Marod


Marod

Hoy nuestros “poderes públicos” nos mandan reflexionar, es la Jornada de Reflexión. Seamos obedientes y reflexionemos.

Como quiera que nada nos dicen sobre qué materia debemos reflexionar, a mi hoy, me ha dado por reflexionar sobre la esencia misma de la democracia.

¿Qué queréis? Para mi desgracia no me gusta el fútbol, y en una fecha tan señalada como esta, no me quedan más cojones que hacer reflexiones para mis adentros. La mayoría de mis congéneres hoy limitan sus conversaciones a la finalísima de la Champion League.

Ya sé que no debería pagar mis frustraciones con vosotros, virtuales – y sin embargo apreciados – amigos. Lamento comunicaros que os jodéis. Hala ahí va la paja mental:

Estaba dándole vueltas al fundamento crítico de la democracia (yo le doy vueltas a lo que me da la gana, ¿qué pasa? :-) ) y he terminado por caer en la cuenta que lo que me apetece no es criticar a la democracia (como sistema), sino a la sociedad (como conjunto).

Sí, porque el gran fallo de la democracia es que pretende darle algo a la sociedad (autogobierno a través de la soberanía) para lo que la sociedad (al menos la nuestra) no está preparada. Es como darle a un perro un periódico y pretender que sea periodista.

Porque no tenemos la suficiente capacidad analítica para comprender el poder que formalmente nos han dado. Que todo podría cambiar si supiésemos discutir y actuar como lo que teóricamente somos: “Un Pueblo” (bueno algunos quieren ser otro pueblo, pero eso también se podría arreglar con un poco de sesera y mucha vaselina :-) )

En parte, supongo, que la sociedad lleva tantos años sometida al poder que es incapaz de liderar su propio gobierno. Nos pasamos buena parte de nuestra Historia derrocando tiranos, haciendo revoluciones, guerreando por la libertad que cuando, por fin, nos la concedemos , no sabemos que hacer con ella.

Bueno sí sabemos, quejarnos de los políticos. Es el gran mal de la democracia española: sus políticos, el bipartidismo, la partitocracia, el “quítate tú pa robar yo”. Hacemos esa crítica muy a la ligera, es ya casi una convención social. Lo típico que te cruzas con el vecino en el ascensor y salen los tópicos de 30 segundos “parece que va a llover”, “está el tiempo muy revuelto” “Los políticos son todos unos chorizos, lo único que hacen es chupar”. Nos tranquiliza. Echarle la culpa a otro y resignarnos al mal necesario. Como el soldado que se queja de la torpeza de sus mandos y va a librar la batalla perdida de antemano.

¿A caso los políticos son una raza especial?, ¿Una especie de alienígenas que llegaron del Espacio para jodernos?, ¿Es quizá fruto del infortunio de acumular a los más idiotas de la clase siempre al frente de nuestros designios, se puede tener tan mala suerte?.

No creo. Los políticos son una representación de sus ciudadanos. Son personas. Son 350 tíos y tías que representan al conjunto de la sociedad española. ¡Somos nosotros, hostia!

Quizá al comienzo fuesen “casta” y las estructuras (partidos) que los acogían fuesen demasiado rígidos para poder introducir cambios a una Constitución diseñada para gobernar a través de partidos políticos. Pero ya han pasado treinta y muchos años. Una generación entera. Tiempo suficiente para abrir las ventanas y regenerar esos partidos, o crear nuevos que nazcan “libres de carga” (ideológica barata, me refiero). Esto implica que no somos capaces de liderar un movimiento regenerador del sistema, que se pudre poco a poco mientras nos empeñamos en echarle la culpa a “esos mamones”.

Esta (pen)última crisis galopante ha generado un clima contestatario, cuasi-revolucionario para “cambiar las cosas”. El 15-M fue un movimiento más o menos espontáneo al principio y rápidamente abortado por la fortaleza del sistema. Dos premisas salieron disparadas como una especie de sistema inmune de nuestra democracia:

- “No violencia”.

La violencia deslegitima cualquier movimiento de oposición. Ya no nos enfrentamos al poder absoluto de un tirano, nos enfrentamos al poder soberano del Pueblo, de nosotros mismos. Es difícil tirarse piedras a uno mismo.

- “Formad un partido con unas propuestas y discutamos en la casa del Pueblo, en el parlamento”.

¡Zas!, la coherencia del sistema en toda la boca. Se acabó el 15M. No fuimos (fueron) capaces de ir más allá. Se convirtió en un gallinero de soflamas y se diluyo en múltiples escisiones incapaces de liderar nada más allá de una pancarta graciosa, o un eslogan ocurrente. Es todo. No damos para más.

Ayer comenté lo que vamos (van) a votar hoy:

“El Parlamento puede, por mayoría de sus miembros, solicitar a la Comisión que le presente cualquier propuesta legislativa que considere oportuna. El Parlamento puede, al mismo tiempo, fijar un plazo para la presentación de dicha propuesta. Previamente, la comisión parlamentaria competente debe pedir la autorización de la Conferencia de Presidentes. La Comisión puede comprometerse a preparar una propuesta legislativa solicitada por el Parlamento Europeo, o bien negarse a hacerlo”

El voto sirve para elegir la opción política que mejor nos representa, y para legitimar el sistema.

Este es el que tenemos en Europa. El que mejor nos representa, desde luego. Gobierno tutelado, para que los niños no se hagan daño con el poder, que pincha y quema y hace pupa.

¡Que gane el mejor! ;-)

Marod

No siempre os puedo dar la contraria. La noticia es enervante.

Para mí que al Fiscal del TS le gusta caza menor, más concretamente los “faisanes”: http://www.lne.es/espana/2014/05/13/ts-revisa-hoy-recursos-sentencia/1584406.html

Hay un par de cuestiones que me llaman poderosamente la atención de la noticia (que puede tener una repercusión tremenda), a saber:

* El fiscal dice ahora que en la causa de la AN acusó por el título de condena del 576 CP por colaboración con terrorismo – atentos todos, que tiene guasa – por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Esto delirante, legal, pero delirante. Me explico.

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (S/ Ley 50/1981). Tiene cojones que el tío que supuestamente debe promover la defensa de la legalidad y la independencia de los tribunales acuse de un delito “porque se lo ha ordenado su jefe”.

Digo que es legal porque “El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.”
Pero vamos a ver, hay una imagen equivocada (fruto de las pelis americanas) de que el fiscal es el que acusa. Y no es así, coincide en la mayoría el papel de acusación, pero realmente la función del MF es velar por la legalidad. Y tiene un papel que es esencial para el Juez, que es el de acusar.

Sin acusación no hay causa. El principio de contradicción exige que haya una acusación para que pueda haber juicio. O sea, imaginaos la importancia de un fiscal independiente. Pero no sólo eso. El título de condena vincula al juez. Me explico otra vez.

Si la acusación en una causa solicita (título de condena) que te empuren por un delito de hurto, el juez únicamente puede decidir si eres culpable o no y que graduación de condena te coloca. No puede decidir que eso no es hurto, sino robo con agresión porque le vincula el título de condena. En ausencia de acusación particular, podéis haceros una idea de lo que pinta un Fiscal en una causa (casi todo).
Bueno, pues ese tío con tanto peso es un subordinado del Fiscal General, que -tatachán- lo nombra el Gobierno. Eso sí es separación de poderes!!. De flipar en colorines.

* El argumento de que no había intención de colaborar con actividades o fines de la banda sino la de no entorpecer el proceso de paz, ergo de terminar con ETA, es de mirar a tu alrededor buscando la cámara oculta. ¿Cómo? ¿What the fuck? que diría un inglés. Vamos a ver.
A mi me parece bien que el proceso de paz, o normalización o como hostias lo quieran llamar incluya ciertas acciones que he defendido en otras ocasiones: dejar de aplicar Parot, acercamiento de presos, legalizar partidos en unas determinadas condiciones, incluso siendo generosos aceptar esos comunicados del colectivo de presos como arrepentimiento y aplicar los beneficios penitenciarios comunes. Vale.
Pero joder, dejar impune actos tipificados de extorsión me parece ya una perversión abyecta del Estado de Derecho. Es el mayor reconocimiento de un auténtico precio político por dejar matar.

Que no se olvide el TS de que, como instancia mayor, sienta jurisprudencia. Porque si aceptamos ese argumento, ¿Qué impediría a cualquier persona obstaculizar la acción de la justicia alegando que no pretendía colaborar con ETA, sino ayudar al “proceso de paz”?

Lo siento por esos dos policías, que seguramente estarían cumpliendo órdenes, pero lo justo sería condenarles por el 576 CP. Además, ellos deberían saber que ciertas órdenes no se pueden cumplir.

Marod

Andaba yo un tanto preocupado estos días desde que Plaza me dijo que no entiendo el concepto de separación de poderes.

Estaba, incluso, esperando a que me ofreciera una explicación tal y como se comprometió. Pero bueno, no le reprocho su olvido. A fin de cuentas, bastante trabajo hace manteniendo este sitio y encima altruistamente.

El caso es que me hizo pensar, porque imputarme desconocimiento de algo tan básico tendría que tener un motivo. Y como en el fondo y a pesar de nuestras disputas, creo que me aprecia (en mutua reciprocidad, dicho sea de paso), mi preocupación versaba sobre si no estaría yo viendo problemas inexistentes o era fruto de una cerrazón mental a algo muy obvio que, por algún extraño motivo, mis sinapsis neuronal no era capaz de desenredar. Además, Octavio – al que profeso también un gran respeto intelectual – observaba similares carencias a mis razonamientos. Lo cual no hacía sino consolidar esa preocupación que os comentaba.

Me preguntaba si los problemas que yo observaba entre el concepto de separación de poderes y el principio inspirador de la democracia de soberanía popular, sólo se me habían ocurrido a mí. Lo cual no deja de ser aterrador, porque si se confirmaba este extremo sólo podía significar dos cosas: O que era tonto de remate, o que era más listo de lo que yo incluso pensaba. Ambas cosas son aterradoras.

Afortunadamente ni soy tonto de remate ni más listo de lo que ya me creo. Esto ya se le ocurrió a gentes ilustres hace muchos años. http://es.wikipedia.org/wiki/James_Madison o http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton, e incluso al mismísimo Jefferson.

Pues bien, hay un interesante artículo/ensayo del profesor Fernández-Albertos de la Universidad de Harvard que nos ilustra sobre los problemas que generan estos dos conceptos. Tiene el apropiado título “Dividir lo indivisible”. Voy a comentar algunos extractos del mismo, y mis propias reflexiones sobre ello.

Dice el profesor Albertos que básicamente, el problema consiste en que si existe una única fuente de autoridad (el pueblo), ¿de dónde proceden los diferentes poderes que han de competir entre sí para de esa forma prevenir el surgimiento de formas de gobierno tiránicas?.

Es un poco lo que hablábamos de si el poder es UNO (el pueblo, la Soberanía) necesitamos hallar la forma de dividirlo entre distintos sujetos para evitar el riesgo de tiranía.

Madison, argumenta que la «mezcla» entre poderes es de hecho la forma ideal de prevenir el abuso unilateral del poder. Interconectar las actividades
de los distintos poderes no es sólo inevitable en el mundo moderno, sino que es incluso saludable para que la lógica virtuosa de la separación de poderes actúe en toda su plenitud. Es mediante cierta intromisión por parte de unos poderes en las actividades de otros cómo la separación de poderes debe funcionar: las cámaras legislativas participan en la selección del ejecutivo, el ejecutivo tiene cierta capacidad de nombrar al poder judicial, el poder judicial revisa las actividades de los demás poderes. Es la misma lógica del sistema de pesos y contrapesos (checks and balances).

El problema es que esto tiene un riesgo claro, que Jefferson vio claramente:
«Todos los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial,convergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas manos constituye precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa el que estos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. Ciento setenta y tres déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo, y si alguien lo duda, que se fije en la república de Venecia. Tampoco nos vale el que los hayamos elegido nosotros mismos. Un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos; sino uno que no solamente se funde en principios libres, sino que sus poderes estuvieran divididos y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de magistrados, que ninguno pasara de sus límites legales sin ser contenido y reprimido eficazmente por los otros» (Jefferson, Notes on the State of Virginia, pág. 195, citado en El Federalista, núm. 48).

El problema, cómo muy bien explica el profesor Albertos es que “sin un cierto grado de heterogeneidad en las preferencias de los diferentes departamentos gubernamentales, la separación de poderes se vuelve o inútil o irrelevante:
¿por qué uno de los poderes podría tener un interés en limitar las acciones de otro poder con el que comparte las mismas preferencias? ¿Para qué dividimos el poder en diferentes departamentos si los encargados de esos departamentos deben responder a los deseos de un mismo agente: el pueblo?”

Comparto esta reflexión, y ahondo en que si bien separar distintos poderes es teóricamente fácil, la división de la legitimidad del poder es ciertamente complicada de dividir en una democracia.

Finalmente tenemos en conclusión que la separación de poderes, al combinarse con la doctrina de la soberanía popular, crea dos problemas: primero, se hace inherentemente difícil obtener varias voluntades, un requisito obvio para que la separación de poderes signifique algo.

Y segundo, la existencia de poderes separados que compiten por el apoyo del mismo «agente» (el pueblo), puede fomentar un tipo de competición interinstitucional que provoque problemas de gobernabilidad.

La solución pensada por Madison se trataba de lo que el llama el principio de separación de propósitos: diseñar las instituciones de tal modo que cada poder representara a diferentes intereses.

Marod

En mi tozuda pretensión de “juridificaos” (tan tozuda como pretenciosa, por cierto) en los asuntos polémicos y de actualidad, hoy me voy a introducir en el proceloso mar de la lengua.

Esta somera aproximación no tiene otro interés que acercaros el marco legal, la naturaleza de los derechos y obligaciones y alguna que otra conclusión que os permita enjuiciar por vosotros mismos que grado de acuerdo tenéis con las leyes y con la manera de aplicarlas. Ni pretendo ni estoy en posición de sentar cátedra o doctrina, dicho sea en mi propio descargo.

La primera parada (y única, que no estoy para mucho esfuerzo) es obligada realizarla en el pináculo de nuestro Ordenamiento, que al respecto somete a los poderes públicos en su artículo 3:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Así pues tenemos una lengua única oficial para todo el Estado, y el resto co-oficiales en cada CCAA, según sus Estatutos.

Y, a consecuencia de esta declaración, a los españoles (a todos) se nos configura un derecho-deber de emplearla y conocerla. Ojo, tanto de la oficial – el castellano – en todo el territorio, como en igualdad de régimen de las co-oficiales en sus respectivas CCAA.

De este modo todos los españoles tenemos el deber de conocer el castellano y el derecho a emplearlo, y –aunque parezca un contrasentido- el deber de conocer el catalán, vasco o gallego y el derecho a utilizarlo en Cataluña, País Vasco y Galicia.

Y añade un tercer punto considerando esta pluralidad lingüística como patrimonio cultural, y enviando un mandato directo al legislador para adoptar lo necesario en su respeto y protección. Sobre este punto disertaremos al final.

¿Qué implicaciones tiene el artículo 3 a nivel jurídico? Varias, que esquematizo, para mejor comprensión:

- El empleo de la lengua oficial y co-oficial es un derecho individual. Eso implica que el Estado debe disponer las necesarias medidas para que los individuos podamos ejercerlo “erga omnes” (frente a todos).

- Al establecer el castellano como lengua oficial, se configura como el idioma de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, y entre las Administraciones del Estado. De igual modo, en cada CCAA puede sostenerse lo mismo con respecto a cada idioma co-oficial.

- Se establece también un deber ciudadano de conocer la lengua, sin embargo, el Constituyente fue excesivamente ambiguo al configurar el uso del idioma como derecho pero no como deber.

No hay un mandato expreso acerca del uso del idioma para el ciudadano, al contrario que para el Estado al que sí se le ordena expresamente ser la lengua del mismo.

A la vista de este breve análisis parece claro que la Constitución no previó ninguna jerarquía en la necesaria convivencia de distintas lenguas oficiales en una CCAA. Por tanto, ninguna ley que establezca el uso exclusivo o preferente de un idioma sobre otro será constitucional, ni tampoco ninguna que disponga algún tipo de prohibición o sumisión del uso de alguna de ellas.

La pijada no es baladí. El Estatut tuvo que sustituir el término preferente – hablando de la lengua vehicular de Cataluña – por el normal. Para poder dar entender “a sensu contrario” que tan “normal” era el uso del castellano. A pesar de que en la práctica se reduzca a un puñetera trampa dialéctica para salvar el trámite.

La ley de educación catalana está recurrida por el PP ante el TC, y veremos qué decide el garante de la Constitución acerca de la constitucionalidad de la norma. Me temo que simplemente dirá que el texto de la ley se ajusta a la Norma precisamente por esa “engañosa” redacción.

Al final, el mandato constitucional parece claro hacia un necesario bilingüismo en las CCAA que Estatutariamente decidan ocupar una segunda lengua oficial. Tanto en el lenguaje vehicular de la Administración, como en la educación o el común uso del mismo (carteles, publicidad, TV, prensa, etc). Claro, esto conlleva un considerable “aumento de la factura” que ocasiona ponerse a todo el mundo a “silbar de perfil” para ver de dónde sacamos tanta pasta.

Pero la pasta no debe ser el mayor problema, a fin de cuentas, sólo es cuestión de “sangrar” un poco más al contribuyente y listo.

Hay un problema subyacente, que no es otro que la presunción que hacemos del uso de la lengua como arma política, como justificación de la razón de la “patria chica” con sus consabidos derechos de autodeterminación de los pueblos. No deja de ser una chorrada porque una lengua característica no determina un Estado (USA habla inglés, y ya ves tú). Sin embargo, eso – aunque sea difícil demostrarlo en Derecho – es una instrumentalización del idioma en un sentido que jamás hallaría amparo en la constitución.

Más extraño, por último, es la consideración jurídica del idioma como patrimonio cultural de especial reconocimiento y protección. Ignoro si es algo especial de nuestro Ordenamiento, o si alguna otra Constitución lo reconoce así. Pero, independientemente del concepto subjetivo que cada cual tenga del idioma, en España jurídicamente es patrimonio cultural.

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Esta especial consideración del idioma obliga a los poderes públicos a conservar y promover su enriquecimiento, que a su vez sirve para encalomar cosas como:

- Subvenciones a proyectos “culturales”
– Uso del catalán, vasco o gallego en cosas como cine, literatura, teatro, etc.
– Tonterías varias como ordenación urbanística con arreglo a un criterio lingüístico
Consideraciones finales que se me vienen a la cabeza:

Si se pretendía proteger las lenguas propias de cada región como patrimonio cultural, ¿a qué carajo viene incluirlas en el uso administrativo del título preliminar? ¿A caso no se protegen más que suficientemente otros patrimonios culturales sin necesidad de convertirlos en una herramienta administrativa? No sé, no me imagino tener que convertir la iglesia prerrománica de San Julián en una oficina de turismo para protegerla.

Si se pretendía dar cumplimiento a la necesidad de comunicación en las relaciones administrativas y sociales con el derecho-deber de usar y conocer un idioma, ¿No resulta más lógico adoptar el criterio del TC y hacer del idioma de uso común entre la gente el idóneo para ese fin?

Este despropósito de regulación no sirve ni para lo uno (facilitar a los ciudadanos sus comunicaciones personales y administrativas), ni para lo otro (proteger y conservar un patrimonio cultural. El latín pervive como lengua muerta, el castellano antiguo también)
Una deseable mejora de este marco jurídico sería dejar definitivamente claro qué función desea darle la soberanía popular al idioma. ¿Administrativa, cultural, política?

De ello depende saber qué es licito proteger, obligar y utilizar. Así, no hay quien se aclare.

contemptus-mundi-cathalan

Marod

Joer, últimamente estoy de un prolífico que me empieza a preocupar. Con el “cadáver” todavía caliente de la discusión sobre política terrorista, me dispongo a abordar la reforma de la regularización del aborto.

Mi intención no es otra que analizar de la forma más didáctica posible los términos del debate y enfocar la cuestión desde el punto de vista jurídico, sin reservarme concepciones morales y mis propias opiniones al respecto (trataré de dejar claro qué perspectiva utilizo en cada caso).

Y sin más preámbulos, da comienzo el ladrillo:

Antes que nada conviene dejar claro, jurídicamente, de qué pelotas estamos hablando.Nada mejor que tirar de la Norma “Jefe” de nuestro ordenamiento.

Artículo 15 de la CE 1978 que viene a decir textualmente “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. En consecuencia, el precepto prohíbe expresamente la tortura y la pena de muerte.

Bien cómo quiera que el “La Jefa” manda al Estado proteger la vida, éste obedece tipificando penalmente las conductas que atenten contra la vida.

Hasta aquí, estaba todo más o menos tranquilo. Pero en 1985, no se le ocurre a González otra cosa que abrir la caja de pandora e introducir una reforma que despenalizaba parcialmente el aborto (la conocida como ley de supuestos). Y comenzó la polémica, que no el debate porque en mi opinión se dio (y se da) tanta injerencia ideológica barata que en vez de argumentos, se emplean soflamas y eslogan (nosotras parimos, nosotras decidimos, por ejemplo).

Así las cosas, quedo sentado que despenalizar el aborto era “progresista”, y reafirmado cuando en abril de ese mismo año 85 el papá de nuestro actual Ministro para la cosa de la justicia, actuando en nombre y representación de 54 Señorías del Partido Popular (AP, por aquel entonces. Se ve que al hacerse del PP, lo de los supuestos ya les pareció bien, porque ahora pretenden retomarlo… cosas de los virajes al centro) interpuso recurso previo de inconstitucionalidad contra dicha reforma. Vamos que la criminalización de la interrupción del embarazo por encima de cualquier otra consideración, era “conservador” o de “derechas”. Ya tenemos el fondo norte y el fondo sur… ¡Hale! A gritar todo el mundo. A mí me da lástima la nula capacidad de pensamiento crítico que tiene el personal, así en general. Pero en fin, es lo que hay.

Dijo el T.C. en aquella ocasión que sí, que había supuestos que justificaban jurídicamente la despenalización del aborto para el gozo en la bancada “roja” y la decepción en la “azul”. Por si alguno tiene interés http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/433.

¡Venga, cada mochuelo a su olivo! Y se terminó la discusión. 15 años duró la “pax” política. Va Zapatero en 2010 y se le ocurre darle otra vueltecita de tuerca más al tema promulgando una L.O. que despenaliza el aborto en función de criterios temporales (la ley de plazos). De nuevo el PP interpone recurso, sobre el que el TC no ha dicho nada todavía, bueno sí lo único que emitió fue auto diciendo que mientras se deciden, la ley de plazos no queda suspendida.

Lo gracioso es que no les va a dar tiempo, porque ya tenemos otra reforma en ciernes. El hijo ha vuelto para vengarse y trae como espada un proyecto de ley que, según las noticias, vuelve a los supuestos y es más restrictiva que la del 85. Hasta algunos “barones” del PP han osado contrariarle públicamente. Villalobos, y sin ponerse colorada, ha pedido libertad de voto en el trámite parlamentario (lo que nos confirma lo que todos sabíamos, que tenemos trescientos y pico políticos que valen más bien para nada porque votan lo que les manda uno…pero eso es otra historia)

Bien, hasta aquí la historia política. Viene bien un pequeño resumen, para aclararnos dónde radican las posturas, los encuentros y los desencuentros. Todas las partes en conflicto tratan de apropiarse de la “carga valorativa” del lenguaje. Los partidarios de la despenalización utilizan términos como retrógrado, conservador, limitador; mientras que los contrarios se autodenominan pro-vida, o sin ir más lejos, escuché a “Espe” el otro día decir yo estoy en contra del aborto (claro, no te jode, en contra estamos todos. Lo qué tratamos de decidir es si la conducta merece tipificarla y en qué casos)

Para mejor proveer, que diría un letrado  , abordemos la cuestión desde un punto de vista jurídico (me parece escuchar ronquidos y abucheos entre el auditorio, por favor no abandonen la sala, trataré de ser los más breve y ameno que pueda)
Lo que tenemos es la doctrina de la sentencia que enlacé anteriormente. Para ahorraros el tedioso esfuerzo de leerla, hago un pequeño resumen de los motivos más interesantes. Lo haremos en plan obra teatral.

PERSONAJES:
–       El Recurrente: Los 54 aguerridos diputados populares, representados por D. José Mª Ruiz Gallardón.
–       Abogado del Estado: El fiel funcionario que defendía la causa para el gobierno
–       El Pleno del TC: el árbitro del “combate”.

PRIMER ACTO: comienza “La Justa”. Y ataca el recurrente
-RECURRENTE: Todos significa “toda vida” o “todo individuo humano que posea vida”, por lo tanto incluye al nasciturus (tiene nombre de delantero centro rumano, pero no, se refiere al no nato). Dicen los alemanes, que son unos tíos muy listos y muy ordenaos, que biológicamente existe “vida humana” a partir de los 14 días de la concepción.

Y añade que hubo enmienda al texto constitucional para sustituir “personas” por “todos”. Y de ahí que se deba entender que la protección constitucional se extienda a toda vida.
Luego se tiran otros 5 motivos más justificando la obligación del Estado de proteger la vida, y otras cuestiones técnicas y procesales muy complejas y muy aburridas. En el sexto “embite” se meten con los puñeteros supuestos:

  • •       Terapéutico: Cuando la vida o la salud de la madre corra grave peligro. O sea tenemos en conflicto dos derechos el de la madre y el del nasciturus (n. del narrador: de igual rango porque se trata de la vida de ambos). Dice el Recurrente que los cojones, que para eso ya hay una excepción penal (una eximente, vamos que no te empapelan) de “Estado de Necesidad” y que ni puñetera falta hacía una ley para esto. Y otrosí que en el caso de la salud de la madre no vale porque el rango salud es menor que el rango vida, porque además ni se requiere peritación judicial ni se tiene en cuenta el consentimiento del que hizo la otra mitad del trabajo, o sea el santo varón o papá de la criatura. (obviamente todo esto lo dice en fino y sin las coñas que son de mi cosecha).
  • Ético: Cuando haya sido fruto de la violación: Dicen que tampoco les vale, porque antepone el derecho al honor de la mamá sobre el derecho a la vida del nasciturus.
  • Eugénesico: Cuando el nasciturus venga con graves taras físicas o psíquicas. Que tampoco (joer, parecen al Dr. No, que negativa era esta gente), que atenta contra la vida (no se puede discriminar) y contra la  previsión y tratamiento de los disminuidos físicos o psíquicos.

-       EL ABOGADO DEL ESTADO: el tipo se enciende un ducados sin filtro, y con parsimonia, comienza la defensa.

Empieza diciendo que su defendido (El Estado) no dice que la vida no sea un bien jurídico protegible, sólo se limita a despenalizar ciertos supuestos de aborto. Y Que habrá que ver si la C.E. les obliga a penalizar (en el código penal, se entiende) cada infracción jurídica. Y dice, ¡Hostias, pues no! Ni en el nuestro ni en ningún otro. Que hay otras maneras de proteger bienes jurídicos y se apoya en los austríacos (que también son muy listos y muy ordenaos) y en los americanos (que además, son muy modernos). O sea viene a decir que despenalizar aborto no es igual a desproteger la vida.

Ahora vamos con el puñetero “todos”. Y dice que todos se refiere a todos titulares del derecho, y entonces sólo se puede incluir a los que el derecho les reconoce capacidad de ostentar titularidades jurídicas (hay que ver que retorcidos son los abogaos  ) y que el resto del artículo sólo es aplicable a personas (lo de las torturas y pena de muerte y tal). Añade que la C.E. cuando quiere mandar algo lo aclara, y que si hubiese querido prohibir el aborto lo habría puesto (como por ejemplo sí hizo con la pena de muerte). Y dice también que eso de la enmienda que es una paja mental y que ya venía el término, que la ponencia fue para una corrección técnica, y que U.C.D. dijo expresamente con su decisivo voto para aprobar la dichosa que “ninguna de las dos fórmulas que aquí están en cuestión es una forma abortista”

El abogado de Estado se encendió otro ducados, y encendió la máquina de repartir hostias (jurídicas, se entiende)

Así para empezar, que le ve fallitos a lo que alega el Recurrente:

-       Parten de la base de la equiparación absoluta entre el feto con una persona nacida, cosa que no tiene parangón en la C.E.
–       Desatención absoluta por los derechos de la madre ante la situación de embarazo
–       Que ese rollo de la vida como derecho ilimitado tampoco se sostiene mucho (legítima defensa) y que todo derecho puede entrar en conflicto con otros y tarea del legislador señalar los límites.

Sigue dando estopa con cada uno de los supuestos. No me extiendo más porque es un poco redundante y observo con preocupación vuestro aburrimiento a estas alturas.

SEGUNDO ACTO (y final)

El pleno del TC viene a decir – y esto es lo que vale jurídicamente en la actualidad:

  • La vida es un concepto plurívoco (palabreja que indica que tiene distintas interpretaciones) y en cuya evaluación y discusión no vamos a entrar aquí. El TC pasa de meterse en jardines ajenos y hace bien. No obstante, dada la redacción del artículo entiende que el nasciturus está protegido por el art. 15, aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental (La coletilla deja abierta muchas incógnitas a mi humilde entender. El TC se ha ido por una fórmula de determinar al nasciturus como bien jurídico protegido, aunque sin ser titular de derechos…lo que viene siendo no reconocerle personalidad expresamente).
  • A la hora de imponer penas hay que tener presente la exigibilidad de la conducta, renunciando a sanciones penales de conductas que objetivamente puedan representar una carga insorpotable (añado un ejemplo para que se entienda mejor: no está penado no delatar un delito de tu hijo, porque seguramente te haría un desgraciado el saberte delator de tu propio hijo)
  • Establece el TC que tanto la vida de la madre como su salud son superiores a la vida del nasciturus pues se estaría penalizando a la mujer por defender su derecho a la vida
  • En cuanto al ético, prevalece el derecho a su dignidad, intimidad y honor porque estaríamos exigiéndole a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza y eso es inexigible
  • Por último, el eugenésico en las parecidas razones a lo dicho en primer lugar la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a una madre.

Termino, que me he extendido demasiado y no quería haber sido pesado. Sobre esta base, creo que la reforma de Gallardón es un error

Un error jurídico: Porque contraviene la actual doctrina, haciendo prevalecer la vida del no nacido frente a derechos fundamentales del “sí nacido”, o sea la madre. Recordemos que pretende eliminar los supuestos de violación y taras en el feto.

Un error moral: Hacer prevalecer la vida no consciente ni desarrollada sobre derechos fundamentales (vida, integridad, salud, intimidad, desarrollo de la personalidad) de vida sí consciente (que sufre) y sí desarrollada es, a mi modo de ver, una aberración.

No hay que olvidar que la vida del nasciturus parte de un derecho de la madre, es un acto de liberalidad (una se embaraza porque quiere) y aunque ello no signifique un derecho de libre disposición sobre la vida albergada (sobre todo a partir de determinados momentos biológicos en los que el feto es susceptible de ser independiente del seno materno), sí es preciso tener en cuenta los derechos de la madre. La Doctrina olvida también un concepto que es el de embarazo no deseado. Nadie aborta por deporte, sino por un fallo (del método anticonceptivo, de la persona o de otra índole) hay que estar al caso concreto. En el fondo es exigirle a la madre soportar una consecuencia no deseada (con también inciertas consecuencias al menor una vez que nazca) por un error.

La solución de obligarla a entregar al nacido en adopción tampoco me parece justa, pues supondría infringirle un mayor sufrimiento.

Moralmente, la sociedad ha ido admitiendo estas conductas y no creo que se justifique la suficiente reprochabilidad penal de las mismas. No hay más que mirar las encuestas y la evolución del número de abortos en España para comprender lo que digo. Eso no significa desproteger la vida del nasciturus: hay que fomentar y facilitar que la embarazada pueda criar a ese niño, hay que limitar la legalidad del aborto (con plazos o supuestos, que tampoco hay tanta diferencia), hay que educar y promover la planificación familiar y etc etc.

No hay justificación pues, en criminalizar una conducta cada vez más aceptada socialmente y en equiparar la vida en su etapa de gestación con la vida de las personas desarrolladas.

Marod

Y yo que pensé que no daba más de sí… Pues nada vamos a ahondar sobre la función del arrepentimiento en los beneficios penitenciarios, y posteriormente voy a tratar de analizar nuestro esquema penal y su enfoque del problema.

Ahora, eso sí, yo creo que este comentario deberías hacerlo en otra entrada porque va a ser pelín largo. ¿Qué quieres, ¡Me he levantao flamenco, hoy!

Comencemos, que se hace tarde:

Cuando Plaza y un servidor abordamos las acepciones del término arrepentimiento nos enfangamos en una discusión correosa, tipo a cuando los boxeadores se agarran en el “ring” para que el otro deje de solmenarle hostias, porque ambos sabemos que eso es un pilar central de la discusión.

Y cómo ya dije, el colega anda fino de olfato y se tira dónde sabe que hace pupa.
Al final, es una cuestión semántica en la que, en honor a la verdad, debo reconocer mayor fortaleza en el lado de mi oponente. La acepción de arrepentimiento más común es la que emplea y la que entendemos todos cuando hablamos. Pesar de haber hecho algo.

Dejemos de lado los trucos semánticos. ¿Qué relevancia le concedemos hoy por hoy al arrepentimiento?

- Al activo (el que señalaba Al en un comentario) lo tenemos en consideración como atenuante. O sea el código el penal prevé cierta atenuación de la pena (artículo 21 del código penal) para el caso de confesar antes de que te pillen, o reparar el daño causado a la víctima o sus efectos antes del juicio oral. ¿Y qué significa atenuante? pues según el artículo 66, que se impone la pena en la mitad inferior.

- Al pesar de haber hecho algo: Ninguno más que lo que acabo de citar. Obviamente, el concepto penal de arrepentimiento activo, incluye el concepto que señalaba Plaza, si voy a la comisaría más cercana y le comento al funcionario de turno que tengo a un señor recluido en un zulo en tal sitio es porque me pesa haberle encerrado.

El matiz viene dado (con muy buen tino por el legislador en este caso) en que por sí sólo, el pesar de haber hecho algo no vale para nada, necesita una acción que nos lo demuestre un poco.

Así pues, el arrepentimiento tiene efectos ANTES de cometer el delito, no después (cómo norma general, luego veremos el caso especial)

Sigamos. Analicemos ahora que relevancia tiene ese arrepentimiento una vez que el delicuente está juzgado, condenado y empapelado.

Artículo 25 de la Constitución Española (lo reproduzco para que todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones, recomiendo su lectura): Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Lo que decíamos de la función mixta de la pena, y desmarque clarísimo de la función redistributiva (infringir daño al preso para reparar el del ofendido, o sea castigo puro y duro). Ejemplos de penas puramente redistributivas. La de muerte, la castración química, la cadena perpetua. Todas ellas parten del supuesto de que no hay nada que reinsertar, y buscan únicamente infringir el mayor castigo al reo.

La Constitución manda, las leyes y los reglamentos desarrollan (obedecen) esos mandatos. Establece la LO 1/1979 (General penitenciaria) al respecto (art. 59):

  1. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados.
  2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general.”

Y dice el 61 del mismo texto legal: “Se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos.”

Ohhh!! qué bonito!! (música de violines e imágenes de atardeceres preciosos, por favor).
Requisitos de carácter prográmatico, nada concretos. Muy interpretables. ¿Pesar de haber hecho algo?… no me parece. El 59 habla de la intención y capacidad de vivir respetando la ley penal, del respeto a si mismo y bla bla. Y el 61 menos todavía dice expresamente EN EL FUTURO. Yo creo que el espíritu de la ley no requiere arrepentimiento para que te concedan el tercer grado. De hecho el tercer grado lo conceden los funcionarios de prisiones en función de las entrevistas, y de la evolución del tratamiento. Conforme, me imagino al espíritu de esos principios.

Voy ganado de goleada :-) (permítaseme la broma). Hasta que hablamos de terrorismo. Se me va a empezar a torcer el asunto. Porque llega el 72 en su fatídico apartado sexto y dice:
“La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo (…), requerirá, (…), que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado (…)”

He omitido la paja con los (…), el que quiera que lo lea entero.

Pues hay que darle la razón a quien la tiene. Y en este caso no la tengo yo.
La Ley exige cierto arrepentimiento para la reinserción y los beneficios penitenciarios…pero SOLO en caso de terrorismo. Para los demás delitos nos importa un pijo si el condenado se arrepiente o no de haber matado a su mujer (por ejemplo).

Ánimo el que haya leído hasta aquí (te felicito campeón/na) ya queda poquito. Sólo nuestro esquema penal y mi análisis (opinión totalmente desautorizada, :-))

Este que acabo de describir es nuestro esquema penal actual (código penal del 95 y reforma del LO 1/1979 de 2003). Antes, no lo habíamos pensado, ni el CP73. ¿Qué paso? pues que a muchos presos de ETA no les podíamos aplicar el CP95, y vino el Tribunal Supremo en 2006 a arreglarlo con la Doctrina Parot para que los presos anteriores no tuvieran acceso a beneficios penitenciarios (dijo que había que tener en consideración todas las condenas, y claro si te caen dos mil y pico años de cárcel, mucho te tienen que reducir). Y vino Estrasburgo y dijo: venga chavales, no os paséis que eso aplicar disposiciones penales desfavorables de forma retroactiva. Lo curioso es que lo dijo ahora en 2013, y no antes. La sombra de los políticos es alargada (juicio de valor personal)

Va por el cumplimiento íntegro de las condenas. Que se tira mas al lado castigador de la pena, que al reinsertador (con permiso de los palabros es por abreviar).

¿Y por qué? pues porque hay mucha sensibilidad con el asunto este y la opinión social (no uso la palabra respaldo porque me matais, :-)) quiere esa función castigadora.

Mi opinión, mi análisis sigue siendo el mismo. No hace falta el arrepentimiento. Hace falta que asuman la derrota, que no cometan delitos y que no los vayan a cometer en el futuro. Y de paso ponemos toda la ley en consonancia con la Constitución (o cambiamos la Carta Magna, que también es otra posibilidad)

No quiero extenderme más, mis argumentos a favor de la reinserción y cómo entiendo yo esa reinserción han quedado claros en el resto de mis intervenciones (o eso creo, al menos)

Gracias a todos por aguantar este ladrillo (los escasos valientes que permanezcáis ahí)

saludos

Marod

Vaya por delante que soy consciente del jardín en el que me voy a meter, pero en mi propio descargo dejo clara y meridiana la repulsión que siento hacia los terroristas y sus colaboradores y mi absoluto respeto y comprensión por todos aquellos que hayan sido víctimas -de alguna u otra forma- de la violencia, el miedo y la coacción que supone la actividad terrorista.

Pero es que yo veo más cosas en la declaración que esa perogrullada que vosotros comentáis.
En primer lugar, ellos hablan de la defensa de la libertad del pueblo vasco y todas esas fanfarrias y que su defensa les llevó a prisión. Que esa es la mayor de las mentiras que dicen. Porque lo que les llevó a prisión fue matar a gente, poner bombas y esas cosas, es decir la forma en que decidieron hacer esa defensa. También es cierto que parecen asumirlo, lo cual implica cierto grado de asunción de la responsabilidad (“nuestro traslado a Euskal Herria- se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”).

Pero dicen más cosas: 4. Reconocemos el nuevo escenario surgido tras el cese de la lucha armada de ETA y en adelante, en pro de la libertad de Euskal Herria, utilizaremos vías y métodos políticos y democráticos, de acuerdo con las decisiones que se han tomado en ese sentido.
Por ello, en lo sucesivo renunciaremos al empleo del método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos. Nuestro compromiso con el nuevo escenario es nuestra decisión de fortalecerlo y consolidarlo.
Vamos a ver, estos son los presos terroristas diciendo:

  1. Acatan el cese de la lucha armada de ETA, es decir declaran que no tienen intención ulterior de recaer en su acción delictiva.
  2. Que aceptan el método político y democrático, o sea que se olvidan del “militar” y hacen expresa renuncia del “método utilizado en el pasado”.

Su fuero interno lo imaginamos, pero lo declaran al exterior es altamente reinsertable.

En cuanto a la teoría de la pena y su naturaleza, en España (cómo en todos los países democráticos) se opta por una teoría relativa que garantice la prevención de delitos y la reinserción de los delicuentes.

Olvidaos de que la pena tenga una función retributiva de puro castigo, eso está más que superado.

Dado el extremo daño y alarma social que provoca el terrorismo se justifican esas medidas especiales por la parte “preventiva”, o sea, para que nadie se piense que es “barato” optar por la vía de la pipa y la bomba lapa, nada más.  Es fácil entender que los ofendidos sientan la necesidad retributiva de la pena, desde su perspectiva subjetiva del daño infringido, pero ese razonamiento no es válido para el Estado (ni constitucional, ojo).

Y eso entronca directamente con lo que critican. Y es cierto que hay multitud de excepciones a los beneficios penitenciarios (tercer grado y condicional) si los delitos son por terrorismo. Es cierto que son excepcionalmente duras las condiciones de acceso a esos beneficios, y añado yo que con razón por lo que he dicho en el párrafo anterior.
¿Qué se nos fue la mano con la doctrina Parot y su retroactividad? A lo mejor (o eso ha dicho Estrasburgo). No lo sé, seguramente será un debate doctrinal apasionante. A mi me parece que ahora hay un cambio de melodía política y toca empezar a normalizar esto.

Yo sigo apuntando con el dedo hacia lo que me parece fundamental: cese de la violencia y asunción de los principios legales de nuestro Estado de Derecho. El pasado no se puede borrar, y los gestos de arrepentimiento e implorar el perdón de las víctimas no se van a producir (no dejaría de ser otra tomadura de pelo, después de verles descojonarse en las vistas de los juicios, que ahora se hicieran los buenos para salir de chirona)

Han perdido y lo saben (“Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político”), y a mí la semántica y la oratoria heroica y todas esas chorradas me parecen eso: chorradas. Cómo cuando hablan de la patria vasca y el Rh. Y claro que usan eufemismos “actividad política”, pero es que son tan absurdos que se retratan por si solos.

El proceso de “normalización” o punto final o reconciliación o el nombrecito que le quieran poner, está en marcha y veremos más gestos de una y otra parte. Y a mi me parece inevitable que si continúan sin hacer el animal, nosotros empecemos a pensar que a lo peor también son personas (de las malas, eso sí).
En cualquier caso, que se cumplan la leyes, que para eso están.

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