Prostitucional


Marod

Bueno, pues aquí estamos de nuevo dispuestos a extraer el jugo a la jurisprudencia del Constitucional. Esta vez, trataré de mostraros cuál es la doctrina constitucional en esta embarullada realidad plurilingüística de este país nuestro. Al turrón:

HECHOS EN LID:

Reforma, allá por el 2012, de la Ley de 2007 de función pública de las Islas Baleares. La reforma, sin entrar en detalle, se dirigía a revertir en cierto modo la política lingüística en la islas. Se impone un uso indistinto de ambas lenguas (castellano y catalán), se suprime la obligación de conocimiento del catalán por parte de nuevos empleados públicos, y establece la tramitación de procesos administrativos mayoritariamente en castellano (salvo que el administrado comunique su opción catalana). Para más detalles: Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (buscadla en google, gandules :)

PARTES:

  • Atacante: Más de 50 senadores del grupo parlamentario Socialista del Senado (lo de más de 50 es así, literal, ¿Será como para acojonar al otro? – ¡Ándate con ojo, que me he traído a unos colegas! :)
  • Defensor: El Abogado del Estado (¿Quién si no, el obediente funcionario?)

ARGUMENTOS Ataque:

La Ley impugnada articula un conjunto de medidas que atentan contra la posición constitucional y estatutaria del catalán en la Comunidad Autónoma, en cuanto que erosionan su condición de lengua propia y oficial, lesionando con ello los derechos de los ciudadanos y vulnerando normas estatales de carácter básico. Se les reprocha vulneración del art. 3.3 CE así como los arts. 4.3 y 35 del Estatuto de Autonomía, los cuales, según los recurrentes, establecen los principios de protección del pluralismo lingüístico y de normalización progresiva de la lengua catalana y que ahora se verían vulnerados en cuanto se trataría de un conjunto de medidas que, a medio y largo plazo, van a determinar el carácter innecesario de la lengua catalana en el ámbito institucional y administrativo de las Illes Balears (OHH, Dios Mío, ¡Qué tragedia! :) :)

En parte porque estiman que imponen un uso indistinto de ambas lenguas, suprimen la obligación de conocimiento del catalán por parte de los nuevos empleados públicos y establecen la tramitación de los procedimientos administrativos mayoritariamente en castellano.

A su juicio, esta reforma legal impide que el catalán pueda ser el centro de gravedad del funcionamiento ordinario de las organizaciones administrativas. Y por tanto, lo posterga.

Asimismo, entienden estos más de 50, que la reforma (uso indistinto de lenguas y eliminación del requisito de conocimiento de catalán para la mayoría de empleados públicos) vulnera, atenta, se caga en:

  • Estatuto de Autonomía Balear: Consagra el derecho a relacionarse en catalán con la Admon. …. Y como ahora puede que haya funcionarios que no sepan catalán, pues se puede comprometer el ejercicio de tal derecho.
  • 14 CE: En la medida que la reforma consagraría una auténtica discriminación por razón de lengua en la atención a los ciudadanos ( J Really? Que ilusión, no soy el único que emplea el concepto de discriminación por razón de lengua…. ¿Veis como no estoy tan pirado?)
  • Otros motivos de competencias Estado vs CCAA….( Pero eso es un rollo patatero y no me interesa incluirlo aquí, que sólo voy a examinar la cuestión puramente lingüística)

ARGUMENTOS Defensa:

No resulta predecible ese resultado, porque existe una generalización del dominio del catalán según manifiesta el legislador balear con fundamento en el conocimiento de su sistema educativo. (Y si ellos lo dicen… ¿Será verdad, no? :) . Así que, menos dramas, que los derechos de los baleares de dirigirse a la Admon en catalán quedan suficientemente garantizados.

Y además, que es una decisión política otorgar más prioridad a la excelencia en los conocimientos y prácticas profesionales que al requisito lingüístico que está constitucionalmente aceptada.

Y por último que la demanda de los atacantes carece de fundamentación suficiente (vamos que ni de lejos fundamentan toda esa serie de magníficos desastres que suponen que van a ocurrir en relación al catalán en Baleares :)

…No dice mucho más. (Claro, con tanto recorte, hasta los abogados están calladitos :)

FALLO: trrrrrrrrrrrrrrrrrrr (redoble de tambor)…………….

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1º (un rollo que excluí que no viene a cuento, porque ya está derogado. No se mete)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil trece.

(¡A tomar por culo! El TC postergando lenguas a su edad…. Que desfachatez! :)

…Bueno hay un voto particular que se muestra disconforme (Dª Adela Asúa Batarrita) pero incluir sus fundamentos se nos haría muyyyyy laaaargooo y no quiero aburrir ;-)

FUNDAMENTOS DEL TC

Veamos cómo fundamentan vuestros queridos “turistas” este descalabro catalán:

  • El punto de partida para enjuiciar el presente recurso ha de ser obviamente el hecho de que la Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española y, como ya se expresara en la STC 32/1986, de 26 de junio, FJ 1, en dicha realidad se constata un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, que obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas en orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas, a la protección efectiva de todas ellas y a la configuración de derechos y deberes individuales en materia lingüística. (vamos, que esto no es un ataque a las “otras” lenguas, sino la decisión sobre una controversia concreta)
  • Define, el TC (en base a la C.E.) un concepto interesante “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. Positivismo jurídico cuasi-puro, pues determina la realidad lingüística conforme a su reconocimiento jurídico-político, desechando su “realidad y peso” como fenómeno social. Supongo fruto, de prevalecer una decisión política (refrendada por soberanía) sobre una liberalización del uso que supondría, a todas luces, un importante detrimento de las lenguas minoritarias.
  • Sin embargo, no todo es “jauja” para las lenguas “menores”…mirad, mirad: “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas oficiales, con independencia de la realidad y el peso social de cada una de las lenguas en cuestión, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia” (es decir, la protección de lenguas co-oficiales no justifica una postergación del castellano). Más claro lo suscribe en este caso el TC:

La cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas, de forma que en ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia de una lengua sobre otra, lo cual llevaba a este Tribunal, en referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña, a fijar las siguientes premisas doctrinales:

1) la definición del catalán como “la lengua propia de Cataluña” no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano;

2) toda lengua oficial es, por tanto —también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española—, lengua de uso normal por y ante el poder público;

3) desde la perspectiva constitucional, es inexcusable el equilibrio entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado;

y 4) todo ello, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. (Problema: “carta blanca” al legislador para establecer políticas de ,digamos, discriminación positiva para corregir situaciones de hecho… en las que hay enormes dificultades para establecer un criterio objetivo, máxime con nuestra consabida afición al victimismo… opinión personal).

Entonces, el TC trata de ponerle límites a esa “patente” del legislador (el/los parlamento/s): “El ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales”.

También aprovecha el TC para “lavarse las manos” un poco :) En el ámbito de control de constitucionalidad en el que nos encontramos, debemos observar, una vez más, que en un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, y en otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos

Desde esta estricta perspectiva jurídico-constitucional, la opción de política legislativa aquí enjuiciada de conformar una función pública donde no sea necesario genéricamente el requisito lingüístico de la lengua propia no implica necesariamente una posición subordinada de esta lengua, puesto que, como se ha subrayado, la medida preserva la garantía bidireccional del uso de la lengua propia entre Administración y ciudadanos a través de un amplio abanico de puestos de trabajo para cuyo acceso y provisión es necesario el requisito lingüístico. Lo justifica estableciendo requisito suficiente su inclusión (lengua catalana) como un mérito. Le parece proporcional (bueno, menos a Asúa, a ella no :)

No hay inconstitucionalidad en tener el conocimiento del catalán como mérito, no existe discriminación, por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán y la existencia de medidas de fomento.

Tampoco se aprecia la discriminación por razón de lengua alegada por los demandantes por los siguientes razonamientos:

  1. a) En primer lugar, ni los arts. 3 CE y 4 del Estatuto balear, ni tampoco la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, invocada por los demandantes, imponen un uso exclusivo o prevalente de la lengua regional en el ámbito administrativo y oficial. (Fíjense los que hayan seguido nuestra última discusión que el criterio de un uso prevalente o exclusivo sí sería considerado una discriminación… lo que no sabía era de la existencia de una Carta Europea de lenguas minoritarias… ¡lo que inventan, oyes! :)

… Más claro todavía: este Tribunal reconoció que el legislador había sido sensible a la consideración de la lengua como un elemento constitutivo de la personalidad

No puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, lo que conduce al reconocimiento de la constitucionalidad de los preceptos examinados, al poderse utilizar con normalidad la lengua catalana, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano.

(soplamocos considerable a las pretensiones de sus señorías :)

Un concepto interesante nos introduce el alto Tribunal:

“Concepto de “lengua propia” puede definirse como la lengua característica, histórica, privativa, por contraste con la común a todas las Comunidades Autónomas; el de “lengua de uso normal” es el definitorio de una realidad, caracterizada por el uso normal y habitual de la lengua propia en todos los órdenes de la vida social; y el de “lengua preferente” el que implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la Comunidad Autónoma.

En la citada STC 31/2010 ya se indicaba que el concepto de lengua preferente es el único vedado constitucionalmente

Y ya, como colofón final, sentencia (nunca mejor dicho ;-) )

“La modificación legislativa aquí enjuiciada tiende a equilibrar el papel del castellano en el ámbito oficial y administrativo, modificando la orientación de las medidas legislativas introducidas por la Ley 3/1986, de 19 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears que habían reforzado la posición del catalán, otorgándole cierta prevalencia en las diferentes facetas antes expresadas en este ámbito material.

Lógicamente, esta opción de política lingüística del año 1986 no constriñe la que pueda adoptarse en el momento actual a la luz de la realidad lingüística, siempre y cuando tales medidas introducidas se constate que no impongan una preferencia de una de las lenguas oficiales en relación con la otra, ni supongan una postergación o menoscabo de una de ellas.”

Y yo terminó diciendo aquello: Es política, no ciencia jurídica, hombre :)

Hasta aquí una interesante sentencia de nuestro garante constitucional que espero haya servido para aclarar los límites que los legisladores “bordean peligrosamente” en no pocos casos.

Hasta la próxima entrega ;-)

Cada vez es más interesante el empeño que se trae Marod en cantar las alabanzas del Prostitucional. Porque hace pensar, y porque hace patentes las graciosas contradicciones del pensamiento dominante. Ideología, más bien. Porque de pensamiento no tiene mucho. No tiene muchos pasos, quiero decir. Es lo que Ortega llamaba una “ocurrencia”. Un rosario de ellas.

La entrada de ayer iba sobre la discriminación positiva de la mujer. Y el Prosti establecía que era constitucional, mediante una serie de majaderías que señalamos más o menos al completo, en los comentarios:

Pero vamos a ampliar una de ellas. Que es clave, porque es la majadería sobre la que pivota toda la estructura de la discriminación positiva. En este caso, de la mujer dedicada a la política. Según el Prosti, es una discriminación constitucionalmente aceptable por ser coyuntural.

[La discriminación en aras de la igualdad efectiva] … sólo se justifica en la realidad de las circunstancias sociales del momento en que se adopta, de manera que su misma eficacia habrá de redundar en la progresiva desaparición del fundamento constitucional del que ahora disfruta. Se trata, en definitiva, de una medida sólo constitucionalmente aceptable en tanto que coyuntural.

La mentalidad enternecedora de esta gente va así. Excluyendo unos detalles del cuerpo que sólo afectan al sexo y a la reproducción, mujeres y hombres son iguales. Tiene guasa pensar que sexo y reproducción sean algo como marginal, pero sigamos el argumento de los ángeles asexuados. Entonces, toda diferencia en la actividad y mentalidad de los sexos *debe* de venir de fuera; no es “natural”. Y en los humanos, lo que no es ni naturaleza, ni física, es cultura. Si acabamos con la cultura mediante leyes de discriminación positiva, acabamos con esas diferencias. Y en ese momento la discriminación positiva sobrará.

Vayamos al ejercicio más inútil que se puede hacer con una ideología. El baño de realidad. Como la ideología es un conjunto de ocurrencias -no pensamientos- simples, sobre los que se hace pivotar la interpretación de lo que ocurre, da lo mismo lo que ocurra. Muestre la realidad lo que muestre, el resultado viene dictado por la interpretación. Estrictamente, el pre-juicio.

Esto es, para los Marod es completamente indiferente que tengamos leyes de paridad funcionando desde el Renacimiento, y que en más de cinco siglos nunca hayan dado muestras estar corrigiendo un “problema coyuntural”. ¿Un ejemplo? El protocolo europeo de sentarse a una mesa a comer, alternando los sexos en posiciones consecutivas. Sin el protocolo, si les dejas a su aire, generalmente acaban las mujeres en una parte de la mesa, y los hombres en la otra, cada uno hablando de sus cosas. Sí; siempre hay la excepción de alguna mujer que le divierte más la conversación de los hombres, y los hombres encantados de incluirla en su grupo. Pero son casos minoritarios, y mal vistos por el resto de las mujeres. Y lo más importante: Cinco siglos de protocolo demuestran que el asunto no tiene absolutamente nada de coyuntura. ¿De dónde sacan estos asnos la coyunturalidad de su discriminación positiva en las listas para cargos políticos (ley de paridad)?

Llevemos el ejemplo a la política. Para los angelicales ideólogos, el interés hacia la política de hombres y mujeres es el mismo por naturaleza, pero las “circunstancias sociales” sesgan la naturaleza. Vale, pues miremos entonces en lugares sin “circunstancias sociales”. Mismamente, internet. Donde ni siquiera sabes -en principio- si lo que hay detrás de un “nick” es un hombre, o una mujer. Y sólo tienes que medir la participación de mujeres y hombres en los foros y blogs que tratan de política. La participación femenina es muy inferior a la que hay, por ejemplo, en el Senado y en el Congreso USA (20%). Y es un ejemplo de una sociedad que lleva mucho tiempo luchando contra las “circunstancias sociales”, y donde no hay discriminación ni negativa ni positiva. ¿Cual sería la “circunstancia social” que hace que sean relativamente escasas las mujeres a las que les da por perder el tiempo en los sitios de internet de debate político?

Si hay países en los que la “circunstancia social” se ha superado, Australia Canadá tienen que estar entre ellos. Ocupan los puestos 2 y 8 en el mundo, contra el 27 de España [–>]. He elegido esos dos porque he encontrado rápido las estadísticas de lo que les interesa a mujeres y hombres según los estudios que eligen. Clic para leer mejor.

Australia:

estudios-hombres-mujeres-australia

Candá:

estudios-hombres-mujeres-canada

Se ve que a las mujeres y los hombres no les interesan las distintas materias en la misma proporción, pero el sesgo es idéntico en Australia y en Canadá. Calcado. Y si te sales de una cultura “anglo” y miras Europa y España, resulta exactamente lo mismo.

estudios-hombres-mujeres-europa-espana

O sea que lo que interesa a mujeres y hombres es tan poco coyuntural que no cambia por pasar de una “circunstancia social de paridad” número 27 del mundo, a la número 2 del mundo.

En Australia el porcentaje de mujeres en el parlamento es el 24% [37 de 150 ->], y en Canadá es el 24% (76 de 308 –>). (España es el 36% –>). Si los intereses en la elección de estudios no cambian por cambiar la  “circunstancia social”, y si un cambio en la “circunstancia social” no acerca hacia una “paridad natural” en los asientos del parlamento, ¿de dónde sacan los turistas del Prostitucional que la necesidad de una ley de paridad sea coyuntural? ¡De la ideología, pero no de la realidad! Como se puede observar perfectamente midiendo la falta de paridad en los foros de internet.

Resumen para Marod. La realidad demuestra que la ley de paridad es inconstitucional, según el argumento usado por el Prostitucional. ¡¡¡Porque no es coyuntural!!! Repitamos el argumento:

Se trata, en definitiva, de una medida sólo constitucionalmente aceptable en tanto que coyuntural. (© Prosti)

Es lo que trato de explicar. Meter turistas en un Tribunal Constitucional no es una idea muy brillante. Los turistas suelen decir tonterías. Y la tontería vale sólo porque el Prosti tiene la última palabra, y el recurrente no puede refutar todas las tonterías posibles antes de que el Prosti elija qué tontería largar. Sería un recurso infinito, porque el número de tonterías posibles es infinito — por definición de tontería.

Añadido posterior (para la discusión):

mujeres-congreso-usa-esp-tiempo

Conclusiones (del gráfico):

– El voto femenino en USA fue 20 años antes que en España. Eso no hace que en España haya menos mujeres en el parlamento (antes de la Ley de Paridad de 2007). Hay casi el doble.

– No se puede descartar cierto “efecto del pasado”, pero hay que imaginar una persistencia acojonante en el tiempo. En USA; y no en España — o muchísimo menor.

– España se acercaba rápido a una paridad antes de la Ley de Paridad (2007). Después, no. La ley de paridad no ha cambiado la paridad que ya había (36%).

– Todo apunta a la más clásica estrategia de los gobernantes, que consiste en solucionar “problemas” inventados.

Marod

De la serie “Jurisprudencia que se entienda” (bueno pensar un título mejor, que yo para la síntesis soy un negado).

Permitidme un breve preámbulo ya que estoy insuflando vida a nueva sección (o al menos se intenta…veremos si la criatura despierta suficiente interés para seguir viviendo otro mes). Breve, un par de notas sobre su funcionamiento y declaración de intenciones de su descerebrado autor.

Seguiré un mismo esquema siempre, con el fin de dotar a la criatura de un mínimo de imparcialidad:

1. Partes y hechos en lid
2. Argumentos atacante y defensor (contradicción)
3. Fallo (sentencia, se entiende)
4. Fundamentos TC (motivación del fallo)

En la entrada propiamente dicha, seré siempre imparcial y cualquier comentario, explicación o chiste malo de mi cosecha irá entre paréntesis. El resto, si bien no siempre será literal (por obvios motivos de espacio y de que esto sea mínimamente tragable para cualquier lector) , será siempre fiel expresión de su original y, por tanto, ajeno a este humilde leguleyo.

En los comentarios (si es que me quedan fuerzas :-) ) ya pasaré de estas mariconadas y haré lo que me de la gana y emplearé todas las marrullerías y trucos que me apetezcan.

– Abrimos marzo con:

Recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno cántabro por la ley de prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica (con dos cojones, Nacho :-) )

HECHOS: aprobación y promulgación de la ley del parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. La ley expresada consta de tres artículos y establece un prohibición general y absoluta de la técnica de fracking en toda Cantábrica.

PARTES: Atacante (me mola más que recurrente, es más teatral) el Abogado del Estado, en nombre de Mariano Rajoy. Defensor, el Letrado del servicio jurídico del gobierno de Cantabria (Jesús que cargo más largo), en nombre del Parlamento cántabro (mayoría absoluta pepera… Nacho Diego. Es una lucha fraticida, esta. No lo entiendo muy bien, pero bueno)

Argumentos ataque: (Ahorraré mucha jerga técnica y motivos procesales porque son un coñazo infumable y sólo podrían interesar a frikis juristas…si alguno estuviese leyendo ya puede dejarlo :-) )

Básicamente interesantes podemos englobar en dos aspectos: el puramente competencial (Madrid vs Santander) y el relativo a la protección ambiental vs desarrollo económico y generación de riqueza (sí, amigos, nuestro TC va a conocer sobre si es mejor aplicar un principio de prudencia por si el fracking fuese malo maloso y peligroso, o por el contrario hay que ponerse a contar billetes…. No me digáis que no estáis impacientes….)

Dice el Abogado del Estado que procede la inconstitucionalidad de la ley cántabra porque invade una competencia exclusiva del Estado: la de Minas y la de Ordenación económica. Que el parlamento cántabro no tiene competencia para prohibir una actividad minera/energética y mucho menos para obstruir o excluir su territorio de la generación de riqueza nacional (a ver que se creen estos cántabros, catalanes? :-) )

Después les mete el dedo en el ojo porque los legisladores cántabros ponen la motivación de la prohibición en un pretendido principio de prudencia en cuanto a la necesaria y superior necesidad de protección del M.A. y la salud. Y trae hasta informes de la Dirección General de Minas: En el referido informe se concluye que “dada la importancia estratégica del suministro energético, tanto a nivel nacional en términos de seguridad de suministro y de balanza de pagos como a nivel regional y local, por su potencial para generar actividad económica complementaria y compatible con el tejido existente, parece justificado permitir el desarrollo de este tipo de proyectos. No obstante, siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y de protección medioambiental vigentes, sin que se aprecien razones técnicas objetivas que justifiquen el establecimiento de una prohibición general a priori” y que, por tanto, “Cuando el Estado ha dictado, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para valorar e integrar el interés medioambiental, la prohibición autonómica de la técnica del fracking resultaría pues arbitraria y desproporcionada, si se tiene en cuenta que también la normativa básica exige una evaluación de impacto ambiental previa a la aprobación de todo proyecto”

El Abogado del Estado considera vulnerados los arts. 128.1 CE (“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”) y 130.1 CE (“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos…”). La prohibición que establece el art. 1 de la Ley de Cantabria 1/2013 sería desproporcionada y podría dar lugar a la privación de recursos energéticos estratégicos para el interés general; máxime si esta iniciativa de prohibir el uso de la técnica de la fractura hidráulica se extiende a otras Comunidades Autónomas. Así viene ya sucediendo en La Rioja y Navarra, mientras que en otras Comunidades Autónomas, como Aragón, Baleares y País Vasco, se están tramitando proposiciones de ley en el mismo sentido. Todo ello podría suponer una seria limitación a la posibilidad de investigar y explotar los recursos de hidrocarburos no convencionales en gran parte del territorio español; extremo que acredita la incidencia de esta cuestión en la ordenación general de la economía.

Argumentos defensa:

El mandato constitucional de protección del medio ambiente (art. 45.2 CE) es claro y terminante. Por otra parte, en materia de protección medioambiental el Estado tiene competencia exclusiva para aprobar la legislación básica, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección (STC 60/2013, entre otras), que pueden ser más severas que las estatales, sin que ello infrinja el sistema constitucional de distribución de competencias. La prohibición del fracking en Cantabria constituye una medida de protección adicional del medio ambiente, más protectora que la regulación estatal; se conecta con la competencia de ordenación del territorio y resulta adecuada al principio de proporcionalidad conforme ha sido definido por la doctrina constitucional. Tal prohibición sería la única medida equilibrada, idónea y necesaria para preservar el medio ambiente y la salud de los ciudadanos que habitan en las zonas de sondeos mediante dicha técnica. La incidencia del uso del fracking sobre el medio ambiente es incuestionable, toda vez que esta técnica supone una contaminación en los acuíferos subterráneos, dada la inyección de productos químicos que implica. Es pues natural que, en el marco de sus competencias, la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013 haya establecido un régimen de protección de los ecosistemas ante una actividad que constituye un riesgo para el medio ambiente, teniendo en cuenta la extraordinaria complejidad de la geomorfología de esta Comunidad Autónoma, muy rica en cuevas (algunas de ellas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO) y en extraordinarios recursos hídricos subterráneos.
Para la cosa de la salud dice que toda vez que el uso de la técnica de la fractura hidráulica conlleva riesgos para la salud de las personas y animales, dado el empleo de sustancias tóxicas que requiere. Resulta llamativo —a juicio del representante del Parlamento de Cantabria— que esa toxicidad ,aunque se califique como no elevada, se reconozca en el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas que se acompaña a la demanda, al igual que le llama la atención el silencio que se guarda —en la propia demanda y en el dictamen del Consejo de Estado que a la misma se acompaña— sobre los efectos del fracking para la salud.

(En resumen que aplicando un principio de precaución y teniendo en consideración lo mucho que podría joderles el fracking en cantabria, a sus vacas y sus cuevas y esas cosas suyas, que vayan a fracking a la sierra de Madrid, no te jode)

FALLO (se admiten apuestas….trrrrrrrrr… Redoble de tambor)

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:

Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.
Dada en Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil catorce.

(Ohhhhh, gana Estado central… Malditos fachas!! :-) )

FUNDAMENTOS (motivación del TC)

Con el tema “verde” dice el TC: La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea publicó el 10 de agosto de 2012 un informe, relativo a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa, y el Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones relativas a los recursos de hidrocarburos no convencionales denominadas “Las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto [2011/2308(INI)]” y “Los aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto [2011/2309(INI)]”. En todos estos documentos se pone de manifiesto que el desarrollo del gas de esquisto es hoy controvertido en la Unión Europea, sin que existan datos terminantes sobre sus eventuales riesgos para la salud y el medio ambiente (vamos que no se sabe. No tan claro como decía el letrado cántabro)

Y en cuanto al tema competencial:

– Esta prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria contradice de manera radical e insalvable lo dispuesto en el apartado 5 del art. 9 de la Ley del sector de hidrocarburos, añadido por la citada Ley 17/2013, en cuya virtud se autoriza la aplicación de la técnica de la fractura hidráulica en el desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales, precepto formal y materialmente básico ex art. 149.1.13 y 25 CE. Conforme ya quedó señalado, constituye un marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional, referido al empleo de una técnica habitual en la industria para la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional. El legislador autonómico no se limita pues a establecer las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que en la materia correspondiente le asigne su Estatuto, siempre “respetando las bases establecidas por el Estado” (SSTC 135/2012, FJ 2 y 8/2013, FJ 3); vulnera la competencia estatal al entrar en conflicto con la eficacia de la legislación básica que se dicta al amparo de la misma en el territorio de Cantabria.

La prohibición impuesta por el art. 1 de la Ley impugnada no puede considerarse como una norma adicional de protección en materia medioambiental, conforme a la doctrina constitucional al respecto.

La prohibición absoluta e incondicionada de una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos no puede decidirse por una Comunidad Autónoma (por si no les había quedado claro :-) )

Y hasta aquí, mis queridos amigos, la sentencia de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, y que la próxima vez que discutáis en la próxima reunión de familiares o amigos sobre el tema, podáis citar -ebrios ya en la sobremesa- el caso del gobierno de España contra cantabria y la doctrina de la STC 106/2014.

Nota: No me he olvidado de mi promesa acerca de traer alguna que podáis calificar de STP (sentencia tribunal prostitucional). En la próxima cumplo… Soy hombre de palabra ;-)

Me temo que es demasiado largo. No es por plomo, de verdad, es que es jodido resumir los “ladrillos” del TC. Ya siento.

Hay gente mosqueada y / o sorprendida por la sentencia del Prostitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. Por esa segunda parte de la misma, en la que declara que las referencias “al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña”, no son inconstitucionales si se interpretan dentro de la Constitución. Esto es, si se interpretan como una “aspiración susceptible de ser defendida dentro de la constitución”.

No acaban de convencerme los críticos. Una cosa es que sea “El Prosti” para los amigos, y otra cosa es que siempre sea puta. O que una puta no pueda tener su parte buena. Es posible que los críticos defiendan -y deseen- que esa aspiración sea imposible. Pero eso es lo mismo que harían los nacionatas si consiguieran lo suyo. Y es una putada, porque en ese caso la única esperanza sería hacerse separatatista de los separatas. La ironía del asunto es que la única defensa contra el separatismo nacionata, aparte de la fuerza, ¡es el separatismo! Esto es, formalizar -universalizar- su aspiración, de tal forma que lo que vale para el pato, valga para la pata. Pero lo que vale para la pata, no le vale al nacionata. Reductio ad absurdum. Una de las herramientas más antiguas y eficaces de la lógica [–>].

En estas andaba; criticando a los críticos del Prosti. Sin que sirva de precedente. Cuando veo que llegua Ruiz Soroa. Siempre una especie de alma gemela, en una versión mucha más académica. Y ve algo que se me había escapado. Un “aroma canadiense” de la sentencia del Prosti.

Y es verdad. Con menos explicación y detalle -y fuste- que el TS de Canadá, en realidad el Prosti ha hecho lo mismo. Como señala RS, en vez de limitarse a un “eso no vale”, ha especificado cómo sí podría valer. Aunque en mi opinión, la diferencia por la distancia recorrida por ambos tribunales en ese aspecto es tan grande, que la comparación entre ambos se debe de quedar en el espíritu. Si acaso. Aun así, y siguiendo al maestro, aplaudo al Prosti.

Los que no han estado a la altura son los demás.

– Separatas: Ha dicho que sí se puede, y nosotros superaremos lo que haya que superar.

– No separatas: Ha dicho que es inconstitucional.

– Idiotas: Hablando se entiende la gente.

Pero nadie ha entrado al trapo de cómo sería ese -se puede, si se hace constitucionalmente-. Nadie ha aprovechado la oportunidad (canadiense, efectivamente) que ofrece el Prosti. Porque, para estupor de idiotas, la gente no se entiende naturalmente por mucho que hable. Todo lo que saben y quieren saber los separatas es que quieren separarse. Y todo lo que saben y quieren saber los no separatas es que ellos no. Y así, queridos idiotas, no hay la menor oportunidad de entenderse. Separarse o no separarse no es “dialogable”. O es A, o es B. Lo que sí es dialogable es cómo y cuándo se puede separar quién. Y el resultado de ese hablar suele ser el enfriamiento del separatismo cuando es absurdo. Véase Canadá. Porque al generalizar, y pasar del Pueblo de Catalufilandia, a cualquier ente englobable en el concepto gnóstico y multiforme de “pueblo”, la jodimos, tía María. Igual le dan por saco a Bildulandia, y acabamos haciendo una reserva india en los altos del Goyerri y naciones adyacentes. Si de separar se trata, también se trata de que los que no se quieren separar, se puedan separar a su vez de los que sí se quieren separar. Y da la casualidad de que son los tuyos.

O sea, pensar. Si se trata de fuerza, mejor nos hacemos con la fuerza. Y si se trata de “dialogar”, que nunca lleva al entendimiento,  reductio ad absurdum de jarabe de arce.

 

Como diría V, ya siento. No os voy a contar los motivos jurídicos por el que nuestros pringados presentan demanda contra la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y contra el Prosti, supongo. Podría meter la pata, y no es plan. Ya vendrá Octavio a explicarlo. Espero.

De momento, las fotos de la firma y envío. Para que conste. Y para que tiemble la mamomcracia (je).

pringados-contra-el-prosti-f1 pringados-contra-el-prosti-f2 pringados-contra-el-prosti-f3 pringados-contra-el-prosti-f4 pringados-contra-el-prosti-f5 pringados-contra-el-prosti-p1 pringados-contra-el-prosti-p2 pringados-contra-el-prosti-p3La historia es larga, pero se puede seguir cada paso, de reciente a anterior, pinchando en el cartelito:

Recurso Octavio

O bien con este índice, en su orden natural:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.
  15. Jaque al prosti
  16. De nuevo, jaque al TC
  17. ¿Podría ser Rajoy todavía peor que Zapatero?
  18. El recurso de amparo, de cafés con Anna Grau
  19. Los esforzados pringados acuden al TEDH, contra el Parlamento de Cataluña y el Prostitucional (fotos).

Que no se me enfaden por el apelativo, en el fondo cariñoso. Ni siquiera es mío. Yo se lo copié al periodista Carlos Herrera, que directamente le llamaba Tribunal Prostitucional en su programa. Y no creo que sea porque tengan una filosofía de practicar eso que llaman “derecho creativo”, a la Garzón. Más bien parece algo que, en plan fino, podría tildarse de derecho gamberro.

A ver. Unos cachondos. Dicen a nuestros amigos que no están “legitimados” para presentar un recurso de amparo contra las declaraciones de soberanía del Parlamento de Cataluña, por mucho que aleguen que atenta contra su derecho fundamental de participación política. El de todos. Sin mayor explicación. No legitimados … porque lo digo yo. Aunque sí dan a entender algo. Dicen que no están legitimados según el artículo en cuestión. El 46.1 (a) de la LOTC.

Mira:

LOTC, Artículo 46

1. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

  • a) En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

En plata, que un españolito de a pié no está directamente afectado por esa declaración del Parlamento de Cataluña.

Y luego llega la hora de decidir si mantener la suspensión provisional de esa declaración soberanista, cuyo plazo caducaba, y que habían hecho a instancias del gobierno. ¿Y que dicen? Que mantienen la suspensión, porque …

La Resolución 5/X tiene claro efecto jurídico sobre el Gobierno autonómico en la medida en que le insta a la consecución de una cierta finalidad prescrita y controla que esa finalidad se cumpla. Y tiene igualmente efecto jurídico sobre la ciudadanía en cuanto pretende activar y promover el ejercicio de libre opinión [art. 20.1.a) CE] y participación en los asuntos públicos (art. 23.1CE). [–>]

¿Cachondo el Prosti, no? ¿No ha caído en que “la ciudadanía” no es más que una abstracción que consiste en los ciudadanos, como por ejemplo los pringados que han presentado el recurso de amparo? ¿Cómo puede ser que algo que afecta a los ciudadanos, según el mismo Prosti, se transmute en algo que hace de los ciudadanos  “personas no afectadas”? ¿Broma, o gamberrada? ¿Cómo podría no estar directamente  afectado alguien a quien suprimen uno de sus derechos fundamentales? O igual es derecho cuántico, como el gato de Shrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo.

¡Pues jaque!

Prosti

Que por supuesto, se van a pasar por el forro de sus caprichos. Pero igual llegan otras instancias, como más europeas, y le sacan los colores a nuestros gamberretes. ¡Ah!, ¿que tenían que seguir las instrucciones de sus señoritos, para que puedan practicar sus cambalaches y prodigios? Ajo y agua; haber pedido susto.

¡Jaque!

Recurso Octavio

Entradas anteriores de la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.

Mini resumen previo [pm]. El TC decide que los españoles pringados no están legitimados para reclamar su derecho fundamental a la participación política, mediante el mecanismo constitucional creado para reclamar un derecho fundamental en la circunstancia que se da. Lo decide sin razonarlo, o porque lo digo yo. La Fiscalía del TC, que es la única que puede interponer recurso, no lo hace. Explica (verbalmente) que solo los parlamentarios disponen de esa vía. También porque lo digo yo. Y los españoles pringados (o sus abogados) solicitan una reconsideración, por un motivo que se me escapa, como si este fuera un país medio normal, y medio serio. Esto va a acabar peor que los famosos burofaxes de Viejecita a Gorriarán. ;)

 

Octavio

Movemos ficha

03062013.1

Recurso de amparo 858/2013.

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

         Don M.M., Procurador de los Tribunales y de Doña M.M.U. y Don J.E.S., conforme tengo acreditado en el recurso al margen referenciado, ante el Tribunal Constitucional comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

 

Que por providencia notificada en fecha 24 de Mayo de 2013, se acuerda inadmitir el recurso presentado por esta parte.

Que en virtud del derecho de petición y existiendo una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, solicitamos que el Tribunal Constitucional reconsidere de oficio, su decisión de inadmitir y archivar la petición de amparo formulada por esta parte, anulando y dejando sin efecto la misma en base a los siguientes,

MOTIVOS

 

         PRIMERO.- La resolución dictada carece de motivación, infringiendo el artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el artículo 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 24 de la Constitución.

Se limita la providencia dictada a inadmitir el recurso presentado por esta parte al considerar a mis representados carentes de legitimación, conforme el artículo 42 en relación con el artículo 46. 1, a) de la LOTC.

Los mencionados preceptos sin embargo establecen como legitimados a mis representados en tanto en cuanto, tienen un interés legítimo, por tanto son personas directamente afectadas.

Ante la meridiana claridad del precepto citado y previa solicitud a la Fiscalía de ese órgano, se indica por este último que los únicos legitimados son los que ostentan la condición de parlamentarios, interpretación carente de fundamento a juicio de esta parte, y que a la vista de la providencia dictada es mas incomprensible si cabe, máxime cuando nos encontramos ante un órgano y tribunal que deben proteger la no vulneración de ningún derecho fundamental ya que,

A)                   La providencia dictada así como la opinión expresada por la Fiscalía contradicen expresamente la doctrina de ese Tribunal que a “sensu contrario” ha sostenido recientemente que el cauce para residenciar las decisiones ó actos parlamentarios sin valor de Ley es el recurso de amparo del artículo 42 LOTC, para el que basta la legitimación individual.

ATC Pleno de 13 de Enero de 2012, nº 7/2012, rec 1598/2011 EDJ 2012/769.”

B)                   También contradice la doctrina de ociosa cita del Tribunal Supremo que indica que están legitimados las personas que ostentan un derecho o interés legitimo, que vendrá dado, por regla general, por el hecho de que el acto impugnado comporte la vulneración de un derecho fundamental del que resulte titular, encontrándose legitimados tanto los españoles como los extranjeros en tanto sean titulares de derechos y libertades fundamentales. De modo que cuando el artículo 53.2 CE se refiere a que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos…”, la expresión  “ciudadano” deber ser interpretada en sentido amplio y no rigurosamente técnico.

C)                   De igual forma contradice la doctrina del Congreso de los Diputados que en relación con la legitimación en el recurso de amparo ha declarado que Por lo que respecta a la llamada legitimación privada en el recurso de amparo, es de destacar que los arts. 161.1 b) CE y 46.1 LOTC contienen distintos enunciados: en el primero se habla de interés legítimo y en el segundo de persona directamente afectada (apartado a) y persona que ha sido parte en el proceso judicial correspondiente (apartado b). Ha sido necesaria una interpretación complementaria de los mismos, que comenzó por fijar lo que ha de entenderse por interés legítimo, fórmula por la que se excluye la acción popular (STC 214/1991, de 11 de noviembre), pero que ha sido aplicada de forma amplia y flexible por el TC (por todas STC 60/1982, de 11 de octubre), de modo que no se confunde con la más restrictiva de la titularidad personal del derecho fundamental cuyo amparo se pide (STC 47/1990, de 20 de marzo). El enunciado persona directamente afectada (art. 46,1, a LOTC), limitado a los recursos que no exigen proceso previo (art 42 LOTC), se ha interpretado como comprensivo no solo de quien afirme ser titular del derecho vulnerado, sino también de toda persona que demuestre un interés legítimo en la preservación o reparación del mismo (STC 141/1985, de 22 de octubre). (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=162&tipo=2)”.

 

SEGUNDO.- La falta de motivación de la providencia dictada por ese Tribunal tampoco justificaría el argumento de que la falta de legitimación se considere porque el recurso “tiene carácter preventivo”, pues consideramos que el daño es actual y en todo caso, el artículo 41.3 CE habilita para recurrir en amparo ante dicha posibilidad.

Por todo lo cual,

SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Que habiendo por presentado este escrito se admita, y en su virtud, ante la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, amparado en la Constitución, ante la inexistencia de instancia judicial previa, y en virtud del derecho de petición de mis representados, se anule de oficio la providencia de referencia decretándose la admisión del recurso presentado.

Por ser de justicia que respectivamente pido en Madrid a 3 Junio de 2013.

Fdo. E.P.R.                                  Fdo. F.M.R.

Letrado                                                   Letrado

Fdo. M.M.

Procurador

Entradas anteriores de la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña (Esta entrada)
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.

Para orden inverso, de último a primero, el cartelito de siempre:

Recurso Octavio

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