando los modelos facilitados al efecto.

Perfecto. Muy cómodo muy limpio, y muy bien. Civilizado. Pero …

enmiendas_imposibles

- ¿Como? ¿No hay opción de enmienda a la totalidad? ¿Y ahora?

Pues ahora se la mandas por email en un lindo PDF (Las enmiendas deberán remitirse al Consejo de Dirección dentro del plazo establecido, por escrito, preferentemente en formato electrónico), y les dices que no encuentras manera de hacerlo en la intranet:

Pues nein. Te contestan:

Le rogaríamos que insertase estas enmiendas a través de la web dispuesta a tal efecto. Hemos habilitado un área reservada en la web para el I Congreso de UPyD. En cualquier caso, La dirección postal para remitir las enmiendas es Apdo XXXXX, 28080 Madrid, y tiene de plazo hasta el día 21 para marcar el sello de correos.

Así que hemos pasado del “preferentemente en formato electrónico”, al imposiblemente en formato electrónico. Y ahora solo tienes que imprimir unas treinta páginas (más de 20.000 palabras), porque se te ha ocurrido la estupidez de que es  inconveniente que en el Consejo Político los 110 consejeros elegidos por los afiliados estén acompañados por 40 conejeros “natos”.

¿Tal vez no pensaban que nadie fuera a hacer una enmienda a la totalidad, y se les ha despistado?

Procusto sentenció que si se tocaba ese tema había que hacer una enmienda a la totalidad que era bastante trabajoso y complicado………en fín que me dió la impresión de que desde su pedestal despreciaba al pueblo llano asistente (sonrisita en boca) descalificándolo como para que se hiciese una enmienda a la totalidad. [-->]

Si el pueblo está incapacitado para hacer enmiendas que vayan a ir en contra del sentido de la ponencia, porque son obligatoriamente a la totalidad, y los tontos no pueden; y si a nadie se le ocurre que el aparato vaya a hacer enmmiendas a la totalidad, porque para eso ha hecho las ponencias … Pues sí, tal vez se hayan olvidado del detalle de que se puedan mandar en formato electrónico. ¿Total, para qué? Si al final son los que han hecho las ponencias los que deciden qué enmiendas pasan. Y qué es lo que tienes derecho a votar, y qué no.

Eso sí, para mandar enmiendas, mucho papel. pero mucho. Pero para votar en el Congreso, urnas electrónicas, que así nadie puede contar los papelitos, y todo queda en el secreto de un código informático que ya veremos quien controla. Así que cuando lo electrónico es mucho mejor que el papel, perfieren el papel. Pero en una de las pocas ocasiones en que el papel le da mil vueltas a lo electrónico, prefieren lo electrónico. ¿Se puede entender? Hmmm … tal vez sí.

Pues eso, por si alguien más las quiere presentar, aquí las tiene en la forma en que se ha de hacer oficialmente. Si alguien ve una pega, pf, que lo diga.

Organización y Estatutos:

Política:

Actualización:

Había un fallo en la enmienda política. Brétema la había pensado como parcial, con correcciones a cuatro artículos, y mandó solo la primera parte de la ponencia corregida, en la que estaban esos artículo. Pero como enmienda total habría que poner el texto original entero, corrigiendo esos artículos. Ahora están bien.

Actualización:

Había un error. Es una enmienda solo parcial, cuyo fin es eliminar la justificación al modelo de partido diseñado por la Dirección en la Ponencia de Estatutos. Lo azul tachado es el texto que se sustituye, y lo azul sin tachar el texto que se añade.

Nota previa: Como en el caso de la ponencia de Organización y Estatutos, no se ha tratado de hacer una enmienda partiendo de cero, sino solo de corregir lo más infumable de las virguerías para justificar la autocracia, e impedimentos similares. también como en el caso anterior, los cambios están marcados en azul.

Enmienda parcial a la Ponencia Política.


Ponencia Política de UPyD y la Regeneración Democrática Española

I Nuestra Concepción del partido y de la Regeneración Democrática

Introducción: democracia y partidos políticos

1 – ¿Para qué ha nacido UPyD? Responder esta pregunta requiere una reflexión previa sobre el papel de los partidos políticos en la democracia. Los partidos son instituciones imprescindibles en la vida política de las complejas democracias modernas, formadas por personas y grupos diferentes y mutables con distintos intereses, ideas y creencias. En nuestras sociedades conviven doctores y víctimas del fracaso escolar, empresarios y trabajadores sin cualificación, creyentes con agnósticos y ateos declarados, apolíticos y apasionados por la política, activistas sociales y personas que nunca han asistido a una manifestación, entusiastas de las tradiciones ancestrales y cosmopolitas convencidos, partidarios del mercado más libre y extenso posible con quienes exigen la protección del Estado, inmigrantes de países remotos recién nacionalizados con nativos de familias que nunca se han mezclado con forasteros… Todos ellos son, somos, ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones, con independencia de nuestras ideas, preferencias e intereses particulares. Pero esa igualdad constitucional que nos permite vivir en libertad, como sujetos autónomos capacitados para elegir y tomar nuestras propias decisiones, no impide que existan entre nosotros grandes desacuerdos y conflictos sobre multitud de cuestiones de todo tipo. La democracia no es un sistema para poner a todo el mundo de acuerdo sobre todas las discordias posibles, sino para permitir la convivencia libre, productiva y en paz entre personas disconformes, pero que comparten algunos principios básicos, como el de resolver por medios pacíficos y legales las diferencias más acuciantes. Como, por ejemplo, quién debe gobernar el Estado y quiénes están capacitados para representar a los ciudadanos, deliberar y aprobar leyes en su nombre

2 – En las sociedades democráticas, el conflicto y la diferencia pueden ser factores muy fértiles y creativos. Estas sociedades no comparten un conjunto hereditario de firmes creencias comunitarias, como era lo habitual en las sociedades tradicionales. Nuestra democracia debe adaptarse a la complejidad social y al principio de la libertad personal, y por eso consiste en un sistema de instituciones jurídicas y políticas comunes que actúan siguiendo reglas de obligado cumplimiento. Son reglas constructivas y regulativas, que fundan el sistema democrático y organizan su funcionamiento, comparables a las de una competición deportiva, porque del mismo modo en que es imposible jugar un partido de fútbol con las reglas del tenis, tampoco puede haber democracia con las reglas de la dictadura, la oligarquía o cualquier otro régimen político. Las reglas seminales de la democracia son el sufragio universal libre y secreto, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, las garantías jurídicas de la libertad personal, la separación de poderes, las libertades de expresión, organización y proposición, y el estricto respeto a los derechos de las minorías políticas, entre otras. La mejora de la democracia, incluso su simple mantenimiento, exige una permanente vigilancia de que estas reglas siempre frágiles y amenazadas se mantienen vivas, no son burladas o pervertidas y, de ser necesario, son mejoradas constantemente a través del perfeccionamiento de las leyes y de la reforma constitucional

3 – Los distintos intereses, corrientes ideológicas y proyectos políticos que compiten en una sociedad moderna dan carta de naturaleza a los partidos, que rivalizan por captar el voto de los ciudadanos para representarlos en las instituciones o gobernar en base a un programa. Aunque los proyectos políticos y sociales disponen de otras vías de organización, tales como los sindicatos, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales o las iniciativas cívicas (sin olvidar los grupos de presión o lobbys que actúan para influir a favor de sus intereses, estén regulados o no), los partidos políticos son insustituibles debido a sus objetivos estrictamente públicos

4 – La función de los partidos no acaba en las tareas de representación ciudadana y gobierno de las instituciones. Canalizar y dar voz a la posición política de los ciudadanos es otra misión fundamental que hace posible, en principio, la implicación directa en todos los niveles de la vida pública de muchos cientos de miles de personas que han tomado partido. Así puede extenderse ampliamente por la sociedad lo que, de otro modo, sería una actividad restringida al número necesariamente reducido de profesionales y especialistas ocupados en las instituciones, los propios partidos y los medios de comunicación. Se trata de una red de participación social vital para la democracia, ligada a la existencia de partidos que, a pesar de todas sus limitaciones y defectos, están abiertos a cualquiera que comparta sus objetivos. En este sentido, los partidos políticos cumplen la importante función de facilitar la inclusión y participación de los ciudadanos en la acción política, extendiendo de ese modo la base del sistema democrático, haciéndolo más inclusivo y más representativo de la realidad social. Y si los partidos tradicionales dejan de cumplir satisfactoriamente con esta labor, siempre queda la opción de proceder a promover partidos nuevos que, como es el caso de UPyD, contribuyan a revitalizar el tejido social de la democracia y a reanimar sus instituciones ofreciendo nuevas formas de compromiso político a los ciudadanos

5 – Los partidos tradicionales han sido y son objeto, sin embargo, de severas críticas debido a vicios que, para algunos, son poco menos que estructurales: tendencia a la burocratización, profesionalización del trabajo político, opacidad del funcionamiento interno, promoción mediante el procedimiento de selección negativa, pérdida de un proyecto solvente y creíble, y alejamiento de las preocupaciones ciudadanas. Estos y otros factores negativos desencadenan crisis cíclicas en los sistemas de partidos de muchos países democráticos, propiciando la cuasi-desaparición o la marginalidad de partidos históricos –como los comunistas, democratacristianos y liberales-, animando la aparición de partidos nuevos, como los Verdes, o facilitando el ascenso de fuerzas populistas o antidemocráticas alimentadas por el descrédito de la actividad política. Las alternativas más radicales opuestas a los partidos convencionales suelen ser muy poco realistas, como la democracia electrónica del populismo tecnológico que pretende suprimir la mediación básica de la democracia deliberativa -convirtiendo el plebiscito en acto cotidiano para adoptar todo tipo de decisiones-, o sencillamente ajenas a las reglas básicas de la propia democracia, como el fundamentalismo asambleario que ignora la regla esencial de que la mayoría no debe eliminar a las minorías, ni limitar su derecho a la iniciativa y acción política discrepante con todas las garantías

6 – En conclusión, a pesar de todos sus inconvenientes los partidos políticos resultan indispensables, sobre todo porque expresan, a través de los votos que obtienen, el apoyo ciudadano a los distintos proyectos y liderazgos en liza. Ahora bien, existen límites tan claros como intangibles que impiden el éxito total de los partidos políticos. Una regla constitutiva de la democracia es que ninguno de los partidos rivales pueda alzarse con un triunfo definitivo tal que implique la desaparición de la oposición, o la consecución de la totalidad de su “programa máximo”; esta posibilidad sólo se contempla en los regímenes de partido único, totalitarios. El máximo al que un partido democrático puede aspirar legítimamente es a gobernar para todos, y nunca sólo para sus partidarios, aplicando su programa respetando el orden constitucional, el derecho de las minorías a disentir y los legítimos derechos de cada uno de los ciudadanos: la obligación de gobernar para todos, y no sólo para los afines, es básica en la democracia; su olvido, un claro síntoma de degeneración. Lo que se traduce en que todo partido democrático debe renunciar al objetivo, utópico o distópico, de ver triunfar la totalidad de su programa. En otras palabras, ninguno de los proyectos de partido puede imponerse a la propia democracia para sustituirla por lo que acaba siendo un régimen de partido único, como ocurrió en las revoluciones y golpes de Estado sucedidos en Europa –Rusia, Italia, Alemania, etc.- en la primera mitad del siglo XX

7 – Los partidos políticos son instituciones muy especiales. Reúnen el interés exclusivamente público, en principio identificado con el interés general, con el carácter privado derivado de su fundación, afiliación y objetivos de parte. Por un lado, la sociedad tiene derecho a exigir de los partidos determinadas garantías de transparencia, fidelidad a sus fines y funcionamiento responsable; por otro, son asociaciones privadas con su propio régimen interno y toda la ineludible conflictividad aparejada a cualquier colectivo humano. Pero la falta de correspondencia entre los fines públicos de un partido importante y su funcionamiento interno, o entre los fines proclamados y el sentido genuino de su acción política, genera graves daños para el conjunto del sistema democrático, desde prácticas corruptas hasta el completo desprestigio de la política. Por todas estas razones, la aparición de un nuevo partido político que aspire a algo más que conseguir un trozo del pastel institucional, pero que tenga conciencia de las limitaciones que la propia democracia opone a sus aspiraciones regeneradoras, necesita de una justificación suficiente. En nuestro caso, esta justificación es la de colmar un hueco cada vez mayor existente en el sistema de partidos actual: la de quienes no se identifican con los proyectos políticos de los partidos tradicionales, ni confían ya en sus compromisos, y reclaman la puesta en marcha de una política dirigida a introducir profundas reformas en las instituciones básicas de la democracia española, comenzando por la Ley Electoral (LOREG) y la Constitución. Reformas que persigan un doble objetivo: incrementar la libertad personal de los ciudadanos y reforzar su igualdad jurídica y de oportunidades, con el resultado de la regeneración de un sistema democrático que da muestras alarmantes de agotamiento de ideas, esclerosis de las instituciones e incapacidad política de los principales partidos tradicionales de gobierno y oposición para resolver los problemas más acuciantes.

1 – UPyD: un proyecto político de regeneración democrática

8 – Unión Progreso y Democracia (UPyD) nació de la iniciativa de diversas personas y grupos que convergieron en Plataforma Pro, creada en internet con el objetivo específico de comprobar si existían las condiciones para organizar un nuevo partido político de ámbito nacional. Plataforma Pro hizo público un manifiesto fundacional donde especificaba los grandes rasgos y objetivos de ese posible nuevo partido, y su propósito de reunir a los interesados para discutir las posibilidades prácticas de registrarlo a tiempo de presentarse a las Elecciones Generales de 2008, con la estructura mínima indispensable y con un Manifiesto y un Programa Electoral que presentar a la sociedad. La presentación de Plataforma Pro lo explicaba así:

“El pasado sábado 19 de mayo 45 personas se reunieron en San Sebastián para tratar sobre la necesidad y posibilidad de crear un nuevo partido político. La mayoría de los reunidos eran vascos, muchos de ellos con una larga experiencia en organizaciones políticas, sindicales y cívicas, en muchos casos procedentes del ámbito de la izquierda, pero también de tradición liberal y ciudadana. Decidieron poner en marcha un proyecto que interese a personas de un amplio espectro democrático, y de toda España.

Los presentes aprobaron formar una nueva plataforma que convoque y reúna a quienes consideran necesario formar un nuevo partido político, activo en toda España, que aporte nuevas propuestas políticas para los problemas considerados más acuciantes: lucha contra ETA; regeneración de la democracia; oposición al nacionalismo obligatorio; reforma de la Constitución para reforzar las libertades ciudadanas y la igualdad, con independencia del territorio de residencia, etcétera. Este partido, abierto a cualquier persona que apoye su programa y sus objetivos e ideas básicas, deberá tener un carácter inequívocamente nacional, y estará dispuesto a unirse a aquellas organizaciones políticas que compartan los compromisos y las líneas maestras del proyecto.” (www.plataformapro.org)

9. – La iniciativa tuvo una gran acogida, y en poco tiempo Plataforma Pro contó con más de 3000 miembros distribuidos por todas las Comunidades Autónomas españolas. Tras un debate sobre las posibilidades de crear el nuevo partido o unirse a alguna iniciativa parecida, como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la gran mayoría de los miembros de Plataforma Pro optó por crear un nuevo partido en la asamblea celebrada en Madrid el 22 y 29 de septiembre de 2007, adoptando la denominación Unión Progreso y Democracia (UPyD), eligiendo a Rosa Díez como la Portavoz del partido – único cargo unipersonal- al frente de un Consejo de Dirección formado por 19 de los fundadores, y un Consejo Político formado por otros 150. Además, la Asamblea Fundacional aprobó el Manifiesto y los Estatutos del partido, y decidió participar en las Elecciones Generales de marzo de 2008 y en las elecciones autonómicas convocadas en Andalucía. En sólo cinco meses, UPyD consiguió presentar candidaturas al Congreso y el Senado en las 50 provincias y las dos ciudades autónomas, logrando más de 306.00 votos y el escaño de Rosa Díez en el Congreso de los Diputados por la provincia de Madrid. Resolviendo grandes retos de organización y venciendo los obstáculos de la falta de financiación bancaria y de la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación mediante la movilización de miembros del partido y simpatizantes, UPyD consiguió convertirse en partido parlamentario nacional al primer intento gracias exclusivamente al trabajo voluntario y a los donativos y préstamos individuales. Fue una prueba práctica incontestable de que el nuevo partido representaba con eficacia un proyecto político innovador demandado por una parte relevante de la sociedad española

9 – Este proyecto político consiste en promover en las instituciones un conjunto de reformas estratégicas capaces de renovar la democracia española, superando el estancamiento al que ha llegado tras agotarse el impulso originario de la Transición. Una democracia lastrada por el inmovilismo de los dos grandes partidos herederos de las viejas corrientes de la izquierda y de la derecha, y por el avance incesante de los intereses nacionalistas a costa del interés general gracias a una Ley Electoral sumamente favorable para ellos -pequeños partidos de implantación territorial muy concentrada-, pero muy perjudicial para los partidos nacionales con más votos pero también más dispersos, como ha sido el caso de IU y ahora de UPyD. El ejemplo más gráfico de esta desigualdad, inducida por una mala ley que altera severamente la voluntad electoral, es que, con aproximadamente los mismos votos, el PNV obtuviera seis diputados y UPyD uno. Gracias a esta ventaja electoral, las fuerzas nacionalistas se han convertido no sólo en la llave de la gobernabilidad al decidir las mayorías parlamentarias cuando ningún gran partido consigue la mayoría absoluta, sino también en el modelo de gestión política con más éxito y más imitado por los beneficios de parte que obtiene. Es un modelo que antepone los “derechos de los territorios” a los de las personas y que, por consiguiente, trabaja sin descanso para profundizar artificialmente las diferencias entre comunidades autónomas, a costa de la igualdad y libertad de los ciudadanos y de la cohesión del Estado común que debe garantizarlas.

10. – El resultado de este sistema electoral ha sido un sistema de “bipartidismo imperfecto” donde uno de los dos grandes partidos, PSOE o PP, está condenado o bien a ganar las elecciones por mayoría absoluta o bien a formar mayorías parlamentarias mediante alianzas con los partidos nacionalistas periféricos, que ponen un alto precio político a su apoyo reclamando la transferencia de más competencias del Estado, de recursos e inversiones públicas y, por la vía encubierta de las reformas de Estatutos de Autonomía, de la asunción tácita de una reforma de la Constitución favorable al nacionalismo separatista. Un proceso impuesto por la vía de los hechos consumados, ante la pasividad o parálisis de instituciones que deberían impedirlo, en particular el Tribunal Constitucional, sin debate parlamentario suficiente y burlando el precepto de la reforma constitucional (arts. 167 y 168 C.E.) El resultado es un cambio de facto del modelo de Estado previsto en la Constitución, sin debate político a fondo y sin permitir a los ciudadanos españoles que se pronuncien sobre su acuerdo o desacuerdo.

11. – Este modelo de gestión de los poderes públicos al servicio de los intereses de los partidos políticos tradicionales se ha extendido a las instituciones autonómicas y municipales, estimulando la aparición de numerosos partidos regionalistas y localistas que generalmente adoptan la retórica identitaria de los nacionalistas tradicionales –la defensa de la identidad cultural amenazada, de los intereses de los autóctonos frente a los foráneos, de ancestrales derechos históricos, etc.- y, sobre todo, su modo de concebir la política como un juego con reglas muy favorables para los grupos sociopolíticos con una base territorial reducida y densas redes clientelares que afectan al entramado de empresas públicas y privadas, controlando los medios de comunicación, las cajas de ahorro, las entidades y asociaciones influyentes, etc. Los pequeños partidos obtienen beneficios de todo tipo –inversiones públicas, multiplicación de la administración para colocar a sus miembros y clientes, transferencias de competencias, mayor capacidad de gasto, etc.-, lo que ha derivado en el detrimento de la cohesión y la viabilidad del Estado común (y por tanto de la igualdad de los ciudadanos españoles), a la vez que ha transformado a los partidos “nacionales”, que compiten por la misma clientela electoral con nacionalistas y regionalistas, en federaciones de partidos autonómicos carentes de una política nacional genuina.

12. – Por ejemplo, las políticas discriminatorias de “normalización lingüística” desarrolladas en las CCAA bilingües (Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana), han sido asumidas e impulsadas no sólo por los partidos nacionalistas, sino también por PSOE y PP. Es un acabado ejemplo de la erosión constante de los principios democráticos y constitucionales a través de vías legales y normativas de rango inferior que acaban instaurando la desigualdad de derechos y obligaciones entre los ciudadanos de una comunidad autónoma, y entre los de ésta y el resto de comunidades. La discriminación por razones de lengua impide o hace más difícil la movilidad de profesionales, empresas y trabajadores de las comunidades monolingües a las bilingües (pero no al revés), suprime la libertad de elección de lengua cooficial en la educación y en las relaciones del ciudadano con la administración y sus servicios, subvenciona con pretextos lingüísticos y culturales a determinadas empresas y entidades anulando de hecho el principio de libre competencia, y hace normales abusos como las multas impuestas en Cataluña a las empresas que no rotulan en catalán.

13. – Este modo de gestionar la cosa pública ignorando el interés general mediante su virtual privatización parecía gozar de ilimitada elasticidad en un contexto de prosperidad económica, pues sus consecuencias parecían soportables para la mayoría social siempre que el Estado dispusiera de recursos e ingresos adicionales que inyectar para cada nueva negociación entre partidos e instituciones o CCAA y Estado. Pero el vaciamiento progresivo de competencias estatales, unido a la crisis económica – agravada por las características de la economía española- y a la finalización de las importantes aportaciones europeas de fondos estructurales, han terminado por mostrar la inviabilidad de un sistema político que no puede seguir expandiéndose indefinidamente mediante el vaciamiento paulatino de competencias y fondos del Estado en beneficio de los titulares de una estructura territorial y jurídica eternamente indefinida y abierta, puesta al servicio de los intereses de los partidos políticos tradicionales, nacionalistas y regionalistas, y de sus socios mediáticos y empresariales.

14. – El sistema político español –como también el europeo- está en crisis. Además de los problemas económicos, y de los derivados de la constante elusión y burla de las reglas constitucionales, otros factores adicionales agudizan la crisis del orden pactado en la Transición. Señalemos también el deterioro de la Administración de Justicia; la formación de oligopolios entre partidos, medios de comunicación y entidades financieras; la selección negativa en el seno de los partidos políticos; el deterioro de la educación pública; la decadencia y crisis del modelo productivo. Varios de estos problemas se tratan más extensamente en otras partes de esta Ponencia Política, y aquí resumiremos la relación entre todos ellos.

15. – El deterioro constante de la Administración de Justicia, el tercer poder tradicional del Estado de Derecho, es el resultado de la constante manipulación e injerencia de los partidos políticos tradicionales, que han convertido el Consejo General del Poder Judicial en un ente delegado suyo mediante las asociaciones judiciales alineadas con PSOE o PP, marginando por completo a los jueces y juristas independientes. La alineación de la Fiscalía con el Gobierno de turno, junto a la habitual cesión a las exigencias nacionalistas, completan el cuadro de una Justicia sometida, ineficaz y malamente politizada, es decir, injusta. Además de los efectos de pérdida de autonomía y eficacia, la credibilidad de la administración de Justicia ha sufrido mucho, con los efectos negativos que tiene para el prestigio y apoyo popular a la democracia.

16. – Los diversos intentos de negociación fallida con ETA han atacado el principio de separación de poderes y el funcionamiento autónomo de la Administración de Justicia, toda vez que distintos gobiernos socialistas y populares, pero muy especialmente los presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, han puesto la Fiscalía y los tribunales a su servicio para remover los obstáculos jurídicos opuestos a la negociación con la banda terrorista. Así, durante las “treguas” de ETA se han suspendido en la práctica la aplicación de las leyes antiterroristas vigentes –en particular, la Ley de Partidos- y desvirtuado los procedimientos judiciales, con el resultado de prolongar la vida de la banda mientras se hacía otro fuerte daño adicional a la democracia en dos de sus principios básicos: la obligatoriedad universal de las leyes vigentes, y la autonomía del poder judicial como pilar básico del Estado de Derecho.

17. – Determinadas debilidades estructurales de la economía y la sociedad civil españolas han afectado a la posibilidad de que los partidos políticos tradicionales y sus entidades dependientes se financien sobre todo por las aportaciones voluntarias de sus afiliados y simpatizantes (cuotas y donativos). La necesidad perentoria de ganarse al electorado saturándolo de propaganda ha llevado a los partidos políticos a aliarse con grupos de comunicación privados, encargados de transmitir el mensaje de un partido a la opinión pública a cambio del trato favorable de sus intereses empresariales. La consecuencia es que la información política transmitida a la mayoría de los receptores queda fuertemente mediatizada por esa alianza de intereses entre propietarios de los medios y partidos. Añadiendo la dependencia absoluta de los medios de comunicación de titularidad pública del gobierno de turno, resulta un paisaje comunicacional plano, previsible y sometido a los intereses del conglomerado de partidos y empresas, impidiendo la divulgación entre la opinión pública mayoritaria de opciones políticas novedosas.

18. – Esta clase de entendimiento oligopólico se ha extendido con éxito a otros terrenos empresariales donde los partidos políticos (y sindicatos) tienen las llaves de la decisión, en particular las cajas de ahorro y el negocio inmobiliario, que dependen en buena medida de las decisiones de ayuntamientos y CCAA. La democracia española ha terminado atada a esta colusión de intereses de los partidos políticos tradicionales, los grandes grupos privados de comunicación, cajas de ahorro y bancos, y promotores inmobiliarios. Aunque la crisis del modelo económico reajustará esta asociación, y aunque la extensión de internet y los medios digitales ya está rompiendo el oligopolio de la información política y social, la democracia española tiene uno de sus mayores retos en la disolución de esta red espuria para dejar paso a un sistema más transparente y público de partidos capaces de financiarse con autonomía, medios de comunicación privados más respetuosos con la pluralidad sociopolítica y medios públicos merecedores del nombre, así como cajas de ahorro gestionadas con criterios empresariales.

19. – Otro de los grandes retos de la democracia española es la mejora de la educación, especialmente de la pública, institución esencial e insustituible para mejorar la igualdad de oportunidades de las personas, educar ciudadanos libres e instruir a profesionales de alta cualificación, capaces de hacerse cargo de un modelo económico más competitivo, innovador y productivo. La extensión lo más amplia posible de la formación humanística y científico-técnica, también al mayor nivel posible, es un objetivo inexcusable de la democracia española. Pero lejos de progresar en esa dirección, la  promoción política de un modelo educativo equivocado ha hecho retroceder la calidad de la educación, especialmente de la pública, lo que se ha traducido en un ascenso acumulado del fracaso escolar sin parangón en países de nuestro entorno. La dispersión del modelo educativo en 17 variedades autonómicas diferentes agrava las consecuencias de esa política errónea, aumentando las diferencias entre comunidades autónomas, dificultando e incluso paralizando la libre circulación del personal docente y de los escolares y estudiantes. El problema no se resolverá sólo con más inversiones de dinero y expertos, o incrementando los equipamientos tecnológicos, sino rectificando los errores evidentes del paradigma educativo vigente y, en lo que se refiere a la política educativa, devolviendo al Estado las competencias en educación, universidad e investigación para garantizar que España tenga un modelo común integrable en futuros modelos europeos.

20. – La crisis política también deriva de una economía con vicios estructurales: excesiva dependencia de las administraciones públicas y el correspondiente clientelismo partidista que hace tan fácil la corrupción, y excesiva dimensión de los sectores basados en empleos poco productivos de escasa cualificación y mal remunerados. La inflación de la burbuja inmobiliaria, con tantas implicaciones económicas negativas, ha estado directamente ligada a la corrupción política y a la mala administración del urbanismo, de la vivienda y de la gestión del territorio, el paisaje y el medio ambiente. La falta de políticas decididas y constantes de apoyo a la innovación en las empresas, con la correlativa mejora de la educación y de la investigación científica, ha preservado los peores rasgos del sistema económico español hasta el estallido mismo de la crisis económica mundial, agravada en España por su modelo económico atrasado. Sin duda, la mejora del sistema económico español depende no sólo de una política económica correcta, sino de que esta política vincule el cambio de modelo económico al objetivo general de la regeneración democrática, desterrando con reformas y medidas legales los vicios políticos que han afectado negativamente a la economía.

21. – Finalmente, la regeneración democrática reclama profundos cambios en los propios partidos políticos, y el desarrollo de una sociedad civil autónoma capaz de ejercer como contrapeso del sistema de partidos a través de sus propios tejidos asociativos. En los últimos años, la sociedad civil española ha crecido algo en esa dirección, pero de manera todavía muy tímida: más del 76% de los encuestados en el estudio del CIS de abril de 2009 confirmaban no haber pertenecido nunca a ninguna clase de asociación, fuera política, sindical, cultural, profesional, deportiva o religiosa. La española es una sociedad muy poco politizada: el 46% de los encuestados no había participado nunca en una recogida de firmas; el 51% tampoco había asistido a una manifestación, etc. Con todo, la trama de asociaciones e iniciativas cívicas, apoyadas en buena medida en internet, se ha hecho más densa: la aparición de nuestro propio partido es una prueba de esto. Las posibilidades de regeneración endógena del sistema democrático español descansan en las nuevas iniciativas políticas que surjan de la  sociedad civil, más que de un sistema oligopólico de partidos muy alejado de las preocupaciones de los sectores más dinámicos de la sociedad.

22. – En resumen, la característica más negativa y preocupante de la democracia española es que se ha convertido en un oligopolio formado por los partidos políticos tradicionales, los grupos de comunicación asociados y ciertas entidades financieras. Una condición necesaria para la permanencia y reproducción indefinida de este sistema oligopólico es la exclusión de cualquier organización política emergente que ofrezca alternativas viables. En efecto, una nueva organización carente de compromisos y deudas con los miembros del oligopolio puede atraer el suficiente número de votos como para contar en el panorama político nacional y poner en solfa el sistema. Y si bien la propia Ley Electoral y su desarrollo normativo ya opone formidables obstáculos a la aparición exitosa de nuevas fuerzas políticas, la ley no escrita de la política oligopólica añade nuevos obstáculos en forma de bloqueo informativo y dificultades financieras. Esta estrategia se opone activamente al principio constitucional que prevé que todos los ciudadanos sean electores y elegibles en igualdad de condiciones. Para revitalizarse, la democracia española necesita de nuevas formas de hacer política a través de nuevos partidos, distintos a los surgidos en el siglo XIX y XX, partidos que incorporen y asuman lo mejor de la tradición democrática de la modernidad, pero capaces también de iniciar las reformas que rehúyen los viejos partidos inmovilistas.

2 – Un partido instrumental

23. – Un partido político democrático no puede convertirse en un fin en sí mismo sin perder su legitimidad, porque en la democracia los partidos políticos tienen una clara justificación: canalizar la participación de los ciudadanos en la vida pública y representar un determinado proyecto político en las instituciones democráticas, sea en labores de gobierno o de oposición. Los partidos políticos son, pues, instrumentos para la acción en la esfera pública, aunque los compongan ciudadanos privados con sus propios intereses. Que se conviertan en grupos al servicio de intereses puramente privados comporta su pérdida de sentido, y deteriora seriamente la calidad de la democracia, que acaban parasitando.

24. – En la democracia española, la pérdida de sentido de los partidos políticos tradicionales es uno de los problemas de fondo. Cuando los partidos políticos acaban siendo un fin en sí mismos, una maquinaria electoral al servicio de intereses privados, sus programas acaban reducidos a propaganda, a menudo sectaria para que la exacerbación de pequeñas diferencias con los rivales compense la pérdida de personalidad política, y el proyecto político original acaba por desvanecerse. Convertidos en máquinas de administración del estatus-quo cada vez más parecidas e intercambiables, los partidos antes divididos entre derecha e izquierda terminan siendo profundamente conservadores, contrarios a cualquier cambio de las reglas de juego que amenace sus ventajas, y hostiles a cualquier nuevo partido o iniciativa cívica que perturbe el juego de la alternancia entre partidos tradicionales, reducida a reemplazar las personas en el poder para que desarrollen políticas en el fondo muy parecidas.

25. – De este modo, partidos nacidos como instrumentos para impulsar el cambio social y político o para preservar determinados valores e intereses sociales –la diferencia histórica entre la izquierda y la derecha convencionales- acaban convertidos en entidades cuyo máxima y a veces única misión es la de asegurar su continuidad en el tiempo. Este interés les empuja a volcarse en la obtención de recursos para monopolizar el juego político, desde leyes electorales a su medida hasta la acumulación de influencia en los medios de comunicación y en el mundo financiero y empresarial, constituyendo auténticos oligopolios político-empresariales basados, sobre todo, en el negocio de la comunicación y en las finanzas y la construcción e infraestructuras, sectores donde la influencia política es clave.

26. – Resulta más problemático concluir si la convergencia entre los partidos tradicionales, por ejemplo en política social y económica o en la manipulación de la Constitución, es causa o efecto del proceso apuntado o si obedece a otras razones, pero en cualquier caso hay un vínculo intrincado: a medida que los partidos se convierten en organismos consagrados a la autopreservación en el seno del sistema, renuncian a las reformas ambiciosas, se adaptan a la situación y, por natural convergencia evolutiva, sus políticas van haciéndose más intercambiables porque tienen el mismo objetivo: perdurar y vivir del sistema. La confrontación política se reduce a la cuestión de qué colectivo o partido ejercerá el control de las administraciones y disfrutará de los beneficios y prebendas derivadas.

27. – La profesionalización de la política y el aumento de la burocracia en el interior de los partidos, dos procesos paralelos que acaban replicando en su interior el esquema de las instituciones que pugnan por ocupar, son sin duda factores que refuerzan la tendencia a convertir el partido en un fin en sí mismo, despreocupado del interés general y desinteresado de la participación ciudadana en la cosa pública, que más bien ha privatizado (evolución negativa que, en los casos más extremos como el de Cataluña, motiva un incremento de la insatisfacción política y la abstención, que llega a superar la participación electoral). En efecto, si los miembros del partido se convierten en profesionales del desempeño de cargos políticos o en meros funcionarios del partido, la preservación de ese su único modus vivendi acaba siendo el objetivo fundamental de la acción política. Añadamos a esta profesionalización espuria la selección negativa, el proceso en virtud del cual los mecanismos habituales de cooptación de miembros del aparato dirigente del partido seleccionan y promueven a los sujetos más conformistas o más hábiles en el manejo de esas reglas de juego, en detrimento de los más críticos, independientes o innovadores.

28. – La renovación de ideas, programas y objetivos es desde luego imprescindible para combatir la esclerosis política, pero siendo condición necesaria no es sin embargo suficiente. Por idealista que quiera ser el partido, seguirá siendo una burocracia consagrada a protegerse y perpetuarse mientras éste no recupere el carácter instrumental, es decir, la regla constitutiva de estar al servicio de un proyecto político a promover en la esfera pública, y por tanto trabajando, tanto en campaña electoral como día a día en las instituciones, para convencer a la mayoría de los ciudadanos de las bondades de sus propuestas.

29. – Una vez perdido, recuperar ese carácter instrumental es difícil, e incluso probadamente imposible en el seno de los partidos tradicionales, que no sólo encuentran grandes dificultades para renovarse en el campo de las ideas, sino sobre todo para modificar sus reglas de promoción interna. Las experiencias de adopción de elecciones primarias y medidas similares suelen tropezar con el hecho de que los intereses inmovilistas y conservadores, incluso entre la militancia poco beneficiada personalmente, acaban por imponerse al interés por mejorar la “democracia interna” como paso previo a reinstaurar la instrumentalidad de la acción política. Le sucedió al PSOE en el intervalo entre Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero, este último un acabado ejemplo de cómo un mecanismo concebido para mejorar la selección de dirigentes a través de elecciones primarias abiertas acaba beneficiando finalmente al sector más inmovilista y carente de ideas innovadoras.

30. – El carácter instrumental del partido no depende tanto de los sistemas de elección interna como de asegurar que la actividad del partido estará volcada hacia la esfera pública. Pero la pregunta es si esa deriva es reversible, y merece la pena intentarlo, o si más bien no será mejor proceder a crear un nuevo partido desde cero, con el compromiso de que será un instrumento al servicio de un proyecto público y actuará en consecuencia. Para que el compromiso sea auténtico, deberá nacer libre de funcionarios de partido o cargos públicos sin mayor interés que el de revalidar su mandato bajo nuevas siglas. Un partido así debe nacer de las redes sociales de confianza de ciudadanos autónomos –es decir, que no dependen de las instituciones políticas ni del aparato del partido para vivir- que comparten las urgencias y prioridades políticas. Este ha sido, precisamente, el origen de UPyD y su principal reto organizativo: fundar un instrumento político capaz de impulsar un proyecto de reforma de la democracia española en las instituciones. Esta fue la razón de que el modelo original de partido ya previera la obligación de abandonar cualquier cargo público obtenido con otro partido como condición para afiliarse al nuestro (con la relativa excepción de las candidaturas municipales independientes, que en cualquier caso tampoco pueden convertirse en cargos de UPyD), y la renuncia a crear juventudes de partido como medio para formar los cuadros destinados a convertirse en nuestros futuros profesionales de la política.

31. – En un partido instrumental, y eso queremos que sea UPyD durante el plazo más prolongado posible, las cuestiones de organización están sometidas a los principios de adecuación, eficacia y eficiencia para los objetivos políticos que se propone alcanzar. Conviene no perder de vista que, siendo necesario que los partidos funcionen internamente con el mayor grado posible de democracia en la toma de decisiones y promoción de liderazgo, dirigentes y candidatos, resulta sumamente destructivo que el modelo de funcionamiento se convierta en la preocupación principal. hasta desterrar cualquier otro debate político y alienarse por completo de las preocupaciones públicas que justificaron su nacimiento. Resulta sintomático que los partidarios de dedicar todos los esfuerzos a diseñar una “democracia interna” perfecta sean también los más indiferentes al proyecto de reforma, mejora o regeneración de la democracia que realmente importa: la pública. Y eso sucede, precisamente, cuando no se logra diseñar un partido que permita la participación libre y el debate abierto acerca de las finalidades y objetivos a conseguir y los medios adecuados para ello. Cuando la libertad se elimina, cuando la participación se anula, cuando el monolitismo se transforma en el valor dominante, y cuando la sumisión al liderazgo constituye la única pauta aceptable, el gran problema es precisamente el modelo de funcionamiento, porque resulta inadecuado para la consecución de los fines para los que el partido ha nacido.

32. – En definitiva, consideramos que nuestro partido tiene una misión específica en la política española, la de promover un conjunto de reformas institucionales de primera magnitud –reforma de la Constitución y de la Ley Electoral, medidas legales de regeneración de la democracia como sistema de listas abiertas en las elecciones, etc.-, y que el partido, lejos de ser un fin en sí mismo, no es otra cosa que un instrumento para llevar a su máxima consecución posible el programa que le ha dado carta de naturaleza. En efecto, no consideramos aceptable que UPyD sea alguna vez un contenedor o vehículo apropiado para llevar a cabo cualquier clase de programa que pueda recibir el respaldo de un número suficiente de votantes, traicionando los compromisos de nuestro origen, sino que estamos obligados a permanecer estrictamente fieles a esta concepción instrumental al servicio de la renovación o regeneración de la democracia española.

3 – Un ideario transversal

33. – El proyecto originario de UPyD era crear un partido transversal, y lo sigue siendo. La transversalidad es un concepto político novedoso, que algunos consideraban característico de los viejos partidos interclasistas, como los nacionalistas, o de partidos oportunistas carentes de ideología y propuestas coherentes. Nuestro empeño en definirnos como “partido transversal” ha dado pretexto a no pocos detractores para descalificarnos como partido sin proyecto conocido, o como una entidad electoral a la caza de votantes de izquierda y derecha descontentos con la oferta de los partidos tradicionales. Es decir, como un modelo de entidad política negativa –que se define como “anti” algo- y básicamente reactivo –que reacciona contra la apatía o conformismo de los partidos tradicionales. Sin embargo, la transversalidad es un concepto creativo, positivo y proactivo de la acción política. En resumen, se trata de crear un partido donde tengan cabida personas con ideas propias y distintas en una variedad de temas, pero de acuerdo en el proyecto político y en las líneas estratégicas para su consecución. A diferencia de los partidos tradicionales, no se trata tanto de reunir “familias ideológicas” o tradiciones venerables, como la liberal-conservadora, democratacristiana y monárquica que en España componen la derecha organizada en el  PP, como de poner a trabajar juntas a personas que, al margen de que se reconozcan más o menos en determinada tradición o escuela de pensamiento, o se declaren más o menos liberales o de la izquierda democrática, estén de acuerdo en la necesidad de un proyecto político que bloquean los partidos tradicionales, y que ha justificado el nacimiento de UPyD.

34. – El desafío de la transversalidad política consiste en crear un partido abierto a la participación activa de personas con ideas diferentes en algunos asuntos importantes, que normalmente no coincidirían en el mismo partido tradicional, pero comprometidas en el impulso del mismo programa político. Este carácter transversal se funda en buena medida en la concepción instrumental del partido. En efecto, un partido nacido para impulsar un proyecto de política básicamente institucional, como es UPyD, puede desentenderse con toda libertad de viejas y extemporáneas preocupaciones como las de representar y defender una determinada visión global del mundo, la de permanecer fiel a sus esencias históricas e ideario ancestral, o la de preservar en su seno el alma inmortal de la clase, la nación o la comunidad religiosa, tan importantes para el anacrónico modelo decimonónico de partido al que responden el resto de partidos españoles que cuentan a día de hoy. Liberado de la preocupada cautela de que la afiliación y sus votantes tengan que compartir emociones identitarias, concepciones arcanas y metafísicas o sentimientos hereditarios respecto al rival político –como el miedo cerval a la derecha esgrimido por el PSOE para movilizar a sus bases electorales-, el partido puede dedicarse a la acción política sin el lastre de la lucha por mantener o inventarse esencias a menudo imaginarias y melancólicas. Aprobado cuál es el objeto y finalidad de su labor, y fijados ambos en su programa de partido, los afiliados saben que deben aunar esfuerzos en esa dirección, pero que siguen siendo sujetos libres con criterio propio en todo lo demás.

35.- En la España actual, la transversalidad política significa dar por amortizados algunos antagonismos tradicionales de la modernidad, y en especial el que opone como realidades irreductibles a “izquierda” y “derecha”. Hacer un partido transversal significa asumir el proyecto de trabajar sobre ejes diferentes que, como no son de por sí ni “de derechas” ni “de izquierdas”, pueden ser compartidos por un amplio espectro social de ciudadanos, en concreto todos los conformes con la idea de progreso, de política laica y con el inequívoco carácter nacional del partido.

36. – Debemos subrayar que las personas miembros del partido no somos “transversales”, hipótesis carente de sentido. Transversal es el partido formado por sujetos autónomos que no renuncian a sus criterios e ideas, pero dispuestos a encontrar puntos fundamentales de acuerdo con otros semejantes.

37. – Que el partido sea transversal tampoco significa que su proyecto carezca de coherencia y de límites, de modo que cualquier ideario o meta pueda entrar en su proyecto. El carácter instrumental del partido ya establece una clara demarcación entre lo que puede o no acoger esa transversalidad. Incluye en principio todo lo que sea  consistente con la regeneración de la democracia española en un sentido progresista, laico y nacional, y excluye lo que resulte reaccionario, identitario o nacionalista en cualquiera de sus múltiples variedades. Por ejemplo, el europeísmo tiene perfecta cabida en UPyD, pero el aislacionismo nacionalista no. La asunción de la unidad nacional en los términos ilustrados del “patriotismo constitucional” es una idea adecuada para UPyD, pero la reivindicación o defensa de una nación unida desde la noche de los tiempos, ligada por lazos étnicos o míticos prepolíticos, no puede serlo.

38. – La transversalidad tiene consecuencias importantes que afectan a lo que suele considerarse la ideología de partido. En concreto, estimula un debate y reajuste constante de sus posiciones sobre temas socialmente más polémicos, se trate de la legislación sobre el aborto o la regulación de la eutanasia, o sobre el empleo de la energía nuclear, la inversión en defensa, las leyes antiterroristas, etc. También implica renunciar a la concepción de un partido omnicomprensivo, anclado en un paradigma que sirve supuestamente para dar soluciones y respuestas a cualquier tema imaginable. Por el contrario, la preservación del plus de pluralidad que implica la transversalidad obliga a que nuestro ideario y programa se atengan solamente a lo que podemos compartir dentro del marco político que propugnamos, renunciando a adoptar posiciones sobre aquellas cuestiones que, al no ser incompatibles con el meollo de nuestro proyecto, como por ejemplo la opción entre monarquía o república, forzarían la apertura de cismas “ideológicos” al rancio estilo tradicional, más relacionados con dogmas e identidades cerradas propias de las religiones políticas que con la idea de política institucional y cívica que propugnamos.

4 – Un programa progresista

39. – El antagonismo izquierda-derecha tradicional, instaurado con la Revolución Francesa, ha sido sustituido por otro mucho más amplio y complejo, el que separa a las políticas progresistas de las políticas reaccionarias o regresivas; ni una ni otra son patrimonio de la izquierda o de la derecha tradicionales. Hay numerosos ejemplos de izquierda reaccionaria y de derecha progresista, y viceversa. Fidel Castro es un dictador reaccionario de izquierdas porque desde el punto de vista de la democracia todas las dictaduras son reaccionarias, mientras que el derechista canciller Bismarck resultó ser un político progresista cuando fundó el germen de la seguridad social en la Alemania del II Reich.

40. – Consideramos que todas las políticas orientadas a ampliar y mejorar tanto la libertad individual como la igualdad de oportunidades son políticas para el progreso, porque éste sólo puede evaluarse en términos de más libertad y de más igualdad de las personas. En efecto, el progreso de los pueblos, clases o entes colectivos de cualquier tipo no es otro que el resultado del aumento del disfrute de libertad personal e igualdad de oportunidades y jurídica de los sujetos individuales que los componen. Por lo demás, una sociedad más liberal y más igualitaria ofrecerá más y mejores oportunidades al progreso de cada uno de sus ciudadanos. El progreso social es la consecuencia de una economía más productiva y avanzada, de una mejor educación y de mejores servicios sociales universales, del progreso científico, técnico y cultural, de unas costumbres más libres, inclusivas y tolerantes, y también de la mejora constante de las instituciones democráticas, que deben progresar acompasadamente con la sociedad emprendiendo las reformas institucionales necesarias.

41. – Consideramos fundamental vincular, como dos caras de la misma moneda, libertad personal con igualdad jurídica y de oportunidades. Cierta crítica sedicentemente “liberal” se empeña en oponer, en cambio, libertad a igualdad sobre la base de que todo avance en la segunda implica recortes de la primera. Postula que, en cualquier caso, la desigualdad en el seno de las sociedades democráticas avanzadas es un resultado natural del distinto talento, mérito y esfuerzo de los individuos. Desde ese punto de vista, el Estado debería limitarse a garantizar la libertad y los derechos básicos recurriendo a una administración lo más pequeña posible y a una fiscalidad lo más reducida que se pueda. Además, el Estado debería abstenerse de intervenir allí donde la iniciativa privada puede actuar con eficacia, de modo que las instituciones públicas sólo existirían allí donde, por cualquier razón justificada, no puedan concurrir la empresa y el capital privado. Aunque este programa tiene fundamento en los abusos intervencionistas del Estado y en fenómenos como la proliferación irracional y derrochadora de las administraciones públicas, no es menos cierto que sigue careciendo del menor sentido y veracidad invocar la libertad personal si no existe un marco legal e institucional igualitario que, proporcionando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos en las decisiones esenciales de su existencia, haga efectiva la facultad o valor de elegir sin el que no existe libertad personal que valga. Por eso el Estado debe velar para que exista una oferta suficiente y con calidad de educación, sanidad, pensiones y servicios sociales básicos universales e iguales para todos, de manera que la libertad de elegir un estilo de vida propio o una opción personal de cualquier tipo sea algo más que una aspiración sólo al alcance de una minoría de afortunados. Consideramos que cualquier progreso hacia más igualdad jurídica y de oportunidades equivale a reforzar y ampliar la libertad personal, y viceversa.

42. – Sin embargo, es fácil pervertir el concepto de progreso gracias a la ambigüedad vertida por los muchos y a veces divergentes significados con los que suele invocarse. En España, “progresismo” se ha convertido en un término más exclamatorio que descriptivo, sinónimo de la alineación automática con la virtud y el bien que pretende monopolizar la izquierda tradicional, y también en un término peyorativo y derogatorio empleado por los detractores de la derecha no menos tradicional. Un vaciamiento del sentido propiciado por la pretensión de presentar como “políticas progresistas” aberraciones reaccionarias como la discriminación lingüística justificada por la “normalización” de lenguas regionales, el sectarismo exacerbado que demoniza a los “herederos de Franco” (pecado original lavado por la adquisición de un carnet de izquierdas o nacionalista), la vindicación de la diferencia frente a la igualdad y cualquier idea de unidad, o la liquidación de las instituciones comunes en beneficio de la proliferación burocrática. Desde la trinchera contraria se descalifica por “progre” cualquier propuesta de mejora de las libertades individuales o refuerzo institucional de la igualdad. La democracia ha progresado en la historia emprendiendo sucesivas inclusiones de antiguos excluidos y segregados –esclavos, siervos, inmigrantes, creyentes de otras religiones y ateos, trabajadores manuales, mujeres, homosexuales, etc.- para convertirlos en ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, mientras que la manipulación sectaria del progreso sólo busca excluir al otro y estigmatizarlo como enemigo inaceptable, erosionando peligrosamente los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

43. – Consideramos que la devolución de su valor originario al léxico político también es un objetivo sustancial de la regeneración democrática, y que recuperar el significado de conceptos como el de progreso de la democracia, de la sociedad o del conocimiento científico es un paso muy importante para volver a disponer de un lenguaje público con sentido que, a su vez, sea la expresión de las ideas comunes y el vehículo de comunicación de una democracia mejor. Por eso UPyD se define como partido progresista pese a los inconvenientes que ello conlleva ahora –la pretensión de monopolio de una izquierda cada vez más reaccionaria, y el desprecio de una derecha no mucho mejor-, y se compromete a impulsar políticas de progreso en todos los ámbitos públicos, es decir, las que persiguen aumentar la libertad de las personas y extender la igualdad entre todas ellas en el seno de un sistema democrático basado en la ciudadanía.

44. – El progreso político es, indudablemente, un progreso cultural que tiene su correlato y su condición de mejora en el desarrollo de la educación y de la investigación científica, es decir, en el progreso del conocimiento en todos los campos y en la extensión universal de su acceso y difusión, más posible que nunca hoy gracias a las revolucionarias tecnologías de la información. Un progresismo así concebido, de matriz ilustrada, es claramente contrario al relativismo en cualquier campo (relativismo lingüístico, cultural, moral o cognitivo), por lo que tiene de concepción reaccionaria sobre la cultura, entendida y promovida como sistema para el incremento de las diferencias y la incomunicación entre grupos y de la desigualdad entre individuos, objeto de segregación por su distinta “identidad cultural”. En este sentido, consideramos poco o nada acorde con el ideal de progreso de la democracia el programa de la llamada “Alianza de Civilizaciones” que, so pretexto de nobles fines pacifistas, tiene la consecuencia de aceptar como “valores culturales” respetables la discriminación legal de la mujer, la restricción de la libertad sexual, la prohibición de la libertad de conciencia o el fundamentalismo religioso. Por las mismas razones, consideramos que el proyecto de “sociedad multicultural” implica riesgos inaceptables para el concepto democrático de sociedad de ciudadanos libres e iguales al considerar una meta política legítima la constitución de comunidades con sus propias reglas legales dentro de la sociedad civil, convertida así en una amalgama de comunidades religiosas, culturales o étnicas sobrepuestas a la ciudadanía común.

5 – Una política laica

45. – El laicismo no es un elemento más de la democracia, sino uno de sus componentes básicos y condición necesaria de su desarrollo, porque en una sociedad donde conviven distintas confesiones religiosas y creencias espirituales, incluido el ateísmo, la única garantía de libertad de culto e igualdad de trato para todos es la neutralidad religiosa constitucional del Estado, traducida en la separación de creencias religiosas o espirituales y de fuentes de la legalidad y legitimidad, de tal manera que las primeras no determinen el carácter de la segunda y que la ley, a su vez, no introduzca impedimentos al libre desenvolvimiento de los cultos y asociaciones religiosas compatibles con la legalidad democrática, es decir, todas las que acepten la universalidad, vigencia y obligatoriedad sin excepciones de las leyes e instituciones públicas, incluso de las que – o sobre todo aquellas que-, puedan chocar con creencias e instituciones particulares. A partir de esta premisa general, es cierto que la laicidad del Estado sigue siendo muy imperfecta en España, que constitucionalmente se define como “Estado aconfesional”, y de ahí que nuestro partido optara por el laicismo como uno de sus rasgos básicos en su proceso de fundación.

46. – El laicismo político no se limita a reclamar la separación de Iglesia(s) y Estado sino que, debido al desarrollo y evolución de la sociedad y de la política, debería incorporar nuevas metas: la distinción entre creencias, prácticas y comunidades religiosas compatibles o incompatibles con la democracia, y la extensión del requisito de laicidad a las llamadas “políticas identitarias”.

47. – Existen asociaciones religiosas que, esgrimiendo el principio de tolerancia o el multiculturalismo, reclaman un estatuto jurídico particular para lograr mantener algunas prácticas que chocan con preceptos constitucionales, tales como el mantenimiento de la mujer en un estatus de inferioridad jurídica, la ablación genital, el matrimonio concertado forzoso o la poligamia, y el recurso a tribunales religiosos para dirimir cuestiones de derecho civil. Sin entrar en la justificación espiritual o tradicional de tales instituciones, consideramos que éstas no deben ser admitidas legalmente en el seno de una democracia porque atentan de entrada contra el precepto de la libertad e igualdad de los ciudadanos.

48. – Tampoco es aceptable la pretensión de que el Estado deba hacerse cargo del coste de la educación religiosa o catequesis de las distintas confesiones, sean estas tradicionales o nuevas, y que reconozca la validez académica de los conocimientos así transmitidos o excepciones laborales como el nombramiento de profesores de religión por la jerarquía religiosa respectiva, al margen del sistema general de titulación y contratación del personal docente. Por el contrario, el principio de separación de creencias religiosas y leyes democráticas pone de relieve con mayor fuerza, si cabe, la importancia de una educación pública laica universal y de calidad. Cosa distinta es el papel que debe tener la enseñanza de las creencias religiosas como fenómeno cultural e histórico de imprescindible conocimiento para comprender el mundo actual y prevenir corrientes xenófobas o fobias contra determinados creyentes y comunidades religiosas. Del mismo modo en que el laicismo democrático no tiene nada que ver con el ateísmo militante de ciertos regímenes totalitarios, el carácter privado de la catequesis y predicación religiosa no excluye, en absoluto, la inclusión en el currículum educativo de asignaturas sobre creencias religiosas.

49. – Más allá de la cuestión religiosa, que la expansión del Islam está volviendo a suscitar en muchas sociedades, el laicismo encuentra su fundamento en la separación de la ética privada y la ética pública. La primera es el conjunto de valores y hábitos morales de un sujeto, sean los de la mayoría o diferentes, y se corresponda o no con una confesión religiosa o tradición moral cualquiera. La segunda es el conjunto de valores morales que hace suyos una comunidad política y que, en este sentido, se vinculan con la democracia, y por tanto con la política aunque ésta y la ética sigan siendo instancias diferentes. La ética pública proporciona sustento a la democracia de las sociedades complejas y abiertas, donde conviven personas y grupos con toda clase de creencias, porque permite hacer compatible la existencia de los diversos valores morales respectivos con una moralidad general inclusiva y básica, compatible con aquéllas. Así, la creencia en la igualdad esencial de las personas es un valor de la ética pública básico para la democracia, pues priva de legitimidad a la segregación y a la discriminación (que la democracia debe empeñarse en superar y eliminar), y tiene su traducción política en el principio constitucional de igualdad ante la ley.

50. – Como sucede con las creencias religiosas, no todas las éticas privadas o las que así consideremos son compatibles con la ética pública de la democracia. Cualquier ética privada que apruebe principios como el de discriminación entre sexos, razas, orientaciones sexuales, castas, etc., entra en conflicto con la ética pública de la democracia, sobre todo si trata de manifestarse como una opción moral y política legítima, es decir, si trata de oponer una ética pública alternativa a la democrática. Es lo que sucedió y sucede en los regímenes totalitarios donde la sumisión al poder político o religioso se impone, como valor, a los principios de igualdad, libertad, autonomía personal, etcétera. Por consiguiente, no todas las creencias religiosas y morales son aceptables en la democracia. Pero como el principio esencial de ésta es que a nadie se le juzga por sus creencias, sino por sus acciones –incluyendo acciones comunicacionales como la apología de delitos-, la ética privada en conflicto con la pública de la democracia puede subsistir tranquilamente mientras no traspase la frontera de la privacidad para adquirir un estatus público. El principio ético público de la democracia es que cada cual puede tener las creencias que quiera mientras no viole las leyes, o no trate de convertirlas en creencias obligatorias para los demás por cualquier procedimiento, o mientras no trate de preservarlas para una comunidad segregada en calidad de ley privada comunitaria. Esta es, precisamente, la principal idea del laicismo, que no debe haber leyes de fundamentación religiosa o moral particulares para un grupo, por lo que cabe considerarlo un fundamento de la ética pública de la democracia.

51. – La ética pública no pretende dirimir ni resolver los conflictos morales privados, sino solamente remitirlos al ámbito de la conciencia si no chocan con la legalidad –y regulando, en su caso, la “objeción de conciencia”-, de modo que sea posible la convivencia de sujetos con diferentes e incluso divergentes éticas privadas. Es el caso de los problemas suscitados por la despenalización del aborto o de la eutanasia, que para los creyentes de varias religiones son graves pecados. La ética pública no resuelve si lo son o no, sino que establece que la calificación de pecado carece de relevancia pública porque deriva de una creencia privada. Las leyes de la democracia deben limitarse a regular qué acciones se prohíben y penalizan por su carácter delictivo, sin entrar en su valoración ético-religiosa. Tal es la solución laica para los conflictos entre creencias privadas y públicas: como la legislación despenaliza o autoriza una acción sin obligar a nadie a cometerla, es posible y necesario despenalizar el aborto aunque una parte sustancial de la población tenga la creencia de que no se debe abortar en ningún caso por razones morales o mandato religioso.

52. – Los problemas morales no son el único ámbito de acción del laicismo. Las llamadas políticas identitarias, consagradas a legislar la preservación y promoción de determinados rasgos y elementos simbólicos de carácter colectivo –como lenguas vernáculas, tradiciones, instituciones particulares, etc.- deben entrar también en esta categoría de exclusión de la democracia por razones de laicidad. La defensa y práctica de determinadas creencias simbólicas debe ser considerada, como ocurre en el caso de las religiosas, como un asunto privado sujeto al libre albedrío de los interesados, pero nunca institucionalizarse como obligación pública por ley. Esto excluye, por ejemplo, que podamos considerar democráticas las leyes y campañas de “normalización lingüística” que persiguen preservar o extender el uso de una lengua vernácula mediante medidas coercitivas que limitan la capacidad de elección libre de los ciudadanos. Una vez garantizada la cooficialidad de las lenguas arraigadas o tradicionales de una comunidad, la decisión de usarla y transmitirla debe dejarse a la elección de cada cual.

53. – Es objetivo de la democracia garantizar la libre práctica de cualquier creencia privada o colectiva, siempre que no entre en abierta contradicción con los principios democráticos –como lo hacen sostener la inferioridad jurídica de las mujeres respecto a los hombres o la existencia, según el nacionalismo, de supuestas obligaciones legales de los vivos para con los antepasados-, pero la garantía de este derecho no comporta reciprocidad legal en forma de obligación universal. Se puede sin duda creer en dogmas religiosos y obrar en consecuencia con toda libertad -dentro de los límites que permita la ley-, pero de ningún modo pretender que dicha creencia deba tener un carácter de obligatoriedad, ni que su enseñanza deba ser considerada un saber evaluable a efectos académicos y subvencionada con fondos públicos.

6 – Un partido constitucionalista inequívocamente nacional

54. – La concepción nacionalista de la nación ha contaminado el lenguaje político de la democracia española, especialmente el que emplea la izquierda tradicional. La idea de que la batalla política debe ser entre izquierda y derecha, integrando en la misma a los respectivos sectores del nacionalismo, ha servido para desvirtuar profundamente el sentido mismo de la democracia, cuyo objetivo no es vencer a la derecha, o viceversa, sino superar aquellas concepciones y prácticas reaccionarias en las que se ataca o disminuye la libertad e igualdad de los ciudadanos, cosas ambas más que abundantes en el nacionalismo. Es más, la premisa de que el nacionalismo encarna algunos valores progresistas –por ejemplo, el PNV por su resistencia antifranquista- que le convierten en socio natural contra “la derecha”, se ha convertido en idea favorita de una izquierda conservadora que identifica su control de las instituciones, y su imitación de muchas concepciones del nacionalismo, con el avance de la democracia contra sus enemigos de la derecha, que sería antidemocrática por naturaleza.

55. – Por su parte, el concepto de “nación española” de la derecha tradicional también comparte con el discurso de los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos la pretensión de que la nación sea una entidad prepolítica que se remonta a la noche de los tiempos y descansa sobre bases mitológicas, étnicas o lingüísticas. En definitiva, se ha convertido en moneda de curso corriente la falacia de que referirse a la “nación española” significa lo mismo que hacerlo a las “naciones” vasca, catalana o gallega. Esta equiparación ha sido recogida en la noción de “Estado plurinacional” o “nación de naciones” tan grata al zapaterismo. Sin embargo, desde una perspectiva democrática la única nación auténtica es la española mientras que, en todo caso, la vasca o la catalana son proyectos políticos –como, en sentido integrador, puede serlo el proyecto de una Europa unida-, pero proyectos que exigen, para su realización, la ruptura de la nación española, o lo que es igual, la ruptura de la democracia, lo que no puede sino considerarse un proyecto absolutamente reaccionario. En efecto, lo único que justifica desgajar un Estado para crear una nación en uno de sus pedazos es que aquel Estado no fuera democrático, y que la secesión instaure una democracia en la nueva nación separada.

56. – La nación política no es una herencia histórica originada en la noche de los tiempos, sino el resultado de un pacto constitucional que permite a la comunidad constituirse en nación en el sentido ilustrado del término, que conviene diferenciar del romántico. En efecto, la nación no se basa en la amalgama de tradiciones inmemoriales, gestas históricas, tierra y sangre u otros elementos identitarios –esta sería la nación mítica y eterna de los diversos nacionalismos-, sino en el acuerdo constituyente, o pacto social, en que todos los considerados ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones. El concepto ilustrado de nación es consustancial a la democracia: la nación, o es democrática o no es nación. Por eso mismo es absurdo defender, al modo nacionalista, que las naciones preexisten y son anteriores a la instauración de la democracia.

57. – UPyD es un partido inequívocamente nacional en este sentido: renuncia expresamente a representar o promover entidades de tipo territorial, romántico o mitológico. La nación de UPyD no es otra que la nación española instaurada –o restaurada tras el paréntesis de la dictadura franquista- por la Constitución española de 1978. Es esta concepción constitucionalista de la nación, inseparable del concepto jurídico-político de ciudadanía democrática, la que nuclea nuestro proyecto político. Proponemos reformas constitucionales para, precisamente, profundizar en la libertad e igualdad que son objetivo básico del pacto constitucional de 1978, esto es, para que la nación española sea una comunidad de ciudadanos más libres y más iguales, rescatando la ciudadanía española de las erosiones, menoscabos y amenazas derivadas del progreso de las políticas nacionalistas de fundamentación identitaria –étnica o lingüística- y antiliberal.

58. – Es importante subrayar que la crítica al nacionalismo no es, ni debería serlo nunca, el centro de gravedad de nuestro discurso y proyecto político. Ese lugar corresponde a la mejora de la democracia, porque un partido por la regeneración democrática no debe ser solamente un partido antinacionalista, algo muy diferente. En nuestro tiempo, la oposición no se produce entre nacionalismo y antinacionalismo, o entre dos nacionalismos rivales, sino entre nacionalismo y democracia. Si bien en la época de la emergencia de las primeras democracia modernas hubo formas de nacionalismo primitivo no sólo legítimas sino necesarias para superar el antiguo régimen –como se ve fácilmente en las revoluciones americanas y francesas, y en las revoluciones sucesivas a lo largo del siglo XIX, en las que decidir qué era la nación y su constitución democrática fue un problema fundamental-, los nacionalismos actuales, y en concreto los que hay en España, tienen un significado completamente diferente. En efecto, si los primeros nacionalismos de matriz liberal formaron parte de la instauración de la democracia por la vía revolucionaria, sus herederos actuales pretenden lo contrario: en lugar de instaurar nuevas democracias o mejorar la común, romper la democracia existente mediante políticas ajenas, cuando no antagónicas, a los principios de igualdad y libertad (no es casual que se justifiquen invocando la defensa de la diferencia). Por eso es fundamental reconocer que la oposición al nacionalismo no es ni debe ser mero antinacionalismo ni, mucho menos, un nacionalismo de signo distinto, sino un programa de progreso de la democracia que necesariamente se opone al nacionalismo porque se compromete a impulsar políticas igualitarias que chocan de frente con la defensa y estímulo de la diferencia comunitaria.

59. – Además de la batalla de las ideas, el nacionalismo ha sido instituido como estrategia política exitosa por la propia arquitectura institucional del Estado surgido de la Transición. Así, la sobrerrepresentación provincial, es decir, la prevalencia del territorio sobre los ciudadanos a la hora de emitir el voto –con enormes diferencias entre el valor de un voto en una u otra provincia a la hora de convertirlo en escaños-, favoreció desde el principio la aparición de fuerzas políticas de base territorial particularista, decididas a explotar en su propio beneficio un sistema muy ventajoso que les permite convertirse en la llave del sistema parlamentario. En segundo lugar, el sistema electoral provincial perjudica a las fuerzas de ámbito nacional no mayoritarias, y también favorece la conversión de los grandes partidos nacionales en federaciones de partidos regionales que muchas veces defienden intereses divergentes e incluso antagónicos, como pasa en el PSOE y PP con la política hidráulica, por ejemplo.

60. – En resumidas cuentas, la prosperidad del nacionalismo en España no ha sido solamente consecuencia de la dudosa extensión de sus principios, sino más bién de los efectos beneficiosos de un sistema institucional basado en principios conservadores y localistas que, si no se pensó para favorecerles directamente, ha coincidido con sus intereses.

61. – El localismo que justifica la defensa de la provincia o de cualquier otra demarcación territorial sobre el ciudadano individual ataca claramente el principio de igualdad básico. Si bien es aceptable introducir determinadas correcciones que aseguren a todos los territorios tradicionales o entidades administrativas una adecuada presencia en las instituciones básicas, no lo es en cambio que esas correcciones deformen el principio de proporcionalidad hasta llevarlo a la mera caricatura. Por eso pensamos que la regeneración democrática pasa por recuperar, junto al principio igualitario de “un ciudadano un voto”, la premisa de que el territorio no puede de ningún modo constituirse como un ente político con derechos propios e intereses prevalentes sobre los de los individuos que los habitan.

62. – El concepto español actual de “constitucionalismo” o de “partido constitucionalista” nació en el País Vasco de los años noventa para definir una concepción de la política que, estando en las antípodas del nacionalismo, quería superar el mero antinacionalismo reactivo (una reducción que interesa, en primer lugar, al nacionalismo mismo). La médula de ese constitucionalismo es la convicción y el programa político de que no hay otros derechos políticos que los instaurados en el pacto constitucional y fijados en la Constitución, y que la misión de la política es el desarrollo legislativo e institucional de las libertades constitucionales. Esta concepción tiene al menos tres consecuencias importantes: a) supera el mero enfrentamiento simétrico con el nacionalismo, yendo mucho más allá que éste en todos los ámbitos de la política. b) afirma que el desarrollo de la Constitución, y sus eventuales reformas, son el marco normativo de la democracia, no los sedicentes derechos pre-constitucionales. c) instaura un concepto democrático-liberal del juego político dentro de un sistema de instituciones con sus correspondientes contrapesos, fundado en la separación de poderes.

63. – Si estos ejes conceptuales convienen a las fuerzas políticas tradicionales, mucho más a un partido como el nuestro. De hecho, las fuerzas políticas tradicionales han trabajado en la práctica en contra de estos ejes al adoptar tópicos nacionalistas, renunciar al desarrollo de la Constitución o buscar su reforma regresiva por vías de hecho (como en las reformas estatutarias), y vaciar de sentido la separación de poderes invadiendo el judicial, banalizando el legislativo y tratando de convertir el ejecutivo, en el colmo del despropósito, en un poder “dador de derechos”.

7 – El partido y la “democracia interna”

64. – El funcionamiento interno de los partidos no es una cuestión privada: tiene relevancia pública porque modela y condiciona la vida política. Al fin y al cabo, son los partidos los que presentan candidatos, deciden las leyes y normas electorales, y tras las elecciones desempeñan las tareas de gobierno y oposición, de modo que sus decisiones de carácter interno tienen, inevitablemente, gran repercusión pública. Incluso pueden, como ocurre a menudo, alterar mediante pactos poselectorales la voluntad popular expresada en las urnas. En conclusión, el funcionamiento de los partidos es parte fundamental del sistema democrático, no un asunto externo al mismo. Por eso mismo conviene adoptar un modelo organizativo lo más semejante posible a las normas que se proponen para el sistema democrático, pero con una importante salvedad: un partido político no es una democracia dentro de la democracia, ni un Estado dentro del Estado, sino un instrumento al servicio de la política que representa un proyecto particular, “de parte”, no “de totalidad” aunque se dirija al conjunto de los ciudadanos.

65. – Ciertas corrientes de fundamentalismo político que también han tratado de colonizar a UPyD intentan reeditar la forma tradicional del partido de masas o partido-comunidad en nombre, precisamente, de la democracia interna. Pero la identificación de la democracia interna de un partido con el sistema democrático en su conjunto es una falacia capaz de frustrar ese proyecto de regeneración democrática que se pretende abanderar más que nadie. El concepto de partido-comunidad es congruente con la concepción típica de las religiones políticas (como los nacionalismo y las corrientes marxistas), en las que el partido aspira a sintetizar y anticipar los rasgos generales de la sociedad ideal que persiguen, a modo de un Estado nuevo, dentro del viejo Estado, que emergerá en su momento para sustituir al segundo en un salto revolucionario. Pero este concepto de partido-comunidad –alternativa a la sociedad existente- no sólo es inadecuado para la regeneración democrática que propugnamos, sino completamente antagónico con ella. Un partido propone una política para toda la sociedad en su conjunto, no para esa sección especial y limitada que es uno de los partidos políticos que existen en su seno.

65. – En efecto, la regeneración de la democracia no consiste en la sustitución del sistema existente por uno completamente distinto de nueva planta –sea otra nación, como propugnan los separatistas, sea una sociedad radicalmente distinta-, sino en la adecuación progresiva y progresista, mediante reformas sucesivas, de las instituciones jurídicas y políticas de la democracia, de manera que estén más adaptadas a las cambiantes características de la sociedad española actual, y siempre con la vista puesta en el horizonte de una mayor libertad e igualdad. Ahora bien, mejorar la igualdad no significa, como pretendía el marxismo, estrangular cualquier forma de desigualdad económica, porque esa estrategia conduce inexorablemente a la extinción de la libertad. Del mismo modo, la creación de una nueva nación mediante la ruptura de la nación española, como pretende el nacionalismo, siempre conlleva el coste injustificable de la destrucción del sistema democrático, y por tanto de la libertad e igualdad de los ciudadanos. Por el contrario, la regeneración democrática que concebimos pretende que la igualdad a mejorar sea la que consiste en igualdad jurídica, igualdad de oportunidades de acceso a los bienes materiales, e igualdad de disfrute de los servicios sociales básicos y de acceso a la educación y a la cultura. Nuestra convicción es que el desarrollo paulatino de esta concepción igualitaria conduce a una mejora de la libertad personal, al liberar progresivamente a los sujetos de sujeciones materiales y deficiencias educativas y culturales que les impiden en la práctica un mayor disfrute de su libertad jurídica.

66. – El partido político acorde con el modelo ilustrado de nación constitucional no puede pretender ser la semilla ni el núcleo experimental de una sociedad alternativa a la existente sino, por el contrario, una asociación de ciudadanos libres para la promoción de un proyecto político común que sólo tiene cabida en una sociedad abierta y cambiante constituida en nación. Esta asociación política de ciudadanos no pretende ser la vanguardia de la sociedad del futuro, ni la comunidad de elegidos que preserva y transmite la llama sagrada de la nación a las generaciones venideras. Sólo quiere ser un partido político con un proyecto propio que compita en igualdad de condiciones con otros partidos rivales para acceder a las instituciones mediante procesos electorales.

68. – Siendo indudable que el partido debe hacer suyos algunos de los procedimientos que recomienda para la regeneración del sistema, también es cierto que la diferencia abismal que media entre un sistema constitucional completo, que estructura políticamente una sociedad compleja, y un partido que forma parte del sistema, obliga a la renuncia a reproducir el sistema a una escala distinta. Por ejemplo, es absolutamente necesario que el sistema constitucional incorpore el principio de separación de poderes y de contrapesos institucionales, pero en cambio es absurdo que un partido se dote de poderes separados o incorpore en su seno un modelo de funcionamiento que partiera de la existencia de proyectos políticos enfrentados, al viejo y cainita modo de los “partidos dentro del partido”.

69. – Algunas exigencias de “democracia interna” se derivan precisamente de esa confusión, de la falacia de que un partido político debe estructurarse a imagen y semejanza del sistema democrático porque es una sociedad dentro de la sociedad, etc. Un partido de ese tipo sería, en primer lugar, completamente inviable e ineficaz para su única justificación de existir, a saber, la acción política, que siempre es una acción pública sobre los asuntos públicos. La razón de esta incapacidad estriba en que al adoptar en su seno una imitación del sistema en su conjunto, toda su acción quedaría inexorablemente orientada a reproducir los debates y conflictos de intereses unidos a las luchas por el poder que en la democracia se ventilan entre partidos distintos. Un partido así sólo podría aspirar a “dar ejemplo”, a mostrarse como un experimento de cómo sería la democracia ideal si el sistema fuera el del partido modelo. En última instancia, un partido así necesita aspirar a ser el partido único o vanguardia guía, mientras los demás partidos aparecen como poco o nada democráticos y, por tanto, deslegitimados e inútiles para la empresa de instaurar esa supuesta democracia perfecta. En definitiva, ese partido ideal de tipo comunitario acaba siendo finalmente un partido totalitario que no pretende ofrecer sus propuestas a la ciudadanía, sino obligar a ésta a adoptar sus reglas, privándola de libertad, liquidando la igualdad y acabando con la ciudadanía y la democracia posible en nombre de la democracia perfecta. Es el proceso experimentado en el curso de numerosas revoluciones, en las que un partido revolucionario que se presenta como adalid de la libertad acaba liquidando ésta por completo.

67. – Un partido político comprometido con la regeneración democrática debe pues adoptar aquel modelo de organización que, siendo fiel a sus exigencias y objetivos, sea además el más eficaz para la acción política que emprende. Por lo tanto, debe basarse tanto en principios firmes como en criterios pragmáticos. A diferencia de los partidos tradicionales conservadores, deberá emprender y adoptar formas de organización y trabajo político con objetivos claramente renovadores, congruentes con sus postulados y ofertas a la sociedad (por ejemplo, limitar los mandatos para corregir la tendencia de la política a convertirse en profesión). Y a diferencia de los partidos-comunidad, no pretende suplantar al sistema democrático existente anticipándolo en su estructura, sino mejorar, mediante la acción política en las instituciones, el sistema constitucional existente.

68.- Por todas las razones mencionadas, UPyD debe configurarse como un partido democrático, transversal y nacional, que combine en sus rasgos estructurales la necesidad de unión con la de pluralismo no sectario; la necesidad de un liderazgo potente y estable con la de mecanismos de control que frenen la propensión al autoritarismo y la oligarquización; la necesidad de innovar ideológicamente con la de sintetizar propuestas políticas mediante mecanismos de decisión mayoritarios y respeto de las minorías; la necesidad de defensa de la unidad nacional con la del respeto al pluralismo cuando éste sea leal a aquélla; la necesidad de defender políticas de progreso para España sin permitir a nadie que se atribuya el monopolio del interés general y el progreso; la necesidad de acabar con el estancamiento oligárquico y caciquil del sistema político español sin copiar las peores patologías de las ideologías y formas de hacer política tradicionales.

UPyD debe configurarse como un partido radicalmente innovador, que sepa canalizar el deseo de Regeneración de amplios sectores de la sociedad española, defraudados ante la degeneración del país impuesta por una oligarquía corrupta y alejada del interés general.

Nota previa 1:

Hay un cambio en las disposiciones adicionales y transitorias (al final). Los colores (azul) indican los cambios. Desde aquí, hasta las disposiciones adicional, transitorias y final, se mantiene como estaba.

El cambio incluye unas transitorias modificadas, porque si la enmienda se aprobara, haría falta una transitoria que invalidara los resultados del Congreso en lo referente a la elección de Portavoz y Consejo de Dirección hasta que este proceso se pudiera realizar en las debidas condiciones democráticas y habiendo democratizado el partido a nivel local.

Nota previa 2:

Es la enmienda completa preparada por el profesor Bouza-Brey, sobre la base de adaptar el sistema que plantea la ponencia oficial a un partido más convencionalmente democrático, con sus necesarios “checks and balances“, o con menos concentración y descontrol del poder. Ha tenido en cuenta las opiniones expresadas aquí. Está editada en forma de poder estudiarla, con colores que marcan lo que se añade y se quita de la ponencia oficial. Lo tachado en azul es lo que se quita, y en azul sin tachar es lo que se añade. Mañana pondre el documento listo para su presentación, en la forma que hay que hacerlo en la web del partido. No habrá más que copiar y pegar cada texto en su correspondiente “caja” o sección.

Cualquiera que le guste la enmienda es libre y es invitado a usarla para presentarla. La idea es obvia: nadie puede alegar que se critica sin proponer nada constructivo y muy democráticamente aceptable a cambio. Ni mucho pretender que se trata de “ensoñaciones asamblearias”, a la vista la vista de este texto.

Otras ediciones:


ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA PONENCIA DE ORGANIZACIÓN Y ESTATUTOS

JUSTIFICACION

Esta enmienda a la totalidad se fundamenta en varias razones:

1.-  La ponencia de Organización y Estatutos diseña un sistema de gobierno del Partido basado en algunos rasgos del presidencialismo, pero descompensado por carecer de los mecanismos de freno y contrapeso de dicho sistema. La consecuencia es que se atribuye un poder desmesurado, ya no sólo a un  Portavoz personal al que se podría atribuir la responsabilidad de las decisiones, sino a un Consejo de Dirección de 21 miembros, elegido por los afiliados en el momento del Congreso, al que es imposible controlar durante los tres años de duración del mandato. El hecho de que se establezca el requisito de una mayoría de dos tercios para poder aprobar una moción de censura contra el Consejo de Dirección, en un Consejo Político compuesto por 150 miembros, de los cuales 21 son componentes del Consejo de Dirección, transforma le exigencia de una mayoría tan alta en una cuasi unanimidad, pues obliga a contar con 100 votos favorables a la moción de entre 129, tarea casi imposible. Y si pensamos en los Coordinadores Territoriales como parte del “aparato”, entonces serían necesarios 100 votos de un total de 110 elegidos directamente por los afiliados.

El Consejo Político como representación de la Asamblea General de los afiliados, en los intervalos entre Congresos, que según la Ley de Partidos debe ser el órgano superior del partido (art. 7 L.O. 6/2002, de 27 de junio), carece de instrumentos de control efectivos del Consejo de Dirección.

Además se otorgan poderes amplísimos al Consejo de Dirección en muy diversos ámbitos de la vida política del Partido, tales como la capacidad de resolución de expedientes disciplinarios, la decisión de coaliciones electorales sin intervención del Consejo Político; la designación de miembros de la Comisión Electoral,  la interpretación de las normas del partido, la defensa de la “imagen” del partido si entra en conflicto con la opinión de los afiliados, la gestión exclusiva del censo, la comunicación hacia y entre los afiliados, y otras.

La consecuencia de este poder desmesurado y sin contrapesos del Consejo de Dirección es que se configura un poder cesarista del Portavoz, circundado por la guardia pretoriana del resto del Consejo de Dirección, que además pueden ser reelegidos por tres o dos mandatos más. En síntesis, se configura un sistema de gobierno del Partido que no reúne los requisitos mínimos para ser considerado democrático, vulnerando de este modo la Constitución y la Ley de Partidos.

2.- La ilegalidad y nulidad de pleno derecho del Reglamento Congresual aprobado por el Consejo Político, que vulnera los estatutos y priva de su capacidad decisoria al Congreso  (o Asamblea General, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos) para adoptar las decisiones más importantes del Partido, como es el diseño de sus órganos superiores de decisión (art. 7, 2  de la susodicha Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio).

En efecto, en el preámbulo del Reglamento, así como en distintos artículos del texto normativo (art. 6; art. 8; art. 30;  y art. 31, A) y C), D)) se modifica de raíz la previsión estatutaria del procedimiento de convocatoria y funcionamiento del Congreso, y se predetermina la estructura de los órganos de Dirección:

  • a) En el art. 6 del Reglamento se atribuye al Consejo de Dirección la competencia de rechazar aquellas enmiendas “incoherentes con el objetivo de las ponencias”, como podrían ser, por ejemplo las enmiendas referentes al Reglamento del Congreso.
  • b) En el art. 8 se atribuye el carácter de Delegados natos en el Congreso a todos los miembros del Consejo de Dirección, independientemente de la voluntad de los afiliados y contraviniendo el art. 11,3 de los Estatutos.
  • c) En el art. 30  se altera antiestatutariamente el procedimiento de elección de los órganos de dirección, vulnerando los arts. 11, 5 , 12,1 y 12,1 f) de los Estatutos, que dicen que los órganos de dirección serán elegidos por el Congreso,  que el Consejo de Dirección será elegido por el Congreso, y no por los afiliados, y que el Portavoz del Partido será nombrado por el Consejo de Dirección.
  • d) En el art. 31 D)  se diseña un procedimiento de elección del Consejo de Dirección por los afiliados, mediante presentación de candidaturas por los candidatos a portavoz, que habrán de presentar cada uno de ellos candidaturas de 21 miembros, que habrán de ser votadas en listas cerradas, completas y bloqueadas mediante votación por sistema mayoritario.

    Este artículo vulnera el art. 12, 1 de los Estatutos, que establece que el número máximo de miembros del Consejo de Dirección será el de veinte, de entre los cuales se elegirá un portavoz, y que serán elegidos en el Congreso, y no por loa afiliados.

  • e) En el art. 31, A) se establece que habrá 19 Coordinadores territoriales que serán miembros natos del Consejo Político, contraviniendo el art. 12,2 de los Estatutos, que sólo atribuye esta cualidad a los 20 (no 21) miembros del Consejo de Dirección.

      Por estas razones, de modificación antiestatutaria de los Estatutos, el Reglamento Congresual es ilegal y nulo de pleno derecho, invalidando la convocatoria del Congreso.

      3.- El modelo de partido establecido en la Ponencia deriva su fundamento de la concepción del mismo que se mantiene en los apartados 68 y siguientes de la Ponencia Política, por lo que también complementa a esta enmienda a la totalidad de la Ponencia de Organización y Estatutos una enmienda parcial a los apartados mencionados de la Ponencia Política.

      4.- La enmienda a la totalidad diseña un modelo de partido alternativo al de la Ponencia de Organización y Estatutos, basado en el principio de organización presidencialista del Partido, no sólo en el ámbito central, sino también local, pero equilibrado con “checks and balances” que permitan simultáneamente un liderazgo fuerte y unos controles eficaces, frente a esta delegación de poder por tiempo limitado a unas personas, como Portavoz (Presidente), o Coordinadores Territoriales.

      La razón que justifica este modelo alternativo es que la Constitución y la Ley establecen la obligatoriedad de la estructura y funcionamiento democráticos de los partidos políticos españoles. Además de que, por parte de quienes presentan esta enmienda, se tiene el convencimiento de que no es posible Regenerar democráticamente España con procedimientos y estructuras antidemocráticas que lo que harían sería acentuar el distanciamiento de políticos y ciudadanos, corromper el proyecto fundacional del Partido y ayudar a la destrucción del sistema político español, sustituyéndolo por una oligarquía cada vez más cerrada y corrupta orientada exclusivamente a la satisfacción de sus intereses particulares.

      TEXTO QUE SE PROPONE

      TITULO PRELIMINAR
      DISPOSICIONES GENERALES

      Art. 1.- Denominación:
      1. Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado UNION PROGRESO y DEMOCRACIA.
      2. Sus siglas son UPyD.
      3. El símbolo del partido será un rectángulo con bordes redondeados, excepto el superior izquierdo en ángulo recto, con el fondo de color magenta, dentro del cual se incluye en letras blancas en tamaño grande las primeras letras de cada una de las cuatro palabras que componen su denominación, y debajo el nombre completo del partido “Unión Progreso y Democracia”.
      4. Este logotipo podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de Dirección,  sin necesidad de modificar los presentes Estatutos, modificación que deberá  ser ratificada posteriormente por el Consejo Político.

      Art. 2.- Ámbito:
      Unión Progreso y Democracia es un partido político de ámbito de actuación nacional, creado para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos.
      Así como para promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones.

      Art. 3.- Principios y fines:
      Unión Progreso y Democracia de acuerdo a su Manifiesto Fundacional y basándose en la idea de la ciudadanía democrática, es decir de la igualdad en libertad que supone iguales leyes para todos y todos iguales ante las leyes, encuentra el fundamento de su actividad en la defensa de los siguientes principios:
      – Defensa de una política progresista. Lo que supone creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad, mediante la lucha contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material.
      – Defensa de la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos.
      – Defensa de una España plural de ciudadanos iguales y distintos en el marco de un Estado de Derecho unitario y descentralizado.
      – Defensa de un Estado laico, es decir neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los Derechos Humanos y con nuestro Ordenamiento Jurídico y también ante la creencia de los que no creen en religión alguna; y laico también en materia identitaria, impidiendo que los ciudadanos se vean forzados a integrarse contra su voluntad en determinado modelo identitario.
      – Defensa de un Estado que amén de una política fiscal justa y equitativa promueva la redistribución de la riqueza socialmente acumulada mediante el mantenimiento de unos servicios públicos básicos de calidad, gestionados con eficiencia y accesibles en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente del territorio en que residan.
      Con respeto a su Manifiesto Fundacional y a los anteriores principios, la actividad del partido se concreta en la práctica política a través de las Resoluciones y Programas adoptados democráticamente por los órganos competentes y se orientará a la consecución de los siguientes fines específicos:
      1- Promover la regeneración y renovación del sistema y las instituciones democráticas de España, preservando el carácter unitario y descentralizado del Estado, mejorando el sistema electoral, la representación de la ciudadanía, la democracia interna de los partidos políticos, la transparencia de su financiación, así como las reglas para establecer pactos poselectorales y otras medidas conducentes a limitar los mandatos de los representantes, potenciar la vinculación entre representantes y representados, y la capacidad de iniciativa política de la ciudadanía.
      2- Promover la reforma de la Constitución española de 1978 para mejorar la separación de poderes, potenciar la igualdad y la libertad de las personas, y cerrar el modelo de organización territorial dando a todas las comunidades autónomas las mismas competencias y reservando al Estado ciertas competencias intransferibles con vistas a garantizar su viabilidad, la solidaridad interterritorial y la gobernabilidad del Estado.

      3- Promover una reforma de la legislación electoral española congruente con los fines específicos citados.
      4– Promover cualquier política adecuada para el progreso de las libertades y la igualdad jurídica de los ciudadanos españoles, con independencia del lugar de España donde residan, así como de su lengua, orientación sexual e ideas políticas, religiosas, identitarias o de cualquier otra clase.
      5– Promover y defender aquellas políticas y medidas sociales, económicas, educativas, científicas, medioambientales o de cualquier otro ámbito, sean municipales, autonómicas, nacionales e internacionales, que:
      A) Potencien y protejan la libertad e igualdad de las personas y la cohesión nacional de la ciudadanía contra las políticas regionales centrífugas, antiigualitarias y discriminatorias.
      B) Potencien y protejan la solidaridad y bienestar social, la igualdad fiscal y jurídica, y el derecho a la iniciativa empresarial, al trabajo y a las prestaciones sociales básicas y universales.
      C) Potencien y protejan la cooperación internacional, y muy particularmente la integración de Europa hacia formas superiores de organización democrática.
      D) Potencien y protejan la laicidad de la educación y de las instituciones públicas, y el impulso, difusión y acceso al conocimiento, la educación y la investigación científica y humanística.
      E) Se opongan activamente a la difusión del fanatismo, la ignorancia, el fundamentalismo político o religioso y la justificación del terrorismo y de la violencia y la discriminación política en cualquiera de sus formas
      F) Protejan el medio ambiente, la herencia natural y la biodiversidad.
      6- Promover políticas que favorezcan la proyección internacional de España, contribuyan al fortalecimiento de la Unión Europea y promuevan las relaciones pacíficas entre los distintos países del mundo, así como el desarrollo económico y social de los menos favorecidos.
      7- Apoyar y desarrollar en el futuro cualquier otra política congruente con la consecución de estos fines generales en cualquier nuevo ámbito.

      Art. 4: Domicilio.
      El domicilio social está en la calle Orense 25, 6º B, 28020 de Madrid. El domicilio podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de Dirección, sin necesidad de modificación de los presentes Estatutos.

      TITULO I
      DE LOS AFILIADOS, SIMPATIZANTES Y REGIMEN DISCIPLINARIO

      CAPITULO PRIMERO
      Afiliados.  Derechos y deberes

      Art. 5: Afiliados.
      Podrán ser afiliados de Unión Progreso y Democracia los españoles, mayores de edad, que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar y no pertenezcan a otro partido político. Los ciudadanos de otros Estados podrán ser afiliados en los términos contemplados en la legislación vigente.

      Art. 6: Admisión.
      La cualidad de miembro del partido se adquiere previa solicitud del interesado, por acuerdo del Consejo de Dirección,
      con el visto bueno de la Agrupación local, y su inclusión en el censo correspondiente.
      Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, en donde constarán los datos de altas y bajas definitivas.

      Art. 7: Derechos de los afiliados.
      1.- A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir como delegado a los Congresos del partido, todo ello de acuerdo con los presentes Estatutos y Reglamentos de desarrollo.
      2.- A ser electores y elegibles para los cargos del mismo, respetando las limitaciones impuestas estatutaria y reglamentariamente.
      3.- A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración y sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica.
      4.- A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los Estatutos.
      5.- A proponer candidaturas y listas electorales, tanto en elecciones internas del partido como en elecciones públicas a las que concurra el partido, según los procedimientos legal y estatutariamente previstos, recibiendo respuestas razonadas de los órganos competentes.
      6.- A proponer modificaciones del programa electoral del partido, congruentes con los fines específicos expresados en estos Estatutos y según el procedimiento que estatutaria y reglamentariamente se establezca.
      7.- A divulgar sus propuestas en el interior del partido
      con el apoyo de los órganos de dirección y de acuerdo a los procedimientos previstos, con vistas a mantener debates internos sobre cuestiones de política general o sectorial y de programa, y sobre asuntos de la organización.
      8.- El derecho a la asistencia y protección externa por el propio partido, frente a los ataques injustos que pueda recibir por su actividad política en nombre del mismo; y a la protección interna, mediante la actuación imparcial y equitativa de los órganos competentes.
      9.- El derecho al control político de los cargos públicos y responsables del partido, basado en una información veraz, en la libre expresión y el respeto a las personas, y con sujeción al lugar y tiempo reglamentariamente establecidos.
      10.- A expresar públicamente sus puntos de vista sobre cuestiones políticas o de interés general, manifestando sus acuerdos o desacuerdos con la línea oficial del partido; y siempre que se exprese de forma leal y respetuosa con la dignidad de las personas y no sea susceptible de inferir grave daño a la imagen pública del partido,
      cuando así lo interprete la Comisión de Garantías a instancias del Consejo de Dirección o la Coordinadora implicada.

      Art. 8: Obligaciones de los afiliados.
      1.- Compartir los principios y finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas.
      2.- Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás normativa interna así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del partido.
      3.- Respetar pública y privadamente el buen nombre y la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados.
      4.- Guardar secreto de las deliberaciones y, en su caso, de los acuerdos de los órganos de dirección y grupos institucionales a los que pertenezcan y observar las pautas de comportamiento que exige el respeto al principio de la democracia interna
      y la salvaguarda del pluralismo.
      5.- Devolver al Partido la representación institucional que ostenten en nombre de éste cuando se den de baja voluntariamente,
      cuando abandonen sus grupos institucionales y cuando así sean requeridos como consecuencia de sanción disciplinaria firme o medida cautelar dictada por los órganos competentes, salvo en el caso de los cargos electivos, al prohibirse el mandato imperativo en la Constitución.
      6.- Realizar una declaración notarial de bienes e intereses como candidato y cargo público en los términos recogidos en estos Estatutos y de acuerdo con el formato y el procedimiento que al efecto se establezca. Y respetar en el ejercicio de su actividad institucional el Código de Buenas Prácticas contemplado en el art. 55 de estos Estatutos.
      7.- Participar en los procesos electorales como interventores o apoderados del partido cuando sean requeridos para ello.
      8.- Colaborar activamente en las actividades del partido y muy principalmente en las campañas electorales.
      9.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos y Reglamentos, puedan corresponder a cada uno.
      10.- Guardar secreto y custodiar debidamente los ficheros de datos de carácter personal a los que tengan acceso y que sólo podrán ser utilizados para los fines y accesos autorizados por el responsable de los mismos, obligaciones que perdurarán incluso después de que el afiliado se dé de baja del partido.

      Art. 9: Baja del afiliado.
      1.- La condición de afiliado del partido se extingue automáticamente por renuncia expresa del interesado debidamente comunicada por escrito, por fallecimiento y además por las siguientes causas:
      a) Por cualquier declaración o actitud que suponga el no acatamiento del orden constitucional.
      b) Por la afiliación a otro partido político y la integración en candidaturas diferentes a las de UPyD.
      c) Por realizar actos de propaganda o solicitar el voto a favor de otra formación política, agrupación electoral o cualquiera de sus candidatos, salvo que no concurriendo el partido en el correspondiente proceso electoral medie autorización expresa por parte del Consejo de Dirección.
      d) Por efectuar manifestaciones públicas reiteradas de discrepancia grave con los principios ideológicos o fines del partido recogidos en estos Estatutos, realizadas en actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de comunicación escrito o audiovisual o de cualquier medio de difusión que garantice la publicidad masiva del hecho.
      e) Por pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los de UPyD, cualquiera que fuera su ámbito político.
      f) Por la falta de pago de la cuota de afiliación durante un periodo de 6 meses, salvo que concurra causa de necesidad debidamente justificada. En el caso de los cargos públicos, por la falta de pago durante igual periodo de la aportación que en su caso pueda haberse fijado por el órgano competente.
      2.- La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado, que llevará aparejada además las suspensión de funciones e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su representación,
      la acordará de forma motivada el Consejo de Dirección, que podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier otro órgano del partido. se acordará a instancias del Consejo de Dirección, mediante resolución motivada y sumaria de la Comisión de Garantías,   en un plazo de 15 días, previa audiencia del afectado. Este podrá recurrir la decisión, dando lugar a la apertura de un proceso contradictorio ordinario y con las debidas garantías ante la Comisión.
      El afectado podrá recurrir formulando las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 7 días hábiles ante la Comisión de Garantías, que resolverá de manera urgente y sin ulterior recurso en el plazo de 15 días.

      Art. 10: Simpatizantes.
      1.- Tienen la condición de simpatizantes aquellas personas que colaborando activamente con las actividades del partido, ya sea en las tareas de difusión de las ideas y principios del mismo, en tareas de formación política, dentro de los grupos de trabajo constituidos, como apoderados o interventores, en campañas electorales o en cualquier otro tipo de actividad; sin embargo no están dispuestos a adquirir la condición de afiliado.
      2.- La condición de simpatizante se adquiere por la incorporación voluntaria al correspondiente censo de simpatizantes. En ningún caso podrá formar parte del censo de simpatizantes quien ostente la condición de afiliado o simpatizante de otro partido político.
      3.- Los simpatizantes podrán participar en todos los actos públicos convocados por el partido y se les mantendrá informados a través de los cauces orgánicos correspondientes de sus actividades, sobre todo de aquellas cuestiones que afecten a la proyección externa y actividad institucional del partido. Podrán recibir formación política y ser seleccionados para formar parte de las candidaturas que el partido presente en los diferentes procesos electorales, en función de los requisitos de capacidad exigidos para los mismos.
      4.- Los simpatizantes podrán participar en las elecciones que se realicen por el procedimiento de primarias para la selección de candidatos del partido en los distintos procesos electorales, según se determine en la normativa reguladora de las mismas, para ello deberán cumplir la condición necesaria de tener una antigüedad mínima de 1 año de inscripción en el correspondiente censo de simpatizantes.
      5.- Los simpatizantes tendrán el deber de respetar la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados, así como de cumplir los Estatutos, Reglamentos y las resoluciones y acuerdos democráticamente adoptados por los órganos del partido en el marco de sus competencias estatutarias, y en la medida que a ellos les afecte.
      6.- Se perderá la condición de simpatizante por la comunicación expresa del deseo de darse de baja como tal del correspondiente censo; por el desarrollo de cualquier actividad contraria a los acuerdos, resoluciones y actividades que adopte y desarrolle el partido; por el incumplimiento de los deberes de respeto y lealtad para con el partido, sus órganos y afiliados; y por las mismas causas contempladas en el artículo anterior para la pérdida de la condición de afiliado.

      CAPITULO SEGUNDO
      Régimen Disciplinario

      Art. 11: Régimen disciplinario, principios.
      1.- Los afiliados sólo podrán ser sancionados en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en estos Estatutos y en el Reglamento Disciplinario que los desarrolle, mediante procedimientos contradictorios en los que se garantice a los afectados los siguientes derechos:
      – Imparcialidad del órgano encargado de tramitar el expediente de que se trate, a ser tratado con respeto y a la discreción durante la duración la tramitación del procedimiento.
      – Efectuar todo tipo de alegaciones y aportar cualquier tipo de prueba, tanto en los procedimientos relativos a la garantía de derechos como en los disciplinarios.
      – Audiencia en todos los procedimientos.
      – Que la resolución que ponga fin a cualquier procedimiento sea motivada, con expresión de la procedencia o no de ulterior recurso y el plazo para interponerlo, en su caso.
      – Demandar la adopción de medidas cautelares de suspensión del acto o resolución de que se trate en el supuesto de procedimientos de garantía de derechos.
      – Solicitar amparo por la vulneración de los derechos contemplados en los Estatutos.
      – Presentar recurso contra los acuerdos adoptados por los órganos directivos del partido.
      – Presunción de inocencia en todo procedimiento disciplinario.
      – Rehabilitación, una vez cumplida la sanción que fuera impuesta en el procedimiento disciplinario.

      Art. 12: Infracciones.-
      1.- Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias efectuadas por cualquier afiliado y que se encuentren tipificadas en los presentes Estatutos.
      Las infracciones podrán ser constitutivas de faltas muy graves, graves y leves.
      2.- Se considerarán faltas muy graves:
      a) El incumplimiento reiterado de los acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido y por sus grupos institucionales. Así como toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de dirección y representación del partido, o de los grupos institucionales del mismo.
      b) La condena por sentencia firme como autor de un delito doloso castigado con penas graves o que lleve aparejada la pena de inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público.
      c) Defender públicamente a título personal, de forma notoria y reiterada, opiniones o ideas claramente opuestas a los principios ideológicos o fines del partido recogidos en estos Estatutos.
      d) La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función en el partido.
      e) La negligencia en la custodia de documentos del partido que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos. Así como revelar a terceros cualquier acuerdo, resolución o decisión del partido o de sus grupos institucionales cuando se haya acordado guardar secreto o reserva sobre los mismos.
      f) Incurrir en cualquier forma de corrupción o tráfico de favores en el ejercicio de cargos públicos, o en actuaciones que de forma grave vayan en contra del Código de Buenas Prácticas estipulado en el art. 55 de estos Estatutos.
      g) Perteneciendo a un grupo institucional del partido, valerse de cargos elegidos en listas de otros partidos para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas, en contra de las directrices emanadas de los órganos competentes del partido.
      h) Incurren igualmente en falta muy grave quienes sin respetar los calendarios fijados para los procesos electorales internos establezcan o participen en grupos organizados, que con la publicidad o notoriedad de sus acciones perjudiquen los intereses y la imagen del partido, o la igualdad de oportunidades entre todos los afiliados.
      i) Y quienes cometan falta grave habiendo sido sancionados por resolución firme en los dos años anteriores por otra falta grave que haya ganado firmeza, y quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por dos o más faltas graves.
      j) Incumplir el deber de secreto y custodia o utilizar indebidamente y para fines particulares los ficheros de datos de carácter personal a los que se tenga acceso por razón de su actividad dentro del partido.
      3.- Se considerarán faltas graves:
      a) El incumplimiento reiterado de sus obligaciones como afiliado, así como de las funciones encomendadas por razón de su cargo orgánico.
      b) Las manifestaciones y acciones de todo tipo que excediendo la libertad de crítica recogida en el art. 7-10 de estos Estatutos desprestigien al partido, dañen su imagen pública y sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos o de sus grupos institucionales.
      c) El desacato y la obstrucción intencionada a las labores y decisiones de los órganos del partido y de los grupos institucionales del mismo, cuando no constituya una infracción muy grave.
      d) La ofensa personal grave a cualquier afiliado o que vaya destinada a menoscabar el prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados del partido y de sus miembros, cuando se produzcan con publicidad y transcendencia.
      e) Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le correspondan.
      f) El impedir injustamente a otro afiliado el ejercicio de los derechos que tiene reconocidos en estos Estatutos.
      g) La falta de asistencia reiterada e injustificada, por un miembro de cualquier órgano colegiado, a las reuniones del mismo para las que haya sido debidamente convocado, y previo apercibimiento de cometer una posible infracción.
      h) Causar daños o menoscabos de forma intencionada en el patrimonio del partido y utilizar el nombre de éste o sus bienes para el lucro personal.
      i) El desempeño de cualquier cargo público o de representación del partido sin respetar el Código de Buenas Prácticas recogido en el art. 55 de estos Estatutos, siempre que esa conducta no constituya infracción muy grave.
      j) La comisión de una falta leve cuando hubiese sido sancionado por resolución firme en los dos años anteriores por otras dos o más faltas leves que hayan ganado firmeza, y quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por tres o más faltas leves.
      4.- Se consideran faltas leves:
      a) Actuar con negligencia en el ejercicio de las funciones que les hubiera encomendado el Partido.
      b) Alterar el orden en cualquier reunión del Partido o desoír las indicaciones de quien presida la misma, relativas al comportamiento que debe tenerse en la misma y en relación con cualquier otro afiliado presente en la reunión.
      c) Cualquiera de las actuaciones recogidas en el apartado 3 de éste artículo cuando no revista gravedad.

      Art. 13: Sanciones.-
      1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:
      a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre dos y cuatro años.
      b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.
      c) Expulsión del partido.
      Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son excluyentes entre sí.
      2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:
      a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre seis meses y dos años.
      b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.
      Ambas sanciones no son excluyentes entre sí.
      Las infracciones leves podrán serán sancionadas con:
      a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo comprendido entre uno mes y seis meses.
      b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido en representación de éste por igual periodo de tiempo.
      c) Apercibimiento verbal o escrito.
      Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son
      excluyentes entre sí.

      Art. 14: Competencias.-
      1.
      El Consejo de Dirección. Es el órgano competente para iniciar  e instruir y resolver instar la iniciación de los procedimientos disciplinarios y de garantía de derechos de los afiliados ante la Comisión de Garantías. En ambos supuestos podrá designar, entre sus miembros, un instructor encargado de tramitar los procedimientos y efectuar una propuesta de resolución del expediente o, en su caso, el archivo del mismo.
      En este supuesto, el Instructor deberá abstenerse de participar en la votación que resuelva el asunto en el Consejo.
      2. El Consejo Territorial. En el caso de infracciones leves acaecidas dentro de su ámbito geográfico que impliquen la sanción de apercibimiento podrá iniciar, instruir y elevar una propuesta de resolución del expediente al Consejo de Dirección que será el órgano que en todo caso emitirá la correspondiente resolución. iniciar e instruir dicha sanción, comunicándolo al afectado, enviando posteriormente el expediente a la Comisión de Garantías para la adopción de la resolución definitiva.

      3. La Comisión de Garantías. Resuelve en segunda y última instancia los recursos contra las resoluciones del Consejo de Dirección

      Es competente para designar a uno de sus miembros como Instructor de los expedientes disciplinarios instados por otros órganos del Partido. Posteriormente, resuelve los expedientes disciplinarios instruidos, conforme al procedimiento establecido en los Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo.
      En el caso de procedimientos disciplinarios que afecten a miembros del Consejo de Dirección será competente para iniciar, instruir y resolver en primera y única instancia.

      Art. 15: Prescripción y notificaciones.-
      1. Las infracciones prescribirán al año las muy graves, a los seis meses las graves y a los tres meses las leves. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento sancionador con conocimiento del presunto responsable, reanudándose de nuevo si el expediente sancionador se paraliza durante más de 30 días por causa no imputable al presunto responsable.
      2. Las sanciones prescribirán a los seis meses las muy graves, a los tres meses las graves y al mes las leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunique al infractor la sanción firme. La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de ejecución, con conocimiento del presunto responsable, reanudándose de nuevo si aquel se paraliza durante más de 30 días por causa no imputable al presunto responsable.
      3. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse a los interesados se realizarán de forma que quede constancia de su recepción. Como domicilio efectos de notificaciones y salvo que por parte del afiliado en alguno de sus escritos se notifique otro distinto, se tomará el que figure como tal en el correspondiente Libro Registro de Afiliados. La notificación intentada en éste domicilio surtirá plenos efectos a lo largo del procedimiento.

      Art. 16: Medidas cautelares.-
      1. En la hipótesis de cometer una infracción calificada de grave o muy grave, el supuesto infractor podrá ser suspendido de militancia y del ejercicio de su cargo en UPyD mientras se sustancie el procedimiento disciplinario,
      siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9.2, con la finalidad de evitar perjuicios irreparables, y sin que en ningún caso prejuzgue el resultado final del expediente.
      2. Una vez terminado el procedimiento, se aplicará el tiempo pasado en esta situación de suspensión al tiempo de cumplimiento de la sanción. La potestad de establecer dichas medidas corresponderá al Consejo de Dirección que las adoptará de forma motivada, notificándolo a las partes interesadas en el procedimiento. Su decisión será irrecurrible.
      3. En el caso de adoptarse la medida cautelar de suspensión el expediente deberá finalizarse por resolución expresa en el plazo máximo de cuatro meses. Elevadas las actuaciones al Comité de Garantías a éste le corresponderá ratificar o dejar sin efecto la citada medida cautelar.

      Art. 17: Garantías del procedimiento disciplinario.-
      1. Sólo serán sancionables las acciones consumadas, descritas como infracciones en los presentes Estatutos.
      2. Únicamente podrán ser sancionados los afiliados de UPyD.
      3. La imposición de sanciones guardará proporcionalidad entre la gravedad del hecho tipificado como infracción y la sanción correspondiente.
      4. La graduación de la sanción se aplicará según los siguientes criterios:
      a) Naturaleza del perjuicio causado tanto externa como internamente al partido (influencia claramente negativa en la imagen pública del mismo, trastorno evidente en su vida interna, etc.)
      b) Existencia de intencionalidad.
      c) Reiteración en la conducta infractora.
      d) Reincidencia de infracciones de la misma naturaleza sancionadas con anterioridad.
      5. El procedimiento disciplinario se someterá al principio de celeridad.
      6. Las sanciones serán en todo caso individuales, valorándose en el caso de infracciones cometidas por varios afiliados su grado de participación, intención y culpa.
      7. Resultan igualmente de aplicación las garantías dispuestas por los presentes Estatutos en el art. 11.

      Art. 18: Cumplimiento de la sanción y rehabilitación posterior.-
      Una vez cumplida la sanción de suspensión de militancia, el afiliado se reincorporará al Partido con plenos derechos.
      En caso de sanción de expulsión, el sancionado podrá solicitar de nuevo, transcurridos cinco años, el reingreso.
      El Consejo de Dirección decidirá sobre la readmisión, oída la Comisión de Garantías. La Comisión de Garantías decidirá sobre la readmisión, oído el Consejo de Dirección.

      Art. 19: Concurrencia de Procedimiento Judicial.-
      1. Cuando existan abiertas actuaciones judiciales en relación con los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario, el Consejo de Dirección podrá acordar la suspensión del expediente hasta la finalización de la causa judicial abierta.
      El periodo de suspensión no computará a efectos de prescripción ni caducidad de las faltas, ni del expediente. Pudiendo además mantenerse la medida cautelar de suspensión de militancia en tanto dura la tramitación del procedimiento judicial.
      2. Cuando, como consecuencia de un proceso judicial motivado por acciones sancionables según el presente reglamento, el proceso termine con sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad y siempre que la misma no esté fundamentada en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse, continuar o reanudarse el correspondiente procedimiento disciplinario en los términos previstos en los presentes Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo.

      CAPITULO TERCERO
      Del Procedimiento de Garantía de Derechos

      Art. 20: Procedimiento de Garantía de Derechos, fines.-
      El procedimiento de garantía de derechos protege a todos los afiliados de posibles violaciones de los derechos reconocidos en estos Estatutos, originadas por actos, decisiones u omisiones de los órganos del Partido. El procedimiento podrá instarse de forma individual o colectiva por los afiliados del Partido.
      Este procedimiento no podrá utilizarse para resolver discrepancias en la interpretación de los fines, programa, estrategia o acción política del partido, adoptados por el órgano competente conforme a los Estatutos vigentes. Ni para cuestionar o recurrir algún procedimiento sancionador, o de elecciones primarias a cargos internos o a cargos públicos. Procesos estos que sólo podrán ser objeto de recurso por sus procedimientos específicos.

      Art. 21: Plazos y competencias.-
      El procedimiento se iniciará por cualquier afiliado mediante
      escrito, dirigido al Consejo de Dirección, escrito dirigido a la Comisión de Garantías, con comunicación simultánea al Consejo de Dirección, en el que se harán constar sucintamente los hechos denunciados, el derecho estatutario presuntamente vulnerado, pruebas o documentos que lo justifiquen, solicitud de adopción, en su caso, de medidas cautelares de suspensión del acto o decisión de que se trate.
      El plazo para la interposición del recurso será de tres meses a contar desde que sea pública la decisión o el acto de que se trate o desde que, hipotéticamente, debió de haberse producido el acto o decisión cuya omisión lo motiva.

      Art. 22: Procedimiento.-
      El Consejo de Dirección, La Comisión de Garantías, una vez recibido el escrito instando la apertura del procedimiento, iniciará el estudio de su admisión a trámite comprobando si los hechos expuestos en el mismo se ajustan al objeto del procedimiento y que el afiliado o afiliados no han causado baja en el partido.
      El plazo para pronunciarse sobre la admisión será de un mes a contar desde la fecha de recepción del escrito por
      el Consejo de Dirección la Comisión de Garantías. Y el plazo para dictar resolución, previa la correspondiente instrucción, con audiencia de las partes interesadas y del Consejo de Dirección, será de otro mes.
      A la vista de los hechos y fundamentos de derecho concurrentes la resolución podrá declarar la vulneración del derecho, ordenando el restablecimiento inmediato a la situación anterior adoptando las medidas necesarias o, en su caso, denegando el amparo y determinando la inexistencia de lesión del derecho.
      La resolución podrá ser recurrida ante la Comisión de Garantías en el plazo de 7 días hábiles, para ello se presentará escrito ante la Comisión de Garantías alegando lo que a su derecho convenga.
      La Comisión de Garantías resolverá en el plazo máximo de un mes.
      La resolución definitiva será comunicada a las partes interesadas y al Consejo de Dirección a fin de que éste proceda a su cumplimiento. Contra la resolución de la Comisión de Garantías no cabrá recurso posterior alguno.

      TITULO II
      ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL PARTIDO

      CAPITULO PRIMERO
      Estructura Orgánica del partido

      Art. 23.- Principios básicos de organización del partido, incompatibilidades:
      1. La organización y estructura general del partido se configura en orden a los siguientes principios básicos:
      a) El partido se constituye como un instrumento al servicio de la sociedad y de los ciudadanos para llevar a cabo un proyecto político concreto. Proyecto delimitado por el Manifiesto Fundacional y los principios y fines recogidos en los presentes Estatutos y desarrollado a través de las Resoluciones emanadas de sus Congresos y de los Programas y Acuerdos elaborados en aplicación de las mismas.
      b) La estructura organizativa del partido se basa en criterios democráticos y evita caer en el crecimiento burocrático innecesario, configurándose en torno a criterios de flexibilidad y agilidad orientados a cubrir las necesidades de la acción política. Entendida ésta como la actividad encaminada a trasladar el proyecto político del partido a las instituciones democráticas donde se toman las decisiones políticas,
      previo debate y aprobación democrática de las políticas en el interior del partido.
      c) El partido desarrolla su actuación política sobre todo el ámbito nacional bajo una dirección política unitaria, emanada directamente de la voluntad libre del conjunto de los afiliados; y se proyecta mediante una organización descentralizada a través de los Órganos Territoriales que la integran, a los que se reconoce plena autonomía para el ejercicio de sus competencias estatutarias, sin perjuicio de los necesarios principios de organización que aseguren su unidad, coordinación y eficacia.
      d) Los cargos orgánicos internos lo serán en todo caso como representantes de los afiliados de su ámbito respectivo, y en ningún caso como representación de ninguna entidad territorial determinada.

      e) Para optar a cualquier cargo en el partido, amén de los requisitos específicos que puedan exigirse en cada caso según los presentes Estatutos, será necesario estar afiliado y en el pleno ejercicio de los derechos como tal a la fecha en que se produzca la correspondiente convocatoria.
      f) Se garantiza a todos los afiliados la libertad de conciencia y de expresión en el seno del partido. La total libertad de discusión interna dentro de los distintos ámbitos de la organización, que se encauzará a través de los procedimientos y mecanismos establecidos estatutaria
      y reglamentariamente, constituirá la seña de identidad del partido. La participación y la corresponsabilidad de todos y cada uno de los afiliados se establece como eje fundamente de vertebración del mismo.
      g) Todos los afiliados deben asumir la aceptación de los principios de solidaridad, lealtad y respeto mutuo entre los miembros del partido, y el cumplimiento de las decisiones legítimas adoptadas por los órganos competentes del Partido.
      h) A los distintos órganos del partido les corresponde asegurar el contacto permanente con los ciudadanos y con las distintas asociaciones, grupos y organizaciones sectoriales que los representan.

      ((AÑADIR ENMIENDAS QUE PROPONEN LA CREACION DE REDES DE COMUNICACIÓN HORIZONTALES INTERNAS))
      2. Será incompatible el acumular más de un cargo orgánico ejecutivo dentro del partido. Esta incompatibilidad, por la naturaleza del órgano, no afecta a los miembros del Consejo Político, Consejo Político Territorial y Consejo Provincial. Los miembros de la Comisión de Garantías, Comisión de Finanzas y Comisión Electoral se regirán por su régimen específico de incompatibilidades.
      Nadie podrá permanecer desempeñando un cargo orgánico ejecutivo durante más de dos mandatos congresuales completos consecutivos. Se exceptúan los casos de Portavoz del partido, Coordinador Territorial y Coordinador Local que de forma excepcional podrán completar hasta tres mandatos congresuales completos consecutivos.
      Esta incompatibilidad, por la naturaleza del órgano, no afecta a los miembros del Consejo Político y Consejo Político Territorial.

      Art. 24.- Órganos de dirección del partido:
      Los órganos de dirección del partido, cuyo ámbito de actuación y competencia abarca todo el territorio nacional son:
      El Congreso del partido,
      el Presidente, el Consejo de Dirección y el Consejo Político.

      Art. 25.- Órganos especializados de control y garantía:
      Los órganos de control y garantía del partido, cuyo ámbito de actuación y competencia abarca todo el territorio nacional pero se circunscribe a un área concreta de la actividad del partido son: la Comisión de Garantías, la Comisión de Finanzas, la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas y la Comisión Electoral.

      Art. 26.- Organización territorial del partido:
      El partido desarrolla su acción política sobre todo el territorio nacional mediante una organización descentralizada a través de los Órganos Territoriales, a los que se reconoce plena autonomía para el ejercicio de sus competencias estatutarias, sin perjuicio de someter su actuación a los criterios políticos emanados de los órganos de dirección del partido y reflejados en las correspondientes Resoluciones, Acuerdos y Programas Marco que garantizan los principios de unidad, coordinación y eficacia.
      Los Órganos Territoriales del partido son: las Agrupaciones Territoriales y las Agrupaciones Locales. Al frente de cada uno de estos órganos territoriales se situará un Consejo con funciones ejecutivas emanado de la correspondiente Asamblea Territorial.
      Y los Existirán también los Consejos Provinciales, que actuarán por delegación de otros órganos el partido.

      Art. 27.- Principios de funcionamiento:
      1. Las reuniones de los órganos colegiados del partido habrán de ser convocadas con una antelación razonable mediante comunicación escrita, preferiblemente electrónica, dirigida a todos sus integrantes en la que deberá incluirse el orden del día, así como el día, hora y lugar de celebración.
      2. Para la válida constitución del órgano, y salvo que en estos Estatutos se disponga otra cosa, se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, excepto en casos de urgencia. En estos casos el Coordinador del órgano expondrá las razones que aconsejaron la constitución del mismo con un quórum inferior, y someterá su propuesta a votación.
      3. Salvo que se especifique lo contrario en estos Estatutos, los acuerdos de los distintos órganos se tomarán por mayoría simple de los asistentes entendiéndose que una propuesta o resolución queda aprobada cuando recibe más votos a favor que en contra, sin tener en cuenta las abstenciones.
      4. No se permitirá la delegación de voto.
      5. Las decisiones adoptadas en la reunión deberán recogerse en un Acta para su puesta a disposición de todos los miembros del órgano. Todas las actas se recopilarán en un archivo único bajo la supervisión de quien desarrolle las funciones de Secretario. En el caso de los órganos territoriales una copia de las mismas en formato electrónico se remitirá a la Coordinadora Territorial correspondiente.
      6. Cualquier votación en un órgano colegiado deberá realizarse mediante voto secreto cuando así lo soliciten al menos 1/3 de sus miembros.

      CAPITULO SEGUNDO
      Órganos de dirección del partido

      Art. 28.- El Congreso del partido:
      1. Es el órgano soberano del partido, se reúne de manera ordinaria con una periodicidad mínima de tres años y máxima de cuatro años, computados desde la celebración del anterior Congreso.
      Y de forma extraordinaria por acuerdo del Consejo de Dirección o por la concurrencia de alguna de las circunstancias que dan lugar a ello contempladas en los presentes Estatutos.
      El Congreso extraordinario sólo puede adoptar resoluciones sobre las materias previstas en el Orden del Día para el cual fue convocado.
      2. Tiene como competencias:
      a) Definir los fines y objetivos del partido, estableciendo la línea política del mismo y señalando su estrategia para el periodo siguiente. Todo ello mediante la aprobación de las correspondientes Resoluciones, que no podrán ser revocadas ni alteradas por ningún otro órgano inferior.
      b) Aprobar las modificaciones de los presentes Estatutos a que haya lugar.
      c) Debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección del partido.
      d) Elegir a los miembros del Consejo Político del Consejo de Dirección, de las Comisiones de Garantías, de Finanzas, y de la Comisión Electoral .y a los miembros electos del Consejo Político.
      e) Conocer los Informes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Garantías y las sanciones de expulsión acordadas o ratificadas por dicho órgano.
      f) Disolver el Partido o determinar su integración en otro. En ambos casos será necesario que el Congreso haya sido convocado expresamente con tal fin y que el acuerdo final sea adoptado por mayoría de dos tercios de los delegados, nombrándose una Comisión Liquidadora que cancelará los registros correspondientes y que destinará el patrimonio resultante a la nueva formación política en la que el partido se integra o a una institución benéfica.
      3. Todos los afiliados a UPyD que se encuentren de alta y en el pleno ejercicio de sus derechos como tal, en la fecha en que por el Consejo de Dirección se acuerde la convocatoria formal del Congreso, tendrán derecho a la formulación de enmiendas a las correspondientes Ponencias y a participar como electores y elegibles en el proceso de elección de delegados y de los órganos de dirección del partido. Todo ello de acuerdo a las previsiones recogidas en estos Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo.
      4. Excepto para la elección del
      Consejo de Dirección Presidente, que se efectuará por votación directa de la totalidad de afiliados inscritos en el correspondiente censo del Congreso, los afiliados de UPyD estarán representados en el Congreso por medio de delegados que no responderán a mandato imperativo alguno. Tendrán el carácter de delegados natos todos los miembros del Consejo de Dirección.
      El resto de delegados hasta un número de 500 serán elegidos por las Agrupaciones Provinciales en Asambleas convocadas al efecto, con al menos
      15 20 días de antelación, y mediante el voto directo y secreto de los afiliados incluidos en el correspondiente censo del Congreso.
      En los casos de Comunidades Autónomas Uniprovinciales y de la Agrupación Exterior, la elección corresponderá a la Asamblea de la Agrupación Territorial correspondiente, convocada por el Consejo Territorial.
      Se asignará un mínimo de un delegado por cada Agrupación Provincial o Agrupación Territorial, en su caso. El resto se atribuirán en proporción al número de afiliados del censo congresual de cada Agrupación Provincial o Agrupación Territorial, en su caso.
      5. A la elección como delegados podrán postularse, de forma libre, todos los afiliados incluidos en el censo del Congreso de cada Agrupación Provincial o Agrupación Territorial. Los afiliados que deseen postularse como candidatos deberán de comunicarlo al correspondiente Consejo, con al menos siete días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea.
      6. Cada elector votará en la Asamblea de la Agrupación Provincial o Agrupación Territorial a la que se encuentre adscrito. Se votará, mediante voto secreto, como máximo a un número igual o inferior a los tres cuartos (3/4) del número de candidatos a elegir de entre los que figuren en la correspondiente lista. Resultarán elegidos los candidatos que mayor número de votos obtengan, siempre que al menos hayan obtenido más de un voto.
      En caso de empate los puestos se cubrirán por sorteo.
      En los casos de la Agrupación Exterior o de Agrupaciones Provinciales o Territoriales que por el número de afiliados incluidos en el censo sea previsible la imposibilidad de celebrar una Asamblea deliberativa, el Consejo de Dirección podrá ampliar los plazos previstos para presentación de candidaturas, sustituir la Asamblea por jornadas completas de votación y habilitar procedimientos específicos de votación que, respetando los principios de voto libre, directo y secreto, faciliten la participación de los afiliados. En todo caso la lista de candidatos a elegir será única.
      7. La dirección de los debates del Congreso corresponderá a la Mesa del Congreso, compuesta por: un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios de Actas y un Vocal-asesor. Y será elegida al inicio de las sesiones por votación individual y pública de todos los delegados asistentes al Congreso, de entre las candidaturas cerradas y completas que se presenten y que deberán estar formadas por delegados al Congreso.
      Resultará elegida la candidatura que obtenga mayor número de votos
      8. El método de votación ordinario en el Congreso para la adopción de acuerdos y resoluciones, será el de votación individual y pública de cada uno de los delegados. Se utilizarán al efecto las correspondientes tarjetas de votación, que se facilitarán a cada delegado al momento de acreditarse.
      Se exceptúan las votaciones para la elección de los órganos del partido que se someterán a sus procedimientos específicos de votación; y las aprobaciones por asentimiento que se producirán sólo en el caso de que la propuesta de acuerdo planteada por la Mesa no sea rechazada por ningún delegado presente.
      Una vez que se inicie una votación no podrá interrumpirse, ni se permitirá la entrada a la sala de aquellos delegados que al iniciarse la votación estuvieren ausentes.

      Art. 29.- El Presidente

      1. El Portavoz Presidente del partido ostenta la máxima representación política y legal del mismo, coordina dirige su acción política y ostenta como portavoz cualificado la facultad de autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del partido o que afecte o comprometa políticamente a éste.
      2. El Presidente es elegido por votación de todos los afiliados durante las sesiones del Congreso. Podrá presentar su candidatura a Presidente cualquiera de los afiliados que cuente al menos con el aval de cincuenta afiliados.
        Las candidaturas deberán presentarse por quien se postule como Presidente, ante la Comisión Electoral, con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista para el inicio del Congreso.
        La Comisión Electoral facilitará los medios para que cada candidatura pueda hacer llegar sus propuestas e ideario al conjunto de afiliados en condiciones de igualdad.
        A tal fin se habilitará un espacio en la web del partido, bajo su supervisión, destinado a publicitar las candidaturas presentadas. Asimismo velará por que se pongan a disposición de las candidaturas presentadas los diferentes locales del partido, al objeto de celebrar posibles encuentros con los afiliados, de forma ordenada y en condiciones de igualdad. Para todo ello contará con la colaboración de los distintos órganos territoriales.
        Será  elegido Presidente el candidato que obtenga los votos de la mitad más uno de los votantes. Si ninguno la obtuviera, se realizará una segunda votación entre los dos más votados, resultando elegido el que obtenga más votos de ambos.
        2.- El Presidente convoca, preside y dirige el Consejo de Dirección, y nombra y destituye a sus miembros, dando cuenta inmediata de ello al Consejo Político. Estos nombramientos y destituciones sólo pueden ser vetados por el Consejo Político mediante su rechazo por mayoría absoluta de sus miembros.
        3.- El Presidente organiza internamente el Consejo de Dirección, atribuyendo funciones y responsabilidades a cada uno de sus miembros, y puede modificarlas en cualquier momento, dando cuenta al Consejo Político en la siguiente reunión ordinaria de éste.
        4.- Los Consejeros actúan bajo las instrucciones del Presidente, que puede reunirse a tal fin  por separado con cualquiera de ellos.

        2. Además convoca, preside y dirige las deliberaciones del Consejo de Dirección, en cuyas reuniones dispone de voto de calidad en caso de empate, y propone el reparto de responsabilidades entre sus miembros, pudiendo reorganizar las atribuciones y funciones conferidas sin limitación mientras dure su mandato.

        3. Igualmente para el caso que se produzcan dimisiones, incapacidades, fallecimientos, bajas o suspensiones disciplinarias de miembros del Consejo de Dirección y siempre que sea en número inferior a la mitad más uno de sus miembros originales, el Portavoz podrá nombrar a quienes les sustituyan. Nombramientos que deberán ser ratificados por el Consejo Político en su siguiente reunión ordinaria.

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        . El Portavoz Presidente podrá delegar sus funciones en alguno o algunos de los miembros del Consejo de Dirección, salvo las relativas a la presidencia del Consejo de Dirección.

        6. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, el Portavoz Presidente será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por aquél de sus miembros que el propio Consejo de Dirección decida.

      Art. 30.- El Consejo de Dirección
      1. El Consejo de Dirección
      , bajo la dirección del Presidente, es el máximo órgano de dirección política del partido, y por lo tanto es el encargado de aplicar y dirigir en el ámbito nacional la política definida por los Congresos del partido, en el marco de los principios y fines detallados en los presentes Estatutos.
      2. Son competencias del Consejo de Dirección, amén de aquellas otras recogidas en otros apartados de los presentes Estatutos, las siguientes:
      a) Ordenar, coordinar y controlar las actividades del partido y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus fines y de los Acuerdos y Resoluciones emanadas de los Congresos.
      b) Definir la estrategia general del partido y sus pronunciamientos políticos y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales, garantizando su actuación coordinada. Reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa del partido.
      Dando cuenta de ello al Consejo Político en la inmediata reunión de éste.
      c)
      Aprobar Proponer al Consejo Político los ámbitos y criterios de participación del partido en cualquier tipo de convocatoria electoral, y elaborar los correspondientes Programas o Programas-marco para su posterior aprobación por el Consejo Político.
      d) Decidir la política de alianzas con otras fuerzas políticas, incluyendo coaliciones electorales, conversaciones y acuerdos de todo tipo.
      Cuando se pacten uniones, federaciones o coaliciones de carácter permanente y general con otros partidos, su decisión estará sujeta a ratificación del Consejo Político.

      d) Proponer al Consejo Político para su aprobación la política de alianzas con otras fuerzas políticas, desde las uniones, federaciones o coaliciones de carácter permanente y general con otros partidos, hasta las coaliciones transitorias, conversaciones y acuerdos de todo tipo.
      e) Diseñar y dirigir las campañas electorales del partido, para ello podrá constituir los correspondientes Comités de Campaña.
      f) Coordinar y dirigir las relaciones con asociaciones, partidos políticos, sindicatos, corporaciones y en general grupos sociales de ámbito nacional.
      g)
      Proponer al Consejo Político para su aprobación la determinación de las relaciones internacionales del partido y el establecimiento de los posibles acuerdos de colaboración con organizaciones y grupos institucionales de ámbito supranacional.
      h) Dirigir la gestión económica y administrativa del partido. A tal fin elaborará los Presupuestos ordinarios anuales, que deberán ir acompañados de una Memoria explicativa para su posterior traslado
      y aprobación por el al Consejo Político, y los Presupuestos extraordinarios para las campañas electorales previstas en el ejercicio. Además, aprueba la contratación y cese del personal directivo, técnico y administrativo del partido y fija su remuneración y condiciones de trabajo, todo ello con arreglo a los principios de transparencia, mérito e idoneidad para el puesto.
      También autoriza la contratación de los bienes y servicios necesarios para la actividad del Partido.
      i) Crear las comisiones asesoras, de estudio o de expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y el cumplimiento de los fines del partido. Así como autorizar la creación y coordinar las actividades de los distintos Grupos de Trabajo sectoriales de ámbito nacional.
      j) El seguimiento político de la labor del Gobierno de la Nación y del desarrollo legislativo.
      k) Convocar Conferencias Sectoriales para tratar asuntos de interés general.
      l) Convocar el Congreso del partido.
      m) Autorizar la creación de Fundaciones del partido y controlar su gestión,
      con la aprobación del Consejo Político; así como el establecimiento de convenios, acuerdos o cualquier otro tipo de colaboración con Asociaciones, Federaciones, Fundaciones o cualquier otro tipo de organismo o entidad ya existente.
      n) La resolución de los conflictos que surjan en el seno del Partido. Contra su resolución cabrá recurso ante la Comisión de Garantías.

      n) Proponer a la Comisión de Garantías las decisiones necesarias para resolver los conflictos que surjan en el interior del Partido. La Comisión de garantías adoptará la resolución que considere adecuada a tal fin.
      o) Aprobar el presupuesto económico anual de los distintos órganos territoriales, para su inclusión en los Presupuestos Ordinarios Anuales
      del partido.
      Formular las cuentas anuales del partido y presentar al Consejo Político
      para su aprobación la memoria económica del partido correspondiente al ejercicio anterior.
      p) Nombrar representantes que dirijan transitoriamente algunos de los Órganos Territoriales del partido, siempre que se aprecien graves circunstancias que así lo aconsejen y dando cuenta a la Comisión de Garantías. La transitoriedad de la situación no podrá exceder de seis meses. Transcurrido dicho período de tiempo se convocará la correspondiente Asamblea para elección de cargos en el plazo máximo de dos meses.
      q) Supervisar, ordenar y autorizar el uso y difusión del nombre y símbolos del partido en cualquier tipo de ámbito y soporte;
      y en su caso, los canales de comunicación y difusión de las ideas, actividades y propuestas del partido tanto en el ámbito interno como en el externo.; y proponer al Consejo Político, para su aprobación, la creación inmediata de canales de comunicación y difusión de las ideas, actividades y propuestas del partido, tanto en el ámbito interno como en el externo.
      r) Elaborar y mantener el censo de afiliados del partido y, en particular custodiar el Libro de Registro de Afiliados,
      bajo la supervisión y control de la Comisión de Garantías. Así como responsabilizarse del archivo documental del partido.
      s)
      Ejercer Instar el ejercicio de la potestad disciplinaria de acuerdo a los términos recogidos en el Titulo Primero de estos Estatutos y su Reglamento de desarrollo.
      t) La integración e interpretación de los presentes Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo,
      de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Garantías, cuyo dictamen puede ser solicitado por el Consejo Político.su decisión en éste caso.Las decisiones interpretativas del Consejo de Dirección serán susceptibles de recurso ante la Comisión de Garantías.
      u) Cualquier otra función que no venga atribuida en los presentes Estatutos a ningún otro órgano.

      3.-
      3. El Consejo de Dirección estará formado por 21 miembros y será elegido en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto de la totalidad de los afiliados incluidos en el censo congresual y mediante el sistema de listas completas, cerradas y bloqueadas y de acuerdo al sistema de voto mayoritario. Su mandato expirará con el inicio del siguiente Congreso.
      Las candidaturas deberán presentarse por quien se postule como Portavoz ante la Comisión Electoral, con al menos 20 días de antelación a la fecha prevista para el inicio del Congreso.
      La candidatura, que deberá ir únicamente avalada por la firma de todos sus miembros, designará de forma nominal al menos los siguientes cargos:
      – Portavoz
      – Responsable de Organización
      – Responsable de Programa y Acción Política
      – Responsable de Acción Electoral
      – Responsable del Área de Economía
      – Responsable de Acción Institucional
      – Responsable de Expansión, Comunicación y Nuevas Tecnologías.
      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad de autoorganización de cada candidatura, hasta completar el número de 21 miembros.
      De no existir más de una candidatura, la que se haya presentado deberá obtener la ratificación por el voto favorable de la mitad más uno de los votos válidamente emitidos para ser proclamada candidatura electa.
      La Comisión Electoral facilitará los medios para que cada candidatura pueda hacer llegar sus propuestas e ideario al conjunto de afiliados en condiciones de igualdad.
      A tal fin se habilitará un espacio en la web del partido, bajo su supervisión, destinado a publicitar las candidaturas presentadas. Asimismo velará por que se pongan a disposición de las candidaturas presentadas los diferentes locales del partido, al objeto de celebrar posibles encuentros con los afiliados, de forma ordenada y en condiciones de igualdad. Para todo ello contará con la colaboración de los distintos órganos territoriales.

      3.- El Consejo de Dirección está constituido por el Presidente y veinte miembros. El Presidente nombrará a los restantes miembros del Consejo de Dirección para someterlos a la aprobación del Consejo Político en la inmediata sesión posterior al Congreso. Los Consejeros propuestos por el Presidente resultarán designados si el Consejo Político no se opone por mayoría absoluta al nombramiento de cualquiera de ellos.

      El Presidente habrá  de contar con un Consejo de Dirección en el que figuren  los siguientes Consejeros:

      - Responsable de Organización
      – Responsable de Programa y Acción Política
      – Responsable de Acción Electoral
      – Responsable del Área de Economía
      – Responsable de Acción Institucional
      – Responsable de Expansión, Comunicación y Nuevas Tecnologías.

      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá  a la potestad discrecional del Presidente, hasta completar el número de 20 miembros.

      4.- El Consejo de Dirección se reúne a convocatoria del Presidente.

      4. El Consejo de Dirección se reúne con la frecuencia que por sí mismo acuerde, sus decisiones se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la reunión y que asistan al menos la mitad de sus miembros.
      Las deliberaciones del Consejo de Dirección son reservadas, aunque se harán constar en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiere sobre las decisiones recaídas.
      Podrá constituir dentro de su seno comisiones para asuntos específicos en los que delegue la facultad de decisión sobre los mismos.
      5. En caso de dimisión, incapacidad, fallecimiento, baja en el partido o suspensión disciplinaria que afecte al propio
      Portavoz Presidente o a la mitad más uno de los miembros del Consejo de Dirección elegido en el Congreso, el Consejo, presidido por el Consejero responsable de Organización, en reunión convocada al efecto, deberá nombrar una Gestora que le sustituirá en sus funciones, mantendrá la actividad ordinaria del partido y convocará un Congreso Extraordinario a celebrar en el plazo de tres meses.

      Art. 30.- El Portavoz del partido:
      1. El Portavoz del partido ostenta la máxima representación política y legal del
      mismo, coordina su acción política y ostenta como portavoz cualificado la facultad de autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del partido o que afecte o comprometa políticamente a éste.
      2. Además convoca, preside y dirige las deliberaciones del Consejo de Dirección, en cuyas reuniones dispone de voto de calidad en caso de empate, y propone el reparto de responsabilidades entre sus miembros, pudiendo reorganizar las atribuciones y funciones conferidas sin limitación mientras dure su mandato.
      3. Igualmente para el caso que se produzcan dimisiones, incapacidades, fallecimientos, bajas o suspensiones disciplinarias de miembros del Consejo de Dirección y siempre que sea en número inferior a la mitad más uno de sus miembros originales, el Portavoz podrá nombrar a quienes les sustituyan. Nombramientos que deberán ser ratificados por el Consejo Político en su siguiente reunión ordinaria.
      4. El Portavoz podrá delegar sus funciones en alguno o algunos de los miembros del Consejo de Dirección, salvo las relativas a la presidencia del Consejo de Dirección.
      5. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, el Portavoz será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por aquél de sus miembros que el propio Consejo de Dirección decida.

      Art. 31.- El Consejo Político:
      1. El Consejo Político es el órgano encargado de la deliberación,
      normación y control político dentro del partido. Su ámbito de actuación abarca las cuestiones políticas no cubiertas por los Acuerdos y Resoluciones del Congreso del partido y ejerce el control último sobre el resto de órganos de dirección del partido así como sobre sus cargos públicos y representantes institucionales.
      2. Son competencias del Consejo Político, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en estos Estatutos, las siguientes:
      a)
      Aprobar de forma definitiva, a propuesta del Consejo de Dirección, Deliberar y aprobar, rechazar o enmendar, las propuestas del Consejo de Dirección referentes a los programas electorales de ámbito nacional, los programas-marco municipal y autonómico a los que deberán sujetarse los órganos territoriales en la elaboración de los programas específicos de su correspondiente ámbito geográfico, y las líneas generales de la estrategia electoral del partido según la convocatoria de que se trate.
      b) Aprobar anualmente el Presupuesto ordinario del partido y la Memoria Económica presentada por el Consejo de Dirección.
      c) Ratificar los nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Dirección
      a propuesta del Portavoz propuestos por el Presidente del partido, o rechazarlos mediante veto aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.
      d) Podrá exigir, en su caso, la responsabilidad política del Consejo de Dirección y del Portavoz Presidente del partido mediante la presentación por 30 de sus miembros de una moción de censura, que para prosperar deberá obtener el respaldo de 2/3 la mitad más uno de sus miembros en sesión convocada al efecto. De resultar aprobada, el propio Consejo Político nombrará una Comisión Gestora en sustitución del Consejo de Dirección, que se encargará de convocar un Congreso extraordinario dentro del plazo de tres meses.

      e)A propuesta de 30 de los miembros del Consejo Político, éste someterá a votación una moción de desconfianza contra cualquiera de los miembros del Consejo de Dirección, con la excepción del Presidente, que para ser aprobada deberá contar con más votos a favor que en contra. Su aprobación obligará al Presidente a destituirlo y nombrar un sustituto, que será designado si no se oponen a ello la  mitad más uno de los miembros del Consejo Político.

      f) Aprobar, a propuesta del Consejo de Dirección, las normas de carácter reglamentario previstas en estos Estatutos y cuantas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de los mismos.
      g) Controlará que la actividad de los cargos públicos, cargos electos y representantes institucionales del partido se adecúe al Código de Buenas Prácticas recogido en el Capítulo segundo del Título III de estos Estatutos. A tal fin se constituirá en su seno un órgano auxiliar del propio Consejo Político denominado: Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas.
      g) Aprobar las uniones, federaciones y coaliciones
      de carácter permanente con otros partidos y grupos políticos.
      h) Proponer la disolución del partido o su integración en otro. El acuerdo requerirá el voto favorable de al menos 2/3 de sus miembros en sesión monográfica convocada al efecto. En el acuerdo que se adopte deberá convocarse
      Congreso Extraordinario en los términos recogidos en el art. 28-2, apartado f) de estos Estatutos.
      3. El Consejo Político estará formado por 150 miembros, 110 serán elegidos en el Congreso correspondiente, mediante listas abiertas, por el voto directo y secreto de los delegados asistentes. El resto tendrán la condición de miembros natos y se corresponderán con los 21 miembros del Consejo de Dirección y cada uno de los 19 Coordinadores Territoriales.
      Su mandato expirará cuando se dé inicio a las sesiones de cada nuevo Congreso.

      3. El Consejo Político estará formado por 150 miembros elegidos en el Congreso correspondiente, mediante listas abiertas, por el voto directo y secreto de los delegados asistentes. Los miembros del Consejo de Dirección tendrán voz, pero no voto. Las mayorías cualificadas necesarias para adoptar decisiones en el Consejo Político se modificarán en función del número de consejeros que tengan voto en cada momento.

      Su mandato expirará  cuando se dé inicio a las sesiones de cada nuevo Congreso.


      4. Se abrirá un periodo de treinta días, que terminará  10 días antes de la fecha de inicio del Congreso, para que los candidatos puedan presentar su candidatura ante la Comisión Electoral, no se exigirá aval de ningún tipo para la presentación de cada candidatura. En la web del partido se habilitará un espacio con el fin de que puedan darse a conocer todos aquellos candidatos que lo deseen. Este espacio estará bajo la supervisión de la Comisión Electoral.
      Cada delegado emitirá un único voto, en el que designará como máximo a un número igual de candidatos que el de puestos a cubrir
      (110). (150)
      Resultando elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.
      En caso de empate, los puestos se cubrirán por sorteo.
      5. El proceso de votación estará en todo momento bajo la supervisión y control de la Comisión Electoral, que podrá valerse de personal externo bajo su dirección con el fin de agilizar el proceso.
      6. Las discusiones y debates del Consejo Político estarán dirigidos por una Mesa compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que levantará Acta de los acuerdos adoptados. En la primera sesión que se celebre tras el correspondiente Congreso, se elegirá por mayoría de votos a los miembros del Consejo que constituirán la Mesa para todo el periodo congresual.
      7. Se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año y en sesión extraordinaria cuantas veces lo requiera la naturaleza de sus funciones y lo acuerde el
      Portavoz Presidente del partido, o a solicitud de al menos 1/3 de sus miembros que deberán aportar el orden del día propuesto. Adoptará sus acuerdos por mayoría simple, excepto aquellos para los que según los presentes Estatutos se requiera una mayoría cualificada, y se entenderá válidamente constituido siempre que asistan al mismo la mitad más uno de sus miembros.
      8. Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con, al menos, quince días naturales de antelación. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con la urgencia que requiera el caso. En todas las convocatorias ordinarias del Consejo se incorporará al orden del día un apartado relativo a ruegos y preguntas.
      9. En la última sesión del año, el Consejo de Dirección emitirá un Informe sobre la actividad política desarrollada a lo largo del año y presentará los presupuestos ordinarios para la anualidad siguiente, junto con la memoria de la situación económica del partido.

      CAPITULO TERCERO
      Órganos Especializados de Control y Garantía

      Art. 32.- Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas:
      1. Se trata de un órgano auxiliar del Consejo Político encargado de velar porque en el desempeño de sus funciones tanto los cargos electos, como los cargos públicos, los representantes institucionales y todos los cargos orgánicos del partido respeten el Código de Buenas Prácticas Públicas recogido en el Capítulo II, del Título III de éstos Estatutos.
      2. Son funciones específicas de ésta Oficina:
      a) Conocer de cuantas quejas puedan formularse contra actuaciones de algún cargo electo, cargo público, representante institucional o cargo orgánico del partido que sean susceptibles de infringir el Código de Buenas Prácticas recogido en los presentes Estatutos.
      b) Recibir las Declaraciones de Intereses de cargos públicos, y en su caso emitir el correspondiente Informe sobre la compatibilidad o no del cargo público con la actividad declarada. Y las Declaraciones de Bienes de los cargos electos al inicio y al finalizar su actividad.
      c) Emitir Informe preceptivo previo a la fijación por el Consejo de Dirección de la posible contribución económica que se fije a los cargos públicos, cargos electos y representantes institucionales del partido.
      d) Elevar al Consejo Político un Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Públicas, y los Informes parciales sobre esta materia que considere oportunos. Estos Informes en todo caso deberán respetar la confidencialidad de los datos que constituyan materia reservada.
      3. La Oficina atenderá reclamaciones contra actuaciones de cargos del partido que vengan respaldadas por personas concretas, perfectamente identificadas, en ningún caso atenderá reclamaciones anónimas. Sólo intervendrá de oficio en aquellos casos de manifiesta notoriedad en los que se ponga en riesgo la credibilidad del partido.
      4. Una vez recibida cualquier reclamación o decidida la intervención de oficio, abrirá expediente informativo en el que citará de modo inmediato a la persona afectada y practicará cuantas otras averiguaciones considere oportunas. Y en el plazo máximo de dos meses acordará: o bien elevar propuesta al Consejo de Dirección para la apertura del correspondiente expediente disciplinario con proposición, en su caso, de las medidas cautelares que considere oportunas; o el archivo de las actuaciones por entender que no resulta acreditada la infracción denunciada.
      5. En todo caso los datos e informaciones que puedan conocer los miembros de ésta Oficina serán absolutamente reservados y confidenciales. La vulneración de éste deber de secreto constituirá infracción muy grave.
      6. La Oficina estará compuesta por cinco miembros: el Secretario del Consejo Político y cuatro miembros más elegidos por sorteo de entre los componentes del propio Consejo Político. La duración de este nombramiento será anual, al cumplirse este periodo serán sustituidos por otros cuatro miembros distintos elegidos también mediante sorteo. No obstante los miembros que cesen deberán concluir los expedientes ya iniciados y que se encuentren en tramitación.
      Sus reuniones las presidirá aquel de sus miembros que ostente mayor antigüedad en el partido. Como Secretario actuará el que lo sea del Consejo Político, único miembro permanente de la Oficina, que convocará las reuniones, impulsará los procedimientos, levantará Acta de los acuerdos adoptados, dará fe de sus actuaciones y en todo momento será el responsable de la custodia de cuanta documentación pueda manejar la Oficina. Para adoptar acuerdos será necesario el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

      Art. 33.- La Comisión de Garantías:
      1. La Comisión de Garantías es el órgano del partido encargado de garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados y el cumplimiento de los Estatutos y de los Reglamentos; resuelve los
      recursos expedientes del régimen disciplinario previstos en los Estatutos así como el Procedimiento de Garantía de Derechos y en general la resolución de los recursos establecidos estatutaria o reglamentariamente contra los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del partido.
      2. Son competencias específicas de la Comisión de Garantías, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en estos Estatutos:
      a)
      Resolver en segunda instancia y de forma definitiva los recursos contra las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de Dirección.

      a) Resolver jurisdiccionalmente todas aquellas cuestiones relativas a los expedientes disciplinarios contra cualesquiera afiliados del partido.

      b) Iniciar, instruir y resolver en única instancia y de forma definitiva los expedientes disciplinarios que afecten a miembros del Consejo de Dirección.
      c) Resolver de forma definitiva los
      recursos litigios planteados contra las resoluciones del Consejo de Dirección dictada en el Procedimiento de Garantía de Derechos.
      En el caso de que el afectado sea el Consejo de Dirección o alguno de sus miembros, será competente para la admisión a trámite, instrucción y resolución en única instancia y de forma definitiva del correspondiente procedimiento.
      d) Emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos colegiados del partido.
      e) Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal en el seno del partido. Emitiendo a tal fin las instrucciones de obligado cumplimiento que resulten pertinentes y atendiendo las reclamaciones que por ésta materia puedan producirse.
      f) Resolver en segunda instancia los recursos que se planteen contra las decisiones de la Comisión Electoral susceptibles de ser recurridas.
      3. La Comisión se configura como un órgano colegiado de ámbito nacional que tomará las decisiones por mayoría de sus miembros y con competencia genérica sobre la totalidad de los afiliados del partido.
      4. La Comisión de Garantías estará compuesta por 3 miembros, y será elegida en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto de todos los delegados asistentes, previa presentación de candidaturas
      completas ante la Comisión Electoral.
      Se elegirá mediante el sistema de listas abiertas, de tal modo que cada delegado podrá votar como máximo a un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que acumulen un mayor número de votos. Los casos de empate se dirimirán mediante sorteo.
      Su mandato expirará en el momento que se produzca la proclamación de candidatos electos en el marco del Congreso siguiente.
      5. Será requisito para ser miembro de éste órgano el ser afiliado del partido con al menos dos años de antigüedad y no haber sido sancionado disciplinariamente por la comisión de infracción alguna. No constituirá requisito de elegibilidad aunque podrá valorarse a la hora de presentar las correspondientes candidaturas, la formación jurídica de los candidatos, así como su reconocida trayectoria dentro del partido.
      Será incompatible ser miembro de éste órgano y formar parte de cualquier otro órgano del partido.
      Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, fallecimiento, incapacidad o pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa.

      En caso de producirse una vacante en la Comisión de Garantías, por alguna de las causas anteriores, el puesto se cubrirá  por elección del Consejo Político, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre los candidatos que se presenten.
      En la primera sesión que celebren elegirán, de entre sus miembros, al que vaya a ejercer las funciones de Presidente, de Vocal y de Secretario.
      Este será el encargado de redactar y custodiar las actas de la Comisión, recibir y despachar la correspondencia y el resto de comunicaciones, solicitar la documentación pertinente en los procedimientos que instruyan y demás cometidos similares.
      6. Los miembros de la Comisión tendrán la obligación de actuar, en el ejercicio de su cargo con libertad, equidad y total independencia respecto a los demás órganos del Partido y estarán obligados a guardar secreto de sus deliberaciones y decisiones.

      Art. 34.- La Comisión de Finanzas:
      1. La Comisión de Finanzas es el órgano colegiado encargado de supervisar la gestión económica, la contabilidad y la administración de los medios materiales del partido y controlar que su uso se adecúe a las resoluciones de los órganos competentes.
      Dentro del primer trimestre de cada año emitirá un Informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos del ejercicio anterior, que remitirá al Consejo Político.
      Igualmente corresponde a la Comisión de Finanzas emitir los informes de control interno sobre intervención y contabilización establecidos legalmente.
      2. La Comisión de Finanzas estará compuesta por 3 miembros, y será elegida en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto de todos los delegados asistentes, previa presentación de candidaturas
      completas ante la Comisión Electoral.
      Se elegirá mediante el sistema de listas abiertas, de tal modo que cada delegado podrá votar como máximo a un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que acumulen un mayor número de votos. Los casos de empate se dirimirán mediante sorteo.
      Su mandato expirará en el momento que se produzca la proclamación de candidatos electos en el marco del Congreso siguiente.
      3. Será requisito para ser miembro de éste órgano el ser afiliado del partido con al menos dos años de antigüedad y no haber sido sancionado disciplinariamente por la comisión de infracción alguna. No constituirá requisito de elegibilidad aunque podrá valorarse a la hora de presentar las correspondientes candidaturas, la formación económica de los candidatos, así como su reconocida trayectoria dentro del partido.
      Será incompatible ser miembro de éste órgano y formar parte de cualquier otro órgano del partido.
      Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, fallecimiento, incapacidad o pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa.

      En caso de producirse una vacante en la Comisión de Finanzas, por alguna de las causas anteriores, el puesto se cubrirá por elección del Consejo Político, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre los candidatos que se presenten.

      4. En la primera sesión que celebren elegirán, de entre sus miembros, al que vaya a ejercer las funciones de Presidente, de Vocal y de Secretario.
      Este será el encargado de redactar y custodiar las actas de la Comisión, recibir y despachar la correspondencia y el resto de comunicaciones y solicitar la documentación pertinente para la elaboración de los correspondientes Informes.

      Art. 35.- La Comisión Electoral:
      1. La Comisión Electoral es el órgano colegiado del partido encargado de recibir las propuestas de candidaturas para los distintos órganos y dirigir los procesos electorales de ámbito interno, todo ello de acuerdo a lo recogido en los presentes Estatutos y la normativa reglamentaria que en su desarrollo regule estos procesos electorales.
      2. Serán competencias específicas de la Comisión Electoral, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en los presentes Estatutos:
      a) Ordenar todo el proceso de recepción de candidaturas y el proceso preelectoral previo y constituirse en Mesa Electoral ante la que se desarrollarán las votaciones correspondientes a los Órganos de Dirección y Control que deben ser elegidos en el ámbito de los Congresos que celebre el partido. Levantando Acta del escrutinio correspondiente del que dará traslado a la Mesa del Congreso para la proclamación de los cargos electos.
      b) Igualmente se encargará de la ordenación, la supervisión y el control de los procesos de elecciones primarias para la selección de candidatos a cargos electos en los distintos procesos electorales en los que participe el partido. En éste caso actuará como órgano superior jerárquico de las distintas Comisiones Electorales de ámbito territorial que se constituyan al efecto.
      3.
      Estará compuesta por 7 miembros, tres de ellos designados por el Consejo de Dirección y cuatro elegidos mediante votación individual y secreta de todos los delegados asistentes al Congreso, en listas completas, cerradas y bloqueadas, de acuerdo al sistema de voto mayoritario, de tal modo que resultará elegida la lista que acumule un mayor número de votos.

      mediante el sistema de listas abiertas, de tal modo que cada delegado podrá  votar como máximo a un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que acumulen un mayor número de votos. Los casos de empate se dirimirán mediante sorteo.

      Su mandato expirará en el momento que se produzca la proclamación de candidatos electos en el marco del Congreso siguiente.
      Será requisito imprescindible para formar parte de la Comisión Electoral, ser afiliado con al menos dos años de antigüedad a la fecha en que se produzca la correspondiente elección.

      Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, fallecimiento, incapacidad o pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa.

      En caso de producirse una vacante en la Comisión Electoral, por alguna de las causas anteriores, el puesto se cubrirá por elección del Consejo Político, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre los candidatos que se presenten.

      CAPITULO CUARTO
      Organización territorial del partido

      Art. 36.- Estructura, principios:
      La organización territorial del partido se fundamenta en los principios de descentralización y participación, proximidad y autonomía, coordinación entre los distintos niveles y subsidiariedad, eficiencia y unidad política.
      a) Descentralización y participación.- Los Órganos Territoriales son los instrumentos de los que se dota el partido en un área geográfica determinada con el objeto de trasladar su proyecto político a las instituciones democráticas de ese ámbito y promover la participación política de los ciudadanos.
      b) Proximidad y autonomía.- En función de las necesidades de los ciudadanos más próximos a los que va dirigida principalmente su acción política y las singularidades concretas del territorio en el que actúan, los Órganos Territoriales del partido disponen de la autonomía necesaria para elaborar las políticas concretas y adaptar la acción política del partido a su ámbito de competencia.
      c) Coordinación y subsidiariedad.- Los distintos niveles de la organización territorial desarrollarán su trabajo de manera coordinada evitando en la medida de lo posible actuaciones y pronunciamientos innecesarios y contradictorios. Cualquier órgano de ámbito inferior deberá respetar las directrices políticas fijadas por el órgano de ámbito superior en el marco de sus competencias. En el resto de cuestiones no previstas y cuya repercusión no exceda de su ámbito propio será la organización territorial más próxima a la que corresponderá actuar políticamente.
      d) Eficiencia y unidad política.- Las estructuras territoriales tenderán a la simplicidad y procurarán el cumplimiento de sus funciones con la menor carga burocrática posible atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia. En todo caso los órganos territoriales deberán respetar las instrucciones y directrices políticas emanadas del Congreso y demás Órganos de Dirección del partido en el ámbito de sus competencias.

      Art. 37.- Las Agrupaciones Territoriales.
      Las Agrupaciones Territoriales son los órganos descentralizados que representan al partido en una determinada Comunidad Autónoma.
      Existirá uno por cada Comunidad Autónoma, y uno más por cada Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla. Se identificarán por el nombre del partido seguido del nombre de la Comunidad o Ciudad Autónoma.
      A ellos pertenecerán la totalidad de afiliados que residan en esa Comunidad Autónoma. Cada afiliado sólo podrá estar adscrito a una Agrupación Territorial determinada.
      Será competencia del Consejo de Dirección aprobar la creación de Agrupaciones Exteriores que desarrollen su labor fuera del ámbito nacional.

      Art. 38.- Los órganos de dirección del partido en el ámbito de la Agrupación Territorial son:

      El Congreso, el Coordinador, el Consejo de Dirección y el Consejo Político.

      Art. 39.- Las competencias de los órganos de dirección del Partido en el ámbito autonómico se ejercerán complementando a nivel de la Agrupación Territorial las competencias y decisiones de los órganos de dirección nacional del Partido. En caso de colisión o incoherencia entre ambas, predominarán siempre las de los órganos superiores.

      Art. 40.- El Congreso Territorial:
      1. Es el órgano máximo de la Agrupación Territorial y está formado por la totalidad de afiliados al partido en una determinada Comunidad o Ciudad Autónoma reunidos en Congreso.

      En los casos de Agrupaciones Territoriales que excedan de 600 afiliados los Congresos Territoriales se celebrarán mediante delegados elegidos por las Asambleas Locales, en listas abiertas y mediante el voto directo y secreto de los afiliados incluidos en el correspondiente censo congresual. Se aplicarán los mismos criterios que para los Congresos nacionales del partido, que serán desarrollados en la correspondiente normativa reglamentaria.

      En todo caso la elección del Coordinador Territorial se hará  por el voto directo y secreto de la totalidad de los afiliados incluidos en el censo congresual de la correspondiente Agrupación Territorial.

      2. El Congreso Territorial se reúne de manera ordinaria cada tres o cuatro años, con posterioridad al Congreso Nacional del Partido.
      Y de forma extraordinaria según lo que determinen los Estatutos de la Agrupación Territorial aprobados en Congreso.

      3. La dirección de los debates del Congreso corresponderá a la Mesa del Congreso, compuesta por: un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios de Actas y un Vocal-asesor. Y será elegida al inicio de las sesiones por votación individual y pública de todos los delegados asistentes al Congreso, de entre las candidaturas que se presenten y que deberán estar constituidas por delegados al Congreso. Serán elegidos los candidatos que obtengan un mayor número de votos.

      4. El método de votación ordinario en el Congreso para la adopción de acuerdos y resoluciones, será el de votación individual y pública de cada uno de los delegados. Se utilizarán al efecto las correspondientes tarjetas de votación, que se facilitarán a cada delegado al momento de acreditarse.
      Se exceptúan las votaciones para la elección de los órganos del partido que se someterán a sus procedimientos específicos de votación; y las aprobaciones por asentimiento que se producirán sólo en el caso de que la propuesta de acuerdo planteada por la Mesa no sea rechazada por ningún delegado presente.

      5. El Congreso tiene como competencias:

      a) Definir los fines, objetivos y estructura del partido en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma, de acuerdo con el marco político y normativo de los Congresos Nacionales del Partido, estableciendo la línea política del mismo y señalando su estrategia para el periodo siguiente. Todo ello mediante la aprobación de las correspondientes Ponencias y Resoluciones.

      b) Debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección de la Agrupación Territorial del partido.


      c) Elegir a los miembros del Consejo Político Territorial

      Art. 41.- El Coordinador Territorial:

      1. El Coordinador del partido ostenta la máxima representación política y legal del mismo en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma, dirige su acción política y ostenta como portavoz cualificado la facultad de autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del partido o que afecte o comprometa políticamente a éste.
        El Coordinador es elegido por votación de todos los afiliados durante las sesiones del Congreso. Podrá presentar su candidatura a Coordinador cualquiera de los afiliados que cuente al menos con el aval de diez  afiliados.
        Las candidaturas deberán presentarse ante la Comisión Electoral, con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista para el inicio del Congreso.
        La Comisión Electoral facilitará los medios para que cada candidato pueda hacer llegar sus propuestas e ideario al conjunto de afiliados en condiciones de igualdad.
        A tal fin se habilitará un espacio en la web del partido, bajo su supervisión, destinado a publicitar las candidaturas presentadas. Asimismo velará por que se pongan a disposición de los candidatos presentados los diferentes locales del partido, al objeto de celebrar posibles encuentros con los afiliados, de forma ordenada y en condiciones de igualdad. Para todo ello contará con la colaboración de los distintos órganos territoriales.
        Será  elegido Coordinador el candidato que obtenga los votos de la mitad más uno de los votantes. Si ninguno la obtuviera, se realizará una segunda votación entre los dos más votados, resultando elegido el que obtenga más votos de ambos.
      1. El Coordinador convoca, preside y dirige el Consejo de Dirección Territorial, y nombra y destituye a sus miembros, dando cuenta inmediata de ello al Consejo Político Territorial. Estos nombramientos y destituciones sólo pueden ser vetados por el Consejo Político mediante su rechazo por mayoría absoluta de sus miembros.
        3. El Coordinador organiza internamente el Consejo de Dirección Territorial, atribuyendo funciones y responsabilidades a cada uno de sus miembros, y puede modificarlas en cualquier momento, dando cuenta al Consejo Político Territorial en la siguiente reunión ordinaria de éste.
        4. Los Consejeros actúan bajo las instrucciones del Coordinador, que puede reunirse a tal fin  por separado con cualquiera de ellos.

        5. El Coordinador podrá  delegar sus funciones en alguno o algunos de los miembros del Consejo de Dirección Territorial, salvo las relativas a la presidencia del Consejo de Dirección.

        6. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, el Coordinador será  sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por aquél de sus miembros que el propio Consejo de Dirección Territorial decida.

      Art. 42.- El Consejo de Dirección Territorial:
      1. El Consejo de Dirección, bajo la dirección del Coordinador,  dirige la política del partido en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma, y por lo tanto es el encargado de aplicar en dicho ámbito la política definida por los Congresos Territoriales, en el marco de los principios y fines detallados en los presentes Estatutos.


      2. Son competencias del Consejo de Dirección Territorial las siguientes:

      a) Ordenar, coordinar y dirigir las actividades del partido en cada Comunidad Autónoma. Adaptando la estrategia general a las necesidades y peculiaridades de cada Autonomía, en coordinación con las directrices políticas emanadas de los órganos de dirección del partido, y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales de ámbito autonómico.
      Reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa Autonómico del partido.
      b) Elaborar los correspondientes Programas Electorales de ámbito autonómico, con respeto a las directrices fijadas por el Programa-marco correspondiente, para su posterior aprobación por el Consejo Político Territorial.
      c) Proponer al Consejo de Dirección, previa aprobación del Consejo político Territorial,  la política de alianzas con otras fuerzas políticas en el ámbito de todas las instituciones de la Comunidad Autónoma, incluyendo en su caso las de ámbito provincial y local. Y en general coordinar y dirigir las relaciones del partido con todo tipo de instituciones, asociaciones, sindicatos, corporaciones y en general grupos sociales de su ámbito territorial, con la aprobación del Consejo político Territorial

      d) Dirigir la gestión económica y administrativa del partido en la Comunidad, bajo la supervisión y control del Consejo de Dirección y la Gerencia del partido. Anualmente deberá elaborar el correspondiente Presupuesto que deberá ir acompañado de una Memoria explicativa para su posterior traslado y aprobación por el Consejo de Dirección, previa aprobación del Consejo Político Territorial.
      e) Coordinar la labor de los Consejos Provinciales y Locales de su ámbito, y de sus representantes institucionales, marcando líneas comunes de actuación política y arbitrando en los posibles conflictos y discrepancias que pudieran surgir, con la aprobación del Consejo político Territorial.
      f) Dirigir la tarea de implantación y expansión del partido en la Comunidad, proponiendo al Consejo de Dirección la creación de las correspondientes Agrupaciones Locales, y designando en su caso a los Delegados Municipales o Comarcales. Igualmente podrá recabar de los órganos territoriales del partido de ámbito inferior cuanta información considere necesaria, y en caso de urgente necesidad para restablecer la actividad normal del partido proponer al Consejo de Dirección medidas de intervención en alguno de estos órganos.
      g) Desarrollar y dirigir, en coordinación con los órganos centrales correspondientes, y dando cuenta al Consejo Político Territorial, las campañas electorales que se celebran en su ámbito geográfico, para lo que podrá delegar la totalidad o parte de sus funciones en los correspondientes Comités de Campaña Autonómicos.
      h) Crear y dirigir los grupos de trabajo sectoriales de ámbito autonómico que considere oportunos, dando cuenta de ello al Consejo Político Territorial.
      i) El seguimiento político y el control de la labor del Gobierno y demás instituciones autonómicas, con la aprobación del Consejo Político Territorial.
      j) Convocar el Congreso Territorial y el Consejo Político Territorial.

      k) Ocuparse de la comunicación ordinaria con los afiliados y simpatizantes de su Comunidad, facilitándoles la información necesaria para mantenerles al corriente de la actividad del partido e impulsar su participación.

      3. El Consejo de Dirección Territorial está constituido por el Coordinador  y un número de Consejeros de entre 6 y 14. El Coordinador  nombrará a los restantes miembros del Consejo de Dirección Territorial para someter los nombramientos a la aprobación del Consejo Político en la inmediata sesión posterior al Congreso Territorial. Los Consejeros propuestos por el Coordinador  resultarán designados si el Consejo Político no se opone por mayoría absoluta al nombramiento de cualquiera de ellos.

      El Coordinador  habrá de contar con un Consejo de Dirección en el que figuren  los siguientes Consejeros:

      - Responsable de Organización
      – Responsable de Estudios y Programa
      – Responsable de Expansión
      – Responsable de Acción Institucional
      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad discrecional del Coordinador, hasta completar el número de 15 miembros.

      4.- El Consejo de Dirección Territorial se reúne a convocatoria del Coordinador.
      Las deliberaciones del Consejo de Dirección son reservadas, aunque se harán constar en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiere sobre las decisiones recaídas.
      Podrá constituir dentro de su seno comisiones para asuntos específicos en los que delegue la facultad de decisión sobre los mismos.
      5. En caso de dimisión, incapacidad, fallecimiento, baja en el partido o suspensión disciplinaria que afecte al propio Coordinador,  el Consejo de Dirección Territorial, presidido por el Consejero responsable de Organización, en reunión convocada al efecto, deberá nombrar una Gestora que le sustituirá en sus funciones, mantendrá la actividad ordinaria del partido y convocará un Congreso Extraordinario a celebrar en el plazo de tres meses.

      Art. 43.- 1. El Consejo Político  Territorial es el órgano encargado de la deliberación  normación y control político del partido. Su ámbito de actuación abarca las cuestiones políticas no cubiertas por los Acuerdos y Resoluciones del Congreso y ejerce el control último sobre el resto de órganos de dirección del partido en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma así como sobre sus cargos públicos y representantes institucionales.
      2. Son competencias del Consejo Político Territorial, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en estos Estatutos, las siguientes:
      a) Deliberar y aprobar, rechazar o enmendar, las propuestas del Consejo de Dirección Territorial referentes al desarrollo de los programas-marco municipal y autonómico a los que deberán sujetarse los órganos territoriales en la elaboración de los programas específicos de su correspondiente ámbito geográfico.

      b)  Deliberar y aprobar, rechazar o enmendar, las propuestas del Consejo de Dirección Territorial referentes  a las líneas generales de la estrategia electoral del partido en el ámbito autonómico.
      c) Aprobar anualmente el Presupuesto ordinario del partido y la Memoria Económica presentada por el Consejo de Dirección Territorial.
      d) Ratificar los nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Dirección Territorial propuestos por el Coordinador Territorial, o rechazarlos mediante veto aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.

      e) Podrá exigir, en su caso, la responsabilidad política del Coordinador Territorial del partido mediante la presentación por 15 de sus miembros de una moción de censura, que para prosperar deberá obtener el respaldo de la mitad más uno de sus miembros en sesión convocada al efecto. De resultar aprobada, el propio Consejo Político Territorial nombrará una Comisión Gestora en sustitución del Consejo de Dirección, que se encargará de convocar un Congreso extraordinario dentro del plazo de tres meses.

      f) A propuesta de 15 de los miembros del Consejo Político Territorial, éste someterá a votación una moción de desconfianza contra cualquiera de los miembros del Consejo de Dirección Territorial, con la excepción del Coordinador, que para ser aprobada deberá contar con más votos a favor que en contra. Su aprobación obligará al Coordinador a destituirlo y nombrar un sustituto, que será designado si no se oponen a ello la  mitad más uno de los miembros del Consejo Político Territorial.

      g) Aprobar, a propuesta del Consejo de Dirección Territorial, las normas de carácter reglamentario previstas en estos Estatutos y cuantas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de los mismos.
      h) Aprobar las iniciativas  de uniones, federaciones y coaliciones con otros partidos y grupos políticos, propuestas por el Consejo de Dirección Territorial que hayan de ser sometidas a la aceptación de los órganos nacionales de dirección del Partido .

      3. El Consejo Político Territorial estará formado por 75 miembros elegidos en el Congreso correspondiente, mediante listas abiertas, por el voto directo y secreto de los delegados asistentes. Los miembros del Consejo de Dirección Territorial tendrán voz, pero no voto. Las mayorías cualificadas necesarias para adoptar decisiones en el Consejo Político se modificarán en función del número de consejeros que tengan voto en cada momento.

      Su mandato expirará  cuando se dé inicio a las sesiones de cada nuevo Congreso Territorial.


      4. Se abrirá un periodo de treinta días, que terminará  10 días antes de la fecha de inicio del Congreso Territorial, para que los candidatos puedan presentar su candidatura ante la Comisión Electoral. No se exigirá aval de ningún tipo para la presentación de cada candidatura. En la web del partido se habilitará un espacio con el fin de que puedan darse a conocer todos aquellos candidatos que lo deseen. Este espacio estará bajo la supervisión de la Comisión Electoral.
      Cada delegado emitirá un único voto, en el que designará como máximo a un número igual de candidatos que el de puestos a cubrir (75). Resultando elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.
      En caso de empate, los puestos se cubrirán por sorteo.
      5. El proceso de votación estará en todo momento bajo la supervisión y control de la Comisión Electoral, que podrá valerse de personal externo bajo su dirección con el fin de agilizar el proceso.
      6. Las discusiones y debates del Consejo Político Territorial estarán dirigidos por una Mesa compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que levantará Acta de los acuerdos adoptados. En la primera sesión que se celebre tras el correspondiente Congreso, se elegirá por mayoría de votos a los miembros del Consejo que constituirán la Mesa para todo el periodo congresual.
      7. Se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año y en sesión extraordinaria cuantas veces lo requiera la naturaleza de sus funciones y lo acuerde el Coordinador del partido, o a solicitud de al menos 1/3 de sus miembros que deberán aportar el orden del día propuesto.

      Adoptará  sus acuerdos por mayoría simple, excepto aquellos para los que según los presentes Estatutos se requiera una mayoría cualificada, y se entenderá válidamente constituido siempre que asistan al mismo la mitad más uno de sus miembros.
      8. Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con, al menos, quince días naturales de antelación. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con la urgencia que requiera el caso. En todas las convocatorias ordinarias del Consejo Político Territorial se incorporará al orden del día un apartado relativo a ruegos y preguntas.
      9. En la última sesión del año, el Consejo de Dirección Territorial emitirá un Informe sobre la actividad política desarrollada a lo largo del año y presentará los presupuestos ordinarios para la anualidad siguiente, junto con la memoria de la situación económica del partido.

      Art. 44.- Los Consejos Provinciales:
      1. Los Consejos Provinciales son los órganos encargados de:
      – Coordinar el trabajo de las distintas Agrupaciones Locales del partido en cada Provincia.
      – Promover las actividades encaminadas a la expansión del partido en la Provincia.
      – Desarrollar bajo la dirección y supervisión del Consejo Territorial y los Comités Electorales correspondientes, las campañas y tareas electorales que se precisen.
      – Constituirse como Comisión Electoral delegada y dependiente de la nacional en todos los proceso de elecciones primarias internas, y de elección del Consejo de Dirección y los Consejos Territoriales.
      2. Sólo en el caso de que en una Provincia existan constituidas y en funcionamiento más de tres Agrupaciones Locales se creará éste órgano con carácter permanente, en otro caso actuará sólo para el desempeño de las funciones electorales y de campaña, y las tareas de expansión coordinación de las Agrupaciones Locales de la Provincia serán encargadas por el Consejo Territorial a Delegados permanentes.
      3. En el caso de las Comunidades Autónomas Uniprovinciales no existirá éste órgano y sus funciones serán asumidas por el Consejo Territorial.
      4. Estará constituido por un representante de cada una de las Agrupaciones Locales existentes en la Provincia, que será designado por cada Consejo Local y un representante designado por el Consejo Territorial. En su primera reunión designará a la persona que actuará como Presidente que será el encargado de convocar y dirigir sus reuniones, y al Secretario que será el encargado de levantar el correspondiente Acta de las reuniones que celebre.

      Art. 45.- Las Agrupaciones Locales:
      1. La Agrupación Local es el órgano básico de participación, integración y relación de los afiliados y simpatizantes del partido.
      Constituye el primer espacio de participación orgánica y el principal cauce para promover la participación de la ciudadanía en su nivel de actuación correspondiente. Sirve además como cauce para recoger y transmitir las preocupaciones, sugerencias e iniciativas de los ciudadanos.
      Desarrollarán su labor política en su ámbito de actuación y colaborarán con otras Agrupaciones y con los órganos de ámbito superior en el desarrollo de la política del partido.
      2. Cada afiliado puede participar en la Agrupación Local más próxima a su domicilio o a su lugar de trabajo, en todo caso sólo podrá estar adscrito a una Agrupación Local, a tal fin, se hará constar en el Libro de Registro de Afiliados la Agrupación a la que está adscrito.
      3. El ámbito básico de las Agrupaciones Locales será el municipio, pero no obstante podrán crearse Agrupaciones Locales que abarquen ámbitos geográficos superiores como comarcas o islas, cuando el nivel de afiliación no permita crear una agrupación independiente o las condiciones socioeconómicas o políticas indiquen que es lo más conveniente para desarrollar el correspondiente trabajo político.
      De igual modo podrán crearse Agrupaciones Locales de ámbito inferior al municipal en aquellas poblaciones cuyo tamaño y nivel de afiliación así lo permita y que abarcarán partes homogéneas de un mismo término municipal.
      4. La creación de Agrupaciones Locales, así como su fusión, escisión o agrupación, será competencia exclusiva del Consejo de Dirección previo informe del Consejo Territorial. Para su creación será necesario que agrupen un mínimo de 20 afiliados. Por debajo de esa cifra el Consejo Territorial nombrará Delegados Municipales o Comarcales que coordinarán el trabajo de los afiliados en ése área e impulsarán la labor de implantación del partido.
      5. Los órganos de la Agrupación Local son la Asamblea y el Consejo Local.

      Art. 46.- La Asamblea Local:
      1. Es el órgano máximo de la Agrupación Local y está formada por la totalidad de afiliados al partido adscritos a una determinada Agrupación Local.
      Se reunirá una vez al
      semestre trimestre, en sesión ordinaria para debatir el Informe que le remitirá el Consejo Local, y en sesión extraordinaria cuando lo acuerde el Consejo Local o lo soliciten al menos el 30 % de los afiliados adscritos que deberán aportar el Orden del Día que se propone.
      Llegado el momento de la renovación de cargos se constituirá en Congreso Local que procederá a la elección de un nuevo Consejo y a la aprobación de las Resoluciones y Acuerdos correspondientes a su ámbito de competencias.
      2.
      La Asamblea estará presidida por el Coordinador Local o persona en quien éste delegue y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Local que levantará Acta de los acuerdos adoptados.

      La Asamblea Local estará presidida por una Mesa elegida al comienzo de cada sesión y compuesta por un Presidente y un Secretario de Actas.

      3. Son competencias de la Asamblea Local, amén de aquellas otras que le puedan ser atribuidas por estos Estatutos o sus Reglamentos de desarrollo:
      a) Aprobar a propuesta del Consejo Local los programas electorales de su ámbito geográfico correspondiente, respetando en todo caso los Programas-marco municipal y autonómico.
      b) Ratificar los nombramientos de nuevos miembros del Consejo Local a propuesta del Coordinador Local.
      c) Debatir el Informe semestral que presentará el Consejo Local.
      En el caso de que éste resulte rechazado por el voto en contra
      de al menos 2/3 de los votos emitidos, siempre que representen al menos la mitad más uno de los afiliados adscritos, de la mitad más uno de los votos de los afiliados presentes, el Consejo deberá convocar Congreso Local extraordinario para la elección de nuevos cargos en el plazo de un mes.

      Art. 47.- El Consejo Local:
      1. Al frente de cada Agrupación Local estará el Consejo Local que como máximo órgano ejecutivo será el encargado de dirigir la acción política del partido en el ámbito local. Es el órgano elegido por la Asamblea Local ante la que responde, debiendo presentar el correspondiente Informe cada
      seis tres meses.
      2. Entre otras funciones será competencia del Consejo Local:
      a) Ordenar, coordinar y dirigir las actividades del partido a nivel local.
      Adaptando la estrategia general a las necesidades y peculiaridades de su ámbito geográfico propio, en coordinación con las directrices políticas emanadas de los órganos superiores, y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales de ámbito local. Reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al programa local del partido,
      dando cuenta de ello en la sesión inmediata de la Asamblea local.
      b) Elaborar los correspondientes Programas Electorales de ámbito local, con respeto a las directrices fijadas por los Programas-marco municipales, para su posterior aprobación por la Asamblea Local.
      c) Coordinar y dirigir las relaciones del partido con todo tipo de instituciones, asociaciones, sindicatos, corporaciones y en general grupos sociales de su ámbito territorial,
      con informe preceptivo a la Asamblea Local.
      d) Dirigir la gestión administrativa del partido en su ámbito propio, elaborando su propio Presupuesto, bajo la supervisión y control del Consejo Territorial y el responsable financiero-administrativo territorial, y mantener operativas y abiertas al público las sedes del partido.
      e) Desarrollar la tarea de implantación y expansión del partido en su ámbito propio.
      f) Desarrollar y dirigir, en coordinación con los órganos centrales correspondientes, las campañas electorales que se celebran en su ámbito geográfico, para lo que podrá delegar la totalidad o parte de sus funciones en el correspondiente Comité de Campaña Local.
      g) El seguimiento político y el control de la labor del gobierno local y demás instituciones de su ámbito.
      h) Convocar la Asamblea Local y el Congreso Local
      i) Mantener la comunicación ordinaria con los afiliados y simpatizantes de su ámbito, facilitándoles la información suficiente sobre la actividad del partido en el ámbito local. Y colaborar en el diseño, coordinación y desarrollo de cuantas campañas y programas se
      diseñen aprueben para propiciar la participación de afiliados y simpatizantes.
      j) Impulsar y coordinar las tareas formativas del partido.


      3.
      El Consejo Local debe ser un órgano operativo que adecue su tamaño y estructura a las necesidades de la acción política en su ámbito, estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 10 miembros y será elegido por el voto individual, directo y secreto de la totalidad de afiliados adscritos a cada Agrupación Local en el marco del correspondiente Congreso Local.
      Los criterios generales y el procedimiento para su elección serán los mismos que los contemplados para el Consejo de Dirección y el Consejo Territorial en los artículos 29 y 39 de estos Estatutos.
      Su mandato tendrá una duración de entre tres y cuatro años coincidiendo con el mandato ordinario de los órganos de dirección del partido. Se procederá a su renovación en el periodo inmediatamente posterior a la celebración de los Congresos Territoriales del partido, no pudiendo en ningún caso superar el plazo de dos meses.
      La candidatura al Consejo Local deberá ser presentada por el que se postule como Coordinador y necesitará ir únicamente avalada por la firma de todos sus miembros, designando de forma nominal al menos los siguientes cargos:
      – Coordinador
      – Responsable de Organización
      – Responsable de Política Local
      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad de autoorganización de cada candidatura.
      4. El Consejo Local se reunirá con la frecuencia que por sí misma acuerde, y al menos una vez al mes, sus decisiones se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la reunión y que asistan al menos la mitad de sus miembros.
      5. Sus deliberaciones son reservadas, se harán constar en el correspondiente Acta que levantará quien desempeñe las funciones de Secretario y estarán a disposición de todos y cada uno de sus miembros, del Consejo Territorial y del Consejo de Dirección del partido.
      6. El Coordinador ostenta la máxima representación del partido en el ámbito local, coordina su acción política, preside las reuniones del Consejo Local en las que dispondrá de voto de calidad y es el portavoz cualificado del mismo en su ámbito territorial para todas las cuestiones atribuidas estatutariamente a la competencia del Consejo Local.
      No obstante podrá delegar la función de portavoz de forma total o parcial y ya sea temporal o permanentemente, en algún otro miembro del Consejo.
      7.
      Igualmente preside las reuniones de la Asamblea Local.

      8. El Coordinador podrá  reasignar tareas y funciones dentro del Consejo sin limitación. Y para el caso de que no se haya completado el número máximo de miembros posibles al inicio de su mandato, en función de las necesidades y el desarrollo del partido, podrá nombrar nuevos miembros hasta completar el número máximo posible. Nombramientos que someterá a la ratificación de la siguiente Asamblea Local Ordinaria.

      9. La Asamblea Local habrá de convocarse para debatir y votar una moción de censura contra el Consejo Local cuando así  lo soliciten un mínimo del quince por ciento de los afiliados. Para prosperar, la moción de censura habrá de obtener el respaldo de la mitad más uno de los miembros de la Agrupación Local en sesión convocada al efecto. De resultar aprobada, el propio Consejo Local nombrará una Comisión Gestora que lo sustituya, y que habrá de convocar un Congreso extraordinario dentro del plazo de tres meses.

      10. A propuesta de del quince por ciento de los miembros de la Agrupación, se convocará sesión de la misma para somete a votación una moción de desconfianza contra cualquiera de los miembros del Consejo Local, con la excepción del Coordinador. Para ser aprobada deberá contar con más votos a favor que en contra. Su aprobación obligará al Coordinador a destituir al Consejero reprobado y nombrar un sustituto, que será designado si su designación cuenta con más votos a favor que en contra.


      11. En caso de dimisión, incapacidad, fallecimiento, baja en el partido o suspensión disciplinaria que afecte a un número inferior a la mitad más uno de los miembros del Consejo Local, el Coordinador podrá nombrar los correspondientes sustitutos que someterá a la ratificación de la siguiente Asamblea Local Ordinaria.
      Si alguna de estas circunstancias afectase al propio Coordinador o a un número de miembros por encima de la cifra señalada, el Consejo Territorial nombrará una Gestora que sustituirá al Consejo en sus funciones, mantendrá la actividad ordinaria del partido y convocará una Asamblea Local Extraordinaria en el plazo de un mes.
      En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida al Coordinador el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por el miembro del Consejo de más antigüedad en el partido.

      TITULO III
      Del Régimen Económico y Patrimonial del partido

      Art. 48.- Del Régimen Patrimonial, principios.-
      El partido ostenta plena capacidad jurídica y de obrar, constituyendo su patrimonio el conjunto de bienes y derechos que le pertenecen o que pueda adquirir y de los que podrá disponer o enajenar por cualquier título.
      El partido someterá su actuación económica a los siguientes principios:
      a) Objetivo esencial en será el conseguir que el partido disponga del mayor grado posible de independencia económica y financiera para el desarrollo de su actividad. Procurando recurrir en la medida de lo posible a la financiación mediante recursos propios.
      b) Todas las actividades que se programen deberán ir acompañadas de su correspondiente previsión de gastos y fuentes de financiación.
      c) El partido funcionará con el criterio de caja única, tanto para los cobros como para los pagos de los gastos en que se incurra.
      d) Se procederá con la mayor austeridad posible en la asunción de compromisos de gasto de todo tipo.
      e) La gestión económico-financiera del partido recaerá en personas de perfil profesional acreditado, encuadradas dentro de la Gerencia del partido y que estarán al margen de su estructura política.

      Art. 46.- Recursos y presupuestos:
      1. Los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas y aportaciones de sus afiliados, por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine anualmente, por las subvenciones públicas a las que tenga derecho conforme a lo establecido por la Ley, por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.
      2. El Consejo de Dirección dentro del Proyecto de Presupuesto y Memoria Económica que debe presentar anualmente para su aprobación por el Consejo Político, fijará:
      – El importe de la cuota a satisfacer regularmente por los afiliados; en todo caso deberá contemplarse una cuota reducida para aquellas personas que de forma temporal o permanente dispongan de escasos recursos.
      – El importe de las aportaciones extraordinarias que, en su caso, deban satisfacer los afiliados.
      – El sistema de participación de los órganos territoriales en los recursos e ingresos del partido, a fin de determinar una distribución solidaria y equitativa de los mismos.
      3. El ejercicio económico del partido, incluyendo a todas las organizaciones territoriales, tendrá la duración del año natural y se cerrará al 31 de diciembre de cada año. Reglamentariamente se establecerá el contenido, la forma y los plazos en los que las organizaciones territoriales enviarán al Consejo de Dirección el informe anual de su actividad económica.
      4. Todas las organizaciones territoriales elaborarán un presupuesto anual de ingresos y gastos, junto con una memoria explicativa de los mismos, que deberán enviar al Consejo de Dirección en la forma y los plazos que reglamentariamente se determinen.
      5. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones, se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.
      6. Las organizaciones territoriales no podrán incurrir en déficit, debiendo ajustar su estructura de costes a sus ingresos. Llevarán un Registro de Proveedores, y en cada sede existirá un Registro de Bienes Inventariables.

      Art. 47.- De la Gerencia.-
      La gestión económico-administrativa del partido será responsabilidad de un Gerente profesional, de perfil exclusivamente técnico, que no podrá participar en ningún órgano del partido, ni ostentar cargo público alguno.
      Será responsable de la correcta ejecución de los presupuestos acordados por los órganos competentes y para su labor contará con los correspondientes recursos económicos, materiales y humanos. Dependerá funcionalmente del Responsable de Organización del partido.

      Art. 48.- De los Apoderamientos.-
      En todo caso será el Consejo de Dirección el encargado de otorgar cuantos poderes sean precisos para el correcto funcionamiento y gestión en el ámbito de la Administración y Finanzas del partido.
      Las facultades que se incluyan en dichos poderes, se revocarán automáticamente tras la celebración del Congreso correspondiente, debiéndose otorgar otros nuevos.

      TITULO IV
      Régimen de los cargos públicos del partido

      CAPITULO PRIMERO
      Principios de actuación. Incompatibilidades

      Art. 49.- Principios. Grupos Institucionales:
      1. Los cargos públicos del partido, ya lo sea en su calidad de cargos electos o como cargos de libre designación, son la vía para la acción política del partido en las diversas Instituciones democráticas, por ello en su actuación deberán defender en todo momento los Principios y Fines del partido explicitados en los presentes Estatutos, las Resoluciones y Acuerdos de los correspondientes Congresos del partido y los Programas Electorales concretos con los que el partido concurra a las distintas elecciones.
      2. Los cargos públicos del partido dispondrán de la autonomía necesaria para trasladar la acción política concreta a las Instituciones, respetando en todo caso las competencias que les corresponden a los órganos de dirección del partido y a los órganos territoriales en sus distintos niveles.
      Todos los cargos públicos del partido deberán respetar el Código de Buenas Prácticas Públicas que se recoge en el Cápitulo II, Título IV de estos Estatutos. Deberán atender a este respecto los requerimientos que les efectúe la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas del partido, para que aporten información complementaria sobre su situación patrimonial o sobre actividades económicas con las que estén relacionados. El incumplimiento de la obligación de aportar los datos solicitados o de colaborar con la Oficina constituirá una falta disciplinaria grave y conllevará, previo apercibimiento, la supresión temporal de militancia del afectado o afectada.
      3. Los Grupos Institucionales estarán formados por el conjunto de los candidatos elegidos en las listas electorales del partido en las Instituciones de ámbito nacional, autonómico, provincial, insular y local. Su regulación concreta se regulará por la correspondiente norma reglamentaria.
      En todo caso la Presidencia y portavocía del grupo le corresponderá al candidato que haya concurrido en el primer lugar de la correspondiente lista electoral.
      En su actividad ordinaria cada Grupo Institucional podrá estar asistido de su correspondiente gabinete técnico y administrativo, que dependerá directamente de la presidencia del Grupo.
      Los Grupos Institucionales no aceptarán en su seno a quienes al tiempo de las elecciones figurasen integrados en la candidatura de otra formación política.
      Todos los Grupos Institucionales del partido deberán elaborar un Informe anual sobre sus actividades que remitirán al órgano deliberativo de su correspondiente nivel (Consejo Político, Asamblea Territorial y Asamblea Local).

      Art. 50.- Declaración de Bienes:
      1. Todos los candidatos en listas del partido deberán presentar una declaración de bienes y actividades con anterioridad a la aprobación definitiva de la lista por el órgano competente en cada ámbito.
      Esta declaración se presentará ante el Responsable de Organización del correspondiente Consejo, que será el encargado de su custodia en condiciones de absoluta confidencialidad.
      El incumplimiento de la obligación de declarar podrá determinar la exclusión del candidato de la correspondiente lista.
      2. Los cargos públicos de libre designación deberán presentar ésta declaración
      de forma previa a su toma de posesión, ante la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas del partido. Que a su vez tendrá acceso para el desarrollo de su función a las declaraciones prestadas por los candidatos electos.
      3. Respecto a los candidatos electos y cargos públicos de libre designación, estarán obligadas a presentar otra declaración al finalizar su mandato o al cesar en el cargo para el que fueron nombradas.

      Art. 51.- Incompatibilidades:
      1. No será posible simultanear la percepción de ingresos como cargo público, ya lo sea en calidad de cargo electo o de libre designación, y la percepción de remuneración por el propio el partido.
      2. No será posible desempeñar dos cargos públicos electivos en representación del partido de forma simultánea. No se tendrá en cuenta a este respecto aquellos otros cargos inherentes o derivados del principal.
      3. Ninguna persona designada por el partido podrá desempeñar un mismo cargo público de carácter ejecutivo electivo más de dos legislaturas completas consecutivas. El resto de cargos públicos electos no podrá acumular más de tres legislaturas completas consecutivas.
      4. Para poder ocupar un cargo público electo o de libre designación en nombre del partido que implique dedicación completa, será requisito necesario poder acreditar el desempeño previo de algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, o actividad empresarial de cualquier tipo, durante al menos tres años.
      5. Será incompatible el desempeño de un cargo ejecutivo en algún órgano interno del partido y el desempeño simultáneamente de un cargo público también de carácter ejecutivo. Se exceptúan los casos de Portavoz del partido y Coordinador Territorial o Coordinador Local, en su propio ámbito de actuación.

      CAPÍTULO SEGUNDO
      Del proceso de elaboración de candidaturas

      Art. 52.- Selección de candidatos:
      1. La elección de las personas que encabecen las candidaturas y que optarán en nombre del partido a Presidente/a del Gobierno, Presidente/a de Comunidad Autónoma, Alcalde/sa, Presidente/a del Cabildo, del Consejo Insular o de la Diputación Provincial; y también el/la cabeza de lista al Parlamento Europeo y los/las cabezas de lista de cada Provincia en las Elecciones Generales y en las correspondientes Elecciones Autonómicas se decidirá mediante elecciones primarias.
      2. En el caso de candidato a Presidente/a del Gobierno y cabeza de lista para las Elecciones Europeas:
      a) El censo de electores para la elección, estará compuesto por la totalidad de afiliados del partido, de alta y en plenitud de derechos a la fecha en que se acuerde la correspondiente convocatoria electoral. Y los simpatizantes inscritos en el correspondiente censo con un año al menos de antigüedad
      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. También podrán presentarse aquellos candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo de Dirección.
      c) El Consejo de Dirección decidirá por qué Provincia concurre el candidato/a para la Presidencia del Gobierno.
      d) Se votará por Provincias, constituyéndose el Consejo Provincial (Consejo Territorial en las CCAA Uniprovinciales) en Comisión Electoral Provincial que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, etc.)
      3. En el caso de candidatos a Presidente/a de Comunidad Autónoma:
      a) El censo de electores que pueden participar en la elección estará compuesto por la totalidad de afiliados y simpatizantes de la correspondiente Comunidad Autónoma de alta y en plenitud de derechos a la fecha en que se acuerde la convocatoria electoral y que acrediten al menos un año de antigüedad en el partido.
      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. También podrán presentarse aquellos candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo Territorial.
      c) Se votará en toda la CCAA, constituyéndose el Consejo Territorial en Comisión Electoral Territorial que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, proclamación de candidatos, etc.).
      4. En el caso de candidatos a Alcalde/sa:
      a) El censo de electores que pueden participar en la elección, estará compuesto por la totalidad de afiliados y simpatizantes del correspondiente Municipio en plenitud de derechos a la fecha de la convocatoria electoral, y que acrediten al menos un año de antigüedad en el partido.
      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados del Municipio de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. También podrán presentarse aquellos candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo Local
      c) Se constituirá el Consejo Local en Comisión Electoral Local que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, proclamación de candidatos, etc.). En el caso de que exista más de un Consejo Local dentro del mismo Municipio, El Consejo Territorial procederá a nombrar una Comisión Electoral Local con igual número de representantes de cada uno de los Consejos Locales del Municipio.
      5. En el caso de cabeza de lista en cada Provincia, para las Elecciones Legislativas y Autonómicas. Así como en las elecciones a Presidente de Cabildos, Consejos Insulares, Diputaciones Provinciales y Juntas Generales:
      a) El censo de electores que pueden participar en la elección estará compuesto por la totalidad de afiliados y simpatizantes de la correspondiente Provincia o Isla, de alta y en plenitud de derechos a la fecha en que se acuerde la convocatoria electoral y que acrediten al menos un año de antigüedad en el partido.
      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados del correspondiente censo provincial de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. Y los candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo Provincial o el Consejo Territorial en su caso.
      c) El Consejo Provincial se constituirá en Comisión Electoral Provincial e Insular que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, proclamación de candidatos electos, etc.).
      6. La elaboración del resto de la candidatura en los diversos procesos electorales se basará en los principios de: mérito y capacidad, representatividad y proyección social de los candidatos, igualdad de todos los afiliados para acceder a los cargos públicos y cumplimiento de la normativa relativa a la composición paritaria de las listas.
      Una vez finalizado el proceso de primarias o en el caso de que éstas quedasen desiertas, corresponderá a los Consejos Territoriales y Locales, proponer la composición de las listas correspondientes, siguiendo los criterios anteriormente señalados y teniendo en cuenta la trayectoria personal, profesional y política de los candidatos, y en su caso, los resultados obtenidos en las elecciones primarias.
      Para las listas provinciales, los Consejos Provinciales remitirán al Consejo Territorial su propuesta de lista.
      Los Consejos Territoriales y Locales antes de su remisión al Consejo de Dirección someterán las listas al dictamen de la Asamblea Territorial o Consejo Político Territorial en su caso, y de las Asambleas Locales, excluyéndose a los candidatos elegidos mediante el sistema de primarias.
      7. Las listas de candidatos completas serán remitidas al Consejo de Dirección para su aprobación definitiva.
      El Consejo de Dirección tendrá la facultad exclusiva de aprobar de forma definitiva la composición de las listas. Se excluye de esta aprobación los candidatos elegidos en primarias. Respecto de estos y en función de su trayectoria o perfil público si considera su candidatura dañosa para la imagen pública del partido o incapaces para ejercer un cargo de representación política, sólo cabe remitir la correspondiente objeción razonada al Comité de Garantías del partido que deberá pronunciarse de forma inmediata sobre su idoneidad o no, su decisión decidirá de forma definitiva la cuestión.
      En este supuesto el puesto del candidato desplazado pasará a ser ocupado por el siguiente que más votos haya obtenido.
      8. En el caso de las Elecciones Europeas el Consejo de Dirección será el encargado de la confección de la lista,
      que someterá a la aprobación del Consejo Político. Los candidatos habrán de ser aprobados nominalmente por el Consejo Político, siendo rechazados aquellos que obtengan una votación adversa de la mitad más uno de los miembros del Consejo Político.

      antes de aprobarla de forma definitiva la someterá  al dictamen consultivo del Consejo Político.
      9. Igualmente el Consejo de Dirección podrá, por sí mismo o por delegación del Consejo Territorial, completar las listas incompletas, llenar las vacantes o presentar listas completas allí donde por cualquier causa, no se haya podido elegir por el sistema estatuido.

      Art. 53.- Campañas de elecciones primarias. Comisión Electoral:
      1. Los afiliados con derecho a presentar candidaturas tendrán los mismos medios para promoverla en las circunscripciones en las que se presenten. Tendrán derecho a convocar reuniones electorales en las sedes del partido, a recabar el apoyo de otros afiliados, y a disponer en la intranet del partido de un espacio donde exponer su candidatura como crean conveniente, guardando siempre el respeto debido y cumpliendo con las obligaciones impuestas por estos Estatutos.
      En ningún caso se facilitarán los listados y datos personales de afiliados y simpatizantes.
      2. La Comisión Electoral es el órgano máximo de dirección de todo el proceso de elecciones primarias, así: aprobará los censos definitivos de afiliados con derecho a ser elegidos y elegibles, establecerá el calendario, resolverá con carácter definitivo las posibles reclamaciones que puedan surgir contra los acuerdos y resoluciones de los Consejos Territoriales, Locales y Provinciales en ésta materia y completará en su caso la regulación existente mediante las oportunas Resoluciones de obligado cumplimiento.

      CAPITULO TERCERO
      Código de Buenas Prácticas Públicas

      Art. 54.- Alcance y responsabilidad:
      1. Se establece una regulación general de los deberes básicos de los cargos orgánicos y de los cargos públicos del partido fundada en principios éticos y reglas de comportamiento comúnmente aceptadas, que amplia y completa los derechos y deberes de los afiliados contemplados en el Capítulo Primero, del Título I de estos Estatutos.
      2. Estas reglas afectan a todos los afiliados del partido. No obstante, dado que la condición de cargo orgánico del partido y de cargo público comporta una especial responsabilidad que va más allá del límite legal y estatutariamente establecido, con obligaciones específicas para con los ciudadanos, el propio partido y la imagen trasladada a la sociedad, a ellos van dirigidas de modo especial.
      3. Las siguientes reglas de conducta, como límite de las actuaciones permitidas a los cargos orgánicos y sobremanera a los cargos públicos del partido y tengan o no la condición de afiliados, les obligan en cuanto representantes públicos del partido.
      4. En ningún caso podrá interpretarse el presente Código como una pauta moral para juzgar los comportamientos y conductas privadas, sin transcendencia pública ni relación con el desempeño del cargo público, de los afiliados y cargos del partido.
      5. La infracción de estos principios llevará aparejada la correspondiente responsabilidad disciplinaria, amén de aquellas otras que quepa exigir en cada caso. Resultará competente para iniciar el correspondiente expediente informativo en los términos recogidos en el art. 32 de los presentes Estatutos, la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas.

      Art. 55.- Código de Buenas Prácticas:
      1. La actuación de los cargos orgánicos y de los cargos públicos del partido se fundamenta en tres pilares: Integridad, Responsabilidad y Transparencia.
      2. Desarrollados a su vez en los principios de: interés público, independencia, confidencialidad, liderazgo, dedicación al servicio, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez.
      3. Y concretadas en las siguientes pautas de conducta:
      a) Los cargos públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales, con lealtad a los principios y fines del partido y al Programa votado por los ciudadanos, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y al margen de cualquier otro factor que exprese intereses personales, familiares, corporativos, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
      b) Los cargos públicos deben salvaguardar tanto su independencia como la imagen de ésta para garantizar la integridad y la credibilidad de su labor.
      Por ello se abstendrán y evitarán intervenir en aquellos asuntos en los que obtengan un beneficio personal para ellos o para su entorno (personas relacionadas por sangre o matrimonio u otros con los que mantenga una estrecha relación personal o financiera a menos que hayan hecho la correspondiente declaración de intereses y haya recibido el correspondiente permiso por parte de la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas), así como en toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
      c) Sin menoscabo del interés general o de la legalidad, guardarán secreto de las materias que puedan perjudicar a los intereses del partido u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo o afiliación, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público o del partido.
      d) Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan en función de su cargo. Y el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará cumpliendo las asistencias, la jornada y el horario necesario para alcanzar los objetivos de su cargo.
      e) Actuarán con lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
      f) Actuarán basados en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna
      g) Se abstendrán no solo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, sino también de cualesquiera otras que al trascender a la vida pública puedan comprometer la imagen del partido o de la institución de la que forman parte.
      h) Administrarán los recursos del partido y los bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
      i) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus compañeros de partido y a los empleados públicos.
      j) Se mantendrán accesibles durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas e informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
      k) Se asegurarán de mantener una conducta irreprochable, respetando los principios de estos Estatutos, manteniendo la buena reputación y la credibilidad del cargo que ostentan, y vigilando que el partido y la institución no se pongan en riesgo a resultas de sus actuaciones.
      l) No ejercerán presiones o su influencia sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
      m) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
      n) Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
      o) Los cargos públicos, los cargos orgánicos y los afiliados en general, sin la aprobación del Consejo de Dirección, tienen prohibida la distribución dentro del partido o de la Institución en la que desarrollan su actividad de cualquier tipo de información, documentación o material ajeno al partido o a la Institución Pública, para cualquier entidad, empresa o actividad que no esté permitida de manera expresa.
      p) Los cargos públicos y los afiliados que por razón de su cargo han accedido a cualquier recurso, suministro, material, equipos, u otros materiales tienen prohibido usarlos fuera de su función original.
      q) Para garantizar la credibilidad de su labor, la imagen y la reputación de la Institución, los cargos públicos deben trasmitir una conducta responsable hacia sí mismos y en prestigio de la función pública desarrollada.

      Art. 56.- Declaración de intereses:
      1. A los efectos de estos Estatutos se entiende por entorno: personas relacionadas por descendencia, ascendencia, consanguinidad o matrimonio u otras con los que mantenga una estrecha relación personal o económica.
      2. Todos los cargos públicos deben revelar a la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas cada acuerdo o situación de este tipo:
      a) La contratación de un miembro de su entorno en la administración pública (instrumental incluida) en la que desarrolla su tarea o la aceptación de una oferta de empleo privada que considere tiene el potencial de generar un conflicto de intereses.
      b) La adjudicación de un contrato o concesión público si implica un beneficio para él o su entorno, o privado si tiene el potencial de generar un conflicto de interés.
      c) La participación en cualquier proyecto empresarial, fundación, o relación con la administración de forma personal o a través de miembros de su entorno, si tiene el potencial de generar un conflicto de interés.

      Art. 57.- Clausula de Discrepancia:
      1. Los afiliados y cargos públicos del partido podrán acogerse a la Cláusula de Discrepancia en aquellas cuestiones no recogidas en los Principios y Fines del partido, en las Resoluciones Congresuales o en el Programa del partido, y además en los casos en que así lo habilite el Consejo de Dirección.
      2. En su virtud los afiliados y cargos públicos podrán:
      a) Negarse a pronunciarse, actuar proactivamente, tomar parte en actividades de apoyo, o tomar decisiones a favor, en asuntos que entrando en los supuestos previstos en el apartado anterior, queden dentro de la esfera interna o de la interpretación ideológica o política de la persona. Sin que por ello se les pueda coaccionar, sancionar o expulsar.
      b) Negarse a participar en cualquier actuación que vulnere la legalidad o los principios éticos descritos en el Código de Buenas Prácticas en estos Estatutos.
      c) Siempre que concreten que es una opinión personal, expresar su discrepancia pública sobre determinados asuntos con el partido, de forma leal y respetuosa, y sin exceder de los límites establecido en los arts. 7 y 8 de estos Estatutos.

      DISPOSICIÓN ADICIONAL.
      Al Consejo de Dirección le corresponde elaborar los correspondientes Reglamentos de desarrollo de los presentes Estatutos que deben ser aprobados por el Consejo Político. Al menos existirán las siguientes normas reglamentarias: Reglamentos de Funcionamiento de los órganos colegiados del partido, Reglamento de Congresos y Asambleas, Reglamento de afiliación, Reglamento Disciplinario y Reglamento de Control Financiero Administrativo.

      DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

      La aprobación de esta enmienda a la totalidad de la Ponencia de Organización y Estatutos obliga a suspender temporalmente la vigencia de los Estatutos aprobados hasta el momento en que se puedan convalidar las irregularidades cometidas en el proceso precongresual.

      Dicha convalidación se articulará en las siguientes medidas:

      1.- Se anulan las sanciones aprobadas hasta el momento en ejecución de expedientes derivados de discrepancias políticas referidas  al modelo de partido deseable para UPyD. Los afiliados sancionados recuperarán automáticamente todos sus derechos.

      2.- Este Congreso hace un llamamiento a todos aquellos que hayan abandonado el Partido para que vuelvan al mismo a fin de recuperar y realizar el Proyecto Fundacional.

      3.- Se cancelan los procedimientos discipinarios incoados hasta el momento por razones análogas a las del apartado primero.

      3.- El Congreso elegirá una Comisión Gestora compuesta por tres personas que actuará como órgano superior del Partido desde la finalización del Congreso, y a la que se le encomienda la tarea de preparar un Congreso constituyente en las debidas condiciones procedimentales y democráticas, a realizar en la primavera del año próximo, de acuerdo con los estatutos aprobados en las sesiones del Congreso celebradas hasta el día de hoy.

      4.- El Congreso elegirá  una Comisión Electoral, de acuerdo con las normas aprobadas en el mismo, que será la encargada de velar por las condiciones en que se vaya a celebrar el Congreso Constituyente, complementando y ejecutando las decisiones de la Comisión Gestora.

      5.- El Congreso elegirá  unas Comisiones de Garantías y de Finanzas, de acuerdo con las normas aprobadas en el mismo, que cumplirán las funciones que les encomiendan los presentes Estatutos hasta el momento de la celebración del próximo Congreso Constituyente.

      6.- A fin de preparar el Congreso Constituyente, la Comisión Gestora propondrá unas normas y calendario de elección de Comisiones gestoras transitorias de ámbito territorial y local, que se encargarán de aplicar las decisiones de aquélla hasta el momento de la celebración del Congreso Constituyente en primavera.

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. SEGUNDA
      En tanto no se aprueben los Reglamentos correspondientes, permanecerán vigentes con el carácter de normas reglamentarias las denominadas “Recopilación de Normas de Organización” aprobadas por el Consejo de Dirección de fecha 6 de febrero de 2009, en todo lo que no se oponga a los presentes Estatutos.

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. TERCERA
      En el plazo de tres meses desde la finalización del
      presente Congreso Nacional Congreso Constituyente a celebrar el año próximo, deberán celebrarse los correspondientes Congresos Territoriales para renovar los cargos actuales y adaptar la estructura del partido a las disposiciones recogidas en los presentes Estatutos.
      Su calendario de celebración lo fijará el Consejo de Dirección en el plazo de un mes desde la finalización
      de este I Congreso del Congreso Constituyente. A tal fin dictará las normas necesarias para su celebración conforme a las reglas generales recogidas en los presentes Estatutos.
      Igualmente en el plazo de dos meses desde la finalización de los correspondientes Congresos Territoriales, se deberán celebrar los Congresos Locales correspondientes a las Agrupaciones Locales ya constituidas y que se adapten a los criterios recogidos en los presentes Estatutos. A los Consejos Territoriales les corresponderá fijar el calendario, y reordenar la situación de los actuales Comités Electorales Locales de su CCAA para convertirlos en las Agrupaciones Locales que corresponda, elevando la correspondiente propuesta al Consejo de Dirección para su aprobación.

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA CUARTA
      Para los comicios que se celebren en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de los presentes Estatutos no resultarán aplicables las exigencias de periodo de antigüedad mínimo en el partido a la hora de optar como candidato electoral.

      DISPOSICIÓN FINAL
      Los presentes Estatutos
      entran en vigor el mismo día de su aprobación por el I Congreso de UPyD entrarán en vigor parcialmente, en los aspectos necesarios para llevar a término la disposición transitoria primera, desde el momento de la finalización de este Congreso. Entrarán en vigor en su totalidad en el momento de la celebración del próximo Congreso Constituyente, y sólo podrán ser modificados por el propio Congreso del partido.

      Yo creo que lo ha visto todo el mundo. Lo que no estoy seguro es que se le haya dado la importancia que tiene. La trampa. El más viejo truco de la demagogia popoulista. Estos tíos, que a cualquier control democrático dentro del partido le llaman “asamblearismo” -sin que asome ninguna asamblea por nigún sitio, se ponen a motivar a todo potito para que se dediquen a redactar enmiendas a las ponencias emanadas de dios mismo.

      - ¿Mande?

      Que sí, que estamos todos los bomberos de UPyD haciendo enmiendas por nuestra cuenta. Y Gorka el primero, que ya tiene varias.

      - ¿Habrá algo más democrático?

      Sí, lo hay. Lo mismo, pero con un detalle añadido, nada baladí: se llama libertad de reunión.

      El síntoma / ejemplo más claro lo tenemos en el relato de nuestra corresponsal en la sierra:

      … hubo otra persona que preguntó si le aceptarían como enmienda el Manifiesto Fundacional, porque no le cuadraba lo del Federalismo y que quería dejar tal cual lo relativo a finanzas, y se pusieron bastante moscas (los tres), incluso Luisa le preguntó qué por qué “le chirriaba” lo del Estado Federal. Procusto sentenció que si se tocaba ese tema había que hacer una enmienda a la totalidad que era bastante trabajoso y complicado………en fín que me dió la impresión de que desde su pedestal despreciaba al pueblo llano asistente (sonrisita en boca) descalificándolo como para que se hiciese una enmienda a la totalidad.

      Y tiene toda la razón Procusto. Suele tenerla, menos cuando se sale del tiesto.

      Tienes por una parte al equipo directivo trabajando durante meses en las ponencias que se presentan al congreso, y con toda la consultoría pagada que necesiten. Y ahora … ¡que opinen y propongan los afiliados! Pero que opinen y propongan desde la indefensión de la soledad de cada uno. O como mucho, desde el pequeño grupito que puedan organizar en su ámbito muy local, si tienen la suerte de vivir en una localidad con un Coordinador Territorial medio normal. Si viven en Vizcaya, olvídalo. La reunión fuera de la sede del partido supone la recriminación inmediata del aparato, y en acta escrita. Y reuniones en la sede ni hay, ni se esperan. Divide y vencerás.

      Así que cuatro o cinco afiliados que se conocen y comparten preocupaciones pueden, como mucho, fijarse en algún problema parcial de los estatutos. Y redactar una enmienda que llegará al Consejo de Dirección junto a muchos otros cientos, donde será convenientemente “agrupada” junto a otras, a criterio del mismo Consejo de Dirección que ha redactado la ponencia. O directamente tirada a la papelera.

      Ante la pregunta de un asistente sobre como se solucionaría si hay un “enmendante” que no sale elegido delegado y por lo tanto no puede defender su enmienda, Procusto se salió por la tangente diciendo que “por experiencia” sabe que la mayoría de las enmiendas se van a agrupar porque muchas personas opinan igual de ciertos temas, y que por lo tanto que no se preocupara porque en el hipotético caso de que sucediera la enmienda iba a ser defendida.

      Y ya sabemos lo que dan de sí las papeleras en UPyD. Las cosas no se pierden -¡No, no, no!, pero tampoco vuelven a aparecer nunca más.

      ¿Alguna posibilidad de que los afiliados preocuados por un tema, se reunan, hablen,  organicen y consulten, a nivel nacional, para hacer las propuestas en las mismas condiciones que ha tenido el Consejo de Dirección? Posibilidades técnicas las hay todas. Impedimentos por parte del partido, todos y más. ¿Y alguna posibilidad de una enmienda a la totalidad? Sí, la posibilidad de sufrir la sonrisita sarcástica de Procusto.

      Por que esa es otra. El partido se puede organizar de muchas maneras. Y los estatutos vigentes marcaban una manera, y también la forma de cambiar los propios estatutos. Pero los dioses han decidido cambiar esa forma, sin tener en cuenta las normas para cambiar los estatutos. Justo, justo, lo miso que protestan de la chapuza del nuevo Estatuto de Cataluña. ¿Alguien ha visto una discusión, siquiera un amago de debate, sobre ese cambiazo? ¿Ha contado para algo la opinión de lo afiliados? Tú mismo.

      - ¡Pero hombre, si pueden hacer enmiendas!

      Claro, y Procusto dice: -contesta tú, que a mí me da la risa.

      O la broma del Estado Federal Cooperativo. Ya es ponencia oficial, a pesar de que la afiliación esté en contra. Tal vez no te importe la forma de organizarse el partido. Chorradas organizativas, según nuestros intelectuales. Y sin embargo son las chorradas que permiten que te encalomen lo de la Cooperativa Federal esa, que al parecer sí te importa. Con lo que tal vez resulte que en realidad te importan ambas. Y ya no puedes hacer nada, que a Procusto le hace gracia.

      Imagina que por un casual no les sale lo del Federlasimo Molón, u otra de las cosas concretas que te molestan,a tí y a la mayoría. Ni siquiera importa. Lo que importa es que tienen el esquema para que les salgan otras. Y van a cerrar el sistema.

      Todo por el pueblo, sin el pueblo. Es el resumen del Despotismo Ilustrado, o de la Dictadura Benevolente. Pero no está muy claro donde han escondido la ilustración, ni la benevolencia.

      http://plazamoyua.files.wordpress.com/2009/08/aparatrix.jpg?w=510

      Nota previa:

      Es la enmienda completa preparada por el profesor Bouza-Brey, sobre la base de adaptar el sistema que plantea la ponencia oficial a un partido más convencionalmente democrático, con sus necesarios “checks and balances“, o con menos concentración y descontrol del poder. Ha tenido en cuenta las opiniones expresadas aquí. Está editada en forma de poder estudiarla, con colores que marcan lo que se añade y se quita de la ponencia oficial. Lo tachado en azul es lo que se quita, y en azul sin tachar es lo que se añade. Mañana pondre el documento listo para su presentación, en la forma que hay que hacerlo en la web del partido. No habrá más que copiar y pegar cada texto en su correspondiente “caja” o sección.

      Cualquiera que le guste la enmienda es libre y es invitado a usarla para presentarla. La idea es obvia: nadie puede alegar que se critica sin proponer nada constructivo y muy democráticamente aceptable a cambio. Ni mucho pretender que se trata de “ensoñaciones asamblearias” (Pombo), a la vista la vista de este texto. Es muy fácil descalificar -sin conocimiento de causa, desde un periódico a los críticos que no tienen acceso a los periódicos. Pero resulta un poquito … ¿abusón?

      Se recomienda usar la versión de “Word”, decsragable de este enlace –>.

      ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA PONENCIA DE ORGANIZACIÓN Y ESTATUTOS

      JUSTIFICACION

      Esta enmienda a la totalidad se fundamenta en varias razones:

      1.- La ponencia de Organización y Estatutos diseña un sistema de gobierno del Partido basado en algunos rasgos del presidencialismo, pero descompensado por carecer de los mecanismos de freno y contrapeso de dicho sistema. La consecuencia es que se atribuye un poder desmesurado, ya no sólo a un Portavoz personal al que se podría atribuir la responsabilidad de las decisiones, sino a un Consejo de Dirección de 21 miembros, elegido por los afiliados en el momento del Congreso, al que es imposible controlar durante los tres años de duración del mandato. El hecho de que se establezca el requisito de una mayoría de dos tercios para poder aprobar una moción de censura contra el Consejo de Dirección, en un Consejo Político compuesto por 150 miembros, de los cuales 21 son componentes del Consejo de Dirección, transforma le exigencia de una mayoría tan alta en una cuasi unanimidad, pues obliga a contar con 100 votos favorables a la moción de entre 129, tarea casi imposible. Y si pensamos en los Coordinadores Territoriales como parte del “aparato”, entonces serían necesarios 100 votos de un total de 110 elegidos directamente por los afiliados.

      El Consejo Político como representación de la Asamblea General de los afiliados, en los intervalos entre Congresos, que según la Ley de Partidos debe ser el órgano superior del partido (art. 7 L.O. 6/2002, de 27 de junio), carece de instrumentos de control efectivos del Consejo de Dirección.

      Además se otorgan poderes amplísimos al Consejo de Dirección en muy diversos ámbitos de la vida política del Partido, tales como la capacidad de resolución de expedientes disciplinarios, la decisión de coaliciones electorales sin intervención del Consejo Político; la designación de miembros de la Comisión Electoral, la interpretación de las normas del partido, la defensa de la “imagen” del partido si entra en conflicto con la opinión de los afiliados, la gestión exclusiva del censo, la comunicación hacia y entre los afiliados, y otras.

      La consecuencia de este poder desmesurado y sin contrapesos del Consejo de Dirección es que se configura un poder cesarista del Portavoz, circundado por la guardia pretoriana del resto del Consejo de Dirección, que además pueden ser reelegidos por tres o dos mandatos más. En síntesis, se configura un sistema de gobierno del Partido que no reúne los requisitos mínimos para ser considerado democrático, vulnerando de este modo la Constitución y la Ley de Partidos.

      2. -La posible ilegalidad y nulidad de pleno derecho del Reglamento Congresual aprobado por el Consejo Político, que puede vulnerar los estatutos y privar de su capacidad decisoria al Congreso (o Asamblea General, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos) para adoptar las decisiones más importantes del Partido, como es el diseño de sus órganos superiores de decisión (art. 7, 2 de la susodicha Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio).

      En efecto, en el preámbulo del Reglamento, así como en distintos artículos del texto normativo (art. 6; art. 8; art. 30; y art. 31, A) y C), D)) se modifica de raíz la previsión estatutaria del procedimiento de convocatoria y funcionamiento del Congreso, y se predetermina la estructura de los órganos de Dirección:

      1. En el art. 6 del Reglamento se atribuye al Consejo de Dirección la competencia de rechazar aquellas enmiendas “incoherentes con el objetivo de las ponencias”, como podrían ser, por ejemplo las enmiendas referentes al Reglamento del Congreso.

      2. En el art. 8 se atribuye el carácter de Delegados natos en el Congreso a todos los miembros del Consejo de Dirección, independientemente de la voluntad de los afiliados y contraviniendo el art. 11,3 de los Estatutos.

      3. En el art. 30 se altera antiestatutariamente el procedimiento de elección de los órganos de dirección, vulnerando los arts. 11, 5 , 12,1 y 12,1 f) de los Estatutos, que dicen que los órganos de dirección serán elegidos por el Congreso, que el Consejo de Dirección será elegido por el Congreso, y no por los afiliados, y que el Portavoz del Partido será nombrado por el Consejo de Dirección.

      1. En el art. 31 D) se diseña un procedimiento de elección del Consejo de Dirección por los afiliados, mediante presentación de candidaturas por los candidatos a portavoz, que habrán de presentar cada uno de ellos candidaturas de 21 miembros, que habrán de ser votadas en listas cerradas, completas y bloqueadas mediante votación por sistema mayoritario.

      Este artículo vulnera el art. 12, 1 de los Estatutos, que establece que el número máximo de miembros del Consejo de Dirección será el de veinte, de entre los cuales se elegirá un portavoz, y que serán elegidos en el Congreso, y no por loa afiliados.

      1. En el art. 31, A) se establece que habrá 19 Coordinadores territoriales que serán miembros natos del Consejo Político, contraviniendo el art. 12,2 de los Estatutos, que sólo atribuye esta cualidad a los 20 (no 21) miembros del Consejo de Dirección.

      Por estas razones, de modificación antiestatutaria de los Estatutos, el Reglamento Congresual es ilegal y nulo de pleno derecho, invalidando la convocatoria del Congreso.

      3.- El modelo de partido establecido en la Ponencia deriva su fundamento de la concepción del mismo que se mantiene en los apartados 68 y siguientes de la Ponencia Política, por lo que también complementa a esta enmienda a la totalidad de la Ponencia de Organización y Estatutos una enmienda parcial a los apartados mencionados de la Ponencia Política.

      4.- La enmienda a la totalidad diseña un modelo de partido alternativo al de la Ponencia de Organización y Estatutos, basado en el principio de organización presidencialista del Partido, no sólo en el ámbito central, sino también local, pero equilibrado con “checks and balances” que permitan simultáneamente un liderazgo fuerte y unos controles eficaces, frente a esta delegación de poder por tiempo limitado a unas personas, como Portavoz (Presidente), o Coordinadores Territoriales.

      La razón que justifica este modelo alternativo es que la Constitución y la Ley establecen la obligatoriedad de la estructura y funcionamiento democráticos de los partidos políticos españoles. Además de que, por parte de quienes presentan esta enmienda, se tiene el convencimiento de que no es posible Regenerar democráticamente España con procedimientos y estructuras antidemocráticas que lo que harían sería acentuar el distanciamiento de políticos y ciudadanos, corromper el proyecto fundacional del Partido y ayudar a la destrucción del sistema político español, sustituyéndolo por una oligarquía cada vez más cerrada y corrupta orientada exclusivamente a la satisfacción de sus intereses particulares.

      TEXTO QUE SE PROPONE

      TITULO PRELIMINAR

      DISPOSICIONES GENERALES

      Art. 1.- Denominación:

      • 1. Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado UNION PROGRESO y DEMOCRACIA.
      • 2. Sus siglas son UPyD.
      • 3. El símbolo del partido será un rectángulo con bordes redondeados, excepto el superior izquierdo en ángulo recto, con el fondo de color magenta, dentro del cual se incluye en letras blancas en tamaño grande las primeras letras de cada una de las cuatro palabras que componen su denominación, y debajo el nombre completo del partido “Unión Progreso y Democracia”.
      • 4. Este logotipo podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de Dirección, sin necesidad de modificar los presentes Estatutos, modificación que deberá ser ratificada posteriormente por el Consejo Político.

      Art. 2.- Ámbito:

      Unión Progreso y Democracia es un partido político de ámbito de actuación nacional, creado para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos.

      Así como para promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones.

      Art. 3.- Principios y fines:

      Unión Progreso y Democracia de acuerdo a su Manifiesto Fundacional y basándose en la idea de la ciudadanía democrática, es decir de la igualdad en libertad que supone iguales leyes para todos y todos iguales ante las leyes, encuentra el fundamento de su actividad en la defensa de los siguientes principios:

      • Defensa de una política progresista. Lo que supone creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad, mediante la lucha contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material.
      • Defensa de la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos.
      • Defensa de una España plural de ciudadanos iguales y distintos en el marco de un Estado de Derecho unitario y descentralizado.
      • Defensa de un Estado laico, es decir neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los Derechos Humanos y con nuestro Ordenamiento Jurídico y también ante la creencia de los que no creen en religión alguna; y laico también en materia identitaria, impidiendo que los ciudadanos se vean forzados a integrarse contra su voluntad en determinado modelo identitario.
      • Defensa de un Estado que amén de una política fiscal justa y equitativa promueva la redistribución de la riqueza socialmente acumulada mediante el mantenimiento de unos servicios públicos básicos de calidad, gestionados con eficiencia y accesibles en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente del territorio en que residan.

      Con respeto a su Manifiesto Fundacional y a los anteriores principios, la actividad del partido se concreta en la práctica política a través de las Resoluciones y Programas adoptados democráticamente por los órganos competentes y se orientará a la consecución de los siguientes fines específicos:

      • 1- Promover la regeneración y renovación del sistema y las instituciones democráticas de España, preservando el carácter unitario y descentralizado del Estado, mejorando el sistema electoral, la representación de la ciudadanía, la democracia interna de los partidos políticos, la transparencia de su financiación, así como las reglas para establecer pactos poselectorales y otras medidas conducentes a limitar los mandatos de los representantes, potenciar la vinculación entre representantes y representados, y la capacidad de iniciativa política de la ciudadanía.
      • 2- Promover la reforma de la Constitución española de 1978 para mejorar la separación de poderes, potenciar la igualdad y la libertad de las personas, y cerrar el modelo de organización territorial dando a todas las comunidades autónomas las mismas competencias y reservando al Estado ciertas competencias intransferibles con vistas a garantizar su viabilidad, la solidaridad interterritorial y la gobernabilidad del Estado.
      • 3- Promover una reforma de la legislación electoral española congruente con los fines específicos citados.
      • 4– Promover cualquier política adecuada para el progreso de las libertades y la igualdad jurídica de los ciudadanos españoles, con independencia del lugar de España donde residan, así como de su lengua, orientación sexual e ideas políticas, religiosas, identitarias o de cualquier otra clase.
      • 5– Promover y defender aquellas políticas y medidas sociales, económicas, educativas, científicas, medioambientales o de cualquier otro ámbito, sean municipales, autonómicas, nacionales e internacionales, que:

      A) Potencien y protejan la libertad e igualdad de las personas y la cohesión nacional de la ciudadanía contra las políticas regionales centrífugas, antiigualitarias y discriminatorias.

      B) Potencien y protejan la solidaridad y bienestar social, la igualdad fiscal y jurídica, y el derecho a la iniciativa empresarial, al trabajo y a las prestaciones sociales básicas y universales.

      C) Potencien y protejan la cooperación internacional, y muy particularmente la integración de Europa hacia formas superiores de organización democrática.

      D) Potencien y protejan la laicidad de la educación y de las instituciones públicas, y el impulso, difusión y acceso al conocimiento, la educación y la investigación científica y humanística.

      E) Se opongan activamente a la difusión del fanatismo, la ignorancia, el fundamentalismo político o religioso y la justificación del terrorismo y de la violencia y la discriminación política en cualquiera de sus formas

      F) Protejan el medio ambiente, la herencia natural y la biodiversidad.

      • 6- Promover políticas que favorezcan la proyección internacional de España, contribuyan al fortalecimiento de la Unión Europea y promuevan las relaciones pacíficas entre los distintos países del mundo, así como el desarrollo económico y social de los menos favorecidos.
      • 7- Apoyar y desarrollar en el futuro cualquier otra política congruente con la consecución de estos fines generales en cualquier nuevo ámbito.

      Art. 4: Domicilio.

      El domicilio social está en la calle Orense 25, 6º B, 28020 de Madrid. El domicilio podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de Dirección, sin necesidad de modificación de los presentes Estatutos.

      TITULO I

      DE LOS AFILIADOS, SIMPATIZANTES Y REGIMEN DISCIPLINARIO

      CAPITULO PRIMERO

      Afiliados. Derechos y deberes

      Art. 5: Afiliados.

      Podrán ser afiliados de Unión Progreso y Democracia los españoles, mayores de edad, que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar y no pertenezcan a otro partido político. Los ciudadanos de otros Estados podrán ser afiliados en los términos contemplados en la legislación vigente.

      Art. 6: Admisión.

      La cualidad de miembro del partido se adquiere previa solicitud del interesado, por acuerdo del Consejo de Dirección, con el visto bueno de la Agrupación local, y su inclusión en el censo correspondiente.

      Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, en donde constarán los datos de altas y bajas definitivas.

      Art. 7: Derechos de los afiliados.

      • 1.- A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir como delegado a los Congresos del partido, todo ello de acuerdo con los presentes Estatutos y Reglamentos de desarrollo.
      • 2.- A ser electores y elegibles para los cargos del mismo, respetando las limitaciones impuestas estatutaria y reglamentariamente.
      • 3.- A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración y sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica.
      • 4.- A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los Estatutos.
      • 5.- A proponer candidaturas y listas electorales, tanto en elecciones internas del partido como en elecciones públicas a las que concurra el partido, según los procedimientos legal y estatutariamente previstos, recibiendo respuestas razonadas de los órganos competentes.
      • 6.- A proponer modificaciones del programa electoral del partido, congruentes con los fines específicos expresados en estos Estatutos y según el procedimiento que estatutaria y reglamentariamente se establezca.
      • 7.- A divulgar sus propuestas en el interior del partido con el apoyo de los órganos de direccióny de acuerdo a los procedimientos previstos, con vistas a mantener debates internos sobre cuestiones de política general o sectorial y de programa, y sobre asuntos de la organización. 8.- El derecho a la asistencia y protección externa por el propio partido, frente a los ataques injustos que pueda recibir por su actividad política en nombre del mismo; y a la protección interna, mediante la actuación imparcial y equitativa de los órganos competentes.
      • 9.- El derecho al control político de los cargos públicos y responsables del partido, basado en una información veraz, en la libre expresión y el respeto a las personas, y con sujeción al lugar y tiempo reglamentariamente establecidos.
      • 10.- A expresar públicamente sus puntos de vista sobre cuestiones políticas o de interés general, manifestando sus acuerdos o desacuerdos con la línea oficial del partido; y siempre que se exprese de forma leal y respetuosa con la dignidad de las personas y no sea susceptible de inferir grave daño a la imagen pública del partido, cuando así lo interprete la Comisión de Garantías a instancias del Consejo de Dirección o la Coordinadora implicada.
      • Art. 8: Obligaciones de los afiliados.

      1.- Compartir los principios y finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas.

      2.- Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás normativa interna así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del partido.

      3.- Respetar pública y privadamente el buen nombre y la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados.

      4.- Guardar secreto de las deliberaciones y, en su caso, de los acuerdos de los órganos de dirección y grupos institucionales a los que pertenezcan y observar las pautas de comportamiento que exige el respeto al principio de la democracia interna y la salvaguarda del pluralismo.

      5.- Devolver al Partido la representación institucional que ostenten en nombre de éste cuando se den de baja voluntariamente, cuando abandonen sus grupos institucionales y cuando así sean requeridos como consecuencia de sanción disciplinaria firme o medida cautelar dictada por los órganos competentes, salvo en el caso de los cargos electivos, al prohibirse el mandato imperativo en la Constitución.

      6.- Realizar una declaración notarial de bienes e intereses como candidato y cargo público en los términos recogidos en estos Estatutos y de acuerdo con el formato y el procedimiento que al efecto se establezca. Y respetar en el ejercicio de su actividad institucional el Código de Buenas Prácticas contemplado en el art. 55 de estos Estatutos.

      7.- Participar en los procesos electorales como interventores o apoderados del partido cuando sean requeridos para ello.

      8.- Colaborar activamente en las actividades del partido y muy principalmente en las campañas electorales.

      9.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos y Reglamentos, puedan corresponder a cada uno.

      10.- Guardar secreto y custodiar debidamente los ficheros de datos de carácter personal a los que tengan acceso y que sólo podrán ser utilizados para los fines y accesos autorizados por el responsable de los mismos, obligaciones que perdurarán incluso después de que el afiliado se dé de baja del partido.

      Art. 9: Baja del afiliado.

      • 1.- La condición de afiliado del partido se extingue automáticamente por renuncia expresa del interesado debidamente comunicada por escrito, por fallecimiento y además por las siguientes causas:

      a) Por cualquier declaración o actitud que suponga el no acatamiento del orden constitucional.

      b) Por la afiliación a otro partido político y la integración en candidaturas diferentes a las de UPyD.

      c) Por realizar actos de propaganda o solicitar el voto a favor de otra formación política, agrupación electoral o cualquiera de sus candidatos, salvo que no concurriendo el partido en el correspondiente proceso electoral medie autorización expresa por parte del Consejo de Dirección.

      d) Por efectuar manifestaciones públicas reiteradas de discrepancia grave con los principios ideológicos o fines del partido recogidos en estos Estatutos, realizadas en actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de comunicación escrito o audiovisual o de cualquier medio de difusión que garantice la publicidad masiva del hecho.

      e) Por pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los de UPyD, cualquiera que fuera su ámbito político.

      f) Por la falta de pago de la cuota de afiliación durante un periodo de 6 meses, salvo que concurra causa de necesidad debidamente justificada. En el caso de los cargos públicos, por la falta de pago durante igual periodo de la aportación que en su caso pueda haberse fijado por el órgano competente.

      • 2.- La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado, que llevará aparejada además las suspensión de funciones e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su representación, la acordará de forma motivada el Consejo de Dirección, que podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier otro órgano del partido. se acordará a instancias del Consejo de Dirección, mediante resolución motivada y sumaria de la Comisión de Garantías, en un plazo de 15 días, previa audiencia del afectado. Este podrá recurrir la decisión, dando lugar a la apertura de un proceso contradictorio ordinario y con las debidas garantías ante la Comisión. El afectado podrá recurrir formulando las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 7 días hábiles ante la Comisión de Garantías, que resolverá de manera urgente y sin ulterior recurso en el plazo de 15 días.

      Art. 10: Simpatizantes.

      • 1.- Tienen la condición de simpatizantes aquellas personas que colaborando activamente con las actividades del partido, ya sea en las tareas de difusión de las ideas y principios del mismo, en tareas de formación política, dentro de los grupos de trabajo constituidos, como apoderados o interventores, en campañas electorales o en cualquier otro tipo de actividad; sin embargo no están dispuestos a adquirir la condición de afiliado.
      • 2.- La condición de simpatizante se adquiere por la incorporación voluntaria al correspondiente censo de simpatizantes. En ningún caso podrá formar parte del censo de simpatizantes quien ostente la condición de afiliado o simpatizante de otro partido político.
      • 3.- Los simpatizantes podrán participar en todos los actos públicos convocados por el partido y se les mantendrá informados a través de los cauces orgánicos correspondientes de sus actividades, sobre todo de aquellas cuestiones que afecten a la proyección externa y actividad institucional del partido. Podrán recibir formación política y ser seleccionados para formar parte de las candidaturas que el partido presente en los diferentes procesos electorales, en función de los requisitos de capacidad exigidos para los mismos.
      • 4.- Los simpatizantes podrán participar en las elecciones que se realicen por el procedimiento de primarias para la selección de candidatos del partido en los distintos procesos electorales, según se determine en la normativa reguladora de las mismas, para ello deberán cumplir la condición necesaria de tener una antigüedad mínima de 1 año de inscripción en el correspondiente censo de simpatizantes.
      • 5.- Los simpatizantes tendrán el deber de respetar la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados, así como de cumplir los Estatutos, Reglamentos y las resoluciones y acuerdos democráticamente adoptados por los órganos del partido en el marco de sus competencias estatutarias, y en la medida que a ellos les afecte.
      • 6.- Se perderá la condición de simpatizante por la comunicación expresa del deseo de darse de baja como tal del correspondiente censo; por el desarrollo de cualquier actividad contraria a los acuerdos, resoluciones y actividades que adopte y desarrolle el partido; por el incumplimiento de los deberes de respeto y lealtad para con el partido, sus órganos y afiliados; y por las mismas causas contempladas en el artículo anterior para la pérdida de la condición de afiliado.

      CAPITULO SEGUNDO

      Régimen Disciplinario

      Art. 11: Régimen disciplinario, principios.

      • 1.- Los afiliados sólo podrán ser sancionados en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en estos Estatutos y en el Reglamento Disciplinario que los desarrolle, mediante procedimientos contradictorios en los que se garantice a los afectados los siguientes derechos:

      - Imparcialidad del órgano encargado de tramitar el expediente de que se trate, a ser tratado con respeto y a la discreción durante la duración la tramitación del procedimiento.

      - Efectuar todo tipo de alegaciones y aportar cualquier tipo de prueba, tanto en los procedimientos relativos a la garantía de derechos como en los disciplinarios.

      - Audiencia en todos los procedimientos.

      - Que la resolución que ponga fin a cualquier procedimiento sea motivada, con expresión de la procedencia o no de ulterior recurso y el plazo para interponerlo, en su caso.

      - Demandar la adopción de medidas cautelares de suspensión del acto o resolución de que se trate en el supuesto de procedimientos de garantía de derechos.

      - Solicitar amparo por la vulneración de los derechos contemplados en los Estatutos.

      - Presentar recurso contra los acuerdos adoptados por los órganos directivos del partido.

      - Presunción de inocencia en todo procedimiento disciplinario.

      - Rehabilitación, una vez cumplida la sanción que fuera impuesta en el procedimiento disciplinario.

      Art. 12: Infracciones.-

      • 1.- Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias efectuadas por cualquier afiliado y que se encuentren tipificadas en los presentes Estatutos.

      Las infracciones podrán ser constitutivas de faltas muy graves, graves y leves.

      • 2.- Se considerarán faltas muy graves:

      a) El incumplimiento reiterado de los acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido y por sus grupos institucionales. Así como toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de dirección y representación del partido, o de los grupos institucionales del mismo.

      b) La condena por sentencia firme como autor de un delito doloso castigado con penas graves o que lleve aparejada la pena de inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público.

      c) Defender públicamente a título personal, de forma notoria y reiterada, opiniones o ideas claramente opuestas a los principios ideológicos o fines del partido recogidos en estos Estatutos.

      d) La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función en el partido.

      e) La negligencia en la custodia de documentos del partido que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos. Así como revelar a terceros cualquier acuerdo, resolución o decisión del partido o de sus grupos institucionales cuando se haya acordado guardar secreto o reserva sobre los mismos.

      f) Incurrir en cualquier forma de corrupción o tráfico de favores en el ejercicio de cargos públicos, o en actuaciones que de forma grave vayan en contra del Código de Buenas Prácticas estipulado en el art. 55 de estos Estatutos.

      g) Perteneciendo a un grupo institucional del partido, valerse de cargos elegidos en listas de otros partidos para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas, en contra de las directrices emanadas de los órganos competentes del partido.

      h) Incurren igualmente en falta muy grave quienes sin respetar los calendarios fijados para los procesos electorales internos establezcan o participen en grupos organizados, que con la publicidad o notoriedad de sus acciones perjudiquen los intereses y la imagen del partido, o la igualdad de oportunidades entre todos los afiliados.

      i) Y quienes cometan falta grave habiendo sido sancionados por resolución firme en los dos años anteriores por otra falta grave que haya ganado firmeza, y quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por dos o más faltas graves.

      j) Incumplir el deber de secreto y custodia o utilizar indebidamente y para fines particulares los ficheros de datos de carácter personal a los que se tenga acceso por razón de su actividad dentro del partido.

      • 3.- Se considerarán faltas graves:

      a) El incumplimiento reiterado de sus obligaciones como afiliado, así como de las funciones encomendadas por razón de su cargo orgánico.

      b) Las manifestaciones y acciones de todo tipo que excediendo la libertad de crítica recogida en el art. 7-10 de estos Estatutos desprestigien al partido, dañen su imagen pública y sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos o de sus grupos institucionales.

      c) El desacato y la obstrucción intencionada a las labores y decisiones de los órganos del partido y de los grupos institucionales del mismo, cuando no constituya una infracción muy grave.

      d) La ofensa personal grave a cualquier afiliado o que vaya destinada a menoscabar el prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados del partido y de sus miembros, cuando se produzcan con publicidad y transcendencia.

      e) Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le correspondan.

      f) El impedir injustamente a otro afiliado el ejercicio de los derechos que tiene reconocidos en estos Estatutos.

      g) La falta de asistencia reiterada e injustificada, por un miembro de cualquier órgano colegiado, a las reuniones del mismo para las que haya sido debidamente convocado, y previo apercibimiento de cometer una posible infracción.

      h) Causar daños o menoscabos de forma intencionada en el patrimonio del partido y utilizar el nombre de éste o sus bienes para el lucro personal.

      i) El desempeño de cualquier cargo público o de representación del partido sin respetar el Código de Buenas Prácticas recogido en el art. 55 de estos Estatutos, siempre que esa conducta no constituya infracción muy grave.

      j) La comisión de una falta leve cuando hubiese sido sancionado por resolución firme en los dos años anteriores por otras dos o más faltas leves que hayan ganado firmeza, y quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por tres o más faltas leves.

      • 4.- Se consideran faltas leves:

      a) Actuar con negligencia en el ejercicio de las funciones que les hubiera encomendado el Partido.

      b) Alterar el orden en cualquier reunión del Partido o desoír las indicaciones de quien presida la misma, relativas al comportamiento que debe tenerse en la misma y en relación con cualquier otro afiliado presente en la reunión.

      c) Cualquiera de las actuaciones recogidas en el apartado 3 de éste artículo cuando no revista gravedad.

      Art. 13: Sanciones.-

      • 1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:

      a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre dos y cuatro años.

      b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.

      c) Expulsión del partido.

      Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son excluyentes entre sí.

      • 2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:

      a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre seis meses y dos años.

      b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.

      Ambas sanciones no son excluyentes entre sí.

      Las infracciones leves podrán serán sancionadas con:

      a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo comprendido entre uno mes y seis meses.

      b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido en representación de éste por igual periodo de tiempo.

      c) Apercibimiento verbal o escrito.

      Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son

      excluyentes entre sí.

      Art. 14: Competencias.-

      • 1. El Consejo de Dirección. Es el órgano competente para iniciar e instruir y resolver instar la iniciación de los procedimientos disciplinarios y de garantía de derechos de los afiliados ante la Comisión de Garantías. En ambos supuestos podrá designar, entre sus miembros, un instructor encargado de tramitar los procedimientos y efectuar una propuesta de resolución del expediente o, en su caso, el archivo del mismo. En este supuesto, el Instructor deberá abstenerse de participar en la votación que resuelva el asunto en el Consejo.

      • 2. El Consejo Territorial. En el caso de infracciones leves acaecidas dentro de su ámbito geográfico que impliquen la sanción de apercibimiento podrá iniciar, instruir y elevar una propuesta de resolución del expediente al Consejo de Dirección que será el órgano que en todo caso emitirá la correspondiente resolución. iniciar e instruir dicha sanción, comunicándolo al afectado, enviando posteriormente el expediente a la Comisión de Garantías para la adopción de la resolución definitiva.

      • 3. La Comisión de Garantías. Resuelve en segunda y última instancia los recursos contra las resoluciones del Consejo de Dirección Es competente para designar a uno de sus miembros como Instructor de los expedientes disciplinarios instados por otros órganos del Partido. Posteriormente, resuelve los expedientes disciplinarios instruidos, conforme al procedimiento establecido en los Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo.

      En el caso de procedimientos disciplinarios que afecten a miembros del Consejo de Dirección será competente para iniciar, instruir y resolver en primera y única instancia.

      Art. 15: Prescripción y notificaciones.-

      • 1. Las infracciones prescribirán al año las muy graves, a los seis meses las graves y a los tres meses las leves. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento sancionador con conocimiento del presunto responsable, reanudándose de nuevo si el expediente sancionador se paraliza durante más de 30 días por causa no imputable al presunto responsable.
      • 2. Las sanciones prescribirán a los seis meses las muy graves, a los tres meses las graves y al mes las leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunique al infractor la sanción firme. La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de ejecución, con conocimiento del presunto responsable, reanudándose de nuevo si aquel se paraliza durante más de 30 días por causa no imputable al presunto responsable.
      • 3. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse a los interesados se realizarán de forma que quede constancia de su recepción. Como domicilio efectos de notificaciones y salvo que por parte del afiliado en alguno de sus escritos se notifique otro distinto, se tomará el que figure como tal en el correspondiente Libro Registro de Afiliados. La notificación intentada en éste domicilio surtirá plenos efectos a lo largo del procedimiento.

      Art. 16: Medidas cautelares.-

      • 1. En la hipótesis de cometer una infracción calificada de grave o muy grave, el supuesto infractor podrá ser suspendido de militancia y del ejercicio de su cargo en UPyD mientras se sustancie el procedimiento disciplinario, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9.2, con la finalidad de evitar perjuicios irreparables, y sin que en ningún caso prejuzgue el resultado final del expediente.
      • 2. Una vez terminado el procedimiento, se aplicará el tiempo pasado en esta situación de suspensión al tiempo de cumplimiento de la sanción. La potestad de establecer dichas medidas corresponderá al Consejo de Dirección que las adoptará de forma motivada, notificándolo a las partes interesadas en el procedimiento. Su decisión será irrecurrible.

      3. En el caso de adoptarse la medida cautelar de suspensión el expediente deberá finalizarse por resolución expresa en el plazo máximo de cuatro meses. Elevadas las actuaciones al Comité de Garantías a éste le corresponderá ratificar o dejar sin efecto la citada medida cautelar.

      Art. 17: Garantías del procedimiento disciplinario.-

      • 1. Sólo serán sancionables las acciones consumadas, descritas como infracciones en los presentes Estatutos.
      • 2. Únicamente podrán ser sancionados los afiliados de UPyD.
      • 3. La imposición de sanciones guardará proporcionalidad entre la gravedad del hecho tipificado como infracción y la sanción correspondiente.
      • 4. La graduación de la sanción se aplicará según los siguientes criterios:

      a) Naturaleza del perjuicio causado tanto externa como internamente al partido (influencia claramente negativa en la imagen pública del mismo, trastorno evidente en su vida interna, etc.)

      b) Existencia de intencionalidad.

      c) Reiteración en la conducta infractora.

      d) Reincidencia de infracciones de la misma naturaleza sancionadas con anterioridad.

      • 5. El procedimiento disciplinario se someterá al principio de celeridad.
      • 6. Las sanciones serán en todo caso individuales, valorándose en el caso de infracciones cometidas por varios afiliados su grado de participación, intención y culpa.
      • 7. Resultan igualmente de aplicación las garantías dispuestas por los presentes Estatutos en el art. 11.

      Art. 18: Cumplimiento de la sanción y rehabilitación posterior.-

      Una vez cumplida la sanción de suspensión de militancia, el afiliado se reincorporará al Partido con plenos derechos.

      En caso de sanción de expulsión, el sancionado podrá solicitar de nuevo, transcurridos cinco años, el reingreso. El Consejo de Dirección decidirá sobre la readmisión, oída la Comisión de Garantías. La Comisión de Garantías decidirá sobre la readmisión, oído el Consejo de Dirección.

      Art. 19: Concurrencia de Procedimiento Judicial.-

      • 1. Cuando existan abiertas actuaciones judiciales en relación con los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario, el Consejo de Dirección podrá acordar la suspensión del expediente hasta la finalización de la causa judicial abierta.

      El periodo de suspensión no computará a efectos de prescripción ni caducidad de las faltas, ni del expediente. Pudiendo además mantenerse la medida cautelar de suspensión de militancia en tanto dura la tramitación del procedimiento judicial.

      • 2. Cuando, como consecuencia de un proceso judicial motivado por acciones sancionables según el presente reglamento, el proceso termine con sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad y siempre que la misma no esté fundamentada en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse, continuar o reanudarse el correspondiente procedimiento disciplinario en los términos previstos en los presentes Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo.

      CAPITULO TERCERO

      Del Procedimiento de Garantía de Derechos

      Art. 20: Procedimiento de Garantía de Derechos, fines.-

      El procedimiento de garantía de derechos protege a todos los afiliados de posibles violaciones de los derechos reconocidos en estos Estatutos, originadas por actos, decisiones u omisiones de los órganos del Partido. El procedimiento podrá instarse de forma individual o colectiva por los afiliados del Partido.

      Este procedimiento no podrá utilizarse para resolver discrepancias en la interpretación de los fines, programa, estrategia o acción política del partido, adoptados por el órgano competente conforme a los Estatutos vigentes. Ni para cuestionar o recurrir algún procedimiento sancionador, o de elecciones primarias a cargos internos o a cargos públicos. Procesos estos que sólo podrán ser objeto de recurso por sus procedimientos específicos.

      Art. 21: Plazos y competencias.-

      El procedimiento se iniciará por cualquier afiliado mediante escrito, dirigido al Consejo de Dirección, escrito dirigido a la Comisión de Garantías, con comunicación simultánea al Consejo de Dirección, en el que se harán constar sucintamente los hechos denunciados, el derecho estatutario presuntamente vulnerado, pruebas o documentos que lo justifiquen, solicitud de adopción, en su caso, de medidas cautelares de suspensión del acto o decisión de que se trate.

      El plazo para la interposición del recurso será de tres meses a contar desde que sea pública la decisión o el acto de que se trate o desde que, hipotéticamente, debió de haberse producido el acto o decisión cuya omisión lo motiva.

      Art. 22: Procedimiento.-

      El Consejo de Dirección, La Comisión de Garantías, una vez recibido el escrito instando la apertura del procedimiento, iniciará el estudio de su admisión a trámite comprobando si los hechos expuestos en el mismo se ajustan al objeto del procedimiento y que el afiliado o afiliados no han causado baja en el partido.

      El plazo para pronunciarse sobre la admisión será de un mes a contar desde la fecha de recepción del escrito por el Consejo de Dirección la Comisión de Garantías. Y el plazo para dictar resolución, previa la correspondiente instrucción, con audiencia de las partes interesadas y del Consejo de Dirección, será de otro mes.

      A la vista de los hechos y fundamentos de derecho concurrentes la resolución podrá declarar la vulneración del derecho, ordenando el restablecimiento inmediato a la situación anterior adoptando las medidas necesarias o, en su caso, denegando el amparo y determinando la inexistencia de lesión del derecho.

      La resolución podrá ser recurrida ante la Comisión de Garantías en el plazo de 7 días hábiles, para ello se presentará escrito ante la Comisión de Garantías alegando lo que a su derecho convenga.

      La Comisión de Garantías resolverá en el plazo máximo de un mes. La resolución definitiva será comunicada a las partes interesadas y al Consejo de Dirección a fin de que éste proceda a su cumplimiento. Contra la resolución de la Comisión de Garantías no cabrá recurso posterior alguno.

      TITULO II

      ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL PARTIDO

      CAPITULO PRIMERO

      Estructura Orgánica del partido

      Art. 23.- Principios básicos de organización del partido, incompatibilidades:

      • 1. La organización y estructura general del partido se configura en orden a los siguientes principios básicos:

      a) El partido se constituye como un instrumento al servicio de la sociedad y de los ciudadanos para llevar a cabo un proyecto político concreto. Proyecto delimitado por el Manifiesto Fundacional y los principios y fines recogidos en los presentes Estatutos y desarrollado a través de las Resoluciones emanadas de sus Congresos y de los Programas y Acuerdos elaborados en aplicación de las mismas.

      b) La estructura organizativa del partido se basa en criterios democráticos y evita caer en el crecimiento burocrático innecesario, configurándose en torno a criterios de flexibilidad y agilidad orientados a cubrir las necesidades de la acción política. Entendida ésta como la actividad encaminada a trasladar el proyecto político del partido a las instituciones democráticas donde se toman las decisiones políticas, previo debate y aprobación democrática de las políticas en el interior del partido.

      c) El partido desarrolla su actuación política sobre todo el ámbito nacional bajo una dirección política unitaria, emanada directamente de la voluntad libre del conjunto de los afiliados; y se proyecta mediante una organización descentralizada a través de los Órganos Territoriales que la integran, a los que se reconoce plena autonomía para el ejercicio de sus competencias estatutarias, sin perjuicio de los necesarios principios de organización que aseguren su unidad, coordinación y eficacia.

      d) Los cargos orgánicos internos lo serán en todo caso como representantes de los afiliados de su ámbito respectivo, y en ningún caso como representación de ninguna entidad territorial determinada.

      e) Para optar a cualquier cargo en el partido, amén de los requisitos específicos que puedan exigirse en cada caso según los presentes Estatutos, será necesario estar afiliado y en el pleno ejercicio de los derechos como tal a la fecha en que se produzca la correspondiente convocatoria.

      f) Se garantiza a todos los afiliados la libertad de conciencia y de expresión en el seno del partido. La total libertad de discusión interna dentro de los distintos ámbitos de la organización, que se encauzará a través de los procedimientos y mecanismos establecidos estatutaria y reglamentariamente, constituirá la seña de identidad del partido. La participación y la corresponsabilidad de todos y cada uno de los afiliados se establece como eje fundamente de vertebración del mismo.

      g) Todos los afiliados deben asumir la aceptación de los principios de solidaridad, lealtad y respeto mutuo entre los miembros del partido, y el cumplimiento de las decisiones legítimas adoptadas por los órganos competentes del Partido.

      h) A los distintos órganos del partido les corresponde asegurar el contacto permanente con los ciudadanos y con las distintas asociaciones, grupos y organizaciones sectoriales que los representan.

      ((AÑADIR ENMIENDAS QUE PROPONEN LA CREACION DE REDES DE COMUNICACIÓN HORIZONTALES INTERNAS))

      • 2. Será incompatible el acumular más de un cargo orgánico ejecutivo dentro del partido. Esta incompatibilidad, por la naturaleza del órgano, no afecta a los miembros del Consejo Político, Consejo Político Territorial y Consejo Provincial. Los miembros de la Comisión de Garantías, Comisión de Finanzas y Comisión Electoral se regirán por su régimen específico de incompatibilidades.

      Nadie podrá permanecer desempeñando un cargo orgánico ejecutivo durante más de dos mandatos congresuales completos consecutivos. Se exceptúan los casos de Portavoz del partido, Coordinador Territorial y Coordinador Local que de forma excepcional podrán completar hasta tres mandatos congresuales completos consecutivos.

      Esta incompatibilidad, por la naturaleza del órgano, no afecta a los miembros del Consejo Político y Consejo Político Territorial.

      Art. 24.- Órganos de dirección del partido:

      Los órganos de dirección del partido, cuyo ámbito de actuación y competencia abarca todo el territorio nacional son:

      El Congreso del partido, el Presidente, el Consejo de Dirección y el Consejo Político.

      Art. 25.- Órganos especializados de control y garantía:

      Los órganos de control y garantía del partido, cuyo ámbito de actuación y competencia abarca todo el territorio nacional pero se circunscribe a un área concreta de la actividad del partido son: la Comisión de Garantías, la Comisión de Finanzas, la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas y la Comisión Electoral.

      Art. 26.- Organización territorial del partido:

      El partido desarrolla su acción política sobre todo el territorio nacional mediante una organización descentralizada a través de los Órganos Territoriales, a los que se reconoce plena autonomía para el ejercicio de sus competencias estatutarias, sin perjuicio de someter su actuación a los criterios políticos emanados de los órganos de dirección del partido y reflejados en las correspondientes Resoluciones, Acuerdos y Programas Marco que garantizan los principios de unidad, coordinación y eficacia.

      Los Órganos Territoriales del partido son: las Agrupaciones Territoriales y las Agrupaciones Locales. Al frente de cada uno de estos órganos territoriales se situará un Consejo con funciones ejecutivas emanado de la correspondiente Asamblea Territorial.

      Y los Existirán también los Consejos Provinciales, que actuarán por delegación de otros órganos el partido.

      Art. 27.- Principios de funcionamiento:

      • 1. Las reuniones de los órganos colegiados del partido habrán de ser convocadas con una antelación razonable mediante comunicación escrita, preferiblemente electrónica, dirigida a todos sus integrantes en la que deberá incluirse el orden del día, así como el día, hora y lugar de celebración.
      • 2. Para la válida constitución del órgano, y salvo que en estos Estatutos se disponga otra cosa, se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, excepto en casos de urgencia. En estos casos el Coordinador del órgano expondrá las razones que aconsejaron la constitución del mismo con un quórum inferior, y someterá su propuesta a votación.
      • 3. Salvo que se especifique lo contrario en estos Estatutos, los acuerdos de los distintos órganos se tomarán por mayoría simple de los asistentes entendiéndose que una propuesta o resolución queda aprobada cuando recibe más votos a favor que en contra, sin tener en cuenta las abstenciones.
      • 4. No se permitirá la delegación de voto.
      • 5. Las decisiones adoptadas en la reunión deberán recogerse en un Acta para su puesta a disposición de todos los miembros del órgano. Todas las actas se recopilarán en un archivo único bajo la supervisión de quien desarrolle las funciones de Secretario. En el caso de los órganos territoriales una copia de las mismas en formato electrónico se remitirá a la Coordinadora Territorial correspondiente.
      • 6. Cualquier votación en un órgano colegiado deberá realizarse mediante voto secreto cuando así lo soliciten al menos 1/3 de sus miembros.

      CAPITULO SEGUNDO

      Órganos de dirección del partido


      Art. 28.- El Congreso del partido:

      • 1. Es el órgano soberano del partido, se reúne de manera ordinaria con una periodicidad mínima de tres años y máxima de cuatro años, computados desde la celebración del anterior Congreso.

      Y de forma extraordinaria por acuerdo del Consejo de Dirección o por la concurrencia de alguna de las circunstancias que dan lugar a ello contempladas en los presentes Estatutos.

      El Congreso extraordinario sólo puede adoptar resoluciones sobre las materias previstas en el Orden del Día para el cual fue convocado.

      • 2. Tiene como competencias:

      a) Definir los fines y objetivos del partido, estableciendo la línea política del mismo y señalando su estrategia para el periodo siguiente. Todo ello mediante la aprobación de las correspondientes Resoluciones, que no podrán ser revocadas ni alteradas por ningún otro órgano inferior.

      b) Aprobar las modificaciones de los presentes Estatutos a que haya lugar.

      c) Debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección del partido.

      d) Elegir a los miembros del Consejo Político del Consejo de Dirección, de las Comisiones de Garantías, de Finanzas, y de la Comisión Electoral .y a los miembros electos del Consejo Político.

      e) Conocer los Informes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Garantías y las sanciones de expulsión acordadas o ratificadas por dicho órgano.

      f) Disolver el Partido o determinar su integración en otro. En ambos casos será necesario que el Congreso haya sido convocado expresamente con tal fin y que el acuerdo final sea adoptado por mayoría de dos tercios de los delegados, nombrándose una Comisión Liquidadora que cancelará los registros correspondientes y que destinará el patrimonio resultante a la nueva formación política en la que el partido se integra o a una institución benéfica.

      • 3. Todos los afiliados a UPyD que se encuentren de alta y en el pleno ejercicio de sus derechos como tal, en la fecha en que por el Consejo de Dirección se acuerde la convocatoria formal del Congreso, tendrán derecho a la formulación de enmiendas a las correspondientes Ponencias y a participar como electores y elegibles en el proceso de elección de delegados y de los órganos de dirección del partido. Todo ello de acuerdo a las previsiones recogidas en estos Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo.
      • 4. Excepto para la elección del Consejo de Dirección Presidente, que se efectuará por votación directa de la totalidad de afiliados inscritos en el correspondiente censo del Congreso, los afiliados de UPyD estarán representados en el Congreso por medio de delegados que no responderán a mandato imperativo alguno. Tendrán el carácter de delegados natos todos los miembros del Consejo de Dirección.

      El resto de delegados hasta un número de 500 serán elegidos por las Agrupaciones Provinciales en Asambleas convocadas al efecto, con al menos 15 20 días de antelación, y mediante el voto directo y secreto de los afiliados incluidos en el correspondiente censo del Congreso.

      En los casos de Comunidades Autónomas Uniprovinciales y de la Agrupación Exterior, la elección corresponderá a la Asamblea de la Agrupación Territorial correspondiente, convocada por el Consejo Territorial.

      Se asignará un mínimo de un delegado por cada Agrupación Provincial o Agrupación Territorial, en su caso. El resto se atribuirán en proporción al número de afiliados del censo congresual de cada Agrupación Provincial o Agrupación Territorial, en su caso.

      • 5. A la elección como delegados podrán postularse, de forma libre, todos los afiliados incluidos en el censo del Congreso de cada Agrupación Provincial o Agrupación Territorial. Los afiliados que deseen postularse como candidatos deberán de comunicarlo al correspondiente Consejo, con al menos siete días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea.
      • 6. Cada elector votará en la Asamblea de la Agrupación Provincial o Agrupación Territorial a la que se encuentre adscrito. Se votará, mediante voto secreto, como máximo a un número igual o inferior a los tres cuartos (3/4) del número de candidatos a elegir de entre los que figuren en la correspondiente lista. Resultarán elegidos los candidatos que mayor número de votos obtengan, siempre que al menos hayan obtenido más de un voto.

      En caso de empate los puestos se cubrirán por sorteo.

      En los casos de la Agrupación Exterior o de Agrupaciones Provinciales o Territoriales que por el número de afiliados incluidos en el censo sea previsible la imposibilidad de celebrar una Asamblea deliberativa, el Consejo de Dirección podrá ampliar los plazos previstos para presentación de candidaturas, sustituir la Asamblea por jornadas completas de votación y habilitar procedimientos específicos de votación que, respetando los principios de voto libre, directo y secreto, faciliten la participación de los afiliados. En todo caso la lista de candidatos a elegir será única.

      • 7. La dirección de los debates del Congreso corresponderá a la Mesa del Congreso, compuesta por: un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios de Actas y un Vocal-asesor. Y será elegida al inicio de las sesiones por votación individual y pública de todos los delegados asistentes al Congreso, de entre las candidaturas cerradas y completas que se presenten y que deberán estar formadas por delegados al Congreso.

      Resultará elegida la candidatura que obtenga mayor número de votos

      • 8. El método de votación ordinario en el Congreso para la adopción de acuerdos y resoluciones, será el de votación individual y pública de cada uno de los delegados. Se utilizarán al efecto las correspondientes tarjetas de votación, que se facilitarán a cada delegado al momento de acreditarse.

      Se exceptúan las votaciones para la elección de los órganos del partido que se someterán a sus procedimientos específicos de votación; y las aprobaciones por asentimiento que se producirán sólo en el caso de que la propuesta de acuerdo planteada por la Mesa no sea rechazada por ningún delegado presente.

      Una vez que se inicie una votación no podrá interrumpirse, ni se permitirá la entrada a la sala de aquellos delegados que al iniciarse la votación estuvieren ausentes.

      Art. 29.- El Presidente

      1. El Portavoz Presidente del partido ostenta la máxima representación política y legal del mismo, coordina dirige su acción política y ostenta como portavoz cualificado la facultad de autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del partido o que afecte o comprometa políticamente a éste.
      2. El Presidente es elegido por votación de todos los afiliados durante las sesiones del Congreso. Podrá presentar su candidatura a Presidente cualquiera de los afiliados que cuente al menos con el aval de cincuenta afiliados.

      Las candidaturas deberán presentarse por quien se postule como Presidente, ante la Comisión Electoral, con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista para el inicio del Congreso.

      La Comisión Electoral facilitará los medios para que cada candidatura pueda hacer llegar sus propuestas e ideario al conjunto de afiliados en condiciones de igualdad.

      A tal fin se habilitará un espacio en la web del partido, bajo su supervisión, destinado a publicitar las candidaturas presentadas. Asimismo velará por que se pongan a disposición de las candidaturas presentadas los diferentes locales del partido, al objeto de celebrar posibles encuentros con los afiliados, de forma ordenada y en condiciones de igualdad. Para todo ello contará con la colaboración de los distintos órganos territoriales.

      Será elegido Presidente el candidato que obtenga los votos de la mitad más uno de los votantes. Si ninguno la obtuviera, se realizará una segunda votación entre los dos más votados, resultando elegido el que obtenga más votos de ambos.

      2.- El Presidente convoca, preside y dirige el Consejo de Dirección, y nombra y destituye a sus miembros, dando cuenta inmediata de ello al Consejo Político. Estos nombramientos y destituciones sólo pueden ser vetados por el Consejo Político mediante su rechazo por mayoría absoluta de sus miembros.

      3.- El Presidente organiza internamente el Consejo de Dirección, atribuyendo funciones y responsabilidades a cada uno de sus miembros, y puede modificarlas en cualquier momento, dando cuenta al Consejo Político en la siguiente reunión ordinaria de éste.

      4.- Los Consejeros actúan bajo las instrucciones del Presidente, que puede reunirse a tal fin por separado con cualquiera de ellos.

      2. Además convoca, preside y dirige las deliberaciones del Consejo de Dirección, en cuyas reuniones dispone de voto de calidad en caso de empate, y propone el reparto de responsabilidades entre sus miembros, pudiendo reorganizar las atribuciones y funciones conferidas sin limitación mientras dure su mandato.

      3. Igualmente para el caso que se produzcan dimisiones, incapacidades, fallecimientos, bajas o suspensiones disciplinarias de miembros del Consejo de Dirección y siempre que sea en número inferior a la mitad más uno de sus miembros originales, el Portavoz podrá nombrar a quienes les sustituyan. Nombramientos que deberán ser ratificados por el Consejo Político en su siguiente reunión ordinaria.

      5. El Portavoz Presidente podrá delegar sus funciones en alguno o algunos de los miembros del Consejo de Dirección, salvo las relativas a la presidencia del Consejo de Dirección.

      6. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, el Portavoz Presidente será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por aquél de sus miembros que el propio Consejo de Dirección decida.

      Art. 30.- El Consejo de Dirección

      1. El Consejo de Dirección, bajo la dirección del Presidente, es el máximo órgano de dirección política del partido, y por lo tanto es el encargado de aplicar y dirigir en el ámbito nacional la política definida por los Congresos del partido, en el marco de los principios y fines detallados en los presentes Estatutos.

      2. Son competencias del Consejo de Dirección, amén de aquellas otras recogidas en otros apartados de los presentes Estatutos, las siguientes:

      a) Ordenar, coordinar y controlar las actividades del partido y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus fines y de los Acuerdos y Resoluciones emanadas de los Congresos.

      b) Definir la estrategia general del partido y sus pronunciamientos políticos y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales, garantizando su actuación coordinada. Reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa del partido. Dando cuenta de ello al Consejo Político en la inmediata reunión de éste.

      c) Aprobar Proponer al Consejo Político los ámbitos y criterios de participación del partido en cualquier tipo de convocatoria electoral, y elaborar los correspondientes Programas o Programas-marco para su posterior aprobación por el Consejo Político.

      d) Decidir la política de alianzas con otras fuerzas políticas, incluyendo coaliciones electorales, conversaciones y acuerdos de todo tipo.

      Cuando se pacten uniones, federaciones o coaliciones de carácter permanente y general con otros partidos, su decisión estará sujeta a ratificación del Consejo Político.

      d) Proponer al Consejo Político para su aprobación la política de alianzas con otras fuerzas políticas, desde las uniones, federaciones o coaliciones de carácter permanente y general con otros partidos, hasta las coaliciones transitorias, conversaciones y acuerdos de todo tipo.

      e) Diseñar y dirigir las campañas electorales del partido, para ello podrá constituir los correspondientes Comités de Campaña.

      f) Coordinar y dirigir las relaciones con asociaciones, partidos políticos, sindicatos, corporaciones y en general grupos sociales de ámbito nacional.

      g) Proponer al Consejo Político para su aprobación la determinación de las relaciones internacionales del partido y el establecimiento de los posibles acuerdos de colaboración con organizaciones y grupos institucionales de ámbito supranacional.

      h) Dirigir la gestión económica y administrativa del partido. A tal fin elaborará los Presupuestos ordinarios anuales, que deberán ir acompañados de una Memoria explicativa para su posterior traslado y aprobación por el al Consejo Político, y los Presupuestos extraordinarios para las campañas electorales previstas en el ejercicio. Además, aprueba la contratación y cese del personal directivo, técnico y administrativo del partido y fija su remuneración y condiciones de trabajo, todo ello con arreglo a los principios de transparencia, mérito e idoneidad para el puesto.

      También autoriza la contratación de los bienes y servicios necesarios para la actividad del Partido.

      i) Crear las comisiones asesoras, de estudio o de expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y el cumplimiento de los fines del partido. Así como autorizar la creación y coordinar las actividades de los distintos Grupos de Trabajo sectoriales de ámbito nacional.

      j) El seguimiento político de la labor del Gobierno de la Nación y del desarrollo legislativo.

      k) Convocar Conferencias Sectoriales para tratar asuntos de interés general.

      l) Convocar el Congreso del partido.

      m) Autorizar la creación de Fundaciones del partido y controlar su gestión, con la aprobación del Consejo Político; así como el establecimiento de convenios, acuerdos o cualquier otro tipo de colaboración con Asociaciones, Federaciones, Fundaciones o cualquier otro tipo de organismo o entidad ya existente.

      n) La resolución de los conflictos que surjan en el seno del Partido. Contra su resolución cabrá recurso ante la Comisión de Garantías.

      n) Proponer a la Comisión de Garantías las decisiones necesarias para resolver los conflictos que surjan en el interior del Partido. La Comisión de garantías adoptará la resolución que considere adecuada a tal fin.

      o) Aprobar el presupuesto económico anual de los distintos órganos territoriales, para su inclusión en los Presupuestos Ordinarios Anuales

      del partido.

      Formular las cuentas anuales del partido y presentar al Consejo Político para su aprobación la memoria económica del partido correspondiente al ejercicio anterior.

      p) Nombrar representantes que dirijan transitoriamente algunos de los Órganos Territoriales del partido, siempre que se aprecien graves circunstancias que así lo aconsejen y dando cuenta a la Comisión de Garantías. La transitoriedad de la situación no podrá exceder de seis meses. Transcurrido dicho período de tiempo se convocará la correspondiente Asamblea para elección de cargos en el plazo máximo de dos meses.

      q) Supervisar, ordenar y autorizar el uso y difusión del nombre y símbolos del partido en cualquier tipo de ámbito y soporte; y en su caso, los canales de comunicación y difusión de las ideas, actividades y propuestas del partido tanto en el ámbito interno como en el externo.; y proponer al Consejo Político, para su aprobación, la creación inmediata de canales de comunicación y difusión de las ideas, actividades y propuestas del partido, tanto en el ámbito interno como en el externo.

      r) Elaborar y mantener el censo de afiliados del partido y, en particular custodiar el Libro de Registro de Afiliados, bajo la supervisión y control de la Comisión de Garantías. Así como responsabilizarse del archivo documental del partido.

      s) Ejercer Instar el ejercicio de la potestad disciplinaria de acuerdo a los términos recogidos en el Titulo Primero de estos Estatutos y su Reglamento de desarrollo.

      t) La integración e interpretación de los presentes Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo, de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Garantías, cuyo dictamen puede ser solicitado por el Consejo Político.su decisión en éste caso.Las decisiones interpretativas del Consejo de Dirección serán susceptibles de recurso ante la Comisión de Garantías.

      u) Cualquier otra función que no venga atribuida en los presentes Estatutos a ningún otro órgano.

      3.-

      3. El Consejo de Dirección estará formado por 21 miembros y será elegido en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto de la totalidad de los afiliados incluidos en el censo congresual y mediante el sistema de listas completas, cerradas y bloqueadas y de acuerdo al sistema de voto mayoritario. Su mandato expirará con el inicio del siguiente Congreso.

      Las candidaturas deberán presentarse por quien se postule como Portavoz ante la Comisión Electoral, con al menos 20 días de antelación a la fecha prevista para el inicio del Congreso.

      La candidatura, que deberá ir únicamente avalada por la firma de todos sus miembros, designará de forma nominal al menos los siguientes cargos:

      - Portavoz

      - Responsable de Organización

      - Responsable de Programa y Acción Política

      - Responsable de Acción Electoral

      - Responsable del Área de Economía

      - Responsable de Acción Institucional

      - Responsable de Expansión, Comunicación y Nuevas Tecnologías.

      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad de autoorganización de cada candidatura, hasta completar el número de 21 miembros.

      De no existir más de una candidatura, la que se haya presentado deberá obtener la ratificación por el voto favorable de la mitad más uno de los votos válidamente emitidos para ser proclamada candidatura electa.

      La Comisión Electoral facilitará los medios para que cada candidatura pueda hacer llegar sus propuestas e ideario al conjunto de afiliados en condiciones de igualdad.

      A tal fin se habilitará un espacio en la web del partido, bajo su supervisión, destinado a publicitar las candidaturas presentadas. Asimismo velará por que se pongan a disposición de las candidaturas presentadas los diferentes locales del partido, al objeto de celebrar posibles encuentros con los afiliados, de forma ordenada y en condiciones de igualdad. Para todo ello contará con la colaboración de los distintos órganos territoriales.

      3.- El Consejo de Dirección está constituido por el Presidente y veinte miembros. El Presidente nombrará a los restantes miembros del Consejo de Dirección para someterlos a la aprobación del Consejo Político en la inmediata sesión posterior al Congreso. Los Consejeros propuestos por el Presidente resultarán designados si el Consejo Político no se opone por mayoría absoluta al nombramiento de cualquiera de ellos.

      El Presidente habrá de contar con un Consejo de Dirección en el que figuren los siguientes Consejeros:

      - Responsable de Organización

      - Responsable de Programa y Acción Política

      - Responsable de Acción Electoral

      - Responsable del Área de Economía

      - Responsable de Acción Institucional

      - Responsable de Expansión, Comunicación y Nuevas Tecnologías.

      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad discrecional del Presidente, hasta completar el número de 20 miembros.

      4.- El Consejo de Dirección se reúne a convocatoria del Presidente.

      4. El Consejo de Dirección se reúne con la frecuencia que por sí mismo acuerde, sus decisiones se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la reunión y que asistan al menos la mitad de sus miembros.

      Las deliberaciones del Consejo de Dirección son reservadas, aunque se harán constar en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiere sobre las decisiones recaídas.

      Podrá constituir dentro de su seno comisiones para asuntos específicos en los que delegue la facultad de decisión sobre los mismos.

      5. En caso de dimisión, incapacidad, fallecimiento, baja en el partido o suspensión disciplinaria que afecte al propio Portavoz Presidente o a la mitad más uno de los miembros del Consejo de Dirección elegido en el Congreso, el Consejo, presidido por el Consejero responsable de Organización, en reunión convocada al efecto, deberá nombrar una Gestora que le sustituirá en sus funciones, mantendrá la actividad ordinaria del partido y convocará un Congreso Extraordinario a celebrar en el plazo de tres meses.

      Art. 30.- El Portavoz del partido:

      1. El Portavoz del partido ostenta la máxima representación política y legal del

      mismo, coordina su acción política y ostenta como portavoz cualificado la facultad de autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del partido o que afecte o comprometa políticamente a éste.

      2. Además convoca, preside y dirige las deliberaciones del Consejo de Dirección, en cuyas reuniones dispone de voto de calidad en caso de empate, y propone el reparto de responsabilidades entre sus miembros, pudiendo reorganizar las atribuciones y funciones conferidas sin limitación mientras dure su mandato.

      3. Igualmente para el caso que se produzcan dimisiones, incapacidades, fallecimientos, bajas o suspensiones disciplinarias de miembros del Consejo de Dirección y siempre que sea en número inferior a la mitad más uno de sus miembros originales, el Portavoz podrá nombrar a quienes les sustituyan. Nombramientos que deberán ser ratificados por el Consejo Político en su siguiente reunión ordinaria.

      4. El Portavoz podrá delegar sus funciones en alguno o algunos de los miembros del Consejo de Dirección, salvo las relativas a la presidencia del Consejo de Dirección.

      5. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, el Portavoz será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por aquél de sus miembros que el propio Consejo de Dirección decida.

      Art. 31.- El Consejo Político:

      1. El Consejo Político es el órgano encargado de la deliberación, normación y control político dentro del partido. Su ámbito de actuación abarca las cuestiones políticas no cubiertas por los Acuerdos y Resoluciones del Congreso del partido y ejerce el control último sobre el resto de órganos de dirección del partido así como sobre sus cargos públicos y representantes institucionales.

      2. Son competencias del Consejo Político, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en estos Estatutos, las siguientes:

      a) Aprobar de forma definitiva, a propuesta del Consejo de Dirección, Deliberar y aprobar, rechazar o enmendar, las propuestas del Consejo de Dirección referentes a los programas electorales de ámbito nacional, los programas-marco municipal y autonómico a los que deberán sujetarse los órganos territoriales en la elaboración de los programas específicos de su correspondiente ámbito geográfico, y las líneas generales de la estrategia electoral del partido según la convocatoria de que se trate.

      b) Aprobar anualmente el Presupuesto ordinario del partido y la Memoria Económica presentada por el Consejo de Dirección.

      c) Ratificar los nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Dirección a propuesta del Portavoz propuestos por el Presidente del partido, o rechazarlos mediante veto aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.

      d) Podrá exigir, en su caso, la responsabilidad política del Consejo de Dirección y del Portavoz Presidente del partido mediante la presentación por 30 de sus miembros de una moción de censura, que para prosperar deberá obtener el respaldo de 2/3 la mitad más uno de sus miembros en sesión convocada al efecto. De resultar aprobada, el propio Consejo Político nombrará una Comisión Gestora en sustitución del Consejo de Dirección, que se encargará de convocar un Congreso extraordinario dentro del plazo de tres meses.

      e)A propuesta de 30 de los miembros del Consejo Político, éste someterá a votación una moción de desconfianza contra cualquiera de los miembros del Consejo de Dirección, con la excepción del Presidente, que para ser aprobada deberá contar con más votos a favor que en contra. Su aprobación obligará al Presidente a destituirlo y nombrar un sustituto, que será designado si no se oponen a ello la mitad más uno de los miembros del Consejo Político.

      f) Aprobar, a propuesta del Consejo de Dirección, las normas de carácter reglamentario previstas en estos Estatutos y cuantas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de los mismos.

      g) Controlará que la actividad de los cargos públicos, cargos electos y representantes institucionales del partido se adecúe al Código de Buenas Prácticas recogido en el Capítulo segundo del Título III de estos Estatutos. A tal fin se constituirá en su seno un órgano auxiliar del propio Consejo Político denominado: Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas.

      g) Aprobar las uniones, federaciones y coaliciones de carácter permanente con otros partidos y grupos políticos.

      h) Proponer la disolución del partido o su integración en otro. El acuerdo requerirá el voto favorable de al menos 2/3 de sus miembros en sesión monográfica convocada al efecto. En el acuerdo que se adopte deberá convocarse Congreso Extraordinario en los términos recogidos en el art. 28-2, apartado f) de estos Estatutos.

      3. El Consejo Político estará formado por 150 miembros, 110 serán elegidos en el Congreso correspondiente, mediante listas abiertas, por el voto directo y secreto de los delegados asistentes. El resto tendrán la condición de miembros natos y se corresponderán con los 21 miembros del Consejo de Dirección y cada uno de los 19 Coordinadores Territoriales.

      Su mandato expirará cuando se dé inicio a las sesiones de cada nuevo Congreso.

      3. El Consejo Político estará formado por 150 miembros elegidos en el Congreso correspondiente, mediante listas abiertas, por el voto directo y secreto de los delegados asistentes. Los miembros del Consejo de Dirección tendrán voz, pero no voto. Las mayorías cualificadas necesarias para adoptar decisiones en el Consejo Político se modificarán en función del número de consejeros que tengan voto en cada momento.

      Su mandato expirará cuando se dé inicio a las sesiones de cada nuevo Congreso.

      4. Se abrirá un periodo de treinta días, que terminará 10 días antes de la fecha de inicio del Congreso, para que los candidatos puedan presentar su candidatura ante la Comisión Electoral, no se exigirá aval de ningún tipo para la presentación de cada candidatura. En la web del partido se habilitará un espacio con el fin de que puedan darse a conocer todos aquellos candidatos que lo deseen. Este espacio estará bajo la supervisión de la Comisión Electoral.

      Cada delegado emitirá un único voto, en el que designará como máximo a un número igual de candidatos que el de puestos a cubrir (110). (150)

      Resultando elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

      En caso de empate, los puestos se cubrirán por sorteo.

      5. El proceso de votación estará en todo momento bajo la supervisión y control de la Comisión Electoral, que podrá valerse de personal externo bajo su dirección con el fin de agilizar el proceso.

      6. Las discusiones y debates del Consejo Político estarán dirigidos por una Mesa compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que levantará Acta de los acuerdos adoptados. En la primera sesión que se celebre tras el correspondiente Congreso, se elegirá por mayoría de votos a los miembros del Consejo que constituirán la Mesa para todo el periodo congresual.

      7. Se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año y en sesión extraordinaria cuantas veces lo requiera la naturaleza de sus funciones y lo acuerde el Portavoz Presidente del partido, o a solicitud de al menos 1/3 de sus miembros que deberán aportar el orden del día propuesto. Adoptará sus acuerdos por mayoría simple, excepto aquellos para los que según los presentes Estatutos se requiera una mayoría cualificada, y se entenderá válidamente constituido siempre que asistan al mismo la mitad más uno de sus miembros.

      8. Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con, al menos, quince días naturales de antelación. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con la urgencia que requiera el caso. En todas las convocatorias ordinarias del Consejo se incorporará al orden del día un apartado relativo a ruegos y preguntas.

      9. En la última sesión del año, el Consejo de Dirección emitirá un Informe sobre la actividad política desarrollada a lo largo del año y presentará los presupuestos ordinarios para la anualidad siguiente, junto con la memoria de la situación económica del partido.

      CAPITULO TERCERO

      Órganos Especializados de Control y Garantía


      Art. 32.- Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas:

      1. Se trata de un órgano auxiliar del Consejo Político encargado de velar porque en el desempeño de sus funciones tanto los cargos electos, como los cargos públicos, los representantes institucionales y todos los cargos orgánicos del partido respeten el Código de Buenas Prácticas Públicas recogido en el Capítulo II, del Título III de éstos Estatutos.

      2. Son funciones específicas de ésta Oficina:

      a) Conocer de cuantas quejas puedan formularse contra actuaciones de algún cargo electo, cargo público, representante institucional o cargo orgánico del partido que sean susceptibles de infringir el Código de Buenas Prácticas recogido en los presentes Estatutos.

      b) Recibir las Declaraciones de Intereses de cargos públicos, y en su caso emitir el correspondiente Informe sobre la compatibilidad o no del cargo público con la actividad declarada. Y las Declaraciones de Bienes de los cargos electos al inicio y al finalizar su actividad.

      c) Emitir Informe preceptivo previo a la fijación por el Consejo de Dirección de la posible contribución económica que se fije a los cargos públicos, cargos electos y representantes institucionales del partido.

      d) Elevar al Consejo Político un Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Públicas, y los Informes parciales sobre esta materia que considere oportunos. Estos Informes en todo caso deberán respetar la confidencialidad de los datos que constituyan materia reservada.

      3. La Oficina atenderá reclamaciones contra actuaciones de cargos del partido que vengan respaldadas por personas concretas, perfectamente identificadas, en ningún caso atenderá reclamaciones anónimas. Sólo intervendrá de oficio en aquellos casos de manifiesta notoriedad en los que se ponga en riesgo la credibilidad del partido.

      4. Una vez recibida cualquier reclamación o decidida la intervención de oficio, abrirá expediente informativo en el que citará de modo inmediato a la persona afectada y practicará cuantas otras averiguaciones considere oportunas. Y en el plazo máximo de dos meses acordará: o bien elevar propuesta al Consejo de Dirección para la apertura del correspondiente expediente disciplinario con proposición, en su caso, de las medidas cautelares que considere oportunas; o el archivo de las actuaciones por entender que no resulta acreditada la infracción denunciada.

      5. En todo caso los datos e informaciones que puedan conocer los miembros de ésta Oficina serán absolutamente reservados y confidenciales. La vulneración de éste deber de secreto constituirá infracción muy grave.

      6. La Oficina estará compuesta por cinco miembros: el Secretario del Consejo Político y cuatro miembros más elegidos por sorteo de entre los componentes del propio Consejo Político. La duración de este nombramiento será anual, al cumplirse este periodo serán sustituidos por otros cuatro miembros distintos elegidos también mediante sorteo. No obstante los miembros que cesen deberán concluir los expedientes ya iniciados y que se encuentren en tramitación.

      Sus reuniones las presidirá aquel de sus miembros que ostente mayor antigüedad en el partido. Como Secretario actuará el que lo sea del Consejo Político, único miembro permanente de la Oficina, que convocará las reuniones, impulsará los procedimientos, levantará Acta de los acuerdos adoptados, dará fe de sus actuaciones y en todo momento será el responsable de la custodia de cuanta documentación pueda manejar la Oficina. Para adoptar acuerdos será necesario el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

      Art. 33.- La Comisión de Garantías:

      1. La Comisión de Garantías es el órgano del partido encargado de garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados y el cumplimiento de los Estatutos y de los Reglamentos; resuelve los recursos expedientes del régimen disciplinario previstos en los Estatutos así como el Procedimiento de Garantía de Derechos y en general la resolución de los recursos establecidos estatutaria o reglamentariamente contra los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del partido.

      2. Son competencias específicas de la Comisión de Garantías, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en estos Estatutos:

      a) Resolver en segunda instancia y de forma definitiva los recursos contra las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de Dirección.

      a) Resolver jurisdiccionalmente todas aquellas cuestiones relativas a los expedientes disciplinarios contra cualesquiera afiliados del partido.

      b) Iniciar, instruir y resolver en única instancia y de forma definitiva los expedientes disciplinarios que afecten a miembros del Consejo de Dirección.

      c) Resolver de forma definitiva los recursos litigios planteados contra las resoluciones del Consejo de Dirección dictada en el Procedimiento de Garantía de Derechos.

      En el caso de que el afectado sea el Consejo de Dirección o alguno de sus miembros, será competente para la admisión a trámite, instrucción y resolución en única instancia y de forma definitiva del correspondiente procedimiento.

      d) Emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos colegiados del partido.

      e) Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal en el seno del partido. Emitiendo a tal fin las instrucciones de obligado cumplimiento que resulten pertinentes y atendiendo las reclamaciones que por ésta materia puedan producirse.

      f) Resolver en segunda instancia los recursos que se planteen contra las decisiones de la Comisión Electoral susceptibles de ser recurridas.

      3. La Comisión se configura como un órgano colegiado de ámbito nacional que tomará las decisiones por mayoría de sus miembros y con competencia genérica sobre la totalidad de los afiliados del partido.

      4. La Comisión de Garantías estará compuesta por 3 miembros, y será elegida en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto de todos los delegados asistentes, previa presentación de candidaturas completas ante la Comisión Electoral.

      Se elegirá mediante el sistema de listas abiertas, de tal modo que cada delegado podrá votar como máximo a un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que acumulen un mayor número de votos. Los casos de empate se dirimirán mediante sorteo.

      Su mandato expirará en el momento que se produzca la proclamación de candidatos electos en el marco del Congreso siguiente.

      5. Será requisito para ser miembro de éste órgano el ser afiliado del partido con al menos dos años de antigüedad y no haber sido sancionado disciplinariamente por la comisión de infracción alguna. No constituirá requisito de elegibilidad aunque podrá valorarse a la hora de presentar las correspondientes candidaturas, la formación jurídica de los candidatos, así como su reconocida trayectoria dentro del partido.

      Será incompatible ser miembro de éste órgano y formar parte de cualquier otro órgano del partido.

      Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, fallecimiento, incapacidad o pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa.

      En caso de producirse una vacante en la Comisión de Garantías, por alguna de las causas anteriores, el puesto se cubrirá por elección del Consejo Político, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre los candidatos que se presenten.

      En la primera sesión que celebren elegirán, de entre sus miembros, al que vaya a ejercer las funciones de Presidente, de Vocal y de Secretario.

      Este será el encargado de redactar y custodiar las actas de la Comisión, recibir y despachar la correspondencia y el resto de comunicaciones, solicitar la documentación pertinente en los procedimientos que instruyan y demás cometidos similares.

      6. Los miembros de la Comisión tendrán la obligación de actuar, en el ejercicio de su cargo con libertad, equidad y total independencia respecto a los demás órganos del Partido y estarán obligados a guardar secreto de sus deliberaciones y decisiones.

      Art. 34.- La Comisión de Finanzas:

      1. La Comisión de Finanzas es el órgano colegiado encargado de supervisar la gestión económica, la contabilidad y la administración de los medios materiales del partido y controlar que su uso se adecúe a las resoluciones de los órganos competentes.

      Dentro del primer trimestre de cada año emitirá un Informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos del ejercicio anterior, que remitirá al Consejo Político.

      Igualmente corresponde a la Comisión de Finanzas emitir los informes de control interno sobre intervención y contabilización establecidos legalmente.

      2. La Comisión de Finanzas estará compuesta por 3 miembros, y será elegida en el marco de cada Congreso del partido por el voto individual, directo y secreto de todos los delegados asistentes, previa presentación de candidaturas completas ante la Comisión Electoral.

      Se elegirá mediante el sistema de listas abiertas, de tal modo que cada delegado podrá votar como máximo a un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que acumulen un mayor número de votos. Los casos de empate se dirimirán mediante sorteo.

      Su mandato expirará en el momento que se produzca la proclamación de candidatos electos en el marco del Congreso siguiente.

      3. Será requisito para ser miembro de éste órgano el ser afiliado del partido con al menos dos años de antigüedad y no haber sido sancionado disciplinariamente por la comisión de infracción alguna. No constituirá requisito de elegibilidad aunque podrá valorarse a la hora de presentar las correspondientes candidaturas, la formación económica de los candidatos, así como su reconocida trayectoria dentro del partido.

      Será incompatible ser miembro de éste órgano y formar parte de cualquier otro órgano del partido.

      Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, fallecimiento, incapacidad o pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa.

      En caso de producirse una vacante en la Comisión de Finanzas, por alguna de las causas anteriores, el puesto se cubrirá por elección del Consejo Político, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre los candidatos que se presenten.

      4. En la primera sesión que celebren elegirán, de entre sus miembros, al que vaya a ejercer las funciones de Presidente, de Vocal y de Secretario.

      Este será el encargado de redactar y custodiar las actas de la Comisión, recibir y despachar la correspondencia y el resto de comunicaciones y solicitar la documentación pertinente para la elaboración de los correspondientes Informes.

      Art. 35.- La Comisión Electoral:

      1. La Comisión Electoral es el órgano colegiado del partido encargado de recibir las propuestas de candidaturas para los distintos órganos y dirigir los procesos electorales de ámbito interno, todo ello de acuerdo a lo recogido en los presentes Estatutos y la normativa reglamentaria que en su desarrollo regule estos procesos electorales.

      2. Serán competencias específicas de la Comisión Electoral, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en los presentes Estatutos:

      a) Ordenar todo el proceso de recepción de candidaturas y el proceso preelectoral previo y constituirse en Mesa Electoral ante la que se desarrollarán las votaciones correspondientes a los Órganos de Dirección y Control que deben ser elegidos en el ámbito de los Congresos que celebre el partido. Levantando Acta del escrutinio correspondiente del que dará traslado a la Mesa del Congreso para la proclamación de los cargos electos.

      b) Igualmente se encargará de la ordenación, la supervisión y el control de los procesos de elecciones primarias para la selección de candidatos a cargos electos en los distintos procesos electorales en los que participe el partido. En éste caso actuará como órgano superior jerárquico de las distintas Comisiones Electorales de ámbito territorial que se constituyan al efecto.

      3. Estará compuesta por 7 miembros, tres de ellos designados por el Consejo de Dirección y cuatro elegidos mediante votación individual y secreta de todos los delegados asistentes al Congreso, en listas completas, cerradas y bloqueadas, de acuerdo al sistema de voto mayoritario, de tal modo que resultará elegida la lista que acumule un mayor número de votos.

      mediante el sistema de listas abiertas, de tal modo que cada delegado podrá votar como máximo a un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que acumulen un mayor número de votos. Los casos de empate se dirimirán mediante sorteo.

      Su mandato expirará en el momento que se produzca la proclamación de candidatos electos en el marco del Congreso siguiente.

      Será requisito imprescindible para formar parte de la Comisión Electoral, ser afiliado con al menos dos años de antigüedad a la fecha en que se produzca la correspondiente elección.

      Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, fallecimiento, incapacidad o pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa.

      En caso de producirse una vacante en la Comisión Electoral, por alguna de las causas anteriores, el puesto se cubrirá por elección del Consejo Político, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre los candidatos que se presenten.

      CAPITULO CUARTO

      Organización territorial del partido

      Art. 36.- Estructura, principios:

      La organización territorial del partido se fundamenta en los principios de descentralización y participación, proximidad y autonomía, coordinación entre los distintos niveles y subsidiariedad, eficiencia y unidad política.

      a) Descentralización y participación.- Los Órganos Territoriales son los instrumentos de los que se dota el partido en un área geográfica determinada con el objeto de trasladar su proyecto político a las instituciones democráticas de ese ámbito y promover la participación política de los ciudadanos.

      b) Proximidad y autonomía.- En función de las necesidades de los ciudadanos más próximos a los que va dirigida principalmente su acción política y las singularidades concretas del territorio en el que actúan, los Órganos Territoriales del partido disponen de la autonomía necesaria para elaborar las políticas concretas y adaptar la acción política del partido a su ámbito de competencia.

      c) Coordinación y subsidiariedad.- Los distintos niveles de la organización territorial desarrollarán su trabajo de manera coordinada evitando en la medida de lo posible actuaciones y pronunciamientos innecesarios y contradictorios. Cualquier órgano de ámbito inferior deberá respetar las directrices políticas fijadas por el órgano de ámbito superior en el marco de sus competencias. En el resto de cuestiones no previstas y cuya repercusión no exceda de su ámbito propio será la organización territorial más próxima a la que corresponderá actuar políticamente.

      d) Eficiencia y unidad política.- Las estructuras territoriales tenderán a la simplicidad y procurarán el cumplimiento de sus funciones con la menor carga burocrática posible atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia. En todo caso los órganos territoriales deberán respetar las instrucciones y directrices políticas emanadas del Congreso y demás Órganos de Dirección del partido en el ámbito de sus competencias.

      Art. 37.- Las Agrupaciones Territoriales.

      Las Agrupaciones Territoriales son los órganos descentralizados que representan al partido en una determinada Comunidad Autónoma.

      Existirá uno por cada Comunidad Autónoma, y uno más por cada Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla. Se identificarán por el nombre del partido seguido del nombre de la Comunidad o Ciudad Autónoma.

      A ellos pertenecerán la totalidad de afiliados que residan en esa Comunidad Autónoma. Cada afiliado sólo podrá estar adscrito a una Agrupación Territorial determinada.

      Será competencia del Consejo de Dirección aprobar la creación de Agrupaciones Exteriores que desarrollen su labor fuera del ámbito nacional.

      Art. 38.- Los órganos de dirección del partido en el ámbito de la Agrupación Territorial son:

      El Congreso, el Coordinador, el Consejo de Dirección y el Consejo Político.

      Art. 39.- Las competencias de los órganos de dirección del Partido en el ámbito autonómico se ejercerán complementando a nivel de la Agrupación Territorial las competencias y decisiones de los órganos de dirección nacional del Partido. En caso de colisión o incoherencia entre ambas, predominarán siempre las de los órganos superiores.

      Art. 40.- El Congreso Territorial:

      1. Es el órgano máximo de la Agrupación Territorial y está formado por la totalidad de afiliados al partido en una determinada Comunidad o Ciudad Autónoma reunidos en Congreso.

      En los casos de Agrupaciones Territoriales que excedan de 600 afiliados los Congresos Territoriales se celebrarán mediante delegados elegidos por las Asambleas Locales, en listas abiertas y mediante el voto directo y secreto de los afiliados incluidos en el correspondiente censo congresual. Se aplicarán los mismos criterios que para los Congresos nacionales del partido, que serán desarrollados en la correspondiente normativa reglamentaria.

      En todo caso la elección del Coordinador Territorial se hará por el voto directo y secreto de la totalidad de los afiliados incluidos en el censo congresual de la correspondiente Agrupación Territorial.

      2. El Congreso Territorial se reúne de manera ordinaria cada tres o cuatro años, con posterioridad al Congreso Nacional del Partido.

      Y de forma extraordinaria según lo que determinen los Estatutos de la Agrupación Territorial aprobados en Congreso.

      3. La dirección de los debates del Congreso corresponderá a la Mesa del Congreso, compuesta por: un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios de Actas y un Vocal-asesor. Y será elegida al inicio de las sesiones por votación individual y pública de todos los delegados asistentes al Congreso, de entre las candidaturas que se presenten y que deberán estar constituidas por delegados al Congreso. Serán elegidos los candidatos que obtengan un mayor número de votos.

      4. El método de votación ordinario en el Congreso para la adopción de acuerdos y resoluciones, será el de votación individual y pública de cada uno de los delegados. Se utilizarán al efecto las correspondientes tarjetas de votación, que se facilitarán a cada delegado al momento de acreditarse.

      Se exceptúan las votaciones para la elección de los órganos del partido que se someterán a sus procedimientos específicos de votación; y las aprobaciones por asentimiento que se producirán sólo en el caso de que la propuesta de acuerdo planteada por la Mesa no sea rechazada por ningún delegado presente.

      5. El Congreso tiene como competencias:

      a) Definir los fines, objetivos y estructura del partido en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma, de acuerdo con el marco político y normativo de los Congresos Nacionales del Partido, estableciendo la línea política del mismo y señalando su estrategia para el periodo siguiente. Todo ello mediante la aprobación de las correspondientes Ponencias y Resoluciones.

      b) Debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección de la Agrupación Territorial del partido.

      c) Elegir a los miembros del Consejo Político Territorial

      Art. 41.- El Coordinador Territorial:

      1. El Coordinador del partido ostenta la máxima representación política y legal del mismo en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma, dirige su acción política y ostenta como portavoz cualificado la facultad de autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del partido o que afecte o comprometa políticamente a éste.

      El Coordinador es elegido por votación de todos los afiliados durante las sesiones del Congreso. Podrá presentar su candidatura a Coordinador cualquiera de los afiliados que cuente al menos con el aval de diez afiliados.

      Las candidaturas deberán presentarse ante la Comisión Electoral, con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista para el inicio del Congreso.

      La Comisión Electoral facilitará los medios para que cada candidato pueda hacer llegar sus propuestas e ideario al conjunto de afiliados en condiciones de igualdad.

      A tal fin se habilitará un espacio en la web del partido, bajo su supervisión, destinado a publicitar las candidaturas presentadas. Asimismo velará por que se pongan a disposición de los candidatos presentados los diferentes locales del partido, al objeto de celebrar posibles encuentros con los afiliados, de forma ordenada y en condiciones de igualdad. Para todo ello contará con la colaboración de los distintos órganos territoriales.

      Será elegido Coordinador el candidato que obtenga los votos de la mitad más uno de los votantes. Si ninguno la obtuviera, se realizará una segunda votación entre los dos más votados, resultando elegido el que obtenga más votos de ambos.

      1. El Coordinador convoca, preside y dirige el Consejo de Dirección Territorial, y nombra y destituye a sus miembros, dando cuenta inmediata de ello al Consejo Político Territorial. Estos nombramientos y destituciones sólo pueden ser vetados por el Consejo Político mediante su rechazo por mayoría absoluta de sus miembros.

      3. El Coordinador organiza internamente el Consejo de Dirección Territorial, atribuyendo funciones y responsabilidades a cada uno de sus miembros, y puede modificarlas en cualquier momento, dando cuenta al Consejo Político Territorial en la siguiente reunión ordinaria de éste.

      4. Los Consejeros actúan bajo las instrucciones del Coordinador, que puede reunirse a tal fin por separado con cualquiera de ellos.

      5. El Coordinador podrá delegar sus funciones en alguno o algunos de los miembros del Consejo de Dirección Territorial, salvo las relativas a la presidencia del Consejo de Dirección.

      6. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, el Coordinador será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por aquél de sus miembros que el propio Consejo de Dirección Territorial decida.

      Art. 42.- El Consejo de Dirección Territorial:

      1. El Consejo de Dirección, bajo la dirección del Coordinador, dirige la política del partido en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma, y por lo tanto es el encargado de aplicar en dicho ámbito la política definida por los Congresos Territoriales, en el marco de los principios y fines detallados en los presentes Estatutos.

      2. Son competencias del Consejo de Dirección Territorial las siguientes:

      a) Ordenar, coordinar y dirigir las actividades del partido en cada Comunidad Autónoma. Adaptando la estrategia general a las necesidades y peculiaridades de cada Autonomía, en coordinación con las directrices políticas emanadas de los órganos de dirección del partido, y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales de ámbito autonómico.

      Reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa Autonómico del partido.

      b) Elaborar los correspondientes Programas Electorales de ámbito autonómico, con respeto a las directrices fijadas por el Programa-marco correspondiente, para su posterior aprobación por el Consejo Político Territorial.

      c) Proponer al Consejo de Dirección, previa aprobación del Consejo político Territorial, la política de alianzas con otras fuerzas políticas en el ámbito de todas las instituciones de la Comunidad Autónoma, incluyendo en su caso las de ámbito provincial y local. Y en general coordinar y dirigir las relaciones del partido con todo tipo de instituciones, asociaciones, sindicatos, corporaciones y en general grupos sociales de su ámbito territorial, con la aprobación del Consejo político Territorial

      d) Dirigir la gestión económica y administrativa del partido en la Comunidad, bajo la supervisión y control del Consejo de Dirección y la Gerencia del partido. Anualmente deberá elaborar el correspondiente Presupuesto que deberá ir acompañado de una Memoria explicativa para su posterior traslado y aprobación por el Consejo de Dirección, previa aprobación del Consejo Político Territorial.

      e) Coordinar la labor de los Consejos Provinciales y Locales de su ámbito, y de sus representantes institucionales, marcando líneas comunes de actuación política y arbitrando en los posibles conflictos y discrepancias que pudieran surgir, con la aprobación del Consejo político Territorial.

      f) Dirigir la tarea de implantación y expansión del partido en la Comunidad, proponiendo al Consejo de Dirección la creación de las correspondientes Agrupaciones Locales, y designando en su caso a los Delegados Municipales o Comarcales. Igualmente podrá recabar de los órganos territoriales del partido de ámbito inferior cuanta información considere necesaria, y en caso de urgente necesidad para restablecer la actividad normal del partido proponer al Consejo de Dirección medidas de intervención en alguno de estos órganos.

      g) Desarrollar y dirigir, en coordinación con los órganos centrales correspondientes, y dando cuenta al Consejo Político Territorial, las campañas electorales que se celebran en su ámbito geográfico, para lo que podrá delegar la totalidad o parte de sus funciones en los correspondientes Comités de Campaña Autonómicos.

      h) Crear y dirigir los grupos de trabajo sectoriales de ámbito autonómico que considere oportunos, dando cuenta de ello al Consejo Político Territorial.

      i) El seguimiento político y el control de la labor del Gobierno y demás instituciones autonómicas, con la aprobación del Consejo Político Territorial.

      j) Convocar el Congreso Territorial y el Consejo Político Territorial.

      k) Ocuparse de la comunicación ordinaria con los afiliados y simpatizantes de su Comunidad, facilitándoles la información necesaria para mantenerles al corriente de la actividad del partido e impulsar su participación.

      3. El Consejo de Dirección Territorial está constituido por el Coordinador y un número de Consejeros de entre 6 y 14. El Coordinador nombrará a los restantes miembros del Consejo de Dirección Territorial para someter los nombramientos a la aprobación del Consejo Político en la inmediata sesión posterior al Congreso Territorial. Los Consejeros propuestos por el Coordinador resultarán designados si el Consejo Político no se opone por mayoría absoluta al nombramiento de cualquiera de ellos.

      El Coordinador habrá de contar con un Consejo de Dirección en el que figuren los siguientes Consejeros:

      - Responsable de Organización

      - Responsable de Estudios y Programa

      - Responsable de Expansión

      - Responsable de Acción Institucional

      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad discrecional del Coordinador, hasta completar el número de 15 miembros.

      4.- El Consejo de Dirección Territorial se reúne a convocatoria del Coordinador.

      Las deliberaciones del Consejo de Dirección son reservadas, aunque se harán constar en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiere sobre las decisiones recaídas.

      Podrá constituir dentro de su seno comisiones para asuntos específicos en los que delegue la facultad de decisión sobre los mismos.

      5. En caso de dimisión, incapacidad, fallecimiento, baja en el partido o suspensión disciplinaria que afecte al propio Coordinador, el Consejo de Dirección Territorial, presidido por el Consejero responsable de Organización, en reunión convocada al efecto, deberá nombrar una Gestora que le sustituirá en sus funciones, mantendrá la actividad ordinaria del partido y convocará un Congreso Extraordinario a celebrar en el plazo de tres meses.

      Art. 43.- 1. El Consejo Político Territorial es el órgano encargado de la deliberación normación y control político del partido. Su ámbito de actuación abarca las cuestiones políticas no cubiertas por los Acuerdos y Resoluciones del Congreso y ejerce el control último sobre el resto de órganos de dirección del partido en el ámbito de la Comunidad o Ciudad Autónoma así como sobre sus cargos públicos y representantes institucionales.

      2. Son competencias del Consejo Político Territorial, amén de aquellas otras que puedan venir recogidas en estos Estatutos, las siguientes:

      a) Deliberar y aprobar, rechazar o enmendar, las propuestas del Consejo de Dirección Territorial referentes al desarrollo de los programas-marco municipal y autonómico a los que deberán sujetarse los órganos territoriales en la elaboración de los programas específicos de su correspondiente ámbito geográfico.

      b) Deliberar y aprobar, rechazar o enmendar, las propuestas del Consejo de Dirección Territorial referentes a las líneas generales de la estrategia electoral del partido en el ámbito autonómico.

      c) Aprobar anualmente el Presupuesto ordinario del partido y la Memoria Económica presentada por el Consejo de Dirección Territorial.

      d) Ratificar los nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Dirección Territorial propuestos por el Coordinador Territorial, o rechazarlos mediante veto aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.

      e) Podrá exigir, en su caso, la responsabilidad política del Coordinador Territorial del partido mediante la presentación por 15 de sus miembros de una moción de censura, que para prosperar deberá obtener el respaldo de la mitad más uno de sus miembros en sesión convocada al efecto. De resultar aprobada, el propio Consejo Político Territorial nombrará una Comisión Gestora en sustitución del Consejo de Dirección, que se encargará de convocar un Congreso extraordinario dentro del plazo de tres meses.

      f) A propuesta de 15 de los miembros del Consejo Político Territorial, éste someterá a votación una moción de desconfianza contra cualquiera de los miembros del Consejo de Dirección Territorial, con la excepción del Coordinador, que para ser aprobada deberá contar con más votos a favor que en contra. Su aprobación obligará al Coordinador a destituirlo y nombrar un sustituto, que será designado si no se oponen a ello la mitad más uno de los miembros del Consejo Político Territorial.

      g) Aprobar, a propuesta del Consejo de Dirección Territorial, las normas de carácter reglamentario previstas en estos Estatutos y cuantas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de los mismos.

      h) Aprobar las iniciativas de uniones, federaciones y coaliciones con otros partidos y grupos políticos, propuestas por el Consejo de Dirección Territorial que hayan de ser sometidas a la aceptación de los órganos nacionales de dirección del Partido .

      3. El Consejo Político Territorial estará formado por 75 miembros elegidos en el Congreso correspondiente, mediante listas abiertas, por el voto directo y secreto de los delegados asistentes. Los miembros del Consejo de Dirección Territorial tendrán voz, pero no voto. Las mayorías cualificadas necesarias para adoptar decisiones en el Consejo Político se modificarán en función del número de consejeros que tengan voto en cada momento.

      Su mandato expirará cuando se dé inicio a las sesiones de cada nuevo Congreso Territorial.

      4. Se abrirá un periodo de treinta días, que terminará 10 días antes de la fecha de inicio del Congreso Territorial, para que los candidatos puedan presentar su candidatura ante la Comisión Electoral. No se exigirá aval de ningún tipo para la presentación de cada candidatura. En la web del partido se habilitará un espacio con el fin de que puedan darse a conocer todos aquellos candidatos que lo deseen. Este espacio estará bajo la supervisión de la Comisión Electoral.

      Cada delegado emitirá un único voto, en el que designará como máximo a un número igual de candidatos que el de puestos a cubrir (75). Resultando elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

      En caso de empate, los puestos se cubrirán por sorteo.

      5. El proceso de votación estará en todo momento bajo la supervisión y control de la Comisión Electoral, que podrá valerse de personal externo bajo su dirección con el fin de agilizar el proceso.

      6. Las discusiones y debates del Consejo Político Territorial estarán dirigidos por una Mesa compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que levantará Acta de los acuerdos adoptados. En la primera sesión que se celebre tras el correspondiente Congreso, se elegirá por mayoría de votos a los miembros del Consejo que constituirán la Mesa para todo el periodo congresual.

      7. Se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año y en sesión extraordinaria cuantas veces lo requiera la naturaleza de sus funciones y lo acuerde el Coordinador del partido, o a solicitud de al menos 1/3 de sus miembros que deberán aportar el orden del día propuesto.

      Adoptará sus acuerdos por mayoría simple, excepto aquellos para los que según los presentes Estatutos se requiera una mayoría cualificada, y se entenderá válidamente constituido siempre que asistan al mismo la mitad más uno de sus miembros.

      8. Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con, al menos, quince días naturales de antelación. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con la urgencia que requiera el caso. En todas las convocatorias ordinarias del Consejo Político Territorial se incorporará al orden del día un apartado relativo a ruegos y preguntas.

      9. En la última sesión del año, el Consejo de Dirección Territorial emitirá un Informe sobre la actividad política desarrollada a lo largo del año y presentará los presupuestos ordinarios para la anualidad siguiente, junto con la memoria de la situación económica del partido.

      Art. 44.- Los Consejos Provinciales:

      1. Los Consejos Provinciales son los órganos encargados de:

      - Coordinar el trabajo de las distintas Agrupaciones Locales del partido en cada Provincia.

      - Promover las actividades encaminadas a la expansión del partido en la Provincia.

      - Desarrollar bajo la dirección y supervisión del Consejo Territorial y los Comités Electorales correspondientes, las campañas y tareas electorales que se precisen.

      - Constituirse como Comisión Electoral delegada y dependiente de la nacional en todos los proceso de elecciones primarias internas, y de elección del Consejo de Dirección y los Consejos Territoriales.

      2. Sólo en el caso de que en una Provincia existan constituidas y en funcionamiento más de tres Agrupaciones Locales se creará éste órgano con carácter permanente, en otro caso actuará sólo para el desempeño de las funciones electorales y de campaña, y las tareas de expansión coordinación de las Agrupaciones Locales de la Provincia serán encargadas por el Consejo Territorial a Delegados permanentes.

      3. En el caso de las Comunidades Autónomas Uniprovinciales no existirá éste órgano y sus funciones serán asumidas por el Consejo Territorial.

      4. Estará constituido por un representante de cada una de las Agrupaciones Locales existentes en la Provincia, que será designado por cada Consejo Local y un representante designado por el Consejo Territorial. En su primera reunión designará a la persona que actuará como Presidente que será el encargado de convocar y dirigir sus reuniones, y al Secretario que será el encargado de levantar el correspondiente Acta de las reuniones que celebre.

      Art. 45.- Las Agrupaciones Locales:

      1. La Agrupación Local es el órgano básico de participación, integración y relación de los afiliados y simpatizantes del partido.

      Constituye el primer espacio de participación orgánica y el principal cauce para promover la participación de la ciudadanía en su nivel de actuación correspondiente. Sirve además como cauce para recoger y transmitir las preocupaciones, sugerencias e iniciativas de los ciudadanos.

      Desarrollarán su labor política en su ámbito de actuación y colaborarán con otras Agrupaciones y con los órganos de ámbito superior en el desarrollo de la política del partido.

      2. Cada afiliado puede participar en la Agrupación Local más próxima a su domicilio o a su lugar de trabajo, en todo caso sólo podrá estar adscrito a una Agrupación Local, a tal fin, se hará constar en el Libro de Registro de Afiliados la Agrupación a la que está adscrito.

      3. El ámbito básico de las Agrupaciones Locales será el municipio, pero no obstante podrán crearse Agrupaciones Locales que abarquen ámbitos geográficos superiores como comarcas o islas, cuando el nivel de afiliación no permita crear una agrupación independiente o las condiciones socioeconómicas o políticas indiquen que es lo más conveniente para desarrollar el correspondiente trabajo político.

      De igual modo podrán crearse Agrupaciones Locales de ámbito inferior al municipal en aquellas poblaciones cuyo tamaño y nivel de afiliación así lo permita y que abarcarán partes homogéneas de un mismo término municipal.

      4. La creación de Agrupaciones Locales, así como su fusión, escisión o agrupación, será competencia exclusiva del Consejo de Dirección previo informe del Consejo Territorial. Para su creación será necesario que agrupen un mínimo de 20 afiliados. Por debajo de esa cifra el Consejo Territorial nombrará Delegados Municipales o Comarcales que coordinarán el trabajo de los afiliados en ése área e impulsarán la labor de implantación del partido.

      5. Los órganos de la Agrupación Local son la Asamblea y el Consejo Local.

      Art. 46.- La Asamblea Local:

      1. Es el órgano máximo de la Agrupación Local y está formada por la totalidad de afiliados al partido adscritos a una determinada Agrupación Local.

      Se reunirá una vez al semestre trimestre, en sesión ordinaria para debatir el Informe que le remitirá el Consejo Local, y en sesión extraordinaria cuando lo acuerde el Consejo Local o lo soliciten al menos el 30 % de los afiliados adscritos que deberán aportar el Orden del Día que se propone.

      Llegado el momento de la renovación de cargos se constituirá en Congreso Local que procederá a la elección de un nuevo Consejo y a la aprobación de las Resoluciones y Acuerdos correspondientes a su ámbito de competencias.

      2. La Asamblea estará presidida por el Coordinador Local o persona en quien éste delegue y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Local que levantará Acta de los acuerdos adoptados.

      La Asamblea Local estará presidida por una Mesa elegida al comienzo de cada sesión y compuesta por un Presidente y un Secretario de Actas.

      3. Son competencias de la Asamblea Local, amén de aquellas otras que le puedan ser atribuidas por estos Estatutos o sus Reglamentos de desarrollo:

      a) Aprobar a propuesta del Consejo Local los programas electorales de su ámbito geográfico correspondiente, respetando en todo caso los Programas-marco municipal y autonómico.

      b) Ratificar los nombramientos de nuevos miembros del Consejo Local a propuesta del Coordinador Local.

      c) Debatir el Informe semestral que presentará el Consejo Local.

      En el caso de que éste resulte rechazado por el voto en contra de al menos 2/3 de los votos emitidos, siempre que representen al menos la mitad más uno de los afiliados adscritos, de la mitad más uno de los votos de los afiliados presentes, el Consejo deberá convocar Congreso Local extraordinario para la elección de nuevos cargos en el plazo de un mes.

      Art. 47.- El Consejo Local:

      1. Al frente de cada Agrupación Local estará el Consejo Local que como máximo órgano ejecutivo será el encargado de dirigir la acción política del partido en el ámbito local. Es el órgano elegido por la Asamblea Local ante la que responde, debiendo presentar el correspondiente Informe cada seis tres meses.

      2. Entre otras funciones será competencia del Consejo Local:

      a) Ordenar, coordinar y dirigir las actividades del partido a nivel local.

      Adaptando la estrategia general a las necesidades y peculiaridades de su ámbito geográfico propio, en coordinación con las directrices políticas emanadas de los órganos superiores, y establecer las líneas maestras de la acción política de los representantes y grupos institucionales de ámbito local. Reservándose la decisión última sobre la posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas estratégicas con relación al programa local del partido, dando cuenta de ello en la sesión inmediata de la Asamblea local.

      b) Elaborar los correspondientes Programas Electorales de ámbito local, con respeto a las directrices fijadas por los Programas-marco municipales, para su posterior aprobación por la Asamblea Local.

      c) Coordinar y dirigir las relaciones del partido con todo tipo de instituciones, asociaciones, sindicatos, corporaciones y en general grupos sociales de su ámbito territorial, con informe preceptivo a la Asamblea Local.

      d) Dirigir la gestión administrativa del partido en su ámbito propio, elaborando su propio Presupuesto, bajo la supervisión y control del Consejo Territorial y el responsable financiero-administrativo territorial, y mantener operativas y abiertas al público las sedes del partido.

      e) Desarrollar la tarea de implantación y expansión del partido en su ámbito propio.

      f) Desarrollar y dirigir, en coordinación con los órganos centrales correspondientes, las campañas electorales que se celebran en su ámbito geográfico, para lo que podrá delegar la totalidad o parte de sus funciones en el correspondiente Comité de Campaña Local.

      g) El seguimiento político y el control de la labor del gobierno local y demás instituciones de su ámbito.

      h) Convocar la Asamblea Local y el Congreso Local

      i) Mantener la comunicación ordinaria con los afiliados y simpatizantes de su ámbito, facilitándoles la información suficiente sobre la actividad del partido en el ámbito local. Y colaborar en el diseño, coordinación y desarrollo de cuantas campañas y programas se diseñen aprueben para propiciar la participación de afiliados y simpatizantes.

      j) Impulsar y coordinar las tareas formativas del partido.

      3. El Consejo Local debe ser un órgano operativo que adecue su tamaño y estructura a las necesidades de la acción política en su ámbito, estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 10 miembros y será elegido por el voto individual, directo y secreto de la totalidad de afiliados adscritos a cada Agrupación Local en el marco del correspondiente Congreso Local.

      Los criterios generales y el procedimiento para su elección serán los mismos que los contemplados para el Consejo de Dirección y el Consejo Territorial en los artículos 29 y 39 de estos Estatutos.

      Su mandato tendrá una duración de entre tres y cuatro años coincidiendo con el mandato ordinario de los órganos de dirección del partido. Se procederá a su renovación en el periodo inmediatamente posterior a la celebración de los Congresos Territoriales del partido, no pudiendo en ningún caso superar el plazo de dos meses.

      La candidatura al Consejo Local deberá ser presentada por el que se postule como Coordinador y necesitará ir únicamente avalada por la firma de todos sus miembros, designando de forma nominal al menos los siguientes cargos:

      - Coordinador

      - Responsable de Organización

      - Responsable de Política Local

      La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a la potestad de autoorganización de cada candidatura.

      4. El Consejo Local se reunirá con la frecuencia que por sí misma acuerde, y al menos una vez al mes, sus decisiones se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la reunión y que asistan al menos la mitad de sus miembros.

      5. Sus deliberaciones son reservadas, se harán constar en el correspondiente Acta que levantará quien desempeñe las funciones de Secretario y estarán a disposición de todos y cada uno de sus miembros, del Consejo Territorial y del Consejo de Dirección del partido.

      6. El Coordinador ostenta la máxima representación del partido en el ámbito local, coordina su acción política, preside las reuniones del Consejo Local en las que dispondrá de voto de calidad y es el portavoz cualificado del mismo en su ámbito territorial para todas las cuestiones atribuidas estatutariamente a la competencia del Consejo Local.

      No obstante podrá delegar la función de portavoz de forma total o parcial y ya sea temporal o permanentemente, en algún otro miembro del Consejo.

      7. Igualmente preside las reuniones de la Asamblea Local.

      8. El Coordinador podrá reasignar tareas y funciones dentro del Consejo sin limitación. Y para el caso de que no se haya completado el número máximo de miembros posibles al inicio de su mandato, en función de las necesidades y el desarrollo del partido, podrá nombrar nuevos miembros hasta completar el número máximo posible. Nombramientos que someterá a la ratificación de la siguiente Asamblea Local Ordinaria.

      9. La Asamblea Local habrá de convocarse para debatir y votar una moción de censura contra el Consejo Local cuando así lo soliciten un mínimo del quince por ciento de los afiliados. Para prosperar, la moción de censura habrá de obtener el respaldo de la mitad más uno de los miembros de la Agrupación Local en sesión convocada al efecto. De resultar aprobada, el propio Consejo Local nombrará una Comisión Gestora que lo sustituya, y que habrá de convocar un Congreso extraordinario dentro del plazo de tres meses.

      10. A propuesta de del quince por ciento de los miembros de la Agrupación, se convocará sesión de la misma para somete a votación una moción de desconfianza contra cualquiera de los miembros del Consejo Local, con la excepción del Coordinador. Para ser aprobada deberá contar con más votos a favor que en contra. Su aprobación obligará al Coordinador a destituir al Consejero reprobado y nombrar un sustituto, que será designado si su designación cuenta con más votos a favor que en contra.

      11. En caso de dimisión, incapacidad, fallecimiento, baja en el partido o suspensión disciplinaria que afecte a un número inferior a la mitad más uno de los miembros del Consejo Local, el Coordinador podrá nombrar los correspondientes sustitutos que someterá a la ratificación de la siguiente Asamblea Local Ordinaria.

      Si alguna de estas circunstancias afectase al propio Coordinador o a un número de miembros por encima de la cifra señalada, el Consejo Territorial nombrará una Gestora que sustituirá al Consejo en sus funciones, mantendrá la actividad ordinaria del partido y convocará una Asamblea Local Extraordinaria en el plazo de un mes.

      En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida al Coordinador el cumplimiento de sus funciones de forma temporal, será sustituido por el Responsable de Organización o, en su defecto, por el miembro del Consejo de más antigüedad en el partido.

      TITULO III

      Del Régimen Económico y Patrimonial del partido

      Art. 48.- Del Régimen Patrimonial, principios.-

      El partido ostenta plena capacidad jurídica y de obrar, constituyendo su patrimonio el conjunto de bienes y derechos que le pertenecen o que pueda adquirir y de los que podrá disponer o enajenar por cualquier título.

      El partido someterá su actuación económica a los siguientes principios:

      a) Objetivo esencial en será el conseguir que el partido disponga del mayor grado posible de independencia económica y financiera para el desarrollo de su actividad. Procurando recurrir en la medida de lo posible a la financiación mediante recursos propios.

      b) Todas las actividades que se programen deberán ir acompañadas de su correspondiente previsión de gastos y fuentes de financiación.

      c) El partido funcionará con el criterio de caja única, tanto para los cobros como para los pagos de los gastos en que se incurra.

      d) Se procederá con la mayor austeridad posible en la asunción de compromisos de gasto de todo tipo.

      e) La gestión económico-financiera del partido recaerá en personas de perfil profesional acreditado, encuadradas dentro de la Gerencia del partido y que estarán al margen de su estructura política.

      Art. 46.- Recursos y presupuestos:

      1. Los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas y aportaciones de sus afiliados, por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine anualmente, por las subvenciones públicas a las que tenga derecho conforme a lo establecido por la Ley, por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.

      2. El Consejo de Dirección dentro del Proyecto de Presupuesto y Memoria Económica que debe presentar anualmente para su aprobación por el Consejo Político, fijará:

      - El importe de la cuota a satisfacer regularmente por los afiliados; en todo caso deberá contemplarse una cuota reducida para aquellas personas que de forma temporal o permanente dispongan de escasos recursos.

      - El importe de las aportaciones extraordinarias que, en su caso, deban satisfacer los afiliados.

      - El sistema de participación de los órganos territoriales en los recursos e ingresos del partido, a fin de determinar una distribución solidaria y equitativa de los mismos.

      3. El ejercicio económico del partido, incluyendo a todas las organizaciones territoriales, tendrá la duración del año natural y se cerrará al 31 de diciembre de cada año. Reglamentariamente se establecerá el contenido, la forma y los plazos en los que las organizaciones territoriales enviarán al Consejo de Dirección el informe anual de su actividad económica.

      4. Todas las organizaciones territoriales elaborarán un presupuesto anual de ingresos y gastos, junto con una memoria explicativa de los mismos, que deberán enviar al Consejo de Dirección en la forma y los plazos que reglamentariamente se determinen.

      5. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones, se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.

      6. Las organizaciones territoriales no podrán incurrir en déficit, debiendo ajustar su estructura de costes a sus ingresos. Llevarán un Registro de Proveedores, y en cada sede existirá un Registro de Bienes Inventariables.

      Art. 47.- De la Gerencia.-

      La gestión económico-administrativa del partido será responsabilidad de un Gerente profesional, de perfil exclusivamente técnico, que no podrá participar en ningún órgano del partido, ni ostentar cargo público alguno.

      Será responsable de la correcta ejecución de los presupuestos acordados por los órganos competentes y para su labor contará con los correspondientes recursos económicos, materiales y humanos. Dependerá funcionalmente del Responsable de Organización del partido.

      Art. 48.- De los Apoderamientos.-

      En todo caso será el Consejo de Dirección el encargado de otorgar cuantos poderes sean precisos para el correcto funcionamiento y gestión en el ámbito de la Administración y Finanzas del partido.

      Las facultades que se incluyan en dichos poderes, se revocarán automáticamente tras la celebración del Congreso correspondiente, debiéndose otorgar otros nuevos.

      TITULO IV

      Régimen de los cargos públicos del partido

      CAPITULO PRIMERO

      Principios de actuación. Incompatibilidades

      Art. 49.- Principios. Grupos Institucionales:

      1. Los cargos públicos del partido, ya lo sea en su calidad de cargos electos o como cargos de libre designación, son la vía para la acción política del partido en las diversas Instituciones democráticas, por ello en su actuación deberán defender en todo momento los Principios y Fines del partido explicitados en los presentes Estatutos, las Resoluciones y Acuerdos de los correspondientes Congresos del partido y los Programas Electorales concretos con los que el partido concurra a las distintas elecciones.

      2. Los cargos públicos del partido dispondrán de la autonomía necesaria para trasladar la acción política concreta a las Instituciones, respetando en todo caso las competencias que les corresponden a los órganos de dirección del partido y a los órganos territoriales en sus distintos niveles.

      Todos los cargos públicos del partido deberán respetar el Código de Buenas Prácticas Públicas que se recoge en el Cápitulo II, Título IV de estos Estatutos. Deberán atender a este respecto los requerimientos que les efectúe la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas del partido, para que aporten información complementaria sobre su situación patrimonial o sobre actividades económicas con las que estén relacionados. El incumplimiento de la obligación de aportar los datos solicitados o de colaborar con la Oficina constituirá una falta disciplinaria grave y conllevará, previo apercibimiento, la supresión temporal de militancia del afectado o afectada.

      3. Los Grupos Institucionales estarán formados por el conjunto de los candidatos elegidos en las listas electorales del partido en las Instituciones de ámbito nacional, autonómico, provincial, insular y local. Su regulación concreta se regulará por la correspondiente norma reglamentaria.

      En todo caso la Presidencia y portavocía del grupo le corresponderá al candidato que haya concurrido en el primer lugar de la correspondiente lista electoral.

      En su actividad ordinaria cada Grupo Institucional podrá estar asistido de su correspondiente gabinete técnico y administrativo, que dependerá directamente de la presidencia del Grupo.

      Los Grupos Institucionales no aceptarán en su seno a quienes al tiempo de las elecciones figurasen integrados en la candidatura de otra formación política.

      Todos los Grupos Institucionales del partido deberán elaborar un Informe anual sobre sus actividades que remitirán al órgano deliberativo de su correspondiente nivel (Consejo Político, Asamblea Territorial y Asamblea Local).

      Art. 50.- Declaración de Bienes:

      1. Todos los candidatos en listas del partido deberán presentar una declaración de bienes y actividades con anterioridad a la aprobación definitiva de la lista por el órgano competente en cada ámbito.

      Esta declaración se presentará ante el Responsable de Organización del correspondiente Consejo, que será el encargado de su custodia en condiciones de absoluta confidencialidad.

      El incumplimiento de la obligación de declarar podrá determinar la exclusión del candidato de la correspondiente lista.

      2. Los cargos públicos de libre designación deberán presentar ésta declaración

      de forma previa a su toma de posesión, ante la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas del partido. Que a su vez tendrá acceso para el desarrollo de su función a las declaraciones prestadas por los candidatos electos.

      3. Respecto a los candidatos electos y cargos públicos de libre designación, estarán obligadas a presentar otra declaración al finalizar su mandato o al cesar en el cargo para el que fueron nombradas.

      Art. 51.- Incompatibilidades:

      1. No será posible simultanear la percepción de ingresos como cargo público, ya lo sea en calidad de cargo electo o de libre designación, y la percepción de remuneración por el propio el partido.

      2. No será posible desempeñar dos cargos públicos electivos en representación del partido de forma simultánea. No se tendrá en cuenta a este respecto aquellos otros cargos inherentes o derivados del principal.

      3. Ninguna persona designada por el partido podrá desempeñar un mismo cargo público de carácter ejecutivo electivo más de dos legislaturas completas consecutivas. El resto de cargos públicos electos no podrá acumular más de tres legislaturas completas consecutivas.

      4. Para poder ocupar un cargo público electo o de libre designación en nombre del partido que implique dedicación completa, será requisito necesario poder acreditar el desempeño previo de algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, o actividad empresarial de cualquier tipo, durante al menos tres años.

      5. Será incompatible el desempeño de un cargo ejecutivo en algún órgano interno del partido y el desempeño simultáneamente de un cargo público también de carácter ejecutivo. Se exceptúan los casos de Portavoz del partido y Coordinador Territorial o Coordinador Local, en su propio ámbito de actuación.

      CAPÍTULO SEGUNDO

      Del proceso de elaboración de candidaturas

      Art. 52.- Selección de candidatos:

      1. La elección de las personas que encabecen las candidaturas y que optarán en nombre del partido a Presidente/a del Gobierno, Presidente/a de Comunidad Autónoma, Alcalde/sa, Presidente/a del Cabildo, del Consejo Insular o de la Diputación Provincial; y también el/la cabeza de lista al Parlamento Europeo y los/las cabezas de lista de cada Provincia en las Elecciones Generales y en las correspondientes Elecciones Autonómicas se decidirá mediante elecciones primarias.

      2. En el caso de candidato a Presidente/a del Gobierno y cabeza de lista para las Elecciones Europeas:

      a) El censo de electores para la elección, estará compuesto por la totalidad de afiliados del partido, de alta y en plenitud de derechos a la fecha en que se acuerde la correspondiente convocatoria electoral. Y los simpatizantes inscritos en el correspondiente censo con un año al menos de antigüedad

      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. También podrán presentarse aquellos candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo de Dirección.

      c) El Consejo de Dirección decidirá por qué Provincia concurre el candidato/a para la Presidencia del Gobierno.

      d) Se votará por Provincias, constituyéndose el Consejo Provincial (Consejo Territorial en las CCAA Uniprovinciales) en Comisión Electoral Provincial que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, etc.)

      3. En el caso de candidatos a Presidente/a de Comunidad Autónoma:

      a) El censo de electores que pueden participar en la elección estará compuesto por la totalidad de afiliados y simpatizantes de la correspondiente Comunidad Autónoma de alta y en plenitud de derechos a la fecha en que se acuerde la convocatoria electoral y que acrediten al menos un año de antigüedad en el partido.

      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. También podrán presentarse aquellos candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo Territorial.

      c) Se votará en toda la CCAA, constituyéndose el Consejo Territorial en Comisión Electoral Territorial que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, proclamación de candidatos, etc.).

      4. En el caso de candidatos a Alcalde/sa:

      a) El censo de electores que pueden participar en la elección, estará compuesto por la totalidad de afiliados y simpatizantes del correspondiente Municipio en plenitud de derechos a la fecha de la convocatoria electoral, y que acrediten al menos un año de antigüedad en el partido.

      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados del Municipio de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. También podrán presentarse aquellos candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo Local

      c) Se constituirá el Consejo Local en Comisión Electoral Local que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, proclamación de candidatos, etc.). En el caso de que exista más de un Consejo Local dentro del mismo Municipio, El Consejo Territorial procederá a nombrar una Comisión Electoral Local con igual número de representantes de cada uno de los Consejos Locales del Municipio.

      5. En el caso de cabeza de lista en cada Provincia, para las Elecciones Legislativas y Autonómicas. Así como en las elecciones a Presidente de Cabildos, Consejos Insulares, Diputaciones Provinciales y Juntas Generales:

      a) El censo de electores que pueden participar en la elección estará compuesto por la totalidad de afiliados y simpatizantes de la correspondiente Provincia o Isla, de alta y en plenitud de derechos a la fecha en que se acuerde la convocatoria electoral y que acrediten al menos un año de antigüedad en el partido.

      b) Podrán presentarse como candidatos, la totalidad de los afiliados del correspondiente censo provincial de alta y en plenitud de derechos en el momento de la correspondiente convocatoria y que acrediten al menos dos años de antigüedad en el partido. Y los candidatos independientes que sean propuestos por el Consejo Provincial o el Consejo Territorial en su caso.

      c) El Consejo Provincial se constituirá en Comisión Electoral Provincial e Insular que de acuerdo a la normativa reglamentaria correspondiente supervisará y dirigirá todo el proceso de primarias en su circunscripción (fijación del censo de electores, presentación de candidaturas, desarrollo de campaña, jornada de votaciones, proclamación de candidatos electos, etc.).

      6. La elaboración del resto de la candidatura en los diversos procesos electorales se basará en los principios de: mérito y capacidad, representatividad y proyección social de los candidatos, igualdad de todos los afiliados para acceder a los cargos públicos y cumplimiento de la normativa relativa a la composición paritaria de las listas.

      Una vez finalizado el proceso de primarias o en el caso de que éstas quedasen desiertas, corresponderá a los Consejos Territoriales y Locales, proponer la composición de las listas correspondientes, siguiendo los criterios anteriormente señalados y teniendo en cuenta la trayectoria personal, profesional y política de los candidatos, y en su caso, los resultados obtenidos en las elecciones primarias.

      Para las listas provinciales, los Consejos Provinciales remitirán al Consejo Territorial su propuesta de lista.

      Los Consejos Territoriales y Locales antes de su remisión al Consejo de Dirección someterán las listas al dictamen de la Asamblea Territorial o Consejo Político Territorial en su caso, y de las Asambleas Locales, excluyéndose a los candidatos elegidos mediante el sistema de primarias.

      7. Las listas de candidatos completas serán remitidas al Consejo de Dirección para su aprobación definitiva.

      El Consejo de Dirección tendrá la facultad exclusiva de aprobar de forma definitiva la composición de las listas. Se excluye de esta aprobación los candidatos elegidos en primarias. Respecto de estos y en función de su trayectoria o perfil público si considera su candidatura dañosa para la imagen pública del partido o incapaces para ejercer un cargo de representación política, sólo cabe remitir la correspondiente objeción razonada al Comité de Garantías del partido que deberá pronunciarse de forma inmediata sobre su idoneidad o no, su decisión decidirá de forma definitiva la cuestión.

      En este supuesto el puesto del candidato desplazado pasará a ser ocupado por el siguiente que más votos haya obtenido.

      8. En el caso de las Elecciones Europeas el Consejo de Dirección será el encargado de la confección de la lista, que someterá a la aprobación del Consejo Político. Los candidatos habrán de ser aprobados nominalmente por el Consejo Político, siendo rechazados aquellos que obtengan una votación adversa de la mitad más uno de los miembros del Consejo Político.

      antes de aprobarla de forma definitiva la someterá al dictamen consultivo del Consejo Político.

      9. Igualmente el Consejo de Dirección podrá, por sí mismo o por delegación del Consejo Territorial, completar las listas incompletas, llenar las vacantes o presentar listas completas allí donde por cualquier causa, no se haya podido elegir por el sistema estatuido.

      Art. 53.- Campañas de elecciones primarias. Comisión Electoral:

      1. Los afiliados con derecho a presentar candidaturas tendrán los mismos medios para promoverla en las circunscripciones en las que se presenten. Tendrán derecho a convocar reuniones electorales en las sedes del partido, a recabar el apoyo de otros afiliados, y a disponer en la intranet del partido de un espacio donde exponer su candidatura como crean conveniente, guardando siempre el respeto debido y cumpliendo con las obligaciones impuestas por estos Estatutos.

      En ningún caso se facilitarán los listados y datos personales de afiliados y simpatizantes.

      2. La Comisión Electoral es el órgano máximo de dirección de todo el proceso de elecciones primarias, así: aprobará los censos definitivos de afiliados con derecho a ser elegidos y elegibles, establecerá el calendario, resolverá con carácter definitivo las posibles reclamaciones que puedan surgir contra los acuerdos y resoluciones de los Consejos Territoriales, Locales y Provinciales en ésta materia y completará en su caso la regulación existente mediante las oportunas Resoluciones de obligado cumplimiento.

      CAPITULO TERCERO

      Código de Buenas Prácticas Públicas

      Art. 54.- Alcance y responsabilidad:

      1. Se establece una regulación general de los deberes básicos de los cargos orgánicos y de los cargos públicos del partido fundada en principios éticos y reglas de comportamiento comúnmente aceptadas, que amplia y completa los derechos y deberes de los afiliados contemplados en el Capítulo Primero, del Título I de estos Estatutos.

      2. Estas reglas afectan a todos los afiliados del partido. No obstante, dado que la condición de cargo orgánico del partido y de cargo público comporta una especial responsabilidad que va más allá del límite legal y estatutariamente establecido, con obligaciones específicas para con los ciudadanos, el propio partido y la imagen trasladada a la sociedad, a ellos van dirigidas de modo especial.

      3. Las siguientes reglas de conducta, como límite de las actuaciones permitidas a los cargos orgánicos y sobremanera a los cargos públicos del partido y tengan o no la condición de afiliados, les obligan en cuanto representantes públicos del partido.

      4. En ningún caso podrá interpretarse el presente Código como una pauta moral para juzgar los comportamientos y conductas privadas, sin transcendencia pública ni relación con el desempeño del cargo público, de los afiliados y cargos del partido.

      5. La infracción de estos principios llevará aparejada la correspondiente responsabilidad disciplinaria, amén de aquellas otras que quepa exigir en cada caso. Resultará competente para iniciar el correspondiente expediente informativo en los términos recogidos en el art. 32 de los presentes Estatutos, la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas.

      Art. 55.- Código de Buenas Prácticas:

      1. La actuación de los cargos orgánicos y de los cargos públicos del partido se fundamenta en tres pilares: Integridad, Responsabilidad y Transparencia.

      2. Desarrollados a su vez en los principios de: interés público, independencia, confidencialidad, liderazgo, dedicación al servicio, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez.

      3. Y concretadas en las siguientes pautas de conducta:

      a) Los cargos públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales, con lealtad a los principios y fines del partido y al Programa votado por los ciudadanos, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y al margen de cualquier otro factor que exprese intereses personales, familiares, corporativos, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

      b) Los cargos públicos deben salvaguardar tanto su independencia como la imagen de ésta para garantizar la integridad y la credibilidad de su labor.

      Por ello se abstendrán y evitarán intervenir en aquellos asuntos en los que obtengan un beneficio personal para ellos o para su entorno (personas relacionadas por sangre o matrimonio u otros con los que mantenga una estrecha relación personal o financiera a menos que hayan hecho la correspondiente declaración de intereses y haya recibido el correspondiente permiso por parte de la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas), así como en toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

      c) Sin menoscabo del interés general o de la legalidad, guardarán secreto de las materias que puedan perjudicar a los intereses del partido u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo o afiliación, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público o del partido.

      d) Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan en función de su cargo. Y el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará cumpliendo las asistencias, la jornada y el horario necesario para alcanzar los objetivos de su cargo.

      e) Actuarán con lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

      f) Actuarán basados en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna

      g) Se abstendrán no solo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, sino también de cualesquiera otras que al trascender a la vida pública puedan comprometer la imagen del partido o de la institución de la que forman parte.

      h) Administrarán los recursos del partido y los bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

      i) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus compañeros de partido y a los empleados públicos.

      j) Se mantendrán accesibles durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas e informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

      k) Se asegurarán de mantener una conducta irreprochable, respetando los principios de estos Estatutos, manteniendo la buena reputación y la credibilidad del cargo que ostentan, y vigilando que el partido y la institución no se pongan en riesgo a resultas de sus actuaciones.

      l) No ejercerán presiones o su influencia sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

      m) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

      n) Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

      o) Los cargos públicos, los cargos orgánicos y los afiliados en general, sin la aprobación del Consejo de Dirección, tienen prohibida la distribución dentro del partido o de la Institución en la que desarrollan su actividad de cualquier tipo de información, documentación o material ajeno al partido o a la Institución Pública, para cualquier entidad, empresa o actividad que no esté permitida de manera expresa.

      p) Los cargos públicos y los afiliados que por razón de su cargo han accedido a cualquier recurso, suministro, material, equipos, u otros materiales tienen prohibido usarlos fuera de su función original.

      q) Para garantizar la credibilidad de su labor, la imagen y la reputación de la Institución, los cargos públicos deben trasmitir una conducta responsable hacia sí mismos y en prestigio de la función pública desarrollada.

      Art. 56.- Declaración de intereses:

      1. A los efectos de estos Estatutos se entiende por entorno: personas relacionadas por descendencia, ascendencia, consanguinidad o matrimonio u otras con los que mantenga una estrecha relación personal o económica.

      2. Todos los cargos públicos deben revelar a la Oficina de Control de Buenas Prácticas Públicas cada acuerdo o situación de este tipo:

      a) La contratación de un miembro de su entorno en la administración pública (instrumental incluida) en la que desarrolla su tarea o la aceptación de una oferta de empleo privada que considere tiene el potencial de generar un conflicto de intereses.

      b) La adjudicación de un contrato o concesión público si implica un beneficio para él o su entorno, o privado si tiene el potencial de generar un conflicto de interés.

      c) La participación en cualquier proyecto empresarial, fundación, o relación con la administración de forma personal o a través de miembros de su entorno, si tiene el potencial de generar un conflicto de interés.

      Art. 57.- Clausula de Discrepancia:

      1. Los afiliados y cargos públicos del partido podrán acogerse a la Cláusula de Discrepancia en aquellas cuestiones no recogidas en los Principios y Fines del partido, en las Resoluciones Congresuales o en el Programa del partido, y además en los casos en que así lo habilite el Consejo de Dirección.

      2. En su virtud los afiliados y cargos públicos podrán:

      a) Negarse a pronunciarse, actuar proactivamente, tomar parte en actividades de apoyo, o tomar decisiones a favor, en asuntos que entrando en los supuestos previstos en el apartado anterior, queden dentro de la esfera interna o de la interpretación ideológica o política de la persona. Sin que por ello se les pueda coaccionar, sancionar o expulsar.

      b) Negarse a participar en cualquier actuación que vulnere la legalidad o los principios éticos descritos en el Código de Buenas Prácticas en estos Estatutos.

      c) Siempre que concreten que es una opinión personal, expresar su discrepancia pública sobre determinados asuntos con el partido, de forma leal y respetuosa, y sin exceder de los límites establecido en los arts. 7 y 8 de estos Estatutos.

      DISPOSICIÓN ADICIONAL.

      Al Consejo de Dirección le corresponde elaborar los correspondientes Reglamentos de desarrollo de los presentes Estatutos que deben ser aprobados por el Consejo Político. Al menos existirán las siguientes normas reglamentarias: Reglamentos de Funcionamiento de los órganos colegiados del partido, Reglamento de Congresos y Asambleas, Reglamento de afiliación, Reglamento Disciplinario y Reglamento de Control Financiero Administrativo.

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

      En tanto no se aprueben los Reglamentos correspondientes, permanecerán vigentes con el carácter de normas reglamentarias las denominadas “Recopilación de Normas de Organización” aprobadas por el Consejo de Dirección de fecha 6 de febrero de 2009, en todo lo que no se oponga a los presentes Estatutos.

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

      En el plazo de tres meses desde la finalización del presente Congreso Nacional deberán celebrarse los correspondientes Congresos Territoriales para renovar los cargos actuales y adaptar la estructura del partido a las disposiciones recogidas en los presentes Estatutos.

      Su calendario de celebración lo fijará el Consejo de Dirección en el plazo de un mes desde la finalización de este I Congreso, a tal fin dictará las normas necesarias para su celebración conforme a las reglas generales recogidas en los presentes Estatutos.

      Igualmente en el plazo de dos meses desde la finalización de los correspondientes Congresos Territoriales, se deberán celebrar los Congresos Locales correspondientes a las Agrupaciones Locales ya constituidas y que se adapten a los criterios recogidos en los presentes Estatutos. A los Consejos Territoriales les corresponderá fijar el calendario, y reordenar la situación de los actuales Comités Electorales Locales de su CCAA para convertirlos en las Agrupaciones Locales que corresponda, elevando la correspondiente propuesta al Consejo de Dirección para su aprobación.

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

      Para los comicios que se celebren en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de los presentes Estatutos no resultarán aplicables las exigencias de periodo de antigüedad mínimo en el partido a la hora de optar como candidato electoral.

      DISPOSICIÓN FINAL

      Los presentes Estatutos entran en vigor el mismo día de su aprobación por el I Congreso de UPyD y sólo podrán ser modificados por el propio Congreso del partido.

      Nota final: Aun está pendiente de una revisión de la edición, por si hay fallos en el paso de formato word a html. Se hará cuando se pueda, y entonces se quitará esta nota final (PM). Mientras tanto,  Se recomienda usar la versión de “Word”, decsragable de este enlace –>.

      Nota previa: De momento, solo el apartado de “justificación” de la enmienda. Lo demás, llegará a tiempo.

      Hay que tener también en cuenta que la enmienda no va sola, sino en conjunto con una enmienda parcial a la ponencia Política, en sus apartados 64 a 70, que son los que fundamentan la Ponencia de Estatutos. Y una disposición transitoria que diseñe un camino para superar el impasse y salir del laberinto.

      ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA PONENCIA DE ORGANIZACIÓN Y ESTATUTOS


      JUSTIFICACION


      Esta enmienda a la totalidad se fundamenta en varias razones:

      1.- La ilegalidad y nulidad de pleno derecho del Reglamento Congresual aprobado por el Consejo Político, que vulnera los estatutos y priva de su capacidad decisoria al Congreso (o Asamblea General, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos) para adoptar las decisiones más importantes del Partido, como es el diseño de sus órganos superiores de decisión (art. 7, 2 de la susodicha Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio).

      En efecto, en el preámbulo del Reglamento, así como en distintos artículos del texto normativo (art. 6; art. 8; art. 30; y art. 31, A) y C), D)) se modifica de raíz la previsión estatutaria del procedimiento de convocatoria y funcionamiento del Congreso, y se predetermina la estructura de los órganos de Dirección:

      • a) En el art. 6 del Reglamento se atribuye al Consejo de Dirección la competencia de rechazar aquellas enmiendas “incoherentes con el objetivo de las ponencias”, como podrían ser, por ejemplo las enmiendas referentes al Reglamento del Congreso.

      • b) En el art. 8 se atribuye el carácter de Delegados natos en el Congreso a todos los miembros del Consejo de Dirección, independientemente de la voluntad de los afiliados y contraviniendo el art. 11,3 de los Estatutos
      • c) En el art. 30 se altera antiestatutariamente el procedimiento de elección de los órganos de dirección, vulnerando los arts. 11, 5 , 12,1 y 12,1 f) de los Estatutos, que dicen que los órganos de dirección serán elegidos por el Congreso, que el Consejo de Dirección será elegido por el Congreso, y no por los afiliados, y que el Portavoz del Partido será nombrado por el Consejo de Dirección.
      • d) En el art. 31 D) se diseña un procedimiento de elección del Consejo de Dirección por los afiliados, mediante presentación de candidaturas por los candidatos a portavoz, que habrán de presentar cada uno de ellos candidaturas de 21 miembros, que habrán de ser votadas en listas cerradas, completas y bloqueadas mediante votación por sistema mayoritario.

      Este artículo vulnera el art. 12, 1 de los Estatutos, que establece que el número máximo de miembros del Consejo de Dirección será el de veinte, de entre los cuales se elegirá un portavoz, y que serán elegidos en el Congreso, y no por los afiliados.

      • e) En el art. 31, A) se establece que habrá 19 Coordinadores territoriales que serán miembros natos del Consejo Político, contraviniendo el art. 12,2 de los Estatutos, que sólo atribuye esta cualidad a los 20 (no 21) miembros del Consejo de Dirección.

      Por estas razones, de modificación antiestatutaria de los Estatutos, el Reglamento Congresual es ilegal y nulo de pleno derecho, invalidando la convocatoria del Congreso.

      2.- La ponencia de Organización y Estatutos diseña un sistema de gobierno del Partido basado en algunos rasgos del presidencialismo, pero descompensado por carecer de los mecanismos de freno y contrapeso de dicho sistema. La consecuencia es que se atribuye un poder desmesurado, ya no sólo a un Portavoz personal al que se podría atribuir la responsabilidad de las decisiones, sino a un Consejo de Dirección de 21 miembros, elegido por los afiliados en el momento del Congreso, al que es imposible controlar durante los tres años de duración del mandato. El hecho de que se establezca el requisito de una mayoría de dos tercios para poder aprobar una moción de censura contra el Consejo de Dirección, en un Consejo Político compuesto por 150 miembros, de los cuales 21 son componentes del Consejo de Dirección, transforma le exigencia de una mayoría tan alta en una cuasi unanimidad, pues obliga a contar con 100 votos favorables a la moción de entre 129, tarea casi imposible. Y si pensamos en los Coordinadores Territoriales como parte del “aparato”, entonces serían necesarios 100 votos de un total de 110 elegidos directamente por los afiliados.

      El Consejo Político como representación de la Asamblea General de los afiliados, en los intervalos entre Congresos, que según la Ley de Partidos debe ser el órgano superior del partido (art. 7 L.O. 6/2002, de 27 de junio), carece de instrumentos de control efectivos del Consejo de Dirección.

      Además se otorgan poderes amplísimos al Consejo de Dirección en muy diversos ámbitos de la vida política del Partido, tales como la capacidad de resolución de expedientes disciplinarios, la decisión de coaliciones electorales sin intervención del Consejo Político; la designación de miembros de la Comisión Electoral, la interpretación de las normas del partido, la defensa de la “imagen” del partido si entra en conflicto con la opinión de los afiliados, la gestión exclusiva del censo, la comunicación hacia y entre los afiliados, y otras.

      La consecuencia de este poder desmesurado y sin contrapesos del Consejo de Dirección es que se configura un poder cesarista del Portavoz, circundado por la guardia pretoriana del resto del Consejo de Dirección, que además pueden ser reelegidos por tres o dos mandatos más. En síntesis, se configura un sistema de gobierno del Partido que no reúne los requisitos mínimos para ser considerado democrático, vulnerando de este modo la Constitución y la Ley de Partidos.

      3.- El modelo de partido establecido en la Ponencia deriva su fundamento de la concepción del mismo que se mantiene en los apartados 68 y siguientes de la Ponencia Política, por lo que también complementa a esta enmienda a la totalidad de la Ponencia de Organización y Estatutos una enmienda parcial a los apartados mencionados de la Ponencia Política.

      4.- La enmienda a la totalidad diseña un modelo de partido alternativo al de la Ponencia de Organización y Estatutos, basado en el principio de organización presidencialista del Partido, no sólo en el ámbito central, sino también local, pero equilibrado con “checks and balances” que permitan simultáneamente un liderazgo fuerte y unos controles eficaces, frente a esta delegación de poder por tiempo limitado a unas personas, como Portavoz (Presidente), o Coordinadores Territoriales.

      La razón que justifica este modelo alternativo es que la Constitución y la Ley establecen la obligatoriedad de estructura y funcionamiento democráticos de los partidos políticos españoles. Además de que, por parte de quienes presentan esta enmienda, se tiene el convencimiento de que no es posible Regenerar democráticamente España con procedimientos y estructuras antidemocráticas que lo que harían sería acentuar el distanciamiento de políticos y ciudadanos, corromper el proyecto fundacional del Partido y ayudar a la destrucción del sistema político español, sustituyéndolo por una oligarquía cada vez más cerrada y corrupta orientada exclusivamente a la satisfacción de sus intereses particulares.

      Una nota previa: Creamos una “categoría” UPyD – Enmiendas (en la columna de la derecha de la página de inicio), de forma que al que esté interesado en ver las enmiendas que se han puesto aquí, le salgan todas juntas.

      Enmienda–Individual

      Autor-menda

      Tipo de enmienda de adición

      Título III Capítulo Tercero

      Artículo 33 B Nuevo—- Defensor del afiliado

      Punto)

      • Textos  que se proponen

      - crear la figura del defensor del afiliado.

      será elegido en el congreso. deberá ser independiente del CP y del CD, no es de la C de garantías tampoco. será imparcial y con prestigio y credibilidad. Interferirá en cualquier reclamación y queja por parte del afiliado sobre malas prácticas,  abusos de poder y abuso de derecho (utilizar el derecho más restrictivo) de los organismos de dirección y resto de estructura.

      rendirá cuentas sólo al congreso.

      Todo afiliado podrá recurrir a él mediante web, correo electrónico.

      la dirección habilitará en el web un formulario de quejas al que sólo tendrá acceso el defensor del afiliado.

      • Textos que se sustituyen

      Es nuevo. No sustituye nada

      • Justificación

      esta figura existe en nuestro Estado de Derecho (Estado;CCAA;Adm. Local y incluso en algún sindicato como CCOO).

      Enmienda Individual

      Autor–menda

      Tipo de enmienda- de Sustitución

      Título TítuloIII – De la organización y estructura del Partido

      Artículo Artículo 27

      Punto 4

      • Texto que se propone

      Cualquier afiliado convocado,  podrá delegar el voto en todo tipo de asamblea, utilizando el formulario envíado expresamente para ello, al mismo tiempo que su convocatoria a la asamblea, y haciéndolo llegar a quien convocase dicha asamblea y  al afiliado asistente a dicha asamblea en quien fuera a delegar.

      Lo podrá hacer antes de la asamblea, o durante la misma, caso de tenerse que marchar antes del final. En este último caso, además de entregar el formulario ad-hoc al afiliado a quien confíara su representación, lo dirá públicamente ante  los demás asistentes  a dicha asmblea.

      • Texto que se sustituye

      No se permitirá la delegación de voto

      • Justificación

      El hecho de no poder delegar el voto facilitaría que se convocasen asambleas importantes justo en los días, o a las horas, en que los afiliados críticos, o incómodos, no fueran a poder asistir. O a alargar esas asambleas   indefinidamente, sin votar, de forma que determinados afiliados se tuvieran que marchar, anulándose de esta manera su voz y su voto.

      En ese sentido, ya hubo una propuesta de permitir la  delegación de voto en caso de enfermedad, embarazo, etc, tanto para el Congreso de los Diputados, como para el Senado, y eso que , a diferencia de los afiliados a UPyD, que tienen su trabajo y obligaciones personales independientemente del partido, el ser Diputado , o  Senador, es un trabajo de dedicación exclusiva, una de cuyas obligaciones es asistir a todas las sesiones, y votar en todas las votaciones.

      Pongo el enlace a la propuesta


      Enmienda–Individual
      Autor-menda
      Tipo de enmienda de modificación
      Título III Capítulo Tercero
      Artículo 33 La Comisión de Garantías
      Puntos 4 y 5 (primeros párrafos en ambos puntos)

      • Textos  que se proponen

      4- La Comisión de Garantías estará compuesta por cinco  miembros. Cuatro elegidos en el marco de cada Congreso del partido, por voto directo y secreto de todos los delegados, y uno más, designado entre los afiliados, por la persona  objeto del expediente, o la que hubiera pedido a la Comisión de Garantías protección contra otro u otros afiliados, o contra  alguna estructura de la Organización.—
      5- Será requisito…. ser afiliado con al menos un año de antigüedad.

      • Textos que se sustituyen

      El primer párrafo del punto 4, y la primera línea del primer párrafo del punto 5

      • Justificación

      Si solo son tres personas, y se les exigen 2 años de antigúedad como afiliados, tendrían que ser fundadores. lo que no garantizaría una independencia suficiente. Siendo más, y uno de ellos elegido ad-hoc por el “afiliado acogido a la protección de la Comisión de Garantías, habría una mejor protección del afiliado frente a posibles arbitrariedades por parte de otros afiliados, o del aparato.

      Enmienda- Individual
      Autor- menda
      Tipo de enmienda de adición
      Título III
      Artículo 33 de La comisión de Garantías
      Punto -nuevo
      • Texto que se propone

      La Comisión de Garantías será un Órgano independiente, encargado de incoar y resolver expedientes disciplinarios , o reclamaciones de todo tipo, a petición del Consejo de Dirección, del Consejo Territorial, de cualquier Organismo o cargo dentro del Partido, pero también de cualquier afiliado que quisiera interponer una queja contra otro afiliado, contra cualquier cargo de la organización, o contra la propia organización.

      En la persona o el organismo que  recurra a La Comisión de Garantías, recaerán  el peso y la obligación de presentar las pruebas de la falta, infracción o abuso, ejerciendo de hecho como ministerio fiscal. La Comisión de Garantías  solo ejercerá como juez, basándose en los documentos probatorios aportados, dictaminará si ha habido o no falta, e impondrá la sanción correspondiente, caso de apreciar la existencia de dicha falta.

      La Comisión de Garantías, cuando reciba una petición de expediente, o una reclamación, deberá avisar inmediatamente al sujeto del posible expediente o queja, para que este pueda aportar las pruebas de descargo que le parezcan oportunas para defenderse.

      Mientras la Comisión de Garantías no haya dictaminado, regirá la presunción de inocencia, y ningún cargo ni ningún afiliado se podrán ver privados de sus derecho ni obligados a dimitir.

      El hecho de que el “denunciante” hubiera dejado de pertenecer al partido, no anularía su denuncia o queja, siempre que los hechos que denunciara fueran probados.

      • Textos que se sustituyen.

      Este punto sería nuevo, con lo que no sustituye nada aquí, pero afectaría a los siguientes artículos

      Artículo 9- punto2

      Artículo 14- puntos 1, y 2

      Puesto que las competencias en materia de sanciones pasarían a la Comisión de Garantías

      Artículo 16 “medidas cautelares”  Desaparecería entero, al aplicarse la presunción de inocencia mientras no hubiera sentencia firme de la Comisión de garantías

      Artículo 22- Procedimiento .

      Puesto que sería  la Comisión de Garantías quien  recibiera el escrito, lo estudiara, e hiciera el dictamen, sin importar  además que el que promoviera el procedimiento hubiera dejado de ser afiliado.

      • Justificación

      - Quitaría un trabajo desagradable al Consejo de Dirección, o a los otros órganos del Partido, que dejarían  además de ser juez y parte, en los procedimientos sancionadores o de garantías de los derechos de los afiliados.

      - Evitaría  la indefensión a los posibles afiliados víctimas de comportamientos arbitrarios por parte de miembros de la Organización, a los que se hubiera privado de sus derechos, destituido u obligado a dimitir de sus cargos, y que se hubieran dado de baja, oincluso hubieran sido expulsados como consecuencia de ello.

      Enmienda- Individual
      Autor- menda
      Título III ( De la organización y estructura del Partido)
      Artículo  – nuevo
      puntos  1, 2, y 3
      • Textos que se proponen

      punto 1- Creación inmediata de una red interna de acceso solo para afiliados, donde se registrasen las opiniones de los afiliados en todos los temas, y pudieran discutir dichas opiniones unos con otros sin censura, al no ser un lugar público

      punto 2-Que todas las asambleas fueran grabadas íntegramente, y se vieran, bien en directo, bien en diferido,( cuando el tema a tratar fuera delicado), para que todo afiliado que lo deseara pudiera asistir a las deliberaciones de dichas asambleas.

      punto 3- Que siempre que el Consejo Político tuviera una asamblea en que se fuera a votar, los votos de los afiliados que asistieran a través de la red se tuvieran en cuenta,aunque con un peso mucho menor, y que dichos afiliados tuvieran un turno de ruegos y preguntas al final de la asamblea, para poder manifestar su opinión, pedir información etc. Esas intervenciones tendrían un tiempo tasado corto, pero quedarían reflejadas en la grabación final, y en las actas de la asamblea.

      • Texto que sustituye

      - Ninguno, puesto que es un artículo nuevo.

      • Justificación

      -Es algo que muchísimos afiliados llevamos pidiendo desde hace tiempo.

      -Suprimiría las especulaciones sobre lo que se dijo, o se dejó de decir en determinadas asambleas.

      -Facilitaría muchísimo la confección de las actas; no habría más que tener un reconocedor de palabras que las pasara a escritas.

      - Y finalmente, para darle una verdadera justificación de fondo, pongo el enlace al artículo de Don Carlos Martinez Gorriarán, publicado en ABC, en marzo de 2009, y dedicado a Rosa Díez.

      Post invitado de Octavio

      ¿Por qué la necesidad de esas enmiendas que llamamos enmiendas-guerrilla?

      Primero , pasar el primer filtro del consejo de dirección, este filtro será tan subjetivo (ni idea de que criterios tendrán) que no podemos decir cual pasara o cual no. ¿Tumbaran las enmiendas realmente peligrosas? ¿serán tantas las enmiendas que tendrán que solo filtraran las que tengan fallos de requisitos de forma? ¿ estarán atentos a los críticos?….

      Luego llega el congreso, allí estmos todos mas contentos que unas pascuas por nuestra reciente adquisición de delegados ( el que lo consiga) y toca debatir las enmiendas a la totalidad de la ponencia de estatutos…

      En dichas enmiendas, algunas técnicamente inmejorables, incluyen la necesidad de mandar todo a tomar por saco incluida a Rosa Diez…. bien, el resultado de todas esas enmiendas a la totalidad es muy sencillo, ninguna será aprobada y todas serán “democráticamente” rechazadas.

      Caso bien distinto es el resultado de la ponencia política, que curiosamente no dependerá de criterios políticos, sino de testiculina. Aquí si cabria una enmienda a la totalidad, pero … yo no me encuentro capacitado para hacer un texto de tal calibre, solo y en un Mes, si lo hay y es bueno no cabe duda que podríamos apoyarlo. Lo del estado federal es infumable y además permite (incluso a muchos oficialistas , termino que no considero ni despectivo ni representativo , como lo de críticos, sino que de alguna manera nos tendremos que definir) darle una patada en el culo al señor Procusto. De todos modos y dando por sentado que aún así el tío Charly se llevaría el agua a su molino, no es menos cierto , un tema muy importante… que muy pocos se leerán todos los textos, bastante se tiene con leer los propuestos como para encima leerse el resto , compararlos, y decidir cual es mejor ( teniendo en cuenta que incluso el mejor , recibiría enmiendas)… que se dará la paradoja, que de haber pasado nuestra propuesta el corte inicial, el congreso rechazara el manifiesto fundacional.

      Es mas os reto ha hacer una prueba, dad el texto de la ponencia a cualquier militante sin la justificación, y mas de uno no sabría que se trata del manifiesto fundacional, por el simple hecho de que muchos, ni lo han leído.

      En cuanto a las enmiendas parciales a la ponencia de estatutos, como os comente en la reunión la verdadera trampa, no esta en la admisión o no de enmiendas por el CD ( su rechazo de todo lo critico se entendería como antidemocrático) la trampa se encuentra en los artículos incluidos en el capitulo IV del reglamento del congreso, especialmente los artículos 20, 21, 25 y 26.

      Como ejemplo, si se presentase una enmienda al articulo 14 de los estatutos y este articulo figurara en una comisión distinta a la que debata las competencias del CD, automáticamente seria rechazada ( sino disponemos del 40% de delegados en esa comisión) con el simple argumento de afectar a otros artículos debatidos en otras comisión. No se necesitaría ningún pirueta para evitar el rechazo de algo tan claramente antidemocrático.

      ¿ Nuestra disposición transitoria? Primero, si la quieren rechazar por no adjuntar texto alternativo, esta claro que lo harán , y yo no me molestaría ni en recurrirlo ( eso seria otro debate que ya veríamos), pero que jurídicamente tiene base .. creo que el articulo de la LEC que ponglo en la nota (*) sirve como modelo para esclarecer el tema.

      Segundo, es simple (me gusta el termino amateur que dice PM), sencilla , no resta mucho poder a nadie, los delegados y los miembros de consejo político electo, no se sentirían amenazados y es , sobre todo…. un punto que puede admitir negociaciones, y esta es la clave. Quien pretenda , desde cualquier sector crítico, vencer en este congreso, no es amateur… no está en este mundo.

      Nuestra participación en el congreso debe tener un fin muy claro, se trata de defender lo que consideramos justo con independencia de mayorías o minorías, y que solo puede ser decisiva si por los motivos que sean,( que Saulo se caiga del caballo, un numero interesantes de críticos, una enmienda que se cuela y que hace mucha pupa, vete tu a saber) ,hay que sentarse a discutir.

      Nota(*):

      LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DEL 2000 VIGENTE ACTUALMENTE.

      DISPOSICIÓN FINAL DECIMOSEXTA. Régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios.

      1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el artículo 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477.

      Para la preparación, interposición y resolución del recurso extraordinario por infracción procesal se seguirán las siguientes reglas:

      1. Será competente para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo…….

      2. En tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia carezcan de competencia para conocer, con carácter general, de los recursos extraordinarios por infracción procesal, no serán de aplicación los artículos 466, 468, 472, así como los artículos 488 a 493 y el apartado cuarto del artículo 476. Lo dispuesto en el último párrafo del apartado segundo del artículo 476 no será de aplicación en los casos en que se estime el recurso extraordinario por infracción procesal fundado en el motivo 2 del apartado primero del artículo 469 o en vulneraciones del artículo 24 de la Constitución que únicamente afectaran a la sentencia recurrida.

      Las referencias a los Tribunales Superiores de Justicia, contenidas en el apartado cuarto del artículo 470 y en el artículo 472, se entenderán hechas a la Sala que sea competente para conocer del recurso de casación.

      Octavio

      Nota (PM): Aquí debería venir la enmienda de Octavio, según Octavio. Pero, tratando de pillarla en su versión última, no me ha quedado claro si ya estaba en estado de publicable o no. Parece más bien que aun no. Así que paciencia, y conformémonos hoy con el planteamiento (como ayer fue con Brétema), que mañana veremos la enmienda.

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