secesión de cataluña


 

Luis Bouza-Brey, 23-5-15

 

 

Ariadna se enamoró de Teseo y le regaló un ovillo de hilo que al seguirlo le sirviera de guía, cuando aquél acudió a Creta y entró en el laberinto para acabar con el minotauro.

 

Los españoles tendremos que encontrar el ovillo y tirar del hilo, a fin de conseguir Regeneración y Estabilidad del sistema político, desde las elecciones de mañana hasta después de las generales próximas, de finales de año.

Con mucha cautela, pues la incertidumbre es muy alta, dadas la carencia de datos fiables sobre la voluntad popular, y la probablemente muy elevada complejidad de los resultados de aquélla en Municipios, Comunidades Autónomas y Cortes Generales, voy a intentar trazar un mapa del laberinto español, encontrar el ovillo de Hispania, y tirar del hilo para seguirlo hasta alcanzar un deseable horizonte abierto.

 

Uno parte de una visión estratégica derivada de la conclusión de que existe una crisis institucional básica del Régimen del 78, debida a la obsolescencia del régimen electoral vigente, a las deficiencias y perversión del modelo de Estado Autonómico diseñado en la Constitución, y a la disfuncionalidad de la función jurisdiccional española, instrumentalizada por los partidos políticos, y atascada por la falta de recursos y la inadecuación de las leyes procedimentales a las necesidades del mundo actual.

Si a ello le añadimos la falta de renovación del modelo económico-social español, bloqueado por las dinámicas del boom especulativo de décadas anteriores, la crisis de la actual, la corrupción, y la inoperancia mortecina del sistema cultural y educativo, la resultante sintética de todos estos factores es esta situación agónica del Régimen del 78, asfixiado por su falta de renovación y sus crisis de representación, participación, e integración, que lo conducen a una crisis global de legitimidad que exige de manera perentoria su reforma.

A mi juicio, esta reforma ha de tener rango constitucional y global, si se desea superar con firmeza el desfase, y abrir un período de desarrollo político estable y continuado del país, duradero por décadas.

Aunque también se puede optar por una política conservadora, de cambios mínimos y parches, para salir del paso e ir tirando unos años en un clima de inestabilidad creciente y disfuncionalidades y flojera estructural.

A la vista de ambas opciones y sus resultantes previsibles, uno se inclina por la primera de ellas, pero teniendo en cuenta que una reforma consistente y global exige amplio consenso, y por tanto, el poner fin a la lógica estrecha, camorrista y decadente de la lucha encarnizada por la conquista del poder entre los partidos, así como comenzar a articular pactos y acuerdos bàsicos reformistas entre viejos y nuevos actores de un drama político mucho más complejo que el anterior.

 

PRIMERA FASE: NUEVOS EQUILIBRIOS LOCALES Y AUTONÓMICOS.

 

Los actores políticos que compartan el mapa estratégico diseñado líneas arriba han de ser conscientes de la necesidad de regenerar la vida política local y autonómica, para sanear la corrupción galopante y generar al mismo tiempo un marco de estabilidad, en el contexto de unas elecciones a Cortes futuras que permitan introducir reformas constitucionales que impidan un derrumbe del Régimen. Derrumbe que conduciría a un retroceso de las condiciones de vida de los españoles y a una fragilidad e inestabilidad políticas globales, que nos aislarían por largos años del contexto europeo y destruirían el desarrollo político y económico del país.

Partiendo de este enfoque, y en un contexto de probable fragmentación del sistema de fuerzas políticas, parece evidente la necesidad de un clima general de acuerdos multidireccionales, en el que se trataría de crear y articular un amplio bloque de fuerzas reformistas, decididas a luchar contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad y la reforma del sistema.

Por tanto, partiendo de estas condiciones iniciales, la fijación de acuerdos y coaliciones de gobierno habría de orientarse hacia aquellos actores dispuestos a realizar estos grandes objetivos: saneamiento, gobernabilidad y reforma, sin pactos excluyentes en contra de nadie que los asuma sin ambiguedades y reservas.

Si estas condiciones se asumen y pactan, con fórmulas y calendarios que no dejen resquicios abiertos a la mentira, la manipulación y la retórica tramposa, lo lógico y obligado sería facilitar el gobierno del partido más votado, en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, facilitando un clima de cooperación, atención al interés general, y aproximación a unas elecciones a Cortes Generales que abrieran una legislatura dedicada a la Reforma Constitucional, a la reforma y dinamización del modelo económico, y a la construcción de un nuevo clima cultural saneado y creativo y de un sistema educativo renovado en España.

 

 

SEGUNDA FASE: UNA LEGISLATURA PARA LA REGENERACIÓN, LA REFORMA Y EL DESARROLLO.

 

Este habría de ser el objetivo para el próximo período, una legislatura para el cambio. Pero para posibilitarlo, se debería abrir ya el debate sobre las reformas constitucionales, socioeconómicas, culturales y educativas, a fin de que no se nos escape nuevamente de las manos la oportunidad de Regenerar el sistema y salir del caos creciente actual.

A pesar de nuestras deficiencias y patologías como país, no nos faltan economistas, psicólogos, pedagogos e intelectuales que podrían diseñar las futuras reformas. Habría que pedirles asistencia responsable para elaborar este diseño.

Por lo que se refiere a las reformas políticas e institucionales, hace años que defiendo casi en solitario su necesidad.

Entremos en su análisis:

 

1.- LA REFORMA ELECTORAL.

El sistema electoral actual produce diversas anomalías: la primera es la de que existe una enorme desigualdad en la fuerza del voto de los individuos, pues en unas zonas los Diputados salen elegidos por muchos menos votos que en otras; en unas, un Diputado vale x votos, mientras que en otras, cada Diputado necesita x por y votos para resultar elegido. En general, valen más los votos de los ciudadanos de los territorios despoblados que los de los territorios poblados.

En segundo lugar, la concentración de las candidaturas de algunos partidos regionales en este ámbito territorial, sin presentarse en el conjunto del territorio nacional, junto con el tamaño reducido de algunas circunscripciones provinciales, les lleva a monopolizar la representación de las provincias pequeñas, en detrimento del carácter teóricamente proporcional de la fórmula electoral, transformando el sistema en casi mayoritario en estas zonas.

En tercer lugar, el hecho de que las circunscripciones sean provinciales, y que la presentación de las candidaturas se realice mediante listas cerradas y bloqueadas, hace que la capacidad de elección de los electores se reduzca, al votar a listas de partido con desconocimiento de las personalidades de los candidatos, que, por consiguiente, dependen para ser elegidos de la sumisión a la cúpula del partido del que forman parte y no de sus méritos o deméritos en la representación de los ciudadanos, reduciendo o destruyendo los vínculos de responsabilidad ante ellos.

En cuarto lugar, este carácter semiproporcional de la fórmula electoral tiende a producir un sistema de partidos de bipartidismo imperfecto, que hasta ahora funcionaba con bisagras nacionalistas orientadas al desmantelamiento del sistema y a la satisfacción de intereses locales irresponsables ante el interés general.

La continuación de la vigencia de este sistema, por las consecuencias mencionadas, produciría efectos destructivos para el paìs, por lo que se hace urgentemente preciso sustituirlo por otro alternativo.

La alternativa más adecuada, a mi juicio, sería la de un sistema mixto, predominantemente mayoritario, de distritos uninominales en función de la población, repartiendo trescientos escaños a otros tantos distritos de aproximadamente ciento y pico mil electores cada uno, complementado con una circunscripción única nacional de cincuenta escaños, asignados a listas de partido en función de los votos obtenidos por cada partido en el conjunto del paìs, a los que se hubieran restado los ciento y pico mil votos obtenidos en cada distrito en el que dicho partido hubiera obtenido representación.

Este sistema mixto serviría para dar representación a los partidos minoritarios que no hubieran obtenido tepresentación en los distritos uninominales.

Sin haber hecho todavía ningún ensayo de simulación estadística de un sistema como éste, intuyo que daría lugar a un parlamento con una mayoría clara, con uno o varios partidos minoritarios y potencialmente capaces de constituirse en mayoría en las siguientes elecciones.

 

2.- LA REFORMA DEL ESTADO AUTONÓMICO.

 

El diseño y posterior despliegue del Estado autonómico se hizo sin criterios claros de cuál habría de ser la estructura del Estado resultante al final, producto a trancas y barrancas de tirones contrapuestos durante el proceso constituyente, y resultante de la búsqueda de legitimación del proceso en una situación postfranquista que otorgaba una sobrelegitimación desproporcionada e injustificada a los nacionalistas, a los que se intentaba satisfacer con concesiones descentralizadoras que se pensaba dejarían de ser necesarias a medida que se fuera avanzando en el proceso de descentralización.

La resultante institucional fue un modelo abierto y no estable; un Senado mal hecho; un Estado tan descentralizado o más que los Estados federales pero que no era federal y no osaba atender a la lógica del “autogobierno en la periferia y gobierno compartido en el centro” característica de los mismos, lo que lo llevó a la perversión, la centrifugación de competencias esenciales y la ausencia de mecanismos y controles de coordinación e integración.

La resultante cultural fue la deslegitimación del Estado y la Nación, el irredentismo y fundamentalismo crecientes de los etnicismos ¿”nacionalistas”?, el privilegio territorial y étnico valorado como característica positiva del régimen, la corrupción y despilfarro locales, la estimulación de las conjuras sediciosas que hoy estallan, y la debilidad del Gobierno central, incapaz de mantener la vigencia de la Constitución y la Ley en el conjunto del paìs.

En la actualidad, y como resultado de todo ello, en el País Vasco y Navarra existe una situación de privilegio económico y social; la Constitución, las leyes y las sentencias han dejado de aplicarse en Cataluña; el Estado carece de competencias esenciales en diversas Comunidades Autónomas, en las que su debilidad es tal que resulta incapaz de mantener la vigencia del Estado de Derecho; el castellano ha perdido su status de lengua cooficial en las instituciones y el sistema educativo, violándose de este modo los derechos fundamentales de la población de los territorios bilingües; el Senado es un cementerio de elefantes y no una cámara de representación territorial e integración de la diversidad; los medios públicos y privados subvencionados de comunicación bombardean con propaganda asfixiante y monolítica propugnando la sedición; la escuela se ha transformado en una instancia de adoctrinamiento y propaganda para la sedición y desmembración del Estado y la Nación; un sector de los políticos y autoridades autonómicas conspiran públicamente para cometer sedición, sin que ni jueces ni fiscales actúen, prevaricando abiertamente; los partidos principales de ámbito nacional traicionan su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes llegando a pactos y acuerdos explícitos o tàcitos con los sediciosos…

En síntesis: el Estado Autonómico se ha pervertido y constituye un atentado contra la Constitución y la unidad de España. Es preciso reformarlo urgentemente para evitar el derrumbe del régimen constitucional y la transformación del sistema político en un Estado fallido, sometido a rupturas balcanizantes y ataques exteriores ante su situación de debilidad.

 

3.- LA REFORMA DEL PODER JURISDICCIONAL.

 

El poder jurisdiccional, atascado por falta de recursos, leyes procedimentales obsoletas y dependencia de los partidos políticos en sus instancias superiores, que lo hacen lento, ineficaz y dependiente, necesita una reforma urgente que restablezca el Estado de Derecho y lo salve de constituir una caricatura kafkiana de una Justicia en la que los ciudadanos comienzan a dejar de creer.

 

En fin, para mi estas son las reformas urgentes que deberían empezar a debatirse y aplicarse en la próxima legislatura. Su aprobación exige amplios acuerdos y una dinámica de consenso diferente de la camorra permanente de la actualidad.

La situación en Cataluña podría muy bien ser representada por medio de una película de zombis delirantes movidos por tropismos de odio y sectarismo etnicistas, que se autoalimentan con sus orgías coloristas y un sentido narcisista de comunidad cada vez más endogámica y reducida.

¿Qué es lo que fomenta este delirio? La cobardía y vaciado de principios del Gobierno de Rajoy; la carencia de sentido de Estado y patriotismo del PSOE, liderado por ineptos influidos por un PSC ya desahuciado, por su incapacidad y oportunismo; la demencia senil de ICV, vaciada de los principios de igualdad, solidaridad e internacionalismo por sus dirigentes pequeñoburgueses; la corrupción y anacronismo reaccionario de CIU, reflejo de la oscuridad y mezquindad del sector más anquilosado e interesado de la pequeña burguesía local; y el golpismo genético delirante de los “enrauxats” de ERC y CUP, dispuestos a conducir de una vez a Cataluña al suicidio.

Frente a este caos degenerativo comienza a organizarse la resistencia de un “Ciudadanos” que acierta por fin con una estrategia coherente; de una “Sociedad Civil Catalana” y otros grupos, que intentan articular la indignación de sectores populares cansados de vacaciones políticas de más de treinta años; de “Crónica Global” que intenta hacer llegar la resistencia al mundo digital; y de una sociedad catalana que comienza a sacudirse el sopor narcotizante inyectado en ella por la astucia reaccionaria del nacionalismo etnicista.

¿Habrá tiempo de corregir el rumbo infernal que nos han impuesto? Uno no lo creería, si no fuera por la experiencia, que indica que los regímenes autoritarios, aparentemente eternos, se derrumban como castillos de naipes cuando aparecen las primeras grietas en su coraza. Habrá que leer las urnas de mañana.

Desde el blog de

Octavio

¿ Y ahora que? ¿ Ni nombramos el problema, como hace Marianin?

 

Nuevo varapalo del  Constitucional al proceso soberanista.

Fuimos los primeros que dijimos que vulneraba el Derecho de Participación, cuando el Gobierno solo decía que era una cuestión de competencias,

   UNICO.

PETICIÓN

            Se pretende:

a)      El reconocimiento del derecho fundamental  de participación a los demandantes de amparo, cuando lo que se discute es la soberanía de la nación española.
b)      La declaración de nulidad  de la  Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la cual se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña “ Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s´aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya,  publicada en el boletín Oficial del Parlamento de Cataluña en fecha 24 de enero de 2013 por vulnerar el derecho fundamental de participación de los recurrentes en los términos que han sido expresados.

Pero cuando cerca de un  50% de la población de un territorio desea, por los motivos que sean (incluidos los reales, los imaginarios o los espurios) separarse del resto, o se hacen políticas para reparar los mas de treinta años de ausencia del Estado en Cataluña o se buscan cauces para zanjar la cuestión, cualquier cosa  es mejor que  no hacer nada.

Hace pocos años, algunos presentamos   en el Congreso de los Diputados, una propuesta que hubiera solucionado este problema,

El artículo 23.1 CE establece como “fundamental” el derecho a participar en los asuntos públicos , bien mediante representante bien “directamente”.

Entre las escasas formas de participación directa tenemos el referéndum , definido en la STC 103/2008 como “ Instrumento de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos” y “…es una forma de democracia directa , y no en una mera manifestación del fenómeno participativo”.

Este derecho se ve limitado, vía art. 92 CE, a decisiones de políticas de especial trascendencia y por ser su proposición , facultad del presidente de gobierno.

Se puede discutir si la extensión de la facultad de proposición a otros sujetos dejaría vacía de contenido dicha facultad para el presidente, también se puede discutir si ese carácter exclusivo impide la delegación, la compartición o la renuncia a ella, en todo caso lo que no puede discutirse es que reduce determinantemente las facultades de un derecho pleno de participación directa, pues se concede la facultad de decidir entre propuestas pero veta la facultad de “hacer propuestas”.

Propugnamos una reforma de la LO 2/1980 de Regulación de las distintas modalidades de Referéndum, en el sentido de avanzar y profundizar en el desarrollo del derecho de participación directa , otorgándole a la ciudadanía , la facultad de proponer.

En cuanto a las limitaciones constitucionales del derecho, la primera pregunta es cómo delimitar “lo que tiene especial trascendencia”, dado que la valoración de ello tendrá carácter subjetivo y por tanto distinto para cada ciudadano, resulta evidente que la solución pasa por incluir un parámetro objetivo, “es especialmente relevante todo aquello que lo es para un determinado número de ciudadanos” o lo que es lo mismo , estableciendo el límite de firmas exigidas en un porcentaje elevado de electores inscritos en el censo electoral , y que nosotros situamos entorno al 15% de dicho censo (unos cinco millones de votantes).

El otro limite tiene peor solución debido a la natural resistencia de cualquier órgano o sujeto político a perder capacidad de decisión, en este caso la perdida de la facultad de proposición en exclusiva que tiene el presidente de gobierno.

Nos encontramos por tanto no entre la colisión de dos derechos , sino entre quienes deben ser titulares de una de las facultades del mismo derecho, la de proposición, y o si esa titularidad debe tener carácter excluyente. Creemos que la solución pasa por aplicar la reglar establecida en el art. 9.2 CE, “ Corresponde a los poderes públicos…facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política”.

Aun así caben soluciones salomónicas al respecto, como la de establecer la obligación del presidente de hacer suya la propuesta por imperativo legal, permitiéndole eso sí , hacer , plantear e incluir en el texto a debate tanta objeciones como considere conveniente , evidentemente eso exigiría la contrapartida , de no obtener la autorización de la cámara, la obligación de someterse a una cuestión de confianza.

E incluso , no podemos olvidar que , en última instancia la facultad de disolver las cámaras y convocar elecciones dejando sin efecto la iniciativa, indica que dicha facultad le sigue perteneciendo.

En su virtud de todo ello y de conformidad con los arts. 29.1 CE , 3 LO 4/2001, de 12 de noviembre, y 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

AL CONGRESO SOLICITA: Que por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga a bien adoptar las medidas legislativas conducentes a dotar de contenido real y efectivo al derecho fundamental de participación del artículo 23.1 de la Constitución para profundizar en la democracia “directa” que proclama.

Dicho lo cual  pregunto en voz alta… ¿ahora que?

Original en ca’n Octavio:

Yo no sé si la prensa está en crisis. Eso dicen. Pero sí sé que debería estar en crisis. Por la razón más sencilla del mundo. Al que paga voluntariamente por ella apenas le sirve de nada. Se ha convertido en un mecanismo de difusión de propaganda de los grupos de presión. Y hace como raro pagar para que te engañen.

Acabamos de tener el ejemplo más espectacular y comprobable de cómo funciona el mecanismo. Y entender, se entiende. Si lo paga otro, claro.

Les llega a las redacciones una “noticia”. Una encuesta del CEO, que es el organismo estadístico de cabecera de Mas. Y todos los periódicos lo reflejan igual. Como si estuvieran hablando de algo serio, en lugar de una perfecta payasada. Clic para fuente.

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¿Cuánto cuesta pagarle una hora a un becario (no hace falta más) para que te diga que es una payasada? Probablemente nada, en las cifras de un periódico. Pero si el becario lo mira, y la “noticia” pasa a ser payasada, sin noticia nos quedamos. Y entonces igual hay que pagar a un pro para que busque noticias de verdad. Y eso sí que tiene pinta de caro. Damos “noticia” por noticia, como quien da gato por liebre, y que pague el pagano. Hasta que deja de pagar, y dicen que hay crisis. Se podría alegar que no hay crisis de prensa, sino que no hay prensa.

Pero al menos hay Twitter. Y en Twitter siempre hay alguien que ejerce la crítica que la prensa ha abandonado. En este caso, Convivencia Cívica Catalana.

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¿¿¿Comorrr? ¿Puede ser verdad eso? ¿Nos están dando una payasada todos los periódicos? ¡Hagamos de auto-becarios!

Como primera medida, la diferencia queda por debajo del margen de error, así que habría que hablar de un empate técnico. Y, efectivamente, lo que dicen haber hecho los encuestados en la reciente consulta del 9-N y lo que hizo la población de Cataluña difiere como en un 25%. Votaron un 32 – 33%, y los de la encuesta dicen que 57,2%.

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Y si nos vamos al recuerdo de las últimas autonómicas, hay un sesgo -o un mal recuerdo- del 6,6% de sobrerrepresentación de los presuntos separatas, y del 10,1% de subrrepresentación de los presuntos unionatas.

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La encuesta no sirve para nada; es una payasada. Ya sea porque los encuestados no representan ni de coña a la población de Cataluña, o ya sea porque la población de Cataluña contesta de chufla en las encuestas. Pero esto, que está al alcance de cualquier becario, la prensa no se molesta en explicarlo. Si lo hicieran, no podrían poner una “noticia” así. Por vergüenza.

Vale, me comprometo a aceptar una componenda. Vuelvo a comprar prensa, si un sólo periódico paga a un becario, para que la noticia sea la payasada que están dando el resto de los periódicos. ¿Esa no es una noticia bien interesante? Yo creo que mucha gente pagaría por ello. Primero por saber; y luego porque es divertido. Una noticia cojonuda. Por ejemplo:

El “año más caliente de la historia” que te quieren vender los demás, será -si acaso- dos centésimas de grado más caliente. Normalmente se le llama empate.

¿Que no? Aunque es verdad que lo de las subvenciones y regalías varias podría funcionar peor. Mejor la prensa subvencionada, ya que Google no quiere apoquinar. Y parodiamos el chiste ruso (*): Ellos hacen como que informan, y nosotros hacemos como que leemos. ¿Crisis? ¿Qué crisis?

Esto … ¿seguro que nuestro problema son “los políticos”? ¿Seguro que te lo va a arreglar Pablemos?

Fuentes:

Convivencia Cívica Catalana:

CEO

Nota: El chiste ruso era: Ellos hacen como que nos pagan, y nosotros hacemos como que trabajamos.

Una idea que no es nueva, y es obvia, pero que hay que ir planteando para que se enteren los amigos de la UE. Una enfermedad contagiosa que tenemos. Lo esencialmente contrarios a la construcción de Europa -o construcción de nada, para eso- que son nuestros pintorescos etno-nacionalismos. Tanto me valen de Vasquilandia como de Cataluña. ¿Van a querer tener una relación bilateral con la UE, desde dentro? ¿Una unión asimétrica? ¿Derechos históricos por encima del derecho comunitario? ¿Concierto económico porque soy la más guapa del baile? ¿Competencias blinadas que la UE jamás podría soñar con tocar? ¿Que la UE ponga en su constitución que Catalonia is different, much more different than any other member? En fin, esas cosillas de estos payasos -por ahora- domésticos.

José María Ruiz Soroa lo borda. Imaginando una reunión entre el vascopiteco y los burócratas de Bruselas, en 2018. Donde se les explica a los europeos cómo va a ser el feliz ingreso de Vasquilandia en la Unión.

Sucedió un día (J.M. Ruiz Soroa / EL Correo / desde paralalibertad.org)

Bruselas. Año 2018. Los legítimos representantes del Estado vasco recién independizado del Reino de España por acuerdo mutuo aterrizan en la sede de la UE

Me lo contaron en Bruselas hace tiempo, como anécdota de café entre burócratas europeos. Sucedió allá por 2018, cuando aterrizaron en la sede de la Unión Europea los legítimos representantes del Estado vasco recién independizado del Reino de España por mutuo acuerdo. Venimos a preparar nuestro ingreso en este magnífico experimento de federalismo que es la Unión, dijeron. Porque sabrán ustedes, añadieron altivos, que los nacionalistas vascos somos de los primerísimos federalistas europeos, pertenecemos a la estirpe de los padres de la Europa unida. ¡Estupendo, entonces nos entenderemos rápido!, pensaron los bruselenses.

Seguir  ⇒

Desde el punto de vista de la contrucción europea, lo más sensato probablemente sea aislar esa enfermedad, sin que salga de Península Ibérica. Tratamiento ébola, por decirlo sin demasiada sutileza.

Por situar con brevedad. En 1995 hubo un referéndum de secesión en Quebec, que los secesionistas estuvieron a un tris de ganar. Era ya el segundo que se celebraba, y lo ajustado de la victoria de los unionistas produjo una conmoción en todo Canadá. Especialmente porque se veía que de consulta en consulta, alguna llegarían a ganar los secesionistas, y entonces se acabó el juego. Nadie duda que ellos no iban a permitir que les organicen consultas una vez consumada la secesión.

Las acusaciones de inacción al gobierno federal, y el mismo susto del resultado, movieron a Ottawa. Nombraron un ministro para encarar el problema, el politólogo québécois Stéphane Dion (actualmente líder del Partido Liberal de Canadá). El resultado de la tarea de Dion fue la Clarity Act, que regula la forma de digerir un afán secesionista de tercer grado que surja en un territorio. Para casos de países cuya constitución no permite una secesión, como por ejemplo el de Canadá o el de España.

Un resumen muy resumen sería: La Clarity Act no es una guía para la secesión. No resuelve ninguno de los enormes problemas que plantea una secesión. Sólo resuelve dos aspectos, y sin entrar en demasiados detalles. Cuándo debe el gobierno de un estado soberano democrático sentirse concernido por el resultado de un referendo de secesión, y la obligación de negociar la posible secesión en el caso de que deba sentirse concernido. No todo resultado simplemente mayoritario debe hacer que ese gobierno democrático se sienta obligado a negociar, y el hecho de negociar no implica automáticamente que el resultado de la negociación sea la secesión, con los parámetros elegidos por el gobierno del territorio que la busca.

Exige, sí, buena fe. Llevando implícita la importancia del efecto que esa buena fe puede producir en la opinión de la comunidad internacional, que a su vez puede llegar a ser un factor relevante en las posibilidades de la secesión.

La Clarity Act es breve, y viene traducida a continuación. Y el proceso y discusiones de los que nació está muy bien documentado. Es muy útil para el que quiera comprender los intríngulis y circunstancias. La ley surgió en tres pasos, y todos por escrito.

1) Discusión epistolar entre Dion y Bouchard (Primer Ministro de Quebec) y Brassard (Ministro -como de relaciones con Canadá- de Quebec), sobre las implicaciones de los referendos de secesión que venía convocando el Gobierno de Quebec cada tantos años.

Tres cartas de Dion:

  • August 11, 1997 – Letter to Premier Lucien Bouchard Concerning his Position on a Unilateral Declaration of Independence.
  • November 19, 1997 – Letter to Mr. Jacques Brassard in response to his ministerial statement on the territorial integrity of Quebec.
  • August 25, 1998 – Letter to Premier Lucien Bouchard on the Need to Respect the Supreme Court’s decision in its entirety.

2) Respuesta del Tribunal Supremo a  tres preguntas del Gobierno de Canadá tras la discusión anterior.

  1. ¿Bajo la constitución de Canadá, puede la Asamblea Nacional o el Gobierno de Quebec separarse unilateralmente de Canadá?
  2. ¿Concede el Derecho Internacional el derecho a la secesión unilateral de Quebec respecto de Canadá?
  3. ¿En caso de conflicto entre la ley de Canadá y el derecho internacional respecto a una secesión unilateral, cuál tiene precedencia en Canadá?

3) Clarity Act. Ley que refleja la respuesta del Tribunal Supremo.

Traducción de la Clarity Act:

Una ley para llevar a cabo la exigencia de claridad según se desprende de la opinión del Tribunal Supremo de Canadá en su Referente a la Secesión de Quebec.

Preámbulo.

CONSIDERANDO que el Tribunal Supremo de Canadá ha confirmado que no existe derecho de efectuar una secesión unilateral por parte de la Asamblea Nacional o el Gobierno de Quebec, ni bajo el derecho internacional ni la Constitución de Canadá;

CONSIDERANDO que cualquier propuesta relativa a la partición de un estado democrático es un asunto de la mayor gravedad y de una importancia fundamental para todos sus ciudadanos;

CONSIDERANDO que el gobierno de cualquier provincia de Canadá tiene derecho a consultar a su población mediante referendo sobre cualquier asunto, y puede elegir la formulación de la pregunta;

CONSIDERANDO que el Tribunal Supremo de Canadá ha determinado que el resultado del referendo de secesión de una provincia ha de estar libre de ambigüedad, tanto en términos de la pregunta empleada como del apoyo que recibe, si tal resultado ha de ser tenido en cuenta como la expresión de la voluntad democrática que conllevaría la obligación de entrar en negociaciones que podrían conducir a la secesión;

CONSIDERANDO que el Tribunal Supremo ha establecido que democracia significa más que la simple regla de la mayoría, que sería necesaria una clara mayoría para crear una obligación de negociar la secesión, y que se requiere una evaluación cualitativa para determinar si existe en esas circunstancias una mayoría clara en favor de la secesión;

CONSIDERANDO que el Tribunal Supremo de Canadá ha confirmado que la secesión de una provincia, para ser legal, requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá, que esa enmienda necesariamente requiere negociaciones referentes a la secesión que implican al menos a los gobiernos de todas las provincias y a Gobierno de Canadá, y que esas negociaciones estarían guiadas por los principios del federalismo, democracia, constitucionalismo, el imperio de la ley, y la protección de las minorías;

CONSIDERANDO que a la vista de la decisión del Tribunal Supremo que serían los representantes electos los que determinarían qué constituye una pregunta clara y qué constituye una mayoría clara en un referendo de secesión habido en una provincia, la  Cámara de los Comunes, como única institución política elegida para representar a todos los canadienses, tiene un rol importante en identificar qué constituye una pregunta clara y una mayoría clara suficiente para que el Gobierno de Canadá entre en negociaciones en relación a la secesión de una provincia de Canadá.;

Y CONSIDERANDO QUE es imperativo que el Gobierno de Canadá no entre en negociaciones que pudieran conducir a la secesión de una provincia de Canadá, y que pudiera consiguientemente suponer el cese de la ciudadanía y otros derechos que ciudadanos canadienses residentes en la provincia disfrutan como participantes plenos de Canadá, a no ser que la población de esa provincia haya expresado con claridad su voluntad democrática de secesión de Canadá;

PORTANTO, Su Majestad, por y con el consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de los Comunes de Canadá, promulga lo siguiente:

Nota marginal: La Cámara de los Comunes considerará la pregunta
  •  (1) La Cámara de los Comunes debe, en el plazo de 30 días después de que el gobierno de la provincia o su asamblea legislativa o por cualquier medio oficial declaren la pregunta que pretenden presentar a los votantes en un referendo relativo a la propuesta secesión de la provincia de Canadá, considerar la pregunta, y, por resolución, determinar si la pregunta es clara.

  • Nota marginal: Extensión de tiempo

    (2) Si los treinta días de la subsección anterior ocurren durante una elección general de los miembros de la Cámara de los Comunes, los 30 días se extenderán 40 más.

  • Nota marginal note: Consideraciones

    (3) Al considerar la claridad de una pregunta de referendo, la Cámara de los Comunes debe considerar si la pregunta resultará en una clara expresión de la voluntad de la población de una provincia sobre si la provincia debe <u>dejar de ser parte de Canadá</u> y convertirse en un estado independiente.

  • Nota marginal note: Dónde no hay clara expresión de voluntad

    (4) A los propósitos de la subsección (3), una cara expresión de la voluntad de la población de una provincia de que la provincia deje de ser parte de Canadá no puede resultar de:

    • (a) una pregunta de referendo que se refiera solo a un mandato de negociar, sin solicitar una expresión directa de la voluntad de la población de esa provincia respecto a si la provincia debe dejar de ser parte de Canadá. ; ó

    • (b) una pregunta de referendo que contemple otras posibilidades además de la secesión de la provincia de Canadá, tal como acuerdos económicos o políticos con Canadá, que oscurezcan la expresión directa del deseo de la población de esa provincia sobre si la provincia debe dejar de ser parte de Canadá.

  • Nota marginal note: Otros aspectos a considerar

    (5) AL considerar la claridad de la pregunta del referendo en cuestión, La Cámara de los Comunes deben tener en cuenta la opinión de todas las partes políticas representadas en la asamblea legislativa de la provincia cuyo gobierno está proponiendo el referendo de secesión, cualquier declaración o resolución del gobierno o legislativo de cualquier provincia de Canadá, cualquier declaración formal o resolución del Senado, cualquier declaración o resolución de representantes de los Pueblos Aborígenes de Canadá, especialmente aquellos de la provincia cuyo gobierno está proponiendo el referendo de secesión, y cualquier otra opinión que considere relevante.

  • Nota marginal: No negociaciones si pregunta no clara

    (6) El gobierno de Canadá no debe de entrar en negociaciones sobre los términos en que una provincia puede dejar de ser parte de Candá si la Cámara de los Comunes determina, de acuerdo a esta sección, que el la pregunta del referendo no es clara y, por esa razón, no determinará una expresión clara de la voluntad de la población de esa provincia sobre si la provincia debe dejar de ser parte de Canadá.

Nota marginal note: Cámara de los Comunes considera si hay voluntad clara de secesión
  •  (1) Donde el gobierno de una provincia, tras un referendo relativo a la secesión de la provincia de Canadá, busca entrar en negociaciones sobre los términos en que esa provincia podría dejar de ser parte de Canadá, la Cámara de los Comunes debe, excepto donde haya sido determinado de acuerdo a la sección 1 que la pregunta del referendo no es clara, considerar, y, por resolución, establecer su decisión sobre si, en las circunstancias, ha habido una clara expresión de la voluntad de que la provincia deje de ser parte de Canadá, por una clara mayoría.

  • Nota marginal: Factores que la Cámara de los Comunes atenderá

    (2) Al considerar si ha habido la clara expresión de una voluntad por una mayoría clara de una provincia de que la provincia deje de ser parte de Canadá, la Cámara de los Comunes debe tener en cuanta

    • (a) el tamaño de la mayoría de votos válidos en favor de la opción de la secesión;

    • (b) el porcentaje de votantes en el referendo; y

    • (c) cualquier otra circunstancia que considere relevante.

  • Nota marginal: Otros aspectos a considerar

    (3) Al considerar si ha habido la clara expresión del deseo, por una clara mayoría, de la población de una provincia de que la provincia deje de ser parte de Canadá, la Cámara de los Comunes debe tener en cuenta las opiniones de todos los partidos políticos representados en la asamblea legislativa de la provincia cuyo gobierno propuso el referendo de secesión, cualquier declaración formal o resolución del Senado, cualquier declaración formal o resolución de los representantes de los Pueblos Aborígenes de Canadá, especialmente de aquellos de la provincia cuyo gobierno propuso el referendo, y otras opiniones que considere de interés.

  • Nota marginal: No negociaciones sin voluntad clara

    (4) El Gobierno de Canadá no debe de entrar en negociaciones sobre los términos en que una provincia puede dejar de ser parte de Canadá salvo que la Cámara de los Comunes determine, de acuerdo con esta sección, que ha habido la expresión de una voluntad clara por parte de una clara mayoría de la población de esa provincia de que la provincia deje de formar parte de Canadá.

Nota marginal: Enmiendas constitucionales
  •  (1) Se reconoce que la Constitución de Canada no recoge el derecho de llevar a cabo unilateralmente una secesión de una provincia de Canadá y que, por tanto, sería necesaria una enmienda a la Constitución de Canadá para que cualquier provincia se secesiones de Canadá, lo que, a su vez, requeriría negociaciones con al menos  los gobiernos de todas las provincias y el gobierno de Canadá.

  • Nota marginal : Limitacion

    (2) Ningún Ministro de la Corona debe proponer una enmienda constitucional a los efectos de la secesión de una provincia de Canadá a no ser que el Gobierno de Canadá haya abordado, en sus negociaciones, los términos de la secesión que sean relevantes a las circunstancias, incluyendo la división de los activos y deudas, cualquier cambio en las fronteras de la provincia, los derechos, intereses y reclamaciones territoriales de los Pueblos Aborígenes de Canada, y la protección de los derechos de las minorías.

Más documentación. Aparentemente, el problema más delicado y que más discuten los de posturas secesionistas y federalistas es el territorial. Este estudio profundiza en ese aspecto:

Macquarie Law Journal (2003) Vol 3
QUEBEC’S BOUNDARIES IN THE EVENT OF SECESSION
Suzanne Lalonde
Professor of International Law, Faculté de droit, Université de Montréal.

La radiografía del resumen podría ser esta:

However, the Canadian Supreme Court effectively rejects the proposition that existing federal borders are sacrosanct in the context of a negotiated constitutional amendment for the secession of Quebec.

Aprovecho  esto [–>] tuyo, Marod, para hacer un inciso.

¿Quieres que puedan preguntar, como los canadienses, o no quieres?

Yo creo que el quid de la diferencia, y el atasco que tenemos en España, es que a los canadienses nunca se les había pasado por la cabeza la idea de no poder preguntar. Que si se piensa un poco, es una idea un tanto extravagante.La Clarity Act [–>] no da “permiso” para preguntar. Eso se da por supuesto. Lo que hace es establecer las condiciones para que la consulta se tenga en cuenta como muestra de un problema que hay que atender.

Pero no poder preguntar es una extravagancia en un sistema democrático. Y precisamente por eso es *la* gran baza de los separatas. Si te dicen -no nos dejan preguntar- lo primero que piensas es que se trata de un país un poco merienda de negros. Y si te sacan una masa acojonante de gente a la calle, acabas convencido de que hay una mayoría social abrumadora por la secesión.

O sea, desde el punto de vista de las relaciones públicas, los separatas están en la situación ideal. Lo tienen a huevo para vender su producto. Se vende solo. La única pega que tienen, de momento, es que no hay muchos que les quieran comprar el producto. No vayamos a joder la marrana, que las cosas están muy delicadas.

Pero es una situacion siempre delicada. Porque los de fuera tarde o temprano empezarán a pensar: ¿vale, pero a mi en concreto, me da ventajas o me putea? ¿Prefiero España como un mercado único para mis productos, o prefiero muchos cachitos de mierda separados, y pastorear directamente a algunos de ellos si consigo tenerlos pillados por los cataplines? ¿Voy a conseguir yo más cahcitos, o sacará más ventaja mi competencia? ¿Puedo conseguir que Baleares y Canarias se conviertan de facto en unas islas alemanas? Hmmm …

No olvidemos que el estallido de Yugoslavia estuvo muy favorecido por las ganas de Alemania de pastorear Eslovenia y Croacia. Y al final, la partición, y la forma de la partición, se decidió fuera de Yugoslavia. Básicamente en la Unión Europea. Las diversas guerras en las que se metió Serbia no consiguieron cambiar eso.

También tienes que pensar, no sólo lo que quieres, incluso no sólo lo que puedes, sino lo que arriesgas. ¿Cuál es la peor solución que puede ocurrir? Y yo creo que es clara. Una separación de facto sin una mayoría social que la apoye. ¿Puede ocurrir? Imagina una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña (mayoría parlamentaria, no necesariamente mayoría social). Que tenga éxito no depende de tí, que ni siquiera eres capaz de hacer cumplir la Constitución en Cataluña; depende de los de fuera. Al final, de lo que les interese a los de fuera, a poca disculpa que les des. Y lo que pase con la dueda, también lo van a decidir fuera. Atendiendo sus intereses y sus negociaciones, no tus intereses y tus negociaciones.

Para mi, ese es el  gran riesgo de la estrategia “no es legal”. Y el motivo de no ponerse demasiado estupendo rechazando la idea de una Clarity Act, sin siquiera pensarlo. Porque “no es legal”. Tal vez convenga pensar también en si es real. Porque las leyes se cambian fácil; la realidad no tanto.

Claro que siempre podemos pensar en aguna españolada como estrategia. Por ejemplo, constitucionalizar que España sea una colonia de Cataluña.

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