Luis Bouza-Brey
La estupidez, la esquizofrenia paranoide y las tendencias suicidas son imposibles o muy difíciles de curar, pero lo peor es que están extendiéndose como una plaga por toda la sociedad catalana, contaminando incluso a quienes deberían ser los antídotos frente a esta epidemia.
Pues constituye el efecto de una plaga, y no otra cosa, el hecho de que el PSC se sume al golpismo de ERC y CIU y apoye la estrategia anticonstitucional y sediciosa de promover un referéndum de autodeterminación de un fragmento del pueblo español para que pueda decidir, sin contar con el resto de los españoles, si desea permanecer en España o separarse de ella, contraviniendo de ese modo abiertamente diversos artículos fundamentales de la Constitución (1, 2, 92, 149-1-32, 155, 167 y 168, entre otros) e incurriendo flagrantemente en un delito de sedición.
Con este proceso se rompe la unidad del Estado y la Nación española, se arrebata la soberanía o poder constituyente al conjunto del pueblo español, se convoca un referéndum ilegal usurpando la competencia estatal de convocar referéndums prevista en el art. 149 de la Constitución y, todo ello, violando la Constitución y pretendiendo modificarla sin seguir los procedimientos de reforma previstos en sus artículos 167 y 168.
Y todo ello, con el argumento de que es más democrática la ruptura de un Estado democrático y de Derecho que el respeto de la ley, la voluntad del conjunto del pueblo y los pactos aprobados por los propios actores protagonistas de la ruptura.
Pero este desarrollo argumental lo que indica es el estancamiento fundamentalista de un sector de los actores políticos, en cuyas neuronas no ha penetrado el fin de la dictadura franquista, la aprobación de la Constitución y el autogobierno de Cataluña (o de Euskadi, que viene a ser lo mismo), la fundación de la Unión Europea, o la vigencia de procedimientos democráticos: siguen percibiendo la realidad política con los mitos de hace dos siglos, basándose en principios precontemporáneos y manteniendo inamovibles actitudes etnicistas e irredentistas impermeables a la composición y voluntad real del pueblo de Cataluña.
Que estos posicionamientos los protagonice ERC, un partido genéticamente golpista, es lógico; pero que los asuma CIU, que ha estado presumiendo de “seny” y de apoyo a la gobernabildad del Estado, o que se sume al estropicio un PSC idiotizado y traidor a los principios básicos del socialismo, revelan que la plaga esquizofrénica de la sociedad catalana está muy propagada en odas sus células.
¿CÓMO SALIR DEL EMBROLLO?
Si se quiere evitar un proceso golpista que desencadenará de nuevo la dinámica de inestabilidad española del sglo XIX, con golpes y contragolpes, pronunciamientos y asonadas endémicos, tiene que resolverse el embrollo creado por nacionalistas y abducidos mediante procedimientos y decisiones integrados en el ordenamiento jurídico.
Por eso, y aunque creo que la mejor solución al problema de los etnonacionalismos es vencerlos ideológicamente y con el ordenamiento constitucional y penal en la mano, también creo que es posible derotarlos recurriendo a los procedimientos previstos en la Constitución, sin infringir el ordenamiento constitucional y deslegitimando con ello las apelaciones falsas a la “democracia a la carta” de los mitos nacionalistas, basadas más en la ley del embudo —para mi lo más ancho, para ti lo más agudo—, que en la lógica real de los valores y principios democráticos.
Entremos en el detalle:
La Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” (art. 149,1, 32), y el artículo 92 del texto fundamental determina, asimismo, que
“1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
- El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados (por mayoría absoluta, de acuerdo con la norma complementaria del art. 6 de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum).”
Por ello, si los dos grandes partidos desean defender realmente el ordenamiento constitucional, deberían poder ponerse de acuerdo en la posibilidad de abrir camino a esta vía de solución del embrollo etnonacionalista:
El Presidente del Gobierno, con aprobación por mayoría absoluta del Congreso, podría proponer al Rey la celebración de un referéndum consultivo en que se solicitase a todos los españoles que votaran si estarían dispuestos a aceptar que cualquier territorio español pudiera declararse independiente.
Si en dicho referéndum, la mayoría del pueblo español y una mayoría clara de alguno de los territorios aceptaran esa posibilidad, una mayoría clara de las Cortes debería iniciar un proceso de revisión constitucional, de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución, a fin de posibilitar un cambio de la misma que permitiera dicha opción.
Dicho procedimiento permitiría saber, provincia por provincia, y municipio por municipio, en dónde existen mayorías independentistas, pudiéndose dar el caso, por ejemplo, de que Guipúzcoa, Lérida y Gerona apoyaran la independencia, mientras que Álava, Vizcaya, Barcelona y Tarragona, se opusieran a ella.
A posteriori, los diversos actores políticos, mediante decisión por mayoría clara de las Cortes (Congreso y Senado) y a iniciativa del Gobierno, alguna de las Cámaras o algún Parlamento autonómico, deberían diseñar el procedimiento de decisión local y general, sus requisitos y determinación de las consecuencias del mismo, para que la respectiva Comunidad (Ayuntamientos, provincias y Comunidades Autónomas) ejercitaran su “derecho a decidir”.
Me atrevo a pronosticar que, si se siguiera un procedimiento de estas características, el delirio etnonacionalista sería erradicado de raíz y España podría continuar su camino en la Unión Europea, habiendo liquidado el nacionalismo reaccionario, anacrónico e insolidario para siempre.
