Marod


Marod

Son las 17:00 hora local de Mejillones, un pequeño asentamiento marinero de la Segunda Región de la República de Chile reconvertido hoy a industrial y turístico según reza su leyenda municipal. Hace un instante el vocero del gobierno de Chile ha anunciado (por eso se llama vocero) la cancelación de la alerta de tsunami provocada por el reciente terremoto en Costa Rica.

Lo cierto es que no puedo evitar una sombra de irónico cinismo reflejada en mi rostro cuando pienso en lo extraños que somos los humanos. Todo lo que hemos avanzado en el conocimiento y dominio de la tecnología y el medio, y seguimos indefensos ante los eventos de gran escala.

No deja de tener su gracia que –cómo bárbaros galos de famosos tebeos – nuestro temor a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, nos derive irremediablemente en un sentimiento de responsabilidad de lo que le pasa al planeta o a sus diversos moradores. Hemos asistido estos días a las enconadas discusiones de unos y otros sobre las diversas amenazas masivas que se ciernen sobre nuestras cabezas. Sin entrar a valorar los intereses o los métodos de unos y otros (bastante se ha dicho ya) sí es cierto que parte del éxito de esta cuestión bebe de ese miedo ancestral que hoy, a mis exactamente 37 años, tengo más presente.

Somos unos animales, de la familia de los primates más en corto, en vez de aplicar esquemas de causas y efectos, aplicamos esquemas de pecado y culpa. Y claro, si aplicamos pecado-culpa, el tercer elemento es la penitencia (acto de contrición y propósito de enmienda). Y no es que no debamos hacer nada, no voy a tratar de eso en estas líneas. Tampoco sé que es lo que hay que hacer, sólo soy un simple primate asustado e indefenso por la magnitud de lo que me rodea.

Algunos opinan y predican lo que debemos hacer, lo que debe hacer la humanidad… cómo si la humanidad fuese su prima y viviera en Cuenca. Me maravilla la gente tan lista.

¿No intervenir? ¿La injerencia humana en el medio ambiente? Ni que el mundo estuviese recién fregado – ¡Niñoooo, no me pises lo fregao! – Somos parte del mundo, no podemos dejar de intervenir.

Pero siempre hay el eterno dedo acusador que nos señala que nuestra injerencia es perversa. No siempre. El gaviotín chico (Sterna lorata) es un ave marina en peligro de extinción, sólo quedan unas cuantas de éstas en el litoral de Perú y norte chileno. Parece ser que les hemos esquilmado sus anchoas y no tienen que comer, además no oculta sus huevos ni los cuida, y claro, son un festín para sus depredadores. Vamos, que el bicho en cuestión no posee una gran estrategia de superviviencia. Mejillones es una zona en plena explosión económica, hay mucha plata rodando por aquí por las minas: el cobre y el litio. Pues han montado una fundación de protección del gaviotín. Para protegerlo, en el fondo siempre hay buena gente dispuesta a salvar al resto de sus pecados. Pecado, culpa y penitencia… si está todo inventado, lleva más de dos mil años inventado.

¿Y qué pasa si extingue el gaviotín? Supongo que lo mismo que si extinguen los osos panda, no gran cosa. Yo, cómo sé más de leyes que de biología, no dejo de pensar en la colisión de derechos. Porque ya puestos a hacer acreedor de derechos a los gaviotines y gaviotinas, ¿Por qué no hacerlo también a la futura especie que ocuparía su nicho biológico? Porque quizá gracias a nuestra protección, no estamos dejando extinguirse a la especie… quizá ese fuera el plan de Gaia, que los que no se adapten deben desaparecer. Es tremendo, que despiadada es la madre naturaleza, parece la madrastra del cuento de Blancanieves. Es una cuestión moral,

¿Somos o no somos graciosos?.

No pretendo hacer un alegato antiecologista, sólo son pensamientos, reflexiones, preguntas sin respuesta, porque no la tengo, ni la pretendo. La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento.

En el fondo lo que nos gusta es discutir, de lo que sea, pero discutir… para tener razón.

Marod

Estimados;

Raras son las ocasiones en que me da por salir de mi escondrijo de lector voyeur que os sigue sin intervenir. En esta me ha dado por querer hacer un análisis crítico del artículo del Sr. Rogelio Alonso.
Vayan mis anticipadas disculpas al Sr. Buesa por no hacer esta crítica en su espacio, pero con lo poco que me prodigo, me siento en deuda con esta Plaza que tan excelentemente me acoge siempre.

Preliminares realizados, al lío:

La línea argumental del Sr. Alonso se centra en atribuir al gobierno anterior una legitimación del entorno político de ETA, y expone – de forma brillante – las contradicciones del actual entre su programa y su política, culpándole de cierta connivencia con el entorno terrorista y vaticinando veladamente una debacle electoral.

Una primera sentencia llama poderosamente mi atención: “La constante necesidad del Gobierno por defender su posición revela que esa desconfianza está fundada”. Hombre, la necesidad lo que revela es la rentabilidad política del asunto en cuestión (que hace ganar o perder votos), pero en ningún caso fundamenta la conducta que el Sr. Alonso atribuye a Mariano y su muchachos. Pero esta conducta es absolutamente normal en política, quien gobierna se defiende y quien opone ataca, de cajón. La contradicción es más dialéctica que material. Ciertamente, quien se opone es una parte de su electorado. Ni mucho menos podemos englobar a todo su electorado. Sabemos que el PP es conglomerado rarito de liberales, conservadores, monárquicos y católicos. Y claro es difícil contentar a tan heterogéneo grupo (sin ir más lejos, no creo que al sector católico le haga puñetera gracia que les salga del armario un miembro de la ejecutiva… sin embargo igual les compensa porque ganan algunos ciudadanos para la causa).

El gobierno quiere pasar página, porque cree que la mayor parte de la sociedad española está preparada o dispuesta a ello. Ningún gobierno quiere tener un grupo terrorista activo sembrando bombas por el territorio.

¿Cuál sería el precio político del PP si en un hipotético golpe de timón recrudeciera la política antiterrorista, y a cambio la banda le pusiera una pica en Flandes con varios muertos? Todavía se acuerdan del trágico episodio del 11-M que – polémicas y sombras a parte – les costó una debacle y no precisamente hipotética. Y les costó porque lo que caló a la mayoría es que unos talibanes salvajes nos habían volado Atocha por culpa de meternos en una guerra en la que nadie nos había dado vela… Y convence tú de que ni eran talibanes, ni que la guerra nos era ajena… tururú.

Mariano es además especialmente tendente a no moverse, llegó a la Moncloa por KO técnico del adversario, que tenía la extraña habilidad de pegarse tiros en los pies a cada paso que daba.

Dice también el Sr. Alonso que el gobierno anterior propició la legitimación del entorno etarra, o de su brazo político. Pero esta afirmación presenta sesgo político, pues bien sabemos que no depende del ejecutivo esta legalización, sino del judicial (Constitucional, en este caso, o Prostitucional rebautizado en esta Plaza). Me dirán a buen seguro que el judicial ya no es poder independiente, y contesto anticipadamente que esa rémora no la podemos atribuir al gobierno anterior, sino a una comandita entre nuestros representantes mayoritarios, que juegan con el judicial a Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.

Deduce – el Sr. Alonso – de esta legalización un fortalecimiento terrorista, que yo no veo. Y no lo hago por un motivo fundamental, que la legalización fue condicionada a renunciar a sus apoyos violentos. Y, sinceramente, me da igual si esa renuncia es más fingida que el orgasmo de una prostituta experimentada. Porque la renuncia tiene que ser formal, lo que quiere decir que lo que realmente piensen esos señores importa muy poco. Si condicionásemos la validez de los estatutos políticos por sus “ocultas” intenciones… me parece que no quedaba partido en pie. Y todos sabemos que estos radicales tienen por objetivo la independencia de una patria de fantasía llamada euskalerría que vivirá en una eterna revolución marxista y comerán perdices… allá cada cual con los cuentos que se crea. Y también sabemos que les importa tres cojones que a causa de la patria fantástica hayan muerto personas inocentes, y que incluso en su fuero interno lo justifican… la libertad y la democracia implica que los hijos de puta no quedan inhabilitados en política.

Lo que verdaderamente posibilita el “proceso de paz” en el que están inmersos nuestros políticos es que hayan cesado los asesinatos. “Interrumpidos por motivos tácticos” dice el Sr. Alonso, como si lo importante fuera la razón en que estriba que los asesinos hayan dejado de matar, para que eso importara deberíamos concederles una condición moral de la que obviamente carecen… ¿A caso Japón se rindió a los USA por un arrepentimiento espontáneo de su invasión en el Pacífico, o fue más bien producto del pepinazo que les dejó de regalo el Tío Sam?

ETA ha dejado de matar porque militarmente ha perdido, sencillamente no pueden mantener la actividad militar. Pero ningún gobierno en sus cabales subestima su capacidad puntual de que te metan una bomba lapa descarriada y te dejen con el culo al aire. Eliminada la acción delictiva armada, no se sostiene constitucionalmente vetar el acceso político ad infinitum. Y si esperamos arrepentimiento sincero y actos de contricción, vamos a tener que echarle paciencia.

Me dirán, con razón, que ETA no ha entregado las armas. Tampoco han cesado las acciones policiales, ni ETA está en las Instituciones, al menos no en puridad. Y si sus herederos ideológicos lo están es porque se cumplen las condiciones: cese de la violencia, rechazo formal a la misma… y sobretodo… que les votan.
Con estas premisas, no está exento de lógica (que no de justicia o de moral) gestos como los de Bolinaga.

Igual me he extendido demasiado, disculpad el ladrillo.

Afectuosos saludos

Nota (pm). Marod está haciendo alusión a este artículo que destacó Mikel Buesa de Rogelio Alonso:

Marod

Hala, dejad al muchacho tranquilo, que sois muchos zurrándole la badana. Aplicando el artículo 24 de nuestra Constitución Española (con perdón Sugar, ;-) ) expongamos sus conclusiones con una argumentación algo más refinada:

1- Cuestión lingüística: la protección (excesiva en mi opinión) que los poderes públicos proporcionan al euskera se fundamenta en dos cuestiones: por un lado – y esto es obvio – por su propia debilidad frente al castellano (por circunstancias personales resido desde hace 3 meses en Vizcaya, y sólo sé decir “egun on”… vamos que no oigo mucho euskera). Si se hablara más euskera que castellano, no tendría sentido protegerlo. Por otra parte, nuestro marco constitucional reconoce la protección de los intereses o derechos legítimos de las minorías representativas. Y ahí está el meollo. Objetivamente, en esta comunidad autónoma las políticas que defienden el euskera son (tan) mayoritarias cómo para legislar en este sentido. Tan lícito es que a mi estimado PM se la fume que desaparezca de la faz de la tierra el euskera, cómo que a Sugar le parezca sacrílego tan siquiera insinuarlo. Ante dos cosas lícitas (nótese que no he dicho razonables, sino lícitas), aquella que obtenga mayor respaldo social se impone, Y tu ejemplo del ligoteo no me vale, porque compara relaciones personales subjetivas, con relaciones sociales objetivas… vamos que no se pueden sumar peras y manzanas. Por esa regla de tres, como a un inglés se le ponga en los cojones conducir por la izquierda… la llevamos clara. Y no me pongas en cuestión la representación política del parlamento vasco, porque nos salimos del marco objetivo que nos viene dado y empezamos a desvariar,
A partir de ahí, podemos discutir si la protección va por exceso y en perjuicio del derecho a hablar castellano, o lo que a cada cual le venga en gana. La inversión lingüística a mi me parece una estupidez supina, más que nada por despreciar el aprendizaje de una de las 3 lenguas más habladas del orbe, y un atropello, lo que mi abuela decía “vestir a un santo pa desvestir a otro”.

Lo de la “ficha-encuesta” no hay por donde cogerlo (y mira que le he dao vueltas a ver si lo podía defender de alguna manera). Con el DNI, van que chutan… ¿más datos? ¿para qué? ¿por cojones? … lagarto, lagarto.

2- Cuestión política: No comparto esa tendencia tan vuestra de comparar a los votantes/simpatizantes de Bildu con ETA. Le has puesto al “dulce” muchacho este una pistola en la mano desde que asomo el morro, sin que él haya dicho esta boca es mía. Bildu es un partido legal, cuyos estatutos cumplen los requisitos exigidos legalmente para constituirse como tal. Y ninguno de sus integrantes tiene causa pendiente ni consta imputado en proceso por delito de terrorismo alguno… ¡Ya, pero lo piensan!, me dirá alguno. Pero es que el pensamiento no delinque, no se puede ser liberal sólo para lo que gusta. Una cosa es que defiendan la -vamos a llamarla así- teoría del conflicto y reconciliación, y otra muy distinta es que sean filo-etarras. Más que nada porque me temo que de considerarlo así, más de la mitad de la población vasca (y del resto de España, si me apuras) sería simpatizante de los terroristas.

Y no te enfades con el chico, porque te llame facha, es que en clase de historia no estaba muy atento. La culpa la tiene el PP, que ha mezclado liberales, católicos, falangistas, monárquicos y franquistas en el mismo saco… y claro la gente se confunde. A la te ven la patita liberal por debajo de la puerta, te llaman de todo, gajes del oficio :-)

atentamente;

Marod

El desarrollo tecnológico de la información y los soportes virtuales (no físicos) han transformado especialmente el campo de la producción intelectual.

Hace no tanto tiempo, la única forma de consumir la obra intelectual de un creador (literatura, música, cine, etc.) era adquiriendo una copia de la misma en un soporte físico (libro, CD, VHS, DVD). Esto otorgaba cierta facilidad en la protección de la propiedad intelectual, pues aunque se podían copiar ilegalmente, exigía cierta actividad física incriminatoria sobre todo si se pretendía abordar a gran escala (que nos regalaba imagenes de montañas de CD´S destruyéndose a manos de nuestras fuerzas de seguridad).

Sin embargo, la evolución tecnológica de la “sociedad de información” ha supuesto una merma considerable, y una de las frases más recurrentes que se oyen “no se pueden poner puertas al campo”.

Es verdad, esta pérdida de corporidad física de la obra intelectual, supone un reto inabordable para los autores, que ven cómo su obra se reproduce como un virus incontrolado en infinidad de sitios web.

¿Deja de ser delito por qué su comisión sea más fácil?

A primera vista NO. Pero la nueva situación hace necesaria una nueva regulación, que ofrezca protección a los autores, pero que tampoco considere conductas punibles y típicas (penalmente) el intercambio de archivos entre personas (de seguir ese razonamiento, nuestra sociedad estaría enferma dados los millones de delicuentes). Así pues, conductas tan popularizadas no pueden considerarse acreedoras de la necesaria reprochabilidad o antijuridicidad como para penalizarlas.

En este punto me parece que uno de los aspectos a revisar debería ser la duración temporal del derecho de autor. Actualmente según lo establecido por el artículo 26 del RD 1/1996 “los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”.

Parece lógico pensar que si uno elabora un producto, determina un precio único. En el caso de los autores, el precio es continuado en el tiempo, lo que le lleva a explotar esa obra en regimen exclusivo para toda su vida y casi la de sus legítimos herederos. Con algo tan fácil de consumir o adquirir, creo que deben replantearse esta exclusividad.

El hecho de poner un límite temporal real a la explotación del autor, significa que las personas que pretendiesen consumir la obra en sus primeros compases deberían ofrecer la contraprestación exigida, pero pasado ese determinado tiempo, la obra se podría difundir libremente. Dando acceso a la cultura a toda la población, y manteniendo a su vez, el incentivo capitalista entre los autores, que ya habrían obtenido la recompensa pecuaniaria por su trabajo.

Significa, obviamente, una reducción de los ingresos. Si ésta deben soportarla los autores, o los editores, o distribuidores…. es otra cuestión en la que deberían negociar las partes y alcanzar acuerdos.

En todo caso deben perder más aquellos que vegan obteniendo mayor rentabilidad del actual sistema, y los consumidores que pretendan  adquirir la obra asumir también que adquirirla “calentita” pasaría a costar algo más dinero (pues también adquieres la exclusividad de acceder a la obra antes que los que la pretendan consumir libremente).

Con esa reforma, sí resultaría más justo perseguir penalmente a aquellos que por cualquier medio difundiesen contenidos protegidos por los derechos de autor antes de tiempo.

Me pregunto si se les habrá ocurrido, quizá sea algo descabellado y yo no lo vea… la duda me corroe… naah que va!! es broma, era una paja mental.

Marod

Desde su desarrollo evolutivo, el ser humano se distingue por su altísimo y complejo grado de socialización que se traduce en organizaciones sociales más completas y desarrolladas que el resto de animales.

Parece fácil concluir la fuerte necesidad humana de crear sociedades que han ido evolucionando y desarrollándose a lo largo de la historia. Desde las primitivas organizaciones tribales hasta los Estados modernos que conocemos hoy, existieron un completo catálogo de distintas organizaciones sociales (desde las “Polis” griegas hasta los Reinos Feudales).

Una sociedad – sea cual sea su forma – se caracteriza por la convivencia de un grupo de individuos que se rige conforme a unas normas, normas que a su vez emanan de los grupos o individuos que las gobiernan.

Como todos sabemos, a lo largo de la historia podemos encontrar multitud de estas formas de gobierno: timocracias, repúblicas, oligarquías, dictaduras, absolutismo, democracia, etc. Todas las formas de gobierno comparten una crítica fundamental que consiste en la legitimidad del poder. Desarrollando este concepto, cabría que se formulasen dos preguntas básicas:

¿Dónde reside la fuente del poder para dictar las normas que rigen una sociedad determinada?

¿Es esa fuente de poder legítima?

Y aquí está el meollo de la cuestión, me explico: En una timocracia la legitimidad del poder reside en la potencia económica, en una oligarquía en la pertenencia a una clase o casta de los individuos, en el absolutismo reside en el poder religioso, en una dictadura en el poder militar. Todas comparten el mismo vicio la legitimidad del poder es injusta por su arbitrariedad. ¿Todas? No, todas menos una… la Democracia moderna, porque en la democracia moderna la legitimidad del poder reside en… ti mi apreciado lector. Sí, sí borra esa sombra de alucinado de tu rostro porque la legitimidad del poder reside en la SOBERANÍA POPULAR.

Y en esto precisamente constituye en mi opinión el dogma de la democracia.

Un poco de teoría del Derecho para que lo veáis más claro. Para los que no conozcáis a Hans Kelsen (principal exponente de la corriente del iuspositivismo) os diré que nuestro actual ordenamiento jurídico (la madre del cordero del Estado de Derecho) no es más que un sistema formal de normas organizadas en una relación jerárquica que termina en lo que Kelsen denominaba “Norma Fundamental”, o sea la Contitución.

Nuestros reglamentos no son válidos por su justicia o injusticia, sino porque los habilita una norma de rango superior (ley), a su vez habilitada por una LO, a su vez los habilitada por Constitución.

Vale, ¿Y qué coño habilita a la Constitución? Los que hayáis pensado la soberanía popular es que me habéis entendido, los que no ruego me disculpéis por no saber explicarlo mejor.

dogma.(Del lat. dogma, y este del gr. δόγμα).

1. m. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.

2. m. Doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia.

3. m. Fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión.

Bueno, y ¿Quién narices es la Soberanía Popular? ¿Alguien me puede dar su teléfono?, este es el dogma, considerar a la soberanía popular como un ente con sustancialidad y voluntad propia (si se parece a una deidad, no me jodas).

O sea, que yo me entere, hace treinta y pico años unos cuantos millones de administrados de esta finca llamada España votaron SÍ a un texto articulado en 178 artículos (cuyo sistema de revisión es más complicado que darle la B mayúscula del sillón de la Real Academia de la Lengua Española a Belén Esteban), y este acto es la base de legitimidad para que nuestros actual gobierno legisle lo que le salga de las gónadas (arribándose siempre alguna otra voluntad política, claro está); y el único condicionante es que cada 4 años esos millones de administrados digan si prefieren que sea José Luis, Alfredo o Mariano quien se ocupe de sus destinos. Que nadie se pierda en esto, la legitimidad del sistema reside en el primer sí a la Carta Magna, lo de las elecciones cada 4 años es circunstancial.

No quiero que se interprete esto como una renuncia personal a la democracia. Evidentemente, tiene muchas ventajas con respecto a otros regímenes, sin ir más lejos la voluntad individual (libertad de expresión que ahora mismo ejerzo, libertad de pensamiento, de culto, propiedad privada, etc.) es lo más positivo y destaca sobre otras formas de gobierno.

Pero no compremos motos que no andan, la libertad colectiva es un dogma, no tenemos libertad de elegir sobre cuestiones como tributario, organización de Estado, educación, etc. Y no la tenemos porque en cuanto las decisiones trascienden la esfera de lo individual deja de haber una única voluntad, y es cuando las opciones de unos se deben imponer sobre las de otros. Lo que hace la democracia es una magnífica ilusión de que somos realmente nosotros los que decidimos esas cuestiones.

Quizá la iniciativa de “hablar con mi diputado” impulsada en este foro prospere y me tenga que “comer” las 864 palabras de este articulillo de tres al cuarto, pero desgraciadamente creo que tengo razón. El tiempo – como siempre – será nuestro mejor juez.

Marod

Este artículo lo realizo a petición expresa del propietario de esta bitácora, ruego me disculpen aquellos que aprecien el texto aburrido, carente de interés y/u ofensivo. Las reclamaciones a este respecto a la atención de Plaza Moyua; las que sean por las ideas, opiniones, errores o inexactitudes varias tienen un único responsable que no atiende reclamaciones (yo).

Antes de formarse una visión subjetiva al respecto del tema, no estaría de más poder contar con algún material objetivo que nos sirva de “ancla” para que esto no se convierta en una sucesión de opiniones gratuitas más o menos in-sensatas.

Para ello nada mejor que consultar la página del Ministerio de Cultura.  Para el que no tenga gana o paciencia, lo resumo de la forma más breve y sencilla que me puedo permitir.

En primer lugar: hay que saber qué es lo que subvenciona, y en el área de “Cine y Audiovisuales” existen un buen número de convocatorias que van desde ayudas a la producción, creación de series de animación, ayudas a presentación a certámenes, etc. Es decir que la Administración trata de cubrir distintos objetivos realizando diferentes convocatorias públicas con sus específicos requisitos para acceder a la ayuda. Pero fijémonos en dos principales: Ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de largometraje 2011  y Ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto 2011.

Estas son – a groso modo – las que tienen como objetivo ayudar en las fases iniciales de la producción (hay otras posteriores, dirigidas a gastos de distribución y amortización de las productoras, pero tienen criterios correctores en función de su permanencia en Salas y recaudación).

En segundo lugar: ¿A quién se subvenciona?

  • Los que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social.
  • Los que sean de carácter documental.
  • Los que sean de carácter experimental.
  • Los que incorporen nuevos realizadores.

En tercer lugar: ¿Quién concede la subvención?: El Director General del Instituto de la Cinematografía y bla bla bla, a propuesta de un Comité de Ayudas a la Producción, formado por profesionales del sector.

En cuarto lugar y más importante: ¿Cuánto nos gastamos en estas dos? La dotación presupuestaria de ambas ayudas es de 10.000.000€ (ocho para las que van sobre proyecto y dos para la producción).

Una vez que nos hemos introducido brevemente en el asunto, podemos formarnos una opinión crítica.

Nada malo ni perverso hay en que La Administración conceda ayuda a la realización de proyectos cinematográficos. A fin de cuentas, se trata de una actividad comercial privada lícita que fomenta empleo (no sólo a nivel de artistas) y establece mercados secundarios o complementarios; y que por lo tanto, mueve la economía (unos 65.000.000€ de recaudación en 2010, a pesar de su fuerte recesión).

Además, hay que contar con que la difusión de obras culturales da publicidad y prestigio a la nación, no olvidemos que varios de nuestros cineastas han ganado premios de reconocido prestigio internacional (independientemente de que subjetivamente sean del gusto de cada cual, nos dan prestigio).

Y por último, hay proyectos de interés cultural o documental, pero de escaso valor comercial. Sin estas ayudas públicas, estos proyectos jamás verían la luz.

El problema más complejo viene a la hora de determinar quien debe conceder estas ayudas. Obviamente, dado que las otorga La Administración, debe ser un organismo político, sin que ello signifique necesariamente “patente de corso” para la arbitrariedad. Para eso las ayudas se aprueban reglamentariamente con arreglo a unos criterios y requisitos lo más objetivos posibles.

¿Qué ocurre? Pues como en todo, los órganos de la Administración tienen una eficiencia limitada, y siempre habrá corruptelas, amiguismos y relaciones de clientela entre políticos y determinados “artistas”. ¿Eso significa que sea condenable el sistema entero? Pues mire, no. Hay que establecer mejores controles políticos para evitar arbitrariedades (pero no en este campo sólo, en todos).

Pongo un ejemplo, si alguien dijese que el motor de explosión es una aberración porque no transforma todo el combustible en movimiento, y que debe ser erradicado ¿estaría en lo cierto?, o ¿no sería mejor optimizar su eficiencia para que rindiese más y consumiese menos?. Pues esto es algo similar, no erradiquemos el sistema, mejoremos su eficiencia para que el dinero de todos cumpla sus funciones, y no se “transforme en calor” sino en “movimiento”.

Por último, también son injustas las críticas sobre lo que nos gastamos en cine. Miren, sólo el gasto (no financiero) del Estado para 2011 es de 150.056.000.000 € (más de 150 mil millones de Euros), la dotación presupuestaria para estas dos ayudas que acabo de diseccionar asciende a 10 millones, o sea un 0,006%. Tampoco nos va a sacar de pobres y por lo menos, alguna película habrá que les haga olvidar por –al menos 70 minutos- las portadas de los diarios.

 

Fuentes:

-       Cuaderno Blanco de los Presupuestos Generales del Estado: http://www.sgpg.pap.meh.es/sitios/sgpg/es-ES/Presupuestos/Documents/Ley%20PGE%202011/CUADERNOBLANCO2011v2DEFINITIVOESPA%C3%91OL.pdf

-       Web del ministerio de cultura: http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Cine/index.html

-      La Gaceta: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/recaudacion-taquilla-del-cine-espanol-cae-picado-2010

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