octavio


Desde el blog de …

Octavio

 

De verdad….. ¿ahora no toca?

 

PREÁMBULO….1978.

 

octavio1-PREAMBULO

 

EPÍLOGO…2014.

 

octavio2-desafionacionalista

octavio3-noos

octavio4-bildu

octavio5-paro

octavio6-desahucios

octavio7-sindicaladas

octavio8-notificacion-prostitucional

octavio9-abdica

Original en ca’n Octavio:

 

 

En casa Octavio:

Se acabó nuestro viaje institucional.

La serie completa:

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Octavio

El Tribunal Constitucional con una celeridad irreconocible y una unanimidad totalmente sorprendente en vista de los antecedentes, ha emitido el siguiente Fallo:

1º Se declara inconstitucional y nulo el denominado principio primero titulado “Soberanía” de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña. 2º Se declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” contenidas en el título, parte inicial, y en los principios segundo, tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo, de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en los FFJJ 3 y 4 de esta Sentencia. 3º Se desestima la impugnación en todo lo demás.

El punto 3º no tiene relevancia, básicamente  lo que dice es que si se respetan las leyes y procedimientos,   se consideran constitucionales las  intenciones, los modos,  las ecuaciones de segundo grado y los puntos y las comas.

El punto primero es contundente, claro y no admite dudas interpretativas… ¡Si lo sabremos nosotros!

(a) La cláusula primera de la Declaración, que proclama el carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Cataluña debe ser considerada inconstitucional y nula. En efecto, su texto literal va más allá de las apelaciones de legitimidad histórica y democrática que se hacen en el Preámbulo. En su contenido se incluyen con carácter global los aspectos político y jurídico de la soberanía. Se redacta en términos de presente, en contraste con el resto de los principios de la Resolución, que aparecen redactados como mandatos de futuro o en forma deóntica. Se trata, pues, de un principio que, en su formulación, no aparece sometido a la modulación que puede resultar de los principios subsiguientes. En suma, el reconocimiento que lleva a cabo del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” resulta contrario a los arts. 1.2 y 2 CE y a los arts. 1 y 2.4 EAC, así como, en relación con ellos, a los arts. 9.1 y 168 CE, invocados por el Abogado del Estado, en la medida en que, respectivamente, consagran los principios de primacía de la Constitución y someten la reforma del Título preliminar de esta, entre otros preceptos, a  un procedimiento y a unos requisitos determinados. Esta apreciación comporta la procedencia de efectuar el correspondiente pronunciamiento de inconstitucionalidad en el fallo de esta resolución. Esto no es obstáculo a lo que se dirá más adelante en cuanto a la constitucionalidad del resto de la Resolución del Parlamento de Cataluña.

El problema se plantea en el punto 2º, ahí  el Fallo se convierte en fallo, mejor dicho, en aporía, en problema irresoluble.

Por las razones expuestas, debe concluirse que las referencias al “derecho a decidir” contenidas en la Resolución impugnada, de acuerdo con una interpretación constitucional conforme con los principios que acaban de ser examinados, no contradicen los enunciados constitucionales, y que aquellas, en su conjunto, con las salvedades que se han hecho a lo largo de esta Sentencia, expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución

¿Cómo se come esto?  Con el párrafo previo de la sentencia;

La apertura de un proceso de tales características no está predeterminada en cuanto al resultado. Ahora bien, el deber de lealtad constitucional, que como este Tribunal ha señalado se traduce en un “deber de auxilio recíproco”, de “recíproco apoyo y mutua lealtad”, “concreción, a su vez el más amplio deber de fidelidad a la Constitución” (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4) por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla.

¿Qué dicen esos dos artículos?

Artículo 87 2.  Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

Artículo 166 La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

¿Dónde está el fallo irresoluble, donde está la aporía? El punto primero y el segundo son incompatibles entre sí.

El supuesto de Derecho a Decidir, no es de carácter genérico, se trata de un contexto muy determinado, se trata de decidir sobre la independencia de Cataluña y si una CCAA planteara un proyecto de ley que pusiera que quebrara la unidad indisoluble de España,  tendría que ser rechazada de plano por el Congreso por ser contraria a los artículos 1.2 y 2.

El Congreso podría eso si…aprobar un texto de ese tenor, siempre nos podrá caer, de nuevo, un Presidente  que diga   “Aprobaré el Estatuto que venga del Parlamento de Cataluña”, pero claro…eso implicaría aprobar  una ley susceptible de ser  recurrida por  inconstitucionalidad.

Lo que ocurre es que hecha la ley hecha la trampa, para presentar recurso de inconstitucionalidad se necesitan, al menos, cincuenta diputados o cincuenta senadores. (Necesitaría 50 diputados o senadores) o la defensora del pueblo  sino mira para otro lado o le deja el encargo a la adjunta J.

Artículo 32 

1.  Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades autónomas con fuerza de Ley, Tratados internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales: a)  El Presidente del Gobierno. b)  El Defensor del Pueblo. c)  Cincuenta Diputados. d)  Cincuenta Senadores.

Resumiendo,  que gran oportunidad que ha tenido el TC de dejar las cosas claras y de no cagarla, porque si una Comunidad Autónoma presenta un proyecto de ley que vulnera el fundamento de  la Constitución desde el minuto uno…

Artículo 1.2  La soberanía nacional reside en el pueblo español. Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…

y presenta un proyecto de ley que incluye el derecho a la secesión, el  Congreso de los Diputados debería rechazarla de plano o estaría aprobando  una ley que diría,  que las partes tienen derecho a la secesión y si el Congreso vulnera la Constitución reconociendo tal derecho, ¿ que impide a la parte a la que se le ha reconocido tal derecho por los representantes de la Soberanía , proclamar  su derecho sin someterse a una ley que vulnera su derecho  y proclama de manera unilateral la independencia?

¿Que eso jamas sería aprobado por el Congreso? …Bueno yo recuerdo un Presidente que decía algo así como….“Aprobaré el Estatuto que venga del Parlamento de Cataluña”,

De hecho , tras la sentencia …  desde este mismo instante y si nos guiamos por estos “magistrados políticos” ¿que impide que unos abducidos , hagan una Declaración unilateral de independencia, si tal independencia es legitima si se siguen los procedimientos de una Constitución que , proclamada tal independencia, no les afecta a quienes hacen la Declaración de independencia?

Solo una sentencia que determinara que el poder constituyente reside en el pueblo español  con carácter general y en el derecho fundamental de participación de todos los ciudadanos considerados individualmente y sin más florituras hubiera zanjado el problema en su vertiente jurídica. O sea , lo que proponíamos los pringaos  y que no nos hubiera importado que dijeran sus señorías en esta sentencia aunque no nos citaran.

La independencia de Cataluña solo se puede obtener vulnerando la soberanía de España y por lo tanto, jurídicamente inviable desde una reforma del  ordenamiento Español, solo puede obtenerse  por un acto político ilegal o  por un acto de fuerza, o por ambas cosas a la vez.
Y el problema que tenemos todos los españoles , catalanes o no , es nuestro sistema  y su casta , y esto solo se arregla mediante un proceso constituyente previo a cualquier otra cuestión.

Original en ca’n Octavio:

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Reiterar las viejas andanzas en materia de primaras de nuestra querido master en  Unión para el Progreso de la Dirección  es ejercicio cansino y más aún cuando no hace falta tirarse a hemeroteca… perdón tirar de hemeroteca (ya, ya…es viejo este chiste de críticos y además solo es para conocedores), pero cuadra  para ilustrar el tema que traigo, las primarias en los partidos.

Y digo que es cansino porque no hace falta tirarse a lo viejo…bueno vale, tirar de lo viejo.. cuando hay ejemplos más recientes, en la propia UPyD,  de lo de lo perniciosas que son las primarias con listas sean abiertas o cerrada en las organizaciones políticas.

Los dos ejemplos más recientes los tenemos en los dos ultimos congresos regionales de la formación magenta.

Valencia: Donde un candidato sin contactos con las bases y no del gusto al todopoderoso Gorriaran pierde, .. Y pierde la organización la cara más interesante y conocida en esa Comunidad.

Por ahora, ya veremos que dice la divina mamá cuando asimile que su niño bonito se ha quedado sin juguete porque papa no le ha apoyado ”lo suficiente” para que el resultado hubiera sido el lógico y  a lo mejor recurren al segundo ejemplo, como es habitual, por cierto.

Murcia:  Siempre Murcia , Fabo, siempre Fabo,  lugar donde siempre ganan los críticos y donde siempre terminan  y terminaran en el mismo sitio…fuera del partido.

La discusión no es primarias sí o no , sino primarias con  listas o candidatos uninominales y en base además, a dos  principios, el primero, el  que nos hizo salir a muchos de los que leeréis esto de las organizaciones en las que militamos en el pasado, el  criterio de que se puede trasponer lo que se defiende de cara a la sociedad a la vida interna del partido u organización política.

El segundo, el de que no son tan importantes los medios en los que la participación se realice sino que dicha participación sea efectiva y se produzca una autentica apertura de los partidos a la sociedad , donde la figura del simpatizante puede cobrar relevancia.

Las primarias mediante listas tienen tantos inconvenientes como ventajas,  o mejor dicho,  las pocas ventajas que puedan tener se pueden conseguir mediante primarias con candidatos uninominales.

Las primarias en sentido estricto,  mantienen a la organización en un permanente carrusel de elecciones que gastan todas las energías en luchas interna y siempre dejan cadáveres en el camino , pero es una de las formas de democratizar a los partidos y hacerlos participativos , luego habría que  buscar la forma de enlazar primarias internas y externas  , haciéndolas más efectivas y eficientes.

Utilizare algunas propuestas que ya fueron rechazadas en alguna organización por la que he pasado junto con otras que ya he esbozado anteriormente.
    A)  Primera fase. Reforma de las circunscripciones electorales.
 

El punto clave es la creación del distrito electoral mediante una reforma del artículo 68  y de la Constitución.

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es el distrito electoral y por cada distrito habrá un único diputado . Habrá como mínimo un distrito por provincia y en  las poblaciones de Ceuta y Melilla.

3.  Salvo lo dispuesto en el número anterior, los distritos electorales tendrán como mínimo una población no inferior a 150.000.

4. Se establecerá, por ley que determinara su forma y contenido,  la posibilidad de instar una revocatoria de mandato. 

Artículo 99  El Presidente del Gobierno será elegido por sistema mayoritario a doble vuelta en  una única circunscripción nacional.

B) Reforma de la ley electoral  en la dirección de establecer un sistema auténticamente representativo.

Creación de 300 distritos electorales  homogéneos *  en número de población salvo la obligación de existir como mínimo, un distrito por provincia.

Los otros 50 diputados se elegirían de dos manera alternativas, según os convenza más

a) computando todos los votos a nivel nacional y asignando ,  por ejemplo, 20 Diputados a la primera formación en número de votos, 15 a la segunda, 10 a la tercera y 5 a la cuarta.

 b) en una única lista nacional abierta formada por todos aquellos ciudadanos que hubieran recogido un número igual de firmas a ¿50.000? o ¿el 0.5 %? Del censo electoral.

*Se podría llegar a elevar el número de distritos a 350.

C) Enlace procesos electorales internos y externos.
Elecciones Externas.                                    Elecciones Internas.
Derecho de sufragio activo
Afiliados  y Simpatizantes                            Afiliados  y simpatizantes.
Derecho de sufragio pasivo.
Afiliados al corriente de obligaciones.          Afiliados al corriente (incompatibilades)
Simpatizantes (condiciones)
Ámbito territorial del Candidato:

Elección externa, candidato a:          Elección interna, candidato a:
                                                           Coordinador de ámbito inferior al ayuntamiento.
Alcalde Local                                     Coordinador Local <  Ayunto. Menor de 150.000 habitantes.
Alcalde gran capital / Diputado         Coordinador de distrito > Ayunto. Mayores de distrito                                                           150.000, capitales de provincia, distritos
Municipales en grandes ciudades, áreas   comarcales.
Presidente CCAA                             Coordinador Regional

Presidente Gobierno                          Presidente Nacional

octavio-primarias

 Como he indicado , las primarias son  una exigencia democrática, participativa y regeneradora pero tienen como contrapartida que someten al partido a una constante lucha interna,  provocan enfrentamientos  y paralizan la acción política.  Por eso, considero que la solución pasa por elegir a los candidatos a encabezar las candidaturas en una fecha fija para todos los procesos electorales y que el candidato una vez elegido (o en su caso designado) , será inamovible salvo  revocatoria de mandato.

Además,   al igual que el Diputado de Distrito es el representante de los electores en el Congreso de los Diputados , el coordinador de distrito es el representante de los afiliados y simpatizantes en el órgano “legislativo” del partido ahorrándose la multitud de procesos electorales internos.

La decisión de presentar o no a unas Elecciones externas depende los órganos superiores de la organización  , en atención al interés nacional o territorial y las posibilidades reales (económicas, organizativas, oportunidad política, etc.) de concurrir a comicios que tenga el partido.

Todas las normas de elección externas deberán contemplar  los pactos que pudieran establecerse con otras formaciones y organizaciones políticas si se concurriera a los comicios en coalición, pactos que deberán interpretarse de la forma más favorable a los principios participativos (por ejemplo, si por interés municipal se   decide concurrir en coalición se pacta que el representante de la organización  ocupará el número 5 de la lista, ese número será ocupado por el candidato elegido en primarias por esa circunscripción.

Original en ca’n Octavio:

Octavio

La separación de poderes no es privilegio del pensamiento francés o anglosajón. El general Miranda, instructor de Simón Bolívar, escribió durante la Revolución (1794) lo que la historia no hizo más que confirmar. “El pueblo no será soberano si uno de los poderes constituidos (el ejecutivo) no emana inmediatamente de él, y no habrá independencia (entre los poderes) si uno de ellos fuera el creador del otro. Dad al cuerpo legislativo el derecho de nombrar a los miembros del poder ejecutivo, y no existirá ya libertad política. Si nombra a los jueces no habrá libertad civil”.

He realizado un trabajo resumen de las ideas que considero mas relevantes que D. Antonio García-Trevijano expone en el libro de su Teoría pura de la Republica.

 Tengo que decir que se trata de una osadía por mi parte permitirme tal cosa,  intentar que un cuasi ágrafo como yo  resuma las  ideas de un hombre cuya cultura y erudición andan parejos a su sabiduría ( y de su ego)  y si además las utilizo  , para después y en  mi propio discurso,  contradecirlas en algunos casos… ya no es osadía , es pura inconsciencia … pero creo que estamos en un  momento que tal vez, un puntito de ambas sea  , mas que necesidad … pura exigencia y porque tal vez, esas cualidades , ( las positivas y las negativas ) que tiene el personaje le hace estar tan alejado de la cotidianidad , que se hace necesario que alguien haga bajar sus ideas del monte para transmitirlas.

He resumido literalmente , pero eso sí , me he limitado a transcribir lo verdaderamente esencial,  reduciendo un libro de 535 paginas …en ocho, con todo lo que ello implica de pérdida. Al que después de esto este interesado, no le quedará mas remedio que leerse el libro.

Indicar de entrada que no comparto algunas ideas, por ejemplo ,  la idea del voto imperativo, como expuse en este enlace , http://octaviofreee.blogspot.com.es/2013/11/fundamento-de-la-revocatoria-de-mandato.html y tampoco comparto algo que no aparece en este resumen  pero que sí se deriva de una contradicción que al final del texto figura, que el instrumento para llegar al sistema político que describe solo  y exclusivamente , se pueda obtener mediante la abstención activa.

Y sin mas preámbulos:

La soberanía es más cuestión de hecho, de potencia superior única, que de derecho. En los Estados de Partidos la detenta la sinarquía o sindicatura de poder de los partidos estatales. En concreto, la soberanía política pertenece legalmente a los dos partidos estatales hegemónicos, que tienen: la potestad e ignorar la Constitución, mediante el mandado imperativo a sus diputados; el poder de reformarla si les conviniera; la facultad de nombrar a los miembros del TC; el derecho de mantener vacantes plazas de bloqueo y dictar instrucciones a sus pupilos; la potencia de instituir Autonomías y la última decisión de separarse de la UE o de salirse de la zona euro.

En los Estados de Partidos, la legalidad la dictaminan legisladores que no respetan la prohibición constitucional del mandato imperativo; juzgadores que dan validez a leyes inconstitucionales emanadas de mandatos de partidos; gobernantes que burlan el principio de generalidad de la ley, otorgando privilegios y legislando por Decretos- Leyes; y policías que procuran el orden público con medios ilegales.

La disciplina de partido en el voto parlamentario anula la votación (por) anticonstitucional, aunque la Constitución que la prohíbe sea irreal, a causa de la irrealidad utópica de la prohibición. La Constitución y las leyes aprobadas con disciplina de partido son radicalmente nulas.

Nos encontramos ante la paradoja de que los diputados que son elegidos bajo la condición a sus votantes de no poder exigirles que cumplan con sus promesas electorales , sí pueden ser sancionados por su grupo parlamentario (en resumidas cuentas, por la cúpula de su partido) si votan en contra de las órdenes recibidas, es más… si se revuelven contra esta situación , se les tacha de tránsfugas.

Además, jurídicamente, lo que se hace contra normas imperativas y la prohibición del mandato imperativo lo es, resulta nulo de pleno derecho y esta nulidad radical en cualquier ámbito del derecho puede llegar a implicar la de todos los actos que de ella derivan.  Por ejemplo , la aprobación de los presupuestos del Estado aprobados bajo mandato imperativo del grupo parlamentario implicaría la nulidad de esos presupuestos y la de todos los actos que de ellos derivan…o sea, la nulidad de todo lo que os podáis imaginar.

Por primera vez en la historia de las ideas políticas y de las Constituciones, la lealtad política se hace en la RC norma positiva de especial aplicación a gobiernos, representantes y funcionarios. Lealtad a los programas electorales que producen representaciones y gobiernos. Lealtad a los mandatos imperativos de los electores monádicos. Lealtad a la función pública. Lealtad al público en los servicios públicos.

Esto se consigue… Mediante la difusión de las cuatro ideas-fuerza (representación de la sociedad civil, separación de poderes, lealtad de la forma a la materia, ecuación verdad=libertad)

Las dos fórmulas aristotélicas de la verdad, “decir de lo que es que es, y de lo que no es que no es”, o adecuación entre lo que se dice y el objeto dicho, son descriptivas de la congruencia o correspondencia entre la verdad y sus enunciados.

En la ciencia política, la verdad es la libertad colectiva. La unidad irreductible de la representación está en la mónada electoral. La acción legislativa pertenece a la Nación. La acción ejecutiva al Estado. La separación de poderes refleja con naturalidad la oposición ontológica entre Sociedad y Estado.

 El necesario principio de intermediación no lo puede encarnar la Justicia, que debe ser autónoma para devenir independiente.

La antigua res-publica es la actual sociedad civil. La República, su ordenamiento político. El Estado, la personificación de la Nación. Ésta retiene la Potestad legislativa. Aquél, la ejecutiva.

Sin separación funcional, ni en origen, de los poderes estatales, la verdad de la ley se define por la autoridad estatal de los partidos legisladores y por los requisitos de forma legal, cualquiera que sea su contenido normativo.

La separación orgánica de estas tres potencias, y la coordinación funcional de sus movimientos respectivos en cada uno de sus ámbitos, garantizarían el equilibrio dinámico más estable que jamás se ha logrado en los Estados europeos, y en las relaciones de éstos con la Sociedad.

En la Asamblea de la RC, formada con la representación de todas las mónadas electorales, por un solo diputado cada una, la razón política de las leyes deja de ser el problema metafísico de la verdad objetiva, situada en la voluntad o en el interés general, para concretarse en la verdad de la concordancia entre lo dicho en las leyes por los representantes y el mandato mayoritario de las encomiendas de los representados.

El sistema que se propone tiene como fundamento  la necesidad de concordancia entre el sentido del voto de los ciudadanos y las leyes que emanan del legislativo , esa concordancia se define como verdad política; lo que se promete cumplir se cumple, pues el texto de la ley resultante es reflejo fiel de la voluntad libre y mayoritaria de los votantes , resultante de la lealtad del representante al programa electoral por el cual fue elegido por ellos.

Sin separación de poderes y con mandato imperativo de partido, la voluntad reflejada en la ley , es la de la cúpula del partido gobernante.

La comunidad vecinal es anterior al Estado. La Nación, idea abstracta, histórica y sentimental, fue concretada como fundamento del Estado moderno. Pero fundamentar no es crear una relación de identidad entre lo fundante y lo fundado.

Si el Estado la personifica, sin confundirse con ella, no puede ser a la vez su representante.

La Nación sólo puede ser representada por el órgano que, teniendo la misma naturaleza de la diputación, tenga además la fuerza coercitiva del poder legislador.

El Estado es una organización heredada. La Nación, una comunidad vivida. Aquel tiene personalidad jurídica. Históricamente, existieron tiempos de naciones sin Estado y de Estados sin nación. A los primeros se refería el ilustrado napolitano Geambattista Vico en el retorno de las Naciones. Los segundos caracterizaron la época de las descolonizaciones.

En tanto que persona jurídica, el Estado puede ser representado allí donde no esté presente, es decir, en las relaciones internacionales. Sería absurdo que tuviera representantes en el territorio interior donde está ubicuamente presente. En esto acertaba Rousseau: “donde esté presente el representado sobra la representación.”

Pero este simple argumento cuantitativo olvida que la mera suma de intereses locales, representados en mónadas electorales iguales, no hace emerger atributo alguno que, no estando en los sumandos, produzca sin embargo el milagroso resultado de crear la representación del interés nacional.

La Nación sólo es ontológicamente representable por quien reúna en sí la cualidad representativa y la normativa, la condición voluntaria y la legal, el estado de representante de distrito y el de agente o actor nacional.

Si antes de personificarse en el Estado la Nación tenía órganos legislativos, nada se opone a que los siga teniendo después. Una cosa es que el Estado personifique a la Nación y otra que la pueda representar en su interior. El continente no representa al contenido, como tampoco lo personificante a lo personificado.

La nación es el sujeto político en el que reside la soberanía constituyente del Estado. La nación es previa y crea el Estado ; la nación ya tenia instituciones antes de la creación de los Estados, instituciones que conformaban la sociedad civil entendiendo esta ultima como el conjunto de ciudadanos que de manera individual o colectiva actúan en el campo de lo publico ( la res publica) en busca, se presupone, del bien común.

 Tras la creación del Estado, se supone que la sociedad civil debería ejercer la mediación en lo publico, entre el individuo y el Estado, no debiendo confundirse el término sociedad civil con lo privado, pues opera en el ámbito de lo publico.

 Serian sociedad civil, los ciudadanos comprometidos con su causa , las fundaciones , las asociaciones , las ong´s , los partidos , los sindicatos , si no fuera porque alguien inventó la palabra “subvención” y lo integro todo dentro de la estructura del Estado…¿Habrá algo mas antinatural que una organización no gubernamental , estatalizada  por la vía de la subvención?

Sobre el poder Legislativo.

El necesario principio de intermediación institucional lo realiza con naturalidad el poder legislador, en tanto que órgano nacional emanado de la potestad legislativa de la Cámara de Representantes monádicos. Lo particular monádico se une a lo nacional de la sociedad con la Presidencia del Consejo Legislativo, que la propia Cámara elige.

El primer peldaño de la RC, para transformar todo tipo de potencia general en poder institucionalizado, consiste en dar a la Nación la potestad de promulgar las leyes aprobadas por su representación colectiva. El Estado inicial se la arrebató, y la Revolución Francesa siguió reservándola al poder ejecutivo.

Esta idea, admitida como excepción en la Constitución de los EEUU, para el caso de que el Presidente se niegue a promulgar una ley, es la piedra angular del edificio constitucional proyectado en la Teoria Pura.

La mónada de distrito, no los individuos ni los partidos, es el único sujeto posible de la acción política de representar, así como la mónada nacional es el único sujeto posible de la acción política de ejecutar.

Mónada es una palabra griega, monás, monadós, que quiere decir unidad componente de la realidad. Son substancias indivisibles. No pueden aparecer por suma de agregados, sólo por creación, y no pueden desaparecer por disolución. Sólo por aniquilación.

La elección en ellas de un diputado, que ha vencido a los demás candidatos por la mayor adecuación de su programa político al interés mayoritario definido por los votantes, hace improbable, bajo pena de revocación, que transforme en poder propio la potencia representativa de una concreta diputación ajena.

La mónada política debe reunir requisitos de igualdad cuantitativa (100.000 habitantes) , deslinde territorial y simultaneidad operativa con las demás distritos electorales, para que la Sociedad reconozca la legalidad de su legítima naturalidad.

Fijados sus linderos y confeccionado el censo de electores, los aspirantes a la diputación, independientes o de partido, avalados ante la Junta electoral del distrito por mil vecinos, serían proclamados candidatos oficiales.

Cada uno llevará aparejado en su candidatura un diputado suplente, que lo sustituirá automáticamente, en caso de incapacidad sobrevenida, inhabilitación judicial o revocación por los electores del titular, en la forma que se haya reglamentado.

Los medios de comunicación, con audiencias o lectores superiores a diez mil personas en la mónada, ofrecerían espacios iguales y gratuitos para su propaganda, en compensación de las noticias gratis que le proporciona la actividad pública del diputado durante cuatro años.

Los Ayuntamientos y centros de enseñanza pública también cederían gratuitamente espacios abiertos o cerrados para celebración de mítines. Los carteles de publicidad electoral en calles, fachadas y espacios públicos exteriores o interiores estarían prohibidos. La campaña electoral duraría quince o veinte días y no podría ser financiada con fondos privados ni públicos. La igualdad de oportunidades estará así garantizada, y su infracción daría lugar a la anulación de los votos obtenidos por el infractor.

Los electores censados sólo podrán elegir a un candidato, en el día fijado para todo el territorio nacional. El modo de escrutinio y proclamación de resultados también será determinado por la autoridad electoral.

 La investidura del candidato elegido diputado, por mayoría absoluta de votos emitidos en primera vuelta, o entre los dos primeros clasificados, en segunda vuelta, se haría en cada mónada mediante acto solemne ante las autoridades municipales del distrito, con la entrega por la Junta de distrito del acta credencial de la diputación para la Asamblea Nacional.

El sueldo y gastos de representación del diputado y del suplente, durante la vigencia de su mandato, serían pagados íntegramente por el distrito electoral.

Lo decidido por la mayoría absoluta del cuerpo electoral se equipara al interés general o el bien común, en virtud de una pura convención, inventada por la filosofía del utilitarismo inglés, y aceptada en todos los sistemas de administración de un colectivo, sea público o privado.

Por su origen anterior al del Estado, y por la mayor autenticidad de las representaciones concretas, la estructura y naturaleza de la representación monádica de distrito constituye la piedra angular de la democracia representativa.

Y no porque el poder legislativo surgido de la Asamblea de mónadas representativas debe ser preponderante, como creía Locke, contra la mejor fundamentación de Montesquieu del equilibrio de poderes, sino porque la lealtad, fundamento natural del lazo social, disminuye de intensidad en la misma medida en que aumenta la extensión del ámbito geográfico de convivencia.

En la RC, la constitución de mónadas electorales es condición sine que non de la representación política. Sin ellas, habrá votaciones, pero no elecciones. Con ellas, la representación será un poder diputado ante la Asamblea legislativa, el poder de lo representado, pero ante el distrito sólo es facultad delegada y representativa.

La Teoría Pura de la RC resuelve estos enigmas originales con la distinción entre potestad legislativa, propia de la Cámara de Representantes monádicos, y poder legislativo, propio del órgano colegiado que elija la Cámara en su seno, para promulgar y publicar las leyes. Un Consejo de Legislación que termine el proceso legislativo dando vis coactiva a la vis directiva de las leyes aprobadas en la Cámara de diputados monádicos.

La mayoría de voluntades representadas se identifica con la voluntad del representante y funda la representación política del colectivo, incluso la de los no votantes.

No hay poder legislativo completo ni potestad legislativa en las Asambleas de representantes, si ella misma no puede sancionar, promulgar y publicar las leyes que apruebe. Así no es legisladora.

En lugar de la sanción, las Constituciones deben introducir un órgano nacional que medie entre la representación civil y la potestad coercitiva del Gobierno o, dicho en términos clásicos, entre la Nación y el Estado, con la finalidad de que esa nueva institución mediadora, por su propia naturaleza orgánica, incorpore a las leyes la vis coactiva que necesitan para ser ejecutivas, dado que la simple suma de los representantes de distrito sólo puede comunicarles vis directiva.

Nadie podrá discutir que el orden de las prioridades de la libertad política comienza con el sistema electoral, para sustituir el proporcional por el mayoritario en mónadas pequeñas, como primer paso hacia una auténtica Cámara de Representantes políticos, dotada de potestad legislativa autónoma, que sustituya a la gregaria reunión de diputados de listas de partidos estatales, aplaudidores o silbadores por oficio.

Lo más despreciable no es lo ridículo, sino lo irrisorio. Nada lo puede ser tanto como estos legisladores que no tienen capacidad de pensar las leyes que aprueban sin instrucciones de sus jefes de partido, ni poder suficiente para promulgarlas.

Las condiciones para que una Asamblea legislativa sea respetable, respetándose a sí misma, son dos: representación política de la sociedad y poder de promulgar las leyes. Sin estos requisitos no es más que una irresponsable payasada bien retribuida. Dar al poder legislativo el mismo rango que al poder ejecutivo, pero con superior prestigio social y cultural, a causa de la mayor relevancia cultural de los hacedores de leyes que la de los ejecutores de las mismas. La historia de la legislación es más significativa de la idiosincrasia política de los pueblos que la historia de sus gobiernos.

Aunque no lo sepan ni lo crean, los Parlamentos nacionales europeos no tienen más potestad que la proponer leyes al órgano ejecutivo del Estado, sin poder de sancionarlas, promulgarlas y publicarlas como normas dotadas de coerción o fuerza imperativa. Sin embargo, tanto las propias Constituciones como la doctrina constitucional y el derecho político, cometen la incorrección descriptiva de llamar poder legislativo a la Asamblea de diputados, sin dar la menor trascendencia política ni jurídica al hecho de que todas las leyes las sanciona, promulga y publica el poder ejecutivo.

No cabe más lealtad que la debida al programa de acción de la candidatura elegida por mayoría absoluta de electores para que ella represente al distrito.

El suplente tramitará las iniciativas y quejas de los representados, que despachará con el diputado titular, a quien sustituirá en caso de fallecimiento, incapacidad declarada o revocación del mandato, sin necesidad de celebrar otras elecciones.

La Cámara se divide en dos instituciones estrechamente vinculadas, con funciones y cometidos diferentes: la Cámara de Representantes, presidida por el Coordinador, y el Consejo de Legislación, nombrado y dirigido por el Presidente electo.

El Consejo de Legislación, órgano de la representación nacional, tendrá la competencia de examinar las iniciativas legislativas procedentes de cualquier diputado, del Gobierno o de la Autoridad judicial, para decidir sobre la dimensión nacional de las iniciativas de ley, la constitucionalidad de las mismas y la generalidad de su contenido.

La Teoría Pura ha de razonar ex novo para encontrar el fundamento jurídico de la conversión de la suma de representaciones monádicas en representación nacional, sin necesidad de acudir al precedente histórico de lo que sucedía antes de la organización del Estado, como fuente única del derecho positivo

Sin necesidad de acudir al precedente de las Naciones sin Estado, ni a las ficciones de la tradición parlamentaria, la Teoría Pura resuelve el problema de la conversión de las representaciones monádicas en representación nacional, derivándola de la propia encomienda de los electores a las diputaciones. No sólo para ser representados y defendidos contra los abusos del Estado, sino también para ser integrados en una representación nacional que asuma la función del poder legislativo.

Para no caer en petición de principio, la operación de integrar las unidades de representación monádica en una sola representación nacional, con poder exclusivo de promulgar y publicar las leyes, no sólo requiere la voluntad de instituirla con la fuerza creadora del poder constituyente, expresado en una norma ad hoc de la Constitución, sino también la permanente vigencia de una entidad real de mediación institucional entre la Comunidad nacional y el Estado, inexistente en el Estado de Partidos.

 Por su naturaleza mixta, mitad representativa de la Sociedad política y mitad ejecutiva de las leyes con dimensión estatal, esta institución mediadora no puede ser otra que la Presidencia del Consejo de Legislación.

El legislativo que se propugna es elegido en distritos (mónadas) uninominales por el sistema mayoritario.  La voluntad mayoritaria así expresada se convierte , por convención comúnmente aceptada, en la representación de todo el colectivo y la verdad =libertad colectiva surge de la concordancia entre el mandato imperativo de los diputados de distrito y el texto de las leyes que deben ser su fiel reflejo , imperatividad  que no considero necesariamente obligatoria y no comparto, pues es justamente la revocatoria de mandato , sin necesidad de esperar a nuevos comicios, la que hace que el representante , elegido con el exclusivo voto de sus electores por muy mayoritario que sea, se convierta en representante de todos, pues todos tienen la potestad de quitarle la representación  y por lo tanto la autentica verdad = libertad colectiva, no es tanto  la concordancia entre voto y ley ,  pues el voto es estático mientras que la sociedad es dinámica,  sino en el poder de disposición del mandato que tiene el representado y que anuda al representante con mas fuerza al interés mayoritario.

Los representante lo son del distrito en la cámara de representación Nacional, no son por tanto representantes “de” sino representantes “en”, así no se da la falacia de que un miembro de una organización que propugna la desaparición de la Nación y hace patente , día a día , su odio hacia ella sea representante de un pueblo al que le gustaría aniquilar (en algunos casos de manera literal).

La elección por distritos convierte , tras la previa salida de los partidos del Estado para reintegrarlos en la sociedad civil  , a los diputados electos en representantes , mientras que  la elección dentro de la cámara de un Consejo Legislativo con capacidad , no solo de elaborar leyes  y aprobarlas sino de promulgarlas ,de dotarlas de  poder coactivo y coercitivo,  la que convierte a la Asamblea en representativa de la Nación.

Sobre el poder Ejecutivo:

En el exterior, el Presidente de la República representa al Estado y a la Nación personificada en él. En el interior, es representativo del Estado, pero en modo alguno representante de la sociedad civil, de la sociedad política o de la Nación. Como comunidad sin personalidad jurídica, la Nación ha de ser dotada de representación legal.

El criterio de la doble vuelta tiene tres magníficas ventajas (tambien predicable para el legislativo). Obliga a ser elegido Presidente por mayora absoluta de los votos emitidos en un solo cuerpo electoral. Simplifica intelectual y moralmente la elección entre dos opciones claramente diferenciadas. Educa al electorado a realizar de modo individual, sin mediaciones ajenas, la síntesis política entre idealidad y pragmatismo, entre su corazón y su cabeza.

“es cualidad de su naturaleza, que la potencia de los partidos estatales no pueda ser frenada por ninguna institución. El abuso de poder, facultad legal más potencia, traduce una ecuación que las estadísticas podrían cuantificar. La corrupción es proporcional a la parte de potencia no transformada en poder controlable, institucionalizado dentro de un verdadero sistema constitucional”.

Solo la libertad colectiva tiene poder para revocar a los gobiernos antes de que terminen su mandato.

En el caso limite de que la Cámara de Representantes no pueda frenar o impedir el abuso de poder del Gobierno, sin necesidad de más explicaciones a los representados, la mayoría absoluta de la representación nacional puede acordar la destitución del Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, a condición de que la misma Ley que lo disponga incluya la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas y presidenciales.

El poder ejecutivo surge por elección directa del Presidente de Gobierno en circunscripción única nacional , representa al Estado internacionalmente y es representativo en el interior .

El poder del ejecutivo en cualquier sistema es cuasi omnímodo y solo la existencia de un verdadero sistema de controles y contrapesos,  “checks and balances” puede permitir que no se desmande en demasía.

En cualquier caso , si tales controles fallan o no son suficientes siempre queda la posibilidad de o bien revocatoria de mandato o bien , su destitución por parte la Asamblea Nacional  pero anudando esta a la suerte de aquel mediante la disolución y convocatoria de nuevas elecciones.

Sobre el poder Judicial :

El examen de la legalidad de las leyes, su constitucionalidad, implicará en la República Constitucional la posibilidad de la anulación de las mismas, por la jurisdicción ordinaria, cuando vulneren el proceso normativo de su elaboración, aprobación y promulgación, o cuando infrinjan la moralidad incorporada al derecho positivo a través de la equidad y los derechos naturales.

Si los Tribunales Constitucionales fueran independientes de los partidos que nombran a sus miembros, todas las leyes de la partidocracia serian declaradas nulas de pleno derecho, por infracción de la norma constitucional que prohíbe el mandato imperativo. Este escandaloso atropello de la Constitución partidocrática no ha sido denunciado jamás en los medios de comunicación ni en las cátedras europeas. Todo el mundo jurídico y político sabe que se legisla con ficciones engañosas.

Los Tribunales Constitucionales hoy existentes en Europa, son última instancia jurídica del Estado de Partidos, último recurso político del poder partidista para corregir las sentencias del Tribunal Supremo que se desvíen de la ortodoxia que asegura el equilibrio, en la sociedad gobernada, de la relación de fuerza entre los partidos estatales. La Teoria Pura ha llamado potestad legislativa a la facultad de legislar atribuida en exclusiva a la Cámara de Representantes, y ahora llama potestad y autoridad judicial a la facultad asignada, también en exclusiva, a la profesión judicial, para aplicar las leyes generales a los conflictos particulares, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

La elección por sufragio directo de la Presidencia del Consejo de Justicia, regulado en la Constitución, sería el sencillo mecanismo que garantizaría la independencia de la jurisdicción judicial. Serian electores, con un voto por persona, todos los agentes y partícipes activos del mudo judicial. Magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, oficiales de juzgados y tribunales, administrativos de destino o contratados, médicos forenses, peritos judiciales, ujieres, agentes ejecutivos, procuradores, oficiales de procuración, abogados en activo y catedráticos de derecho. Serían elegibles los Magistrados con veinte años de experiencia en la judicatura.

En los sistemas de anglosajones “ Common Law”  a diferencia  los sistemas continentales,  los juicios de constitucionalidad corresponden y pueden ser emitidos por todas las instancias jurisdiccionales siendo, en ultima instancia, el Tribunal Supremo quien lo fija definitivamente.  Aquí se apuesta por el mismo sistema para evitar el bochornoso espectáculo que día a día , nos aporta ese órgano de designación política que conocemos como Tribunal Constitucional.

El Gobierno de los jueces , con supresión del Ministerio de Justicia por cierto, recae en un órgano elegido dentro de todo el mundo jurídico.

Resumen:

La República Constitucional se define en la distinción básica entre Nación y Estado. Sin personalidad jurídica, aquella es susceptible de ser representada por una Cámara de Representantes elegidos por mayoría absoluta en cada mónada electoral, con potestad de promulgar las leyes a través de un Consejo de Legislación, elegido por la propia Cámara.

 El Estado, personificación de la Nación, tiene la titularidad del poder ejecutivo, dirigido por el Consejo de Gobierno designado por el Presidente de la República, elegido éste en elecciones presidenciales directas.

La Justicia mantiene la autonomía de la potestad judicial, concretada en el Consejo de Justicia designado por su Presidente, también elegido en elecciones directas por los participantes en el mundo judicial.

La Nación recupera el poder legislativo.  La Justicia, la autonomía del poder judicial. Y el Estado conserva su exclusiva de poder ejecutivo, poder administrativo y monopolio legal de la violencia institucional.

Lo general de las leyes retorna a lo particular individualizado, a través de la potestad de oficio de la Justicia. Lo individual se hace general, sin necesidad de representación, con la elección directa por los gobernados del poder ejecutivo encarnado en el Presidente del Gobierno y en la Jefatura del Estado.

Así constituidos, la relación entre el poder ejecutivo del Estado, el poder legislativo de la Nación y la potestad de la Autoridad judicial, como en mesa triangular de tres patas, constituye la base equilibrada de la vida pública constitucional.

El equilibrio entre estos tres poderes, el nacional, el estatal y el judicial, lo garantiza la RC con normas inéditas en el derecho constitucional.

Por un lado, el eventual conflicto irreconciliable entre el poder legislativo nacional y el poder ejecutivo estatal, lo resuelve la potestad recíproca de ambos, para acordar, bien sea el cese del Gobierno a la vez que la autodisolución de la Cámara de Representantes, o bien la disolución de dicha Cámara a la vez que la dimisión de la Presidencia del Gobierno, a fin de que sea el cuerpo electoral quien, como titular del “poder preservador” -no de notables vitalicios como el que propuso Constant- resuelva el problema con nuevas elecciones legislativas y presidenciales.

El conflicto entre el judicial y el ejecutivo, que puede plantearse respecto del Presupuesto de la Administración de Justicia, en el caso de que no sea aprobado por el Tribunal de Cuentas, lo resuelve la Cámara de Representantes en el debate y votación de la Ley General de Presupuestos del Estado.

Finalmente, el necesario principio de intermediación en la oposición ontológica entre Sociedad y Estado, lo realiza la sociedad política y lo culmina la Presidencia del Consejo de Legislación, en tanto que órgano canalizador de toda iniciativa legislativa, incluso la del poder ejecutivo, y ser además el único juzgador de la existencia real de motivos de urgencia para autorizar al gobierno, caso por caso, a dictar Decretos-Leyes.

Ahora la contradicción que a la que me refería al principio en relación al modo de abordar el cambio de sistema , si…

Ningún partido estatal puede iniciar un proceso de regeneración o reforma del Estado, sin negarse y destruirse a sí mismo. La trascendencia de este hecho se manifiesta en la absoluta seguridad de que no hay alternativa reformista de la partidocracia, y en la certidumbre de que, sin el modelo de la República Constitucional, la sociedad carece de guión eficiente para orientar la decencia pública hacia la democracia política.

Pero por el contrario,

Todo movimiento ciudadano sincero, para ser fiel a la virtualidad del esquema de acción que lo guía, ha de nacer bajo la condición resolutoria de disolverse cuando la libertad política sea una realidad garantizada con las instituciones de la República Constitucional

Considero que un movimiento o partido estatal que se fijara como objetivo la consecución del modelo que se propugna y que fijara en el frontispicio de sus estatutos   y  a la vista de todos ,  la autodisolución una vez conseguido , con independencia de lo que sus miembros hagan después en el nuevo escenario (dedicarse a la política creando nuevas organizaciones, retirarse..) si podría intentar , no la reforma pero si su transformación. 

Por que de igual modo que con las ruinas de antiguos templos se crearon las mas hermosas catedrales,  sobre algunos elementos del actual sistema se podría construir  uno nuevo.

Octavio

El termino nacionalidad es polisémico y en el sentido que le dio la constitución del 78,  una mera estafa pues los constituyentes nacionalistas (Roca, Arzalluz) lo asimilaron al término nación sin Estado para vendérselo a su grey y el resto de los páter estatales, lo que buscaron es un término para soslayar otro, el de región,  al que consideraban vergonzante o como cesión para contento de aquellos o ambas cosas a la vez.

Seamos claros, si Cataluña es una nación, tiene poder constituyente y legitimidad para secesionarse ; si Cataluña es una región con unas características muy acusadas, lo único que la diferencia del resto de las regiones es la cualidad de esas diferencias no su existencia, pues caracteres propio los tienen todas las regiones.

Si en Cataluña existe una lengua propia (termino que no le gusta a Plaza pero que sirve de manera genérica) la tienen también  en Valencia o en Asturias.

Si en Cataluña dispone de instituciones propias, no lo son menos las de Madrid o Extremadura y si las tuvieron relevantes en tiempos remotos,  no menos relevantes fueron las de Navarra y más relevantes y remotas…las de León.

Desde un punto de vista estatal  se prima en el discurso la defensa de  lo que nos une y desde uno nacionalista se incide en las diferencias, cuando lo verdaderamente cierto es que es la suma de rasgos comunes y de diferencias los que nos hace ser un único pueblo, el Español.

Original en ca’n Octavio:

http://octaviofreee.blogspot.com.es/2013/12/sobre-nacionalidades.html

Octavio

Albert Rivera nos ha retado a  formar parte de una conjura y para ello nos ha ofrecido un acuerdo de mínimos, porque para mí eso es el manifiesto y los discursos que he escuchado.

¿Cuál es mi opinión? Considero  que la formulación de esos mínimos  no solucionan mucho pero ayudan,  por poner un  ejemplo… las listas abierta “per se”  no significan ningún avance… ¿a qué nos referimos, a listas abiertas en los proceso internos de los  partidos? ¿A listas abiertas en las elecciones? ¿A ambas cosas?   Solo si las “listas abiertas”  son precedidas de primarias,  abiertas a los ciudadanos interesados a participar en ellas pueden ser una buena solución,  en cualquier caso, la elección directa del representante en circunscripción única…es mejor. 

Pero para aquellas no se necesita cambiar la Constitución… y para estas últimas sí.

Querer cambiar la Constitución es una aspiración legítima a la que no renuncio…. y no lo hago, porque las soluciones mínimas son placebos,  no remedios efectivos, pero eso no significa no respetar la Carta Magna sino apelar a ella misma para cambiarla.

De lo oído allí, el sectarismo ideológico puede ser combatido con cultura y educación… la educación podemos mejorarla sin sectarismo y con  “mucha” cultura, pero ambas cosas y además, acabar con la Partidocracia, el problema  territorial, y  la corrupción institucional son imposibles sin cambiar la Constitución; la politización de la justicia y la separación de poderes no se consigue sin cambiar la Constitución.

¿Y entonces porque apoyo ese acuerdo? Pues en este caso, por los sujetos no por el objeto. Y cuando digo los sujetos no me refiero a los que hoy han estado en el estrado, que también,  sino a la marea de “interés” que tenían enfrente, en la sala contigua, en la calle, en las redes.

Porque ese acuerdo de mínimos, el objeto,  es un “deja vu” mil veces repetido pero no por reiterado hemos avanzados unos milímetros en su consecución.

Nada se ha conseguido hasta ahora,  ni lo más  mínimo…. y en la sala había interés  real por que esta vez se consiga algo, hay interés real por hacer algo.

Y ese interés de los sujetos en que se consiga lo acordado,  cuando  se enfrente a la realidad que cambios nimios no sirven , será el que nos lleve a luchar por cotas mayores, no por convencimiento previo de que sin tales nada es posible , convencimiento que solo algunos tenemos sino por lo imparable del proceso regenerador  una vez  que se ponga en marcha si se hace de manera seria.  Sucesos nimios  producen resultados revolucionarios cuando se dan las condiciones y   el momento justo.

Lo he comentado alguna vez,  no me veréis hacer bandera de la república cuando tantas veces me he confesado republicano, pero es por el mismo motivo…porque sé,  que un proceso auténticamente democratizador la república es resultado no objetivo.

En este caso ocurre lo mismo,  en las actuales circunstancias a los que se enfrenta la Nación, la conjura del Goya es un objetivo mínimo , pero el resultado, una vez puesto en “movimiento” el proceso… es impredecible.

Octavio

Sobre las reformas que son necesarias he preparado una entrada con  las modificaciones constitucionales que exigiria una autentica reforma regeneradora…

Someto a vuestra consideración una  serie de cambios en los artículos de la Constitución que harían de esta un texto mas que aceptable, todo lo demás (democratización interna, financiación, transparencia, ley electoral) y se puede hacer mediante ley Orgánica.

Sobre separación de poderes:

Vertiente legislativa.

 

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es el distrito electoral y por cada distrito habrá un único diputado . Habrá como mínimo un distrito por provincia y en  las poblaciones de Ceuta y Melilla.

3.  Salvo lo dispuesto en el numero anterior, los distritos electorales tendrán como mínimo una población no inferior a 150.000 habitantes.

Artículo 99  El Presidente del Gobierno será elegido por sistema mayoritario a doble vuelta en  una única circunscripción nacional.

Vertiente ejecutiva.

Artículo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones presidenciales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Habría que modificar todo lo referente a la moción de censura que  irremisiblemente debería dar como resultado, en caso de prosperar ..una nueva convocatoria a elecciones presidenciales.

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Habría que modificar todo lo referente a la moción de censura por motivos tasados (incapacidad, delio…) que  irremisiblemente debería dar como resultado, en caso de prosperar ..una nueva convocatoria a elecciones presidenciales.

 

Vertiente judicial.

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Articulo único.  Conforme a las leyes se creara una sala de garantías constitucionales en el Tribunal Supremo.

Artículo 122

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros, elegidos por oposición y concurso de meritos,  por un período de cinco años.

Artículo 124  4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Jefe del Estado , a propuesta del Parlamento, oído el Consejo General del Poder Judicial.

 

Sobre participación Ciudadana:

Artículo 87 .3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Una vez cumplidos los requisitos exigidos, la iniciativa popular será obligatoriamente debatida y votada en el Pleno de la Cámara.

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

4. El proceso de reforma  Constitucional podrá también  comenzar mediante referéndum a iniciativa del 20 % de firmas de ciudadanos inscrito en el censo electoral a nivel nacional.

Sobre el cierre del modelo territorial.

 1.   Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas, salvo lo dispuesto en el Art. 150.3 sobre leyes de armonización que será siempre, jerárquicamente superior a toda normativa autonómica, incluidos los propios estatutos de autonomía.

Octavio

Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros donde se dan las circunstancias para que se de el “deber ser” pero que  irremediablemente siempre terminan por convertirse en un “no fue”.

Esos momentos son pocos y fugaces y la maldición que pesa sobre ellos es la duda que genera la falta de ilusión o la falta de visión .

El momento político actual es el del colapso  del sistema parlamentario de partidos y especialmente , del bipartidismo imperfecto. El modelo es incapaz de enfrentarse a la vez a los dos problemas mas poderosos frente a los que nos encontramos y escogiendo solo abordar uno , por el peso del otro lo hace de manera ineficiente.

Los problemas son la crisis económica y el desafío nacionalista. El partido que por turno le toca gobernar ahora (así lo consideramos todos al votarles mayoritariamente) ha optado por enfrentarse a la crisis y adopta medidas en ese único sentido, algunos pueden considerarlas acertadas pero a largo plazo, otros ineficaces  y duras y crueles para quienes las sufren a corto plazo, pero ninguna en el sentido de hacerlas recaer sobre los culpables primeros , las instituciones y su política de dilapidación y desmadre.

Ante el mas que evidente fracaso del estado autonómico solo se sabe responder desde la estructura actual  con el mantra de que es el sistema que nos ha llevado a las mayores cotas de prosperidad…sin tener en cuenta que es mucho mas que probable que sin tal sistema las cotas a las que habríamos llegado serian mas altas y sin despeñarnos, como nos está ocurriendo ahora mismo.

Lo fían todo al fin de la crisis para recuperar el ritmo habitual  y el pulso de la nación y no se dan cuenta ( o no quieren) de que lo lógico es que  para cuando esto termine , ni el ritmo volverá ser el habitual ni tal vez exista nación a la que tomar el pulso, salvo milagro que lo cure todo.

El futuro próximo son las Europeas que esta vez, si nada cambia,  serán el paradigma de la mayor contradicción que se pueda dar en democracia  ,  apenas habrá participación por la falta de interés cuando lo que se jugara en ellas tendrá mas importancia que nunca…toda la política se dilucidará en ese escenario y será marcada por el resultado… la lucha PP PSOE en plena caída libre , la alianza de los secesionistas para presentar una representación cuanto mas alta mejor en el Parlamento Europeo  , las fuerzas del propio sistema  que pretenden heredar, en ascenso por los votos que pierda el bipartito de la alternancia (IU  y UPyD)  y todo ello con la ciudadanía como mera espectadora.

¿ Por qué? Porque a la falta de mecanismos de participación ciudadana efectiva debemos añadir la falta de interés de esa ciudadanía por buscar esos mecanismos.

¿ Pero si alguien decidiera vencer esa apatía ,  se pueden crear esos mecanismos? Sin duda, solo hace falta voluntad e imaginación y masa critica para ponerlos en practica; vencer la inercia al fatalismo .

Y además está todo inventado, un mecanismo podría ser el de lobby tipo “tea party” , un grupo de ciudadanos que en régimen de Asamblea permanente, plataforma o grupo funcione como laboratorio de propuestas y vivero de personas  dispuestas a ponerlas en practica en la vida política Nacional utilizando incluso a los partidos políticos como lo que realmente deberían haber sido , herramientas al servicio de los Ciudadanos y no lo que son actualmente …un problema para todos.

Hoy es el momento “del ser”…Ciudadanos , como partido, está dando la batalla nacional en Cataluña, existen multitud de partidos de pequeño tamaño con buenas ideas , con buena gente y sin futuro alguno sin un proyecto común y amplio que los englobe… tal vez por que nos empeñamos en dar por bueno que somos los buenos, los únicos buenos .  En el Partido Popular mismo las cosas se mueven  y  los miembros que encarnan Reconversión alzan la voz en defensa de sus derechos y la participación ciudadana.

Y por desgracia será el momento del “no fue” y del desencanto, cuando solo tendríamos que ponernos de acuerdo en cuatro ideas básicas y hablar y discutir sobre ellas, algo similar a esto…

octavio-jariguay

Parece una pregunta imposible o absurda. Zapatero es oficialmente el peor gobernante de la historia de España. Y posiblemente su remate. De rematar. También tiene que estar muy cerca de la cumbre en la escala de los gobernantes más idiotas -o faltos de inteligencia- que ha tenido el país. Y si a eso le sumamos una responsabilidad digna de un lactante, parece insuperable como campeón del trofeo al gobernante pesadilla. Como la de John_Henry_Fuseli. Las cejas son añadidas.

fuseli-pesadilla

Pero las pesadillas tienen una característica que las hace soportables. Se acaban cuando despiertas. Esa es la diferencia entre una pesadilla y el infierno. Que en el caso que nos ocupa, significa que la diferencia entre una pesadilla y el infierno es … Rajoy. Rajoy no es más que el Zapatero que no se acaba. El fin del sueño de que hay un despertar. Porque después llegarán las Susanas, Palanganas, Bibianas; lo que sea. O Madina, que no es diferente que Patxindakari. Otra “alternativa” que convirtió la pesadilla en infierno.  O llegará el próximo subnormal del PP.

En resumen. Zapatero era una pesadilla, sí, pero eso solo es un mal momento.  Cuanto más estropicio, más hay por arreglar. Evidentemente.  Más difícil. Pero la  diferencia entre difícil e imposible, definitivo, la condena, se llama Rajoy.

¿Resulta absurdo preguntarse si puede ser peor Rajoy que Zapatero? Si procuramos no ser infantiles, y no buscar culpables -sino analizar situaciones- no será improbable concluir que la situación tras Rajoy va a ser mucho peor que la situación tras Zapatero. Esto es, sin esperanza.

come-hell-and-high-waterOctavio nos cuenta el último acto del recurso de amparo de ciudadanos pringados contra las declaraciones soberanistas del Parlamento de Cataluña. Pero el resumen, desde el punto de vista del infierno, es este.

- La Constitución establece el recurso de amparo para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, que sean violados en actos sin rango de ley por cualquiera de los diversos parlamentos que hay en España. Entre ellos, el de participación política.

- La Ley Orgánica del TC establece que pueden recurrir en amparo los directamente afectados.

- Viejecita y Juan Espino opinan que son “directamente afectados” si se recorta la soberanía nacional que figura en la Constitución.

- El Defensor del Pueblo (nombrado por Rajoy) opina que silbando vive más tranquilo.

- El Tribunal Constitucional (a las órdenes de los partidos, y con mayoría del PP) opina que Viejecita y Juan Espino no son directamente afectados, sino que solo los parlamentarios lo son. Y que solo si estos, o la fiscalía, recurren, ha lugar al amparo.

- La Fiscalía del Tribunal Constitucional, a las órdenes de Rajoy, opina que Viejecita y Juan Espino no son directamente afectados, sino que solo los parlamentarios lo son.

- Los parlamentarios opinan que silbando se vive más tranquilo.

Con lo que se cierra el círculo, y Rajoy es el infierno, en vez de una simple y pasajera pesadilla.

La versión técnica del último acto (por ahora) la cuenta Octavio.

Octavio

Y si con eso no es suficiente….ya si acaso….

Mariano Rajoy le ha escrito a Artur Mas.   “A pesar de las discrepancias de fondo, todos debemos actuar con responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico que garantiza nuestra convivencia”. “

Tener por recibidos los precedentes escritos del procurador Sr Ayuso Morales y estar a lo acordado en la anterior providencia de inadmision de 22 de mayo de 2013.

“ Transcurrido el plazo concedido  al Ministerio Fiscal para recurrir en suplica, única parte que podría recurrir en su condición de defensor de los derechos de los ciudadanos (art. 124. CE), sin haber ejercitado tal facultad, de conformidad con lo previsto en el articulo 50.3 LOTC, procede declarar firme la anterior providencia y decretar el archivo del presente recurso de amparo”

Madrid, dos de Octubre de dos mil trece.

La primera impresión seria …se acabó. Bien, analicemos el texto

“Tener por recibidos los precedentes escritos”  “ estar a lo acordado en la anterior providencia de inadmision de 22 de mayo de 2013.” “procede declarar firme la anterior providencia y decretar el archivo del presente recurso de amparo” Madrid, dos de Octubre de dos mil trece”

Tras nuestros escritos, y especialmente tras el ultimo, les hemos doblado el brazo en el sentido , de que han tenido que responder ante la advertencia de que nos íbamos al Supremo por vulneración del Derecho de petición.

“ Transcurrido el plazo concedido  al Ministerio Fiscal para recurrir en suplica,única parte que podría recurrir en su condición de defensor de los derechos de los ciudadanos (art. 124. CE), sin haber ejercitado tal facultad”

Si que ha pasado el plazo si….cinco meses ,cuando le habían dado tres días a la fiscalía para recurrir ,  y desde el principio sus Señorías sabían que la fiscalía no haría, porque entre otras cosas…se lo habíamos dicho nosotros ¿ por tanto? …, sencillo …miren señores, en todo caso … a nosotros no nos digan nada, ala culpa es del Fiscal…no de nosotros, que hemos cumplido con la ley …

¿ Algún aspecto positivo? Si,  dado que ahora hay una resolución expresa , el plazo para el TEDH , no cuenta desde la providencia del 22 de Mayo sino desde ahora mismo.

Toda la aventura constitucional se puede ver en el siguiente enlace

http://plazamoyua.com/category/recurso-octavio/

, pero  a modo de resumen….

Hagamos un repaso a nuestra aventura Constitucional .

Artículo 42 Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.

Artículo 46  1.  Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:a)  En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Respuesta de la Defensora del Pueblo Adjunta.

http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/04/conchi.jpg

Sobre la institución del Defensor del Pueblo.

El Estatuto del Defensor del Pueblo incluye como características más significativas el no estar sujeto a mandato imperativo alguno; no recibir instrucciones de ninguna autoridad (ni siquiera de las Cortes que lo eligieron) y desempeñar sus funciones con autonomía y según su criterio.    Puede actuar por iniciativa propia, sin haber recibido queja alguna. Además, la Constitución le otorga legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad y amparo constitucional, así como instar el procedimiento de habeas corpus. –  De la pagina web del Congreso de los Diputados  , je, je, je

A pesar de las discrepancias de fondo, todos debemos actuar con responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico que garantiza nuestra convivencia”. “

El  TC no dice que esta sea la única vía …sino  que no somos parte legitimadaluego  la pelota pasa a la fiscalía ..Respuesta  del  Ministerio Fiscal.

Resultado de la entrevista con la Fiscalía del TC:

Para definirla en cinco palabras, “los ciudadanos no son personas”, o dicho de otro modo solo son ciudadanos los parlamentarios, lo cual no deja de sorprender y ofender a la inteligencia de cualquiera, máxime si tenemos en cuenta que los parlamentarios existen tras la promulgación de la Carta Magna, no cuando con espíritu de reforma de España y de mejorar la convivencia se parió dicho texto.

Este prólogo es el resultado del bucle en torno al cual la Sra Fiscal jefe del TC ha defendido su postura de no recurrir la providencia dictada, por entender que  la interpretación del art. 42, está referida a que los únicos legitimados para recurrir en amparo son los parlamentarios, ( tras una discusión encarnizada con mi Ilustre compañero Octavio) , ha mantenido con mucho aplomo y poco fundamento no carente de nerviosismo,  que en mi opinión dejaba ver su sometimiento al jefe.

Esto es, no va a hacer nada.

En este estado de cosas daremos este fin de semana vueltas a una petición de aclaración, nulidad, consulta vinculante al tribunal de derechos humanos … lo que sea, con tal de seguir defendiendo vuestra motivada, precisa, y fundamentada petición.

Sobre la Institucion de la Fiscalía….

En dicho Estatuto Orgánico se señala que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 1).

     Los cuatro principios que guían su actuación son, pues, los principios de unidad, dependencia, legalidad e imparcialidad.

     No obstante, el principio de dependencia es el más controvertido pues en su vertiente interna supone la subordinación a sus superiores y en especial al Fiscal General del Estado, que podrán dar instrucciones a los inferiores, pero en su vertiente externa se conecta con su subordinación respecto del Poder ejecutivo De la pagina web del Congreso de los Diputados, je,je,je.

A pesar de las discrepancias de fondo, todos debemos actuar con responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico que garantiza nuestra convivencia”.

Luego escrito tras escrito les rebatimos punto por punto todos sus argumentos  hasta llegar al último escrito…

http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/07/prosti.png

Y por fin sus señorías, se dan cuenta de que deben contestar a los mindundis no sea que terminen por presentarse ante las puertas de Tribunal Supremo…

 A pesar de las discrepancias de fondo, todos debemos actuar con responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico que garantiza nuestra convivencia”. “

Original en ca’n Octavio:

Anteriores en la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.
  15. Jaque al prosti
  16. De nuevo, jaque al TC

Octavio

Es muy interesante  hablar de listas abiertas, juego limpio, derechos de los afiliados , transparencia , igualdad de oportunidades para los afiliados. Y es muy divertido participar en los procesos internos de los partidos y exigir democracia interna y juego limpio.

Todo eso está muy bien ,  debería ser un derecho y debería ser obligatorio , entre otras cosas porque de un caño en un pozo negro no podemos esperar que mane agua potable.

Pero no se puede, si se quiere ser justo, luchar por buscar estructuras  y comportamiento democráticos en las organizaciones políticas si no nos hacemos con carácter previo, una simple pregunta… “ Si, si… en teoría  es muy bonito, pero todo esto ¿quién lo paga?” . En mis experiencias anteriores  en una , no lo pregunté y en la otra, no quise saberlo.

Los partidos son estructuras estables y dinámicas que necesitan muchos recursos para poder funcionar. Cuando uno exige que se vote para tal o cual cuestión o para tal o cual proceso interno se ha de tener en cuenta que se necesitan  locales , sistemas informáticos, horas de trabajo, personas que supervisen y que tomen decisiones , todo eso tiene un coste. Eso a nivel interno, no digamos la inversión que supone trasmitir el mensaje a la sociedad o participar en unas elecciones.

Existen dos vías para afrontar el problema, financiación estatal o financiación exclusivamente propia.

La financiación por las cuotas de los afiliados es imposible para todo aquello que sobrepase una comunidad de vecinos.  Solo tenéis que pensar lo que cuesta una sola y simple reunión de 200 afiliados para elegir órganos de dirección y cuestiones estatutarias y pensar que la cuestión no debe alargarse mucho mas allá de una mañana a costa de la propia democracia interna.  Pensad también que campaña electoral puede permitirse ese mismo partido con un presupuesto de 6000 euros.

El siguiente paso seria la aceptación de donativos , pero dado que se puede dudar ( que le voy hacer , soy así de desconfiado) del altruismo del  cualquier donante, este sistema solo serviría si el sistema impidiera cualquier opacidad respeto a la donación , el donante y el destino de la donación.

Un sistema exclusivamente publico podría ser mas barato si se prohibiera cualquier tipo de financiación privada y se establecieran limites infranqueables  a las subvenciones publicas así como si establecieran  auténticos controles de las cuentas y se dotara de competencia sancionadora efectiva al órgano fiscalizador. Un sistema así podría ser menos corrupto pero no seria mas democrático. El control del dinero siempre estaría en la cúpula dirigente y además , no resolvería otra cuestión , el de porque tenemos que pagar los ciudadanos de algo de lo cual no participamos.

Como todos sabéis el sistema actual es mixto ,  se conforma mediante el saqueo de los fondos públicos  y la recepción finalista de donaciones privadas (siempre terminan en mariscada)  , y por supuestos, ambos sin control efectivo por parte de los ciudadanos.  Esa falta de control externo tiene dos vertientes negativas, pagamos a todos los partidos para hacer lo que les de la gana y permite que las cúpulas dirigentes se enquisten alrededor del mana presupuestario cercenando la democracia interna.

Un sistema alternativo y que creo que realmente podría funcionar es un sistema similar al actual pero con algunas variantes.

Evidentemente, poder fiscalizador y sancionador efectivo en tiempo real por parte del Tribunal de Cuentas , tanto de los ingresos públicos como de los privados con deber especifico de transparencia en relación a las donaciones particulares , regulándose la función de lobbys  y algo que de una manera u otra llevan utilizando los americanos desde hace porracientos años,   las primarias, pero con una variante, la obligación de incluir en los estatutos de todo aquel partido que quiera recibir fondos públicos de regular un sistema de primarias con participación efectiva de todos aquellos ciudadanos que quieran inscribirse como simpatizantes o afines.

Quien no quiera no tendrá pasta publica y quien quiera  tendrá que arriesgarse a no disponer de un control férreo de la organización.

Original en ca´n Octavio:

la-democracia-en-los-partidos

Nota previa [pm]: Se trata de un nuevo paso en la guerra `[-->] de la puta plebe contra el Prostitucional. Donde puta plebe se personaliza en este caso en Octavio, Viejecita y Juan Espino (más alguna Emma que anda escondida por ahí). Imagino que en este caso el Prosti estará pastoreado por Rajoy, don Teledeporte. O El Aguerrido. El núcleo es que no les sale de los caprichos admitir un recurso de amparo contra las declaraciones de soberanía del Parlamento de Cataluña, a la que tienen todo el derecho del mundo, según la constitución.

Al final sale la lista de todos los pasos de la serie.

 

Octavio

La explicación es sencilla. Los vicios nacionales se extienden como la espuma, entre ellos el de “paso de ti como de comer mierda y por lo tanto , no te debo ninguna explicación”. Tan interiorizado esta este comportamiento entre las élites, políticas, jurídicas o de cualquier tipo  (con el agravante de que , élite en este país se considera ya hasta un bedel de la última pedanía perdida de Dios ) , tanto como la idea de que  las cosas son supuestamente así y no se pueden cambiar esta incrustada en la mente de los ciudadanos.

No pretendemos con este escrito mas cosa  (ni menos) que decirles a sus Señorías,… “ Os vamos a tocar los cojones todo lo que podamos -mientras que no nos contestéis- como los ciudadanos tenemos derecho, no se trata de que nos deis la razón ( que  dicho sea de paso y como podéis comprobar , la tenemos) sino que nos deis las vuestras de manera motiva y razonada”.  *

Y de paso  , intentar transmitir una idea,   su fuerza radica en que desconocemos la nuestra, si tomamos conciencia de ella en numero suficiente, se les acabo el chollo.

* Pero ojo, que no damos puntadas sin hilo… y resulta que , a lo mejor antes de llamar a la puerta del TEDH, nos plantamos delante de la del Supremo.

Escrito-Prosti-12-9-13

 

Dado que hoy es  Once de septiembre , y para  celebrar la diada , hemos decidido chinchar un poquito al TC. La cuestión en realidad es experimentar una vía que , según  respondan o más bien , si no lo hacen , nos abriría la vía, no del TEDH … sino del Tribunal Supremo.
 Los artículos que entran en juego son…

Artículo 9 Declaración de inadmisibilidad. Plazo

1. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.

2. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.

Disposición adicional primera Regímenes especiales

1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

artículo 12 Protección jurisdiccional

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (sic):

  • a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.
  • b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
  • c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Todos de la ley 4/2001 de Derecho de Petición, no es descartar TEDH, tenemos plazo, si no ver como respiran.

Recurso Octavio

Anteriores en la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.
  11. Movemos ficha (en el recurso imposible contra el Parlamento de Cataluña)
  12. Querida Becerril, los ciegos no perciben la luz.
  13. Entrevista al recurso contra Parlamento Cat en @ldpsincomplejos
  14. Tié cojones el Tribunal Prostitucional. Pero más o menos lo que corresponde a la payasada.
  15. Jaque al prosti

Octavio

La declaración soberanista del parlamento de Cataluña indica que el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir …., de acuerdo con los principios siguientes… entre ellos,

* Participación. El Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitatdeben hacer partícipes activos en todo este proceso al mundo local, y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de nuestro país, y concretar los mecanismos que garanticen este principio.

Por lo tanto , la declaración apela a la participación activa del mundo local, o sea (pero se sobrentiende que no solo) a los  municipios.

Todo el proceso se guiara , según el texto  con respeto a la :

* Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.

Luego se tendrá , se supone, que tener en consideración la voluntad de los habitantes de los distintos municipios de Cataluña, estén  o no a favor de la secesión pero …, dentro de los principios de la declaración soberanista se encuentra el siguiente principio irrenunciable:

* Cohesión social. Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo.

Ahora supongamos que un Ayuntamiento que en virtud del derecho de Autonomía local reconocido por la Constitución Española y por la Carta Europea de Autonomía Local ¿Badalona, por ejemplo?  vía resolución mayoritaria del pleno o vía consulta local a sus habitantes decide que no intervendrá en ningún proceso de secesión y proclama su permanencia a España como concepto irrenunciable.

¿ Cual seria la posición de la Generalitat según vuestro criterio ?  Según el mío , caben dos respuestas:

a)     El principio de cohesión social y territorial del país exige que para mantener unido al pueblo catalán  se necesita  la unanimidad de todos sus territorios y por tanto renuncia a la aventura secesionista pues solo bajo  la autonomía o la federación se salvaguarda la unidad del pueblo .

b)    El principio de Autonomía  local debe ceder ante el de unidad del pueblo catalán , luego nos pasamos por el forro el derecho  “a decidir” de los habitantes de ¿ Badalona?, argumento que por cierto es contrario al derecho Europa, reflejado en la Carta Europea de Autonomía Local y que tito Mas y adláteres dicen , en la declaración que es un principio que piensan defender … ¿ no?

* Europeismo. Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos…

Muy recomendable la lectura de este enlace:

Octavio

JUEGO DE  (supuestos) PATRIOTAS.

¿Os habéis preguntado por qué , si la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña o bien la convocatoria de cualquier Referéndum  son y resultarían ilegales , los secesionistas  catalanes ( ya no existen diferencias entres nacionalistas moderados o independentistas) impulsan estas iniciativas?

¿ Es que acaso no conocen que todo esto terminará en una resolución del Tribunal Constitucional que lo declare ilegal? … sencillamente , por eso…porque lo que quieren ,  desean e impulsan ,  es “esa” resolución … pero ¿para qué?, ¿para como creen inocentemente  algunos , llevarnos al borde del precipicio y parar en ese momento y recoger nueces? o ¿ bien para proclamar unilateralmente  la Independencia?

Y si es para este ultimo  fin , ¿ existe alguna vía que permita una declaración unilateral de secesión y que pudiera contar con el visto bueno del Derecho Internacional ?

He elaborado el siguiente resumen de  los siguientes textos, dejando claro que no juzgo si los autores de los dos primeros tienen que ver con ningún plan preestablecido pero si , a la vista del tercero, que la doctrina que surge de ellos está siendo utilizada para seguir una muy determinada hoja de ruta….

Los textos son los siguientes…

Nous horitzons. La impugnació de la Sentència: vies, òrgans i procediments. (1)

Nous horitzons. L’evolució jurídica cap a un Estat propi (2)

Ambos los podéis encontrar en el siguiente enlace de la revista catalana de Derecho Publicación dependiente de la Generalidad. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/23

El tercer texto es la ya famosa  Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la cual se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña en fecha 24 de enero de 2013. (3)

Desde mi punto de vista , el plan secesionista consta de las siguientes fases….

La primera , la famosa declaración del Parlament .

La segunda,  teóricamente seria un proceso que culminaría con el famoso referéndum que reconociera el derecho a decidir …pero esta fase es una cortina de humo,  los secesionistas saben perfectamente que el referéndum  no se va ha producir en ningún caso , el ordenamiento jurídico español lo impide y por tanto el Tribunal Constitucional así lo tendrá que dictaminar (el Gobierno se escudará en ese órgano y en el famoso , yo no he sido,  para hacer lo mismo que todos los gobiernos anteriores, dejación de sus obligaciones).

La resolución TC declarando la inconstitucionalidad del proceso es lo que buscan para recurrir ante el TEDH y obtener una sentencia que les permita una declaración de independencia con todos los parabienes de la Comunidad internacional y en especial, de Europa.

¿Tienen posibilidades de conseguirlo?  En primer lugar,  diría que de no conseguirlo cuentan con dos factores a favor de sus intereses , la cobardía del Estado Español  del que cuentan que les aplacaría con “nueces” y que además no les impide seguir llorando hasta nuevo intento …pero es que , en segundo lugar, tienen muchas probabilidades de éxito ¿ en que baso esta afirmación? , bien…

Uno no se levanta por las mañana buscando artículos sobre sentencias Estatutos  , lo primero que uno hace por las mañanas no es precisamente eso (aunque pueda servir como coadyuvante) , el motivo por el cual he llegado hasta esos textos es por que estaba buscando la fundamentación jurídica para nuestro Recurso ante el TEDH si el Constitucional persiste en no permitirnos intervenir,  y resulta que los parámetros que estaba utilizando para la búsqueda,  vulneración del derecho de participación y falta de independencia del TC , me han llevado hasta esas dos pequeñas joyas(1) y  (2).

Esta fase necesita de una campaña de desacreditación del TC que ya está en marcha y que por cierto, no parece que tenga un objetivo difícil de conseguir entre otras cosas, porque lo que es imposible es intentar mejorar  la imagen y el prestigio del órgano en cuestión.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130723/sociedad/govern-presidente-constitucional-201307231431.html

Para entender todo el proceso, he sistematizado  los tres textos  refundiéndolos y los he resumido lo mas que he podido , se que es ha quedado largo, pero no podía resumirlo mas sin perder la idea subyacente.

 

La declaración de soberanía y el derecho a decidir

De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios siguientes:

 

-Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.

 

-Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento resultante sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir.(3)

 

Por cierto, Artur Mas, avisa de que “ni los tribunales, ni la Constitución impedirán el referéndum”. (Diciembre de 2012)

CiU: «No se puede suspender ni anular la voluntad de un pueblo» (Julio de 2013)

 

Por encima de las reglas constitucionales está la democracia y la legitimidad política que la democracia concede.

Aunque una norma constitucional (o la interpretación de esta norma constitucional) prohíba la secesión de una parte del territorio de un Estado, si la mayoría de los ciudadanos de este territorio expresan de forma clara la voluntad de crear un nuevo Estado con respeto a los derechos fundamentales y sin violencia, este acto tiene plena legitimidad y satisface los criterios establecidos por las normas de derecho internacional público.

 

La independencia de Cataluña sería, en esta coyuntura, contraria a la Constitución Española de 1978 pero eso no significaría que fuera ilegítima. Pues hay que separar con precisión el discurso sobre la constitucionalidad del discurso sobre la legitimidad política (y también del discurso sobre la legalidad internacional).

 Así, una expresión mayoritaria de la voluntad del pueblo de Cataluña a favor de la independencia, sea a través de sus representantes o sea a través de un referéndum, con respecto a los derechos y libertades, a pesar de ser contraria a la Constitución de 1978, podría disfrutar de legitimidad para fundar un nuevo orden constitucional y no violaría el derecho internacional.

 

Para ser más sutiles, habría que añadir que una declaración de independencia de Cataluña derivada de un procedimiento democrático no violaría la Constitución Española de 1978 porque los autores de la declaración de independencia catalana, al actuar como poder constituyente, no se encuentran atados

por el marco constitucional español. No se trata de una falacia, o al menos lo es en la misma medida que este argumento fue reconocido por la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva sobre la declaración de independencia de Kosovo (2)

 

-Transparencia. Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso.(3)

 

-Diálogo. Se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional. (3)

 

2. Clarificación de las reglas de derecho internacional. Precisamente, la determinación del conjunto de reglas integradas en el derecho internacional que dan cobertura a la construcción democrática de nuevos Estados recibe un impulso decisivo en las experiencias de Montenegro y Kosovo mencionadas.

 

Reglas perfiladas y aceptadas por organizaciones internacionales continentales (la Unión Europea, el Consejo de Europa) o globales (Naciones Unidas), que, en términos de legitimidad, ponen muy difícil a los Estados existentes oponerse a secesiones de nuevos Estados desarrolladas bajo principios

democráticos y respetuosos con los derechos fundamentales

 

Como decimos, el caso de Montenegro ofrece un precedente claro de bajo qué condiciones la Unión Europea y el Consejo de Europa aceptan, de acuerdo con el principio democrático, una secesión en territorio europeo. En aquel supuesto, las instituciones internacionales aceptaron que Montenegro podía convertirse en un Estado con plena soberanía y sujeto de derecho internacional a través de un referéndum en el cual al menos el 55 % de los votos válidamente emitidos dieran apoyo a la independencia, en un referéndum en el cual participara como mínimo el 50 % del censo electoral.

 

El parámetro de la constitucionalidad del referéndum de secesión, sin embargo, cambia en el caso de Kosovo, en el cual se manifiesta la adecuación al derecho internacional de la creación de un nuevo Estado por la vía democrática incluso cuando la Constitución del Estado del cual se separa prohíba expresamente la secesión.

 

 En consecuencia, el reconocimiento de la independencia de este Estado  por parte de determinadas

potencias occidentales (y de gran parte de Estados de la UE), así como la declaración de la Corte Internacional de Justicia de 22 de julio de 2010, certifican que en el conflicto entre principio de constitucionalidad y democracia, prevalece la democracia.

 

Estas coordenadas, como hemos señalado al principio, serían perfectamente aplicables a Cataluña, de modo que, a pesar de la inconstitucionalidad de una eventual declaración de independencia (sea por vía parlamentaria o referendaria), y siempre que exprese una voluntad mayoritaria clara de la ciudadanía de Cataluña o de sus representantes, se contaría con los elementos determinantes para considerar legítima la secesión y ajustada a la legalidad internacional.

 

 

Así pues, el derecho internacional no contiene prohibiciones generales contrarias a las declaraciones

de independencia , y parece que estas se ajustan a derecho siempre que se produzcan de forma pacífica y democrática (2)

 

-Cohesión social. Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo. (3)

 

-Europeismo. Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural. (3)

 

-Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.(3)

 

Parece claro que un gesto unilateral de independencia de una Comunidad Autónoma del Estado español, sea por vía referendaria o sea por vía de declaración parlamentaria, es contrario en la Constitución Española de 1978, tal como ha puesto inequívocamente de manifiesto la jurisdicción constitucional con su interpretación del concepto de nación y de la referencia a la «indisoluble unidad de la Nación española» del artículo 2 CE (2)  .

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las sentencias dictadas en los procedimientos de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada y, por lo tanto, no son susceptibles de recurso ante el propio Tribunal, ni ante ninguna otra instancia judicial.

Sin embargo, no debemos olvidar que en virtud de las obligaciones contraídas por el Estado mediante convenios internacionales, pueden plantearse recursos ante instancias internacionales de naturaleza jurisdiccional, contra decisiones de órganos del Estado, cuando estas decisiones vulneren los derechos

reconocidos por estos convenios. (1)

 

 En el caso de la Sentencia sobre el Estatuto, se podría explorar la posibilidad de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).  Esta línea de actuación tendría que salvar, sin embargo, diversos obstáculos de índole material y procesal que a priori parecen jugar en su contra.(1)

 

En este sentido hay que recordar que las demandas al TEDH están reservadas a personas físicas, a grupos de personas o a organizaciones no gubernamentales que se consideren víctimas de

una violación del convenio.

 

El artículo 6 del CEDH reconoce a los ciudadanos el derecho a que sus causas sean escuchadas y resueltas equitativamente por un tribunal «independiente e imparcial».

 La jurisprudencia del TEDH ha considerado incluidos dentro del ámbito del artículo 6 a los tribunales constitucionales, en la medida en que lo que cuenta a efectos del convenio es que el organismo ejerza una función jurisdiccional, al margen de su naturaleza o configuración institucional.

 

 En materia de independencia e imparcialidad, el TEDH ha elaborado a lo largo de los años una doctrina según la cual entiende que estos principios no tienen únicamente una dimensión subjetiva, sino también objetiva, es decir, aquella que se puede apreciar por medio de elementos externos objetivamente contrastables.

 

Más allá del debate y las posibilidades de demostrar en este caso el incumplimiento del artículo 6 del Convenio con base en la perspectiva objetiva de los principios de independencia e imparcialidad, hay que tener presente que desde la perspectiva procesal habría que superar también algunos inconvenientes derivados del artículo 6 del CEDH.

 

El artículo 6 parece partir del principio de que la actuación del tribunal se haya producido en relación a una causa en la cual ha sido parte la persona que pide el amparo del TEDH.

 

Sin embargo, cuando el artículo 6 del CEDH dice que toda persona tiene derecho a que «su causa» se escuchada por un tribunal que cumpla las garantías que el precepto establece, también se podría entender que lo que es esencial es que el objeto del proceso pueda considerarse como propio del ciudadano y es en este punto donde adquiere relevancia la conexión que se da entre el objeto del proceso …) y el ejercicio del derecho de participación ciudadana que ha sido necesario para su misma existencia.

 

 Aunque el CEDH prevé que el acceso al TEDH solo se puede producir una vez agotadas las vías de recurso internas, hay que tener presente que la jurisprudencia del Tribunal ha declarado que el

cumplimiento de este requisito se puede excepcionar cuando no hay recurso posible y que tampoco es exigible que se deban haber utilizado vías de recurso que no estén al alcance del afectado.

 

La legitimación tasada en los procedimientos de inconstitucionalidad  (¿ Os suena?) permitiría aplicar en este caso esta excepción para salvar el obstáculo que puede suponer que la persona que accede al TEDH no haya sido parte en el proceso interno.

 

Desde esta perspectiva, sería posible pensar en la actuación de una entidad o plataforma cívica que actuara en defensa del derecho de participación expresado…, como derecho que ha quedado afectado por la decisión del Tribunal a los efectos del artículo 6.1 del CEDH. ¿ La asamblea nacioanal catalana por ejemplo ?

 

Otra posibilidad a considerar sería la actuación de un partido o partidos políticos. ¿ ERC o CiU tal vez?

 

Haciendo un ejercicio de abstracción se pueden encontrar diversas líneas de argumentación jurídica relacionadas con la afectación de los derechos convencionales con que podrían fundamentarse, hipotéticamente, una demanda en Estrasburgo.

 

Así, muy sintéticamente, se podría alegar que el procedimiento seguido para resolver el RI …no se ha hecho respetando el principio de imparcialidad judicial que es una de las garantías de la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24 CE y del procedimiento debido reconocido en el art. 6.1 CEDH.

 

Muy brevemente, el partidismo –que supone algo más que la politización– de los miembros del Tribunal Constitucional provoca que se pueda poner en duda su imparcialidad a la hora de emitir sentencia

en este caso, es decir, que la ciudadanía tenga dudas sobre la neutralidad judicial de sus miembros.

 Esta situación, de acuerdo con jurisprudencia abundante y consolidada del TEDH supondría una vulneración, como mínimo, de la vertiente objetiva de la imparcialidad judicial del art. 6 CEDH.

 

Por otra parte, y sin perjuicio de los condicionamientos que se expondrán acto seguido, se podría plantear que una persona o grupo de personas que se consideraran afectadas por las presuntas vulneraciones del procedimiento seguido ante el Tribunal Constitucional para resolver el RI …la Sentencia resultante interpusieran contra el Estado español una demanda por vulneración del derecho reconocido en el art. 6 CEDH , y, de forma indirecta, la falta de respeto de estas garantías fundamentales del art. 6 CEDH supone uno violación del derecho de participación democrática en tanto que se trata de un procedimiento jurisdiccional en que se puede negar la efectividad al ejercicio de aquel derecho (art. 3 Protocolo núm. 1 del CEDH).

 

En el texto original se indican una serie de óbices que impidieron en ese momento (Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña) pero que ahora han superado …entre ellos , el hecho de que la forma elegida no sea una Ley sino un acto sin valor de ley.

 

-Papel principal del Parlamento. El Parlamento en tanto que la institución que representa al pueblo de Cataluña tiene un papel principal en este proceso y por tanto deberán acordarse y concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio. (3)

 

Como ya hemos puesto de manifiesto, con respecto al caso concreto de Kosovo, la Corte Internacional de Justicia entiende que la declaración de independencia no estaba excluida del marco constitucional que, según la Corte, venía compuesto en esencia por la Resolución del Consejo de Seguridad 1244 (1999)

y las normas que de ella se derivan , sin embargo, además, la Corte Internacional de Justicia admite que los autores de la declaración de independencia (amplia mayoría de miembros del Parlamento y el presidente kosovar) no pueden violar el marco constitucional porque, al declarar la independencia, no se encuentran ligados por estas reglas y ya no actúan como órganos de las instituciones provisionales de autogobierno sino como poder constituyente con la capacidad que les confiere su condición

de representantes del pueblo de Kosovo.

 

En la práctica, como demuestra la experiencia de Kosovo, si la mayoría favorable a la independencia es muy amplia en sede parlamentaria, la constitución del Estado propio se produce por declaración unilateral de los representantes de la ciudadanía democráticamente elegidos, sin que, al menos

en una primera fase, se promueva el referéndum con exigencia de mayoría reforzada.

 

-Participación. El Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat deben hacer partícipes activos en todo este proceso al mundo local, y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de nuestro país, y concretar los mecanismos que garanticen este principio.(3)

 

 

El Parlamento de Cataluña anima al conjunto de ciudadanos y ciudadanas a ser activos y protagonistas de este proceso democrático del ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013.

El Secretario cuarto: David Companyon i Costa

La presidenta del Parlamento: Núria de Gispert i Catalá.” (3)

 

En definitiva, las experiencias históricas, políticas y jurídicas de los procesos de secesión de las últimas décadas permiten afirmar que una comunidad puede acceder a la condición de Estado a través de una decisión expresada de forma democrática, con respecto a los derechos fundamentales y en un contexto de ausencia de violencia.

 

 La expresión de la voluntad mayoritaria de la comunidad (sea a través de referéndum o sea a través de declaración unilateral de los representantes de la ciudadanía) prevalece por encima de las normas constitucionales del Estado matriz.

 

 La decisión fundacional democrática significa situarse fuera del orden constitucional existente para crear un nuevo orden constitucional con plena legitimidad política y ajustado a la legalidad internacional si se dan las condiciones mencionadas.

 

Una decisión mayoritaria del pueblo de Cataluña expresada en referéndum o a través de la representación de la ciudadanía en el Parlamento de Cataluña en un proceso que satisficiera los consignados estándares internacionales permitiría constituir un Estado propio al margen de

las prohibiciones derivadas de la Constitución Española de 1978 y de sus interpretaciones. (1)

Mini resumen previo [pm]. El TC decide que los españoles pringados no están legitimados para reclamar su derecho fundamental a la participación política, mediante el mecanismo constitucional creado para reclamar un derecho fundamental en la circunstancia que se da. Lo decide sin razonarlo, o porque lo digo yo. La Fiscalía del TC, que es la única que puede interponer recurso, no lo hace. Explica (verbalmente) que solo los parlamentarios disponen de esa vía. También porque lo digo yo. Y los españoles pringados (o sus abogados) solicitan una reconsideración, por un motivo que se me escapa, como si este fuera un país medio normal, y medio serio. Esto va a acabar peor que los famosos burofaxes de Viejecita a Gorriarán. ;)

 

Octavio

Movemos ficha

03062013.1

Recurso de amparo 858/2013.

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

         Don M.M., Procurador de los Tribunales y de Doña M.M.U. y Don J.E.S., conforme tengo acreditado en el recurso al margen referenciado, ante el Tribunal Constitucional comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

 

Que por providencia notificada en fecha 24 de Mayo de 2013, se acuerda inadmitir el recurso presentado por esta parte.

Que en virtud del derecho de petición y existiendo una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, solicitamos que el Tribunal Constitucional reconsidere de oficio, su decisión de inadmitir y archivar la petición de amparo formulada por esta parte, anulando y dejando sin efecto la misma en base a los siguientes,

MOTIVOS

 

         PRIMERO.- La resolución dictada carece de motivación, infringiendo el artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el artículo 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 24 de la Constitución.

Se limita la providencia dictada a inadmitir el recurso presentado por esta parte al considerar a mis representados carentes de legitimación, conforme el artículo 42 en relación con el artículo 46. 1, a) de la LOTC.

Los mencionados preceptos sin embargo establecen como legitimados a mis representados en tanto en cuanto, tienen un interés legítimo, por tanto son personas directamente afectadas.

Ante la meridiana claridad del precepto citado y previa solicitud a la Fiscalía de ese órgano, se indica por este último que los únicos legitimados son los que ostentan la condición de parlamentarios, interpretación carente de fundamento a juicio de esta parte, y que a la vista de la providencia dictada es mas incomprensible si cabe, máxime cuando nos encontramos ante un órgano y tribunal que deben proteger la no vulneración de ningún derecho fundamental ya que,

A)                   La providencia dictada así como la opinión expresada por la Fiscalía contradicen expresamente la doctrina de ese Tribunal que a “sensu contrario” ha sostenido recientemente que el cauce para residenciar las decisiones ó actos parlamentarios sin valor de Ley es el recurso de amparo del artículo 42 LOTC, para el que basta la legitimación individual.

ATC Pleno de 13 de Enero de 2012, nº 7/2012, rec 1598/2011 EDJ 2012/769.”

B)                   También contradice la doctrina de ociosa cita del Tribunal Supremo que indica que están legitimados las personas que ostentan un derecho o interés legitimo, que vendrá dado, por regla general, por el hecho de que el acto impugnado comporte la vulneración de un derecho fundamental del que resulte titular, encontrándose legitimados tanto los españoles como los extranjeros en tanto sean titulares de derechos y libertades fundamentales. De modo que cuando el artículo 53.2 CE se refiere a que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos…”, la expresión  “ciudadano” deber ser interpretada en sentido amplio y no rigurosamente técnico.

C)                   De igual forma contradice la doctrina del Congreso de los Diputados que en relación con la legitimación en el recurso de amparo ha declarado que Por lo que respecta a la llamada legitimación privada en el recurso de amparo, es de destacar que los arts. 161.1 b) CE y 46.1 LOTC contienen distintos enunciados: en el primero se habla de interés legítimo y en el segundo de persona directamente afectada (apartado a) y persona que ha sido parte en el proceso judicial correspondiente (apartado b). Ha sido necesaria una interpretación complementaria de los mismos, que comenzó por fijar lo que ha de entenderse por interés legítimo, fórmula por la que se excluye la acción popular (STC 214/1991, de 11 de noviembre), pero que ha sido aplicada de forma amplia y flexible por el TC (por todas STC 60/1982, de 11 de octubre), de modo que no se confunde con la más restrictiva de la titularidad personal del derecho fundamental cuyo amparo se pide (STC 47/1990, de 20 de marzo). El enunciado persona directamente afectada (art. 46,1, a LOTC), limitado a los recursos que no exigen proceso previo (art 42 LOTC), se ha interpretado como comprensivo no solo de quien afirme ser titular del derecho vulnerado, sino también de toda persona que demuestre un interés legítimo en la preservación o reparación del mismo (STC 141/1985, de 22 de octubre). (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=162&tipo=2)”.

 

SEGUNDO.- La falta de motivación de la providencia dictada por ese Tribunal tampoco justificaría el argumento de que la falta de legitimación se considere porque el recurso “tiene carácter preventivo”, pues consideramos que el daño es actual y en todo caso, el artículo 41.3 CE habilita para recurrir en amparo ante dicha posibilidad.

Por todo lo cual,

SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Que habiendo por presentado este escrito se admita, y en su virtud, ante la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, amparado en la Constitución, ante la inexistencia de instancia judicial previa, y en virtud del derecho de petición de mis representados, se anule de oficio la providencia de referencia decretándose la admisión del recurso presentado.

Por ser de justicia que respectivamente pido en Madrid a 3 Junio de 2013.

Fdo. E.P.R.                                  Fdo. F.M.R.

Letrado                                                   Letrado

Fdo. M.M.

Procurador

Entradas anteriores de la serie:

  1. Sobre Soberanías y recursos.
  2. Ciudadanos desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña
  3. Ciudadanos (ya no) desconocidos acuden en amparo ante el TC contra el Parlamento de Cataluña II.
  4. Manera de sumarse (gratis) al recurso de amparo de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña (Esta entrada)
  5. Resumen de estado del recurso de ciudadanos por su cuenta contra el Parlamento de Cataluña
  6. La mujer del César …
  7. No durante mi guardia
  8. El TC opina que la soberanía nacional no es un asunto tuyo.
  9. ¿Y cuál es la mierda de soberanía que pensáis que se está discutiendo?
  10. Pasando la pelota a Manos Limpias, por si suena la flauta.

Para orden inverso, de último a primero, el cartelito de siempre:

Recurso Octavio

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