Marod


Marod

Hola amigos y amigas y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección jurídica. En este mes de abril, tras una ardua tarea de selección de sentencias, me he decidido por un tema novedoso y que, cumple con mi solemne promesa de traer decisiones “políticamente influidas y cuestionables” de nuestro alto tribunal. No se me vayan a quejar ;-) .Sin más dilación, vamos a por el turrón.

HECHOS EN LID

Recurso de inconstitucionalidad de la ley 4/2005 del parlamento vasco (los irreductibles, también son ganas de provocar ;-) ) para la igualdad de hombres y mujeres.
Concretamente contra 4 artículos que (básicamente y por abreviar) disponen que se garantice en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, o sea cuando los dos sexos están representados al menos al 40 por 100. Y, de otra, que las candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50 por 100 de mujeres.

Resumiendo, se obliga a que los órganos administrativos (más de dos miembros y miembras) tengan un mínimo de cuota de genero del 40% e igualmente que los tribunales de selección de cargos públicos cumplan la misma cuota.
Y un 50% de mujeres en las listas electorales.

PARTES.

ATACANTE: 62 diputados del PP
DEFENSOR: Parlamento y gobierno del País Vasco (no le hacen asco)

“el Abogado del Estado se personó en el procedimiento y manifestó su intención de no formular alegaciones, rogando no obstante que se le notificara la Sentencia que en su día pusiera fin al proceso” (qué bueno!! Una cosa así como diciendo… Despertarme cuando acabéis :-) )

ARGUMENTOS ATACANTE

– Para los demandantes faltaría en el presente caso el requisito de una situación de partida discriminatoria, pues sostienen que es “extremadamente dudoso” que en el seno de las Administraciones afectadas “un determinado género parta de una situación de postergación”. Además “la finalidad perseguida por la norma, que hombres y mujeres participen en un órgano administrativo pluripersonal, es ilegítima”, pues en tales órganos no se realiza la participación política (salvo que estén reconociendo que la función pública está politizada…. Cosa que todos sabemos imposible :-) ) O sea, dicen los chicos del PP que es innecesaria una ley de cuota en un sector dónde las condiciones de igualdad de acceso son evidentes (ejem, ejem)

– incongruencia de unas normas cuya causa (la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres) tiene como efecto la eliminación de criterios de objetividad, conocimiento, mérito y capacidad en el seno de dichos órganos, lo que supondría la infracción del art. 103.3 CE. (O sea, a qué cojones estamos, a igualdad o a mérito, a setas o a Rolex? Aclararos hostia pues!!!)

– La categoría de ciudadano, a efectos de elegibilidad, es una e indivisible y el legislador tiene prohibido crear diferencias internas en esa categoría. Para el legislador electoral, en aras de la igualdad de derechos, “sólo puede ser relevante la categoría de ciudadano tal y como resulta legalmente acuñada, de manera que resulta constitucionalmente prohibido quebrar la igualdad jurídica de los elegibles en nombre de la promoción social de la mujer, del anciano, del discapacitado, del joven, del marginado, o de la minoría cultural o religiosa, por valiosa y deseable que pueda ser la mejora de su condición.

De aceptarse la constitucionalidad de una medida como la adoptada por el legislador vasco en favor de la mujer con igual razón podrían exigir algún beneficio otras categorías o segmentos sociales, y de aceptarse esto se primaría la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos (toma sopapo!! :-) ) que a la libertad de la democracia representativa. “Todo ello perfilaría un cuerpo representativo sectorializado que impediría mantener el concepto de Pueblo Soberano decisor”. (Que os cargáis el dogma, animaleeeees!!! ) Consecuentemente las normas recurridas “suponen un torpedo en la línea de flotación de la democracia representativa que exigiría una reforma constitucional.

– Esta circunstancia de laboratorio conduce derechamente a evidenciar el ataque frontal contra el pluralismo político (art. 1.1 CE) de la concepción encerrada tras este tipo de normas lectorales, perfilando candidatos y relegando al partido en sus opciones de selección”. Una intervención tan agresiva de los poderes públicos en el ámbito de libertad de los partidos terminaría con la línea de control mínimo e imprescindible observada hasta el presente de acuerdo con la doctrina fijada, entre otras, en la STC 85/1986. De hecho las normas recurridas quebrarían incluso la libertad ideológica y de defensa del propio pensamiento (art. 20 CE) y la libertad de ideario de los partidos. Paradójicamente, concluye la demanda, al tiempo que se cuestiona por algunos la legislación dictada para excluir del juego democrático a partidos vinculados con el terrorismo, se aprueba una Ley que impide la existencia de partidos y de asociaciones compuestos sólo por hombres o mujeres, bien para defender intereses de género, bien para hacer libre uso del derecho a asociarse y a concurrir a las elecciones en compañía de los afines.

ARGUMENTOS DEFENSOR

– se limita la selección de personas entre quienes cuenten con “capacitación, competencia y preparación adecuada”, por lo que la norma no afecta a los principios de mérito y capacidad.

– las normas en cuestión no crean, a juicio del Parlamento, ninguna desigualdad, ni ninguna discriminación positiva, pues no priman a ninguno de los dos sexos, sino que más bien tratan de prevenir que se incurra en desigualdades (no hace expresa referencia a sexo. Aunque se le olvida que sí la hace en las listas electorales)

– frente al argumento de que la medida se ha adoptado sin una sólida justificación de la situación de preterición de la mujer en la actualidad institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que, ante situaciones que constituyen una realidad innegable, resulta “chocante o, incluso, sarcástico” que alguien sostenga que deban presentarse pruebas suficientes para justificar la adopción de medidas paliativas de la desigualdad (toma sopapo guapo :-) … Qué sutileza, para que luego digan que los vascos son brutos :-) )

(… Hay muchos más en el argumentario vasco, pero no tenemos espacio para más)

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad, núm. 4057-2005, interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular

Ohhhhh!!! Maldito nido de turistas!!. Al menos veamos la motivación

FUNDAMENTOS DEL TC

– una representación equilibrada” de hombres y mujeres en determinados órganos no puede considerarse inconstitucional en cuanto los porcentajes de representación establecidos se refieren por igual a ambos sexos, teniendo cada uno de ellos asegurada una representación que se sitúa en una horquilla del 40/60 por 100 de la composición admitida como posible. Fórmula, que, como hemos dicho en la STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 5, hace posible, de manera “razonable”, una “composición equilibrada” que no puede estimarse contraria al art. 14 CE (igualdad)

– en ambos casos se especifica que los hombres y mujeres que, en la proporción señalada, integren los órganos administrativos en cuestión han de contar con “la capacitación, competencia y preparación adecuada” (vamos que fail a la argumentación de que se carga el principio de mérito)

– La igualdad que el art. 1.1 de la Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el art. 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial recogida en el art. 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los grupos sea real y efectiva. A más, a más, se deriva la justificación constitucional de que los cauces e instrumentos establecidos por el legislador faciliten la participación de todos los ciudadanos, removiendo, cuando sea preciso, los obstáculos de todo orden, tanto normativos como estrictamente fácticos, que la impidan o dificulten y promoviendo las condiciones garantizadoras de la igualdad de los ciudadanos

– No se trata, pues, de una medida basada en los criterios de mayoría/minoría (como sucedería si se tomase en cuenta como elementos de diferenciación, por ejemplo, la raza o la edad), sino atendiendo a un criterio (el sexo) que de manera universal divide a toda sociedad en dos grupos porcentualmente equilibrados”, con la cual se “persigue la efectividad del art. 14 CE en el ámbito de la representación política, donde, si bien hombres y mujeres son formalmente iguales, es evidente que las segundas han estado siempre materialmente preteridas. Exigir de los partidos políticos que cumplan con su condición constitucional de instrumento para la participación política (art. 6 CE), mediante una integración de sus candidaturas que permita la participación equilibrada de ambos sexos, supone servirse de los partidos para hacer realidad la efectividad en el disfrute de los derechos exigida por el art. 9.2 CE

– la diferencia entre los porcentajes mínimos/máximos posibles en todo caso para hombres y mujeres no puede ser calificada de excesiva en atención a la necesidad de corregir una situación de desequilibrio entre los sexos históricamente muy arraigada. Obviamente esta medida en concreto (como con carácter general todas las dirigidas a la promoción activa de un colectivo discriminado) sólo se justifica en la realidad de las circunstancias sociales del momento en que se adopta, de manera que su misma eficacia habrá de redundar en la progresiva desaparición del fundamento constitucional del que ahora disfruta. Se trata, en definitiva, de una medida sólo constitucionalmente aceptable en tanto que coyuntural (o sea vale para AHORA, no ad infinitum… Una vez superadas las desigualdades, esta interpretación constitucional se autodestruirá :-) )

– tampoco del art. 23.1 CE puede derivarse un derecho subjetivo de los ciudadanos a una concreta composición de las listas electorales. La afirmación de que nadie ostenta un derecho fundamental a ser presentado como candidato en unas elecciones (STC 78/1987, de 26 de mayo, FJ 3) encuentra su natural correlato en la constatación de que tampoco nadie puede pretender ser titular del derecho fundamental a que las formaciones políticas enumeradas en el art. 44 LOREG presenten a terceras personas como candidatos. El derecho de sufragio activo recogido en el art. 23.1 CE se ejerce por los ciudadanos mediante la elección, a través del sufragio libre, igual, directo y secreto, entre las opciones presentadas para su consideración por las formaciones políticas habilitadas al efecto por la legislación electoral, sin que forme parte de ese derecho la facultad de otorgar la condición de candidato a quien no fue propuesto como tal por los partidos políticos (que os quede claro que el derecho es a elegir packs, no personas…. Que os habíais creído, niños? :-) )

-tampoco es de apreciar que “las medidas controvertidas quiebren la unidad de la categoría de ciudadano o entrañen un riesgo cierto de disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales o por categorías”, toda vez que “el principio de composición equilibrada de las candidaturas electorales se asienta sobre un criterio natural y universal, como es el sexo”, debiendo señalarse que previsiones como las enjuiciadas “no suponen la creación de vínculos especiales entre electores y elegibles, ni la compartimentación del cuerpo electoral en función del sexo. Los candidatos defienden opciones políticas diversas ante el conjunto del electorado y, caso de recibir el respaldo de éste, lo representarán también en su conjunto y no sólo a los electores de su mismo sexo. No cabe atender, pues, al argumento de que el requisito de la paridad perjudica a la unidad del pueblo soberano en la medida en que introduce en la categoría de ciudadano … la divisoria del sexo. Baste decir que el cuerpo electoral no se confunde con el titular de la soberanía, esto es, con el pueblo español (art. 1.2 CE), aunque su voluntad se exprese a través de él. Este cuerpo electoral está sometido a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), en tanto que….

“el pueblo soberano es la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del Ordenamiento”” (si me puedes poner eso en negrita te aplaudo con las orejas.) (Quien decía el otro día no se qué de que no había dogmas en el Derecho?? :-) :-) )

Es lo que hay amigos y amigas. La Plaza es ahora vuestra, de los valientes que hayan tenido agallas a meterse este ladrillo entre pecho y espalda.

Yo, por mi parte, me voy a poner de lado de mi amigo TC, por no perder tradiciones ;-) … El que tenga huevos, que me lo rebata!! ;-)

Nota: deber cumplido, y un día antes de tiempo!!. Mi nueva Plaza, bien. Gracias!

Marod

De la serie “Jurisprudencia que se entienda” (bueno pensar un título mejor, que yo para la síntesis soy un negado).

Permitidme un breve preámbulo ya que estoy insuflando vida a nueva sección (o al menos se intenta…veremos si la criatura despierta suficiente interés para seguir viviendo otro mes). Breve, un par de notas sobre su funcionamiento y declaración de intenciones de su descerebrado autor.

Seguiré un mismo esquema siempre, con el fin de dotar a la criatura de un mínimo de imparcialidad:

1. Partes y hechos en lid
2. Argumentos atacante y defensor (contradicción)
3. Fallo (sentencia, se entiende)
4. Fundamentos TC (motivación del fallo)

En la entrada propiamente dicha, seré siempre imparcial y cualquier comentario, explicación o chiste malo de mi cosecha irá entre paréntesis. El resto, si bien no siempre será literal (por obvios motivos de espacio y de que esto sea mínimamente tragable para cualquier lector) , será siempre fiel expresión de su original y, por tanto, ajeno a este humilde leguleyo.

En los comentarios (si es que me quedan fuerzas :-) ) ya pasaré de estas mariconadas y haré lo que me de la gana y emplearé todas las marrullerías y trucos que me apetezcan.

– Abrimos marzo con:

Recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno cántabro por la ley de prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica (con dos cojones, Nacho :-) )

HECHOS: aprobación y promulgación de la ley del parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. La ley expresada consta de tres artículos y establece un prohibición general y absoluta de la técnica de fracking en toda Cantábrica.

PARTES: Atacante (me mola más que recurrente, es más teatral) el Abogado del Estado, en nombre de Mariano Rajoy. Defensor, el Letrado del servicio jurídico del gobierno de Cantabria (Jesús que cargo más largo), en nombre del Parlamento cántabro (mayoría absoluta pepera… Nacho Diego. Es una lucha fraticida, esta. No lo entiendo muy bien, pero bueno)

Argumentos ataque: (Ahorraré mucha jerga técnica y motivos procesales porque son un coñazo infumable y sólo podrían interesar a frikis juristas…si alguno estuviese leyendo ya puede dejarlo :-) )

Básicamente interesantes podemos englobar en dos aspectos: el puramente competencial (Madrid vs Santander) y el relativo a la protección ambiental vs desarrollo económico y generación de riqueza (sí, amigos, nuestro TC va a conocer sobre si es mejor aplicar un principio de prudencia por si el fracking fuese malo maloso y peligroso, o por el contrario hay que ponerse a contar billetes…. No me digáis que no estáis impacientes….)

Dice el Abogado del Estado que procede la inconstitucionalidad de la ley cántabra porque invade una competencia exclusiva del Estado: la de Minas y la de Ordenación económica. Que el parlamento cántabro no tiene competencia para prohibir una actividad minera/energética y mucho menos para obstruir o excluir su territorio de la generación de riqueza nacional (a ver que se creen estos cántabros, catalanes? :-) )

Después les mete el dedo en el ojo porque los legisladores cántabros ponen la motivación de la prohibición en un pretendido principio de prudencia en cuanto a la necesaria y superior necesidad de protección del M.A. y la salud. Y trae hasta informes de la Dirección General de Minas: En el referido informe se concluye que “dada la importancia estratégica del suministro energético, tanto a nivel nacional en términos de seguridad de suministro y de balanza de pagos como a nivel regional y local, por su potencial para generar actividad económica complementaria y compatible con el tejido existente, parece justificado permitir el desarrollo de este tipo de proyectos. No obstante, siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y de protección medioambiental vigentes, sin que se aprecien razones técnicas objetivas que justifiquen el establecimiento de una prohibición general a priori” y que, por tanto, “Cuando el Estado ha dictado, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para valorar e integrar el interés medioambiental, la prohibición autonómica de la técnica del fracking resultaría pues arbitraria y desproporcionada, si se tiene en cuenta que también la normativa básica exige una evaluación de impacto ambiental previa a la aprobación de todo proyecto”

El Abogado del Estado considera vulnerados los arts. 128.1 CE (“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”) y 130.1 CE (“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos…”). La prohibición que establece el art. 1 de la Ley de Cantabria 1/2013 sería desproporcionada y podría dar lugar a la privación de recursos energéticos estratégicos para el interés general; máxime si esta iniciativa de prohibir el uso de la técnica de la fractura hidráulica se extiende a otras Comunidades Autónomas. Así viene ya sucediendo en La Rioja y Navarra, mientras que en otras Comunidades Autónomas, como Aragón, Baleares y País Vasco, se están tramitando proposiciones de ley en el mismo sentido. Todo ello podría suponer una seria limitación a la posibilidad de investigar y explotar los recursos de hidrocarburos no convencionales en gran parte del territorio español; extremo que acredita la incidencia de esta cuestión en la ordenación general de la economía.

Argumentos defensa:

El mandato constitucional de protección del medio ambiente (art. 45.2 CE) es claro y terminante. Por otra parte, en materia de protección medioambiental el Estado tiene competencia exclusiva para aprobar la legislación básica, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección (STC 60/2013, entre otras), que pueden ser más severas que las estatales, sin que ello infrinja el sistema constitucional de distribución de competencias. La prohibición del fracking en Cantabria constituye una medida de protección adicional del medio ambiente, más protectora que la regulación estatal; se conecta con la competencia de ordenación del territorio y resulta adecuada al principio de proporcionalidad conforme ha sido definido por la doctrina constitucional. Tal prohibición sería la única medida equilibrada, idónea y necesaria para preservar el medio ambiente y la salud de los ciudadanos que habitan en las zonas de sondeos mediante dicha técnica. La incidencia del uso del fracking sobre el medio ambiente es incuestionable, toda vez que esta técnica supone una contaminación en los acuíferos subterráneos, dada la inyección de productos químicos que implica. Es pues natural que, en el marco de sus competencias, la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013 haya establecido un régimen de protección de los ecosistemas ante una actividad que constituye un riesgo para el medio ambiente, teniendo en cuenta la extraordinaria complejidad de la geomorfología de esta Comunidad Autónoma, muy rica en cuevas (algunas de ellas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO) y en extraordinarios recursos hídricos subterráneos.
Para la cosa de la salud dice que toda vez que el uso de la técnica de la fractura hidráulica conlleva riesgos para la salud de las personas y animales, dado el empleo de sustancias tóxicas que requiere. Resulta llamativo —a juicio del representante del Parlamento de Cantabria— que esa toxicidad ,aunque se califique como no elevada, se reconozca en el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas que se acompaña a la demanda, al igual que le llama la atención el silencio que se guarda —en la propia demanda y en el dictamen del Consejo de Estado que a la misma se acompaña— sobre los efectos del fracking para la salud.

(En resumen que aplicando un principio de precaución y teniendo en consideración lo mucho que podría joderles el fracking en cantabria, a sus vacas y sus cuevas y esas cosas suyas, que vayan a fracking a la sierra de Madrid, no te jode)

FALLO (se admiten apuestas….trrrrrrrrr… Redoble de tambor)

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:

Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.
Dada en Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil catorce.

(Ohhhhh, gana Estado central… Malditos fachas!! :-) )

FUNDAMENTOS (motivación del TC)

Con el tema “verde” dice el TC: La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea publicó el 10 de agosto de 2012 un informe, relativo a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa, y el Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones relativas a los recursos de hidrocarburos no convencionales denominadas “Las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto [2011/2308(INI)]” y “Los aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto [2011/2309(INI)]”. En todos estos documentos se pone de manifiesto que el desarrollo del gas de esquisto es hoy controvertido en la Unión Europea, sin que existan datos terminantes sobre sus eventuales riesgos para la salud y el medio ambiente (vamos que no se sabe. No tan claro como decía el letrado cántabro)

Y en cuanto al tema competencial:

– Esta prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria contradice de manera radical e insalvable lo dispuesto en el apartado 5 del art. 9 de la Ley del sector de hidrocarburos, añadido por la citada Ley 17/2013, en cuya virtud se autoriza la aplicación de la técnica de la fractura hidráulica en el desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales, precepto formal y materialmente básico ex art. 149.1.13 y 25 CE. Conforme ya quedó señalado, constituye un marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional, referido al empleo de una técnica habitual en la industria para la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional. El legislador autonómico no se limita pues a establecer las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que en la materia correspondiente le asigne su Estatuto, siempre “respetando las bases establecidas por el Estado” (SSTC 135/2012, FJ 2 y 8/2013, FJ 3); vulnera la competencia estatal al entrar en conflicto con la eficacia de la legislación básica que se dicta al amparo de la misma en el territorio de Cantabria.

La prohibición impuesta por el art. 1 de la Ley impugnada no puede considerarse como una norma adicional de protección en materia medioambiental, conforme a la doctrina constitucional al respecto.

La prohibición absoluta e incondicionada de una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos no puede decidirse por una Comunidad Autónoma (por si no les había quedado claro :-) )

Y hasta aquí, mis queridos amigos, la sentencia de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, y que la próxima vez que discutáis en la próxima reunión de familiares o amigos sobre el tema, podáis citar -ebrios ya en la sobremesa- el caso del gobierno de España contra cantabria y la doctrina de la STC 106/2014.

Nota: No me he olvidado de mi promesa acerca de traer alguna que podáis calificar de STP (sentencia tribunal prostitucional). En la próxima cumplo… Soy hombre de palabra ;-)

Me temo que es demasiado largo. No es por plomo, de verdad, es que es jodido resumir los “ladrillos” del TC. Ya siento.

Marod

Tras seguir atentamente la discusión [–>] entre Rawandi, Plaza y Francisco estaba repasando doctrina sobre la libertad religiosa en España. Y me he encontrado con un caso curioso que, más allá de lo anecdótico, tiene cosas interesantes al respecto.

La cosa fue que allá por el 2004 la Junta del Ilmo. Colegio de Abogados de Sevilla aprobó unos nuevos estatutos cuyo artículo 2° estableció: “El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla es aconfesional, si bien por secular tradición tiene por Patrona a la Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción Inmaculada”.

No me digáis que no tiene guasa el artículito de los cojones. :-) .Como siempre hay el clásico ateo beligerante (tipo Rawandi) faltó tiempo para solicitar amparo a nuestro (vuestro, mejor) despreciado “Prostitucional”. Y nos deja el alto tribunal perlas como estas:

– “En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que se refiere el art. 16.3 CE: primero, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas confesiones. En este sentido, ya dijimos en la STC 46/2001, que “el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de neutralidad, considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener ‘las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”

Punto ciertamente interesante este de la “laicidad positiva”, que viene a reconocer el componente religioso en la sociedad derivando así la obligación de los poderes públicos no tanto a no sostener ninguna creencia, como a colaborar con todas. Frente a ese laicismo beligerante, que no pocas veces se pone la acofensionalidad del Estado por bandera, no está demás que sepamos un poco de doctrina constitucional.
Pero dejemos que nos ilustre un poco más vuestro Alto prostíbulo (pobre TC, lo que tiene soportar en esta página ;-) )

– De otro lado, en cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC 177/1996, la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual”, y asimismo, junto a esta dimensión interna, esta libertad “incluye también una dimensión externa de agere licere (actuar lícitamente… Estos si no dicen algo en latín es que revientan) que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros” que se traduce “en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso”, tales como las que se relacionan en la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa, relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades. Se complementa, en su dimensión negativa, por la prescripción del art. 16.2 CE de que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” (se ve que los concejales de Reus de esto no tenían ni puta idea, pero Total pa que!! Ni que hiciera falta mirarse las leyes orgánicas o la Constitución pa dictar putas ordenanzas)

Y qué pensáis que hizo el TC con la solicitud de amparo del funesto abogado ateo sevillano? trrrrrrr (redoble de tambor)

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por don (… Fulano de tal)

Ohhhh. Mierda de nido de curillas! (Estarán pensando algunos). Tranquilos, esta gentuza (cariñosamente empleado el término) tiene por costumbre (y por obligación que cojones) motivar sus sentencias:

– nuestra labor debe comenzar tomando en consideración que todo signo identitario es el resultado de una convención social y tiene sentido en tanto se lo da el consenso colectivo; por tanto, no resulta suficiente que quien pida su supresión le atribuya un significado religioso incompatible con el deber de neutralidad religiosa, ya que sobre la valoración individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la comúnmente aceptada, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el sentido de los símbolos, que siempre es social. En este mismo sentido, la muy reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2011, caso Lautsi y otros contra Italia -que ha juzgado sobre la presencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas- pone de relieve que, en este ámbito, la percepción subjetiva del reclamante por sí sola no basta para caracterizar una violación del derecho invocado.

Obviamente, nuestro TC aprecia que el sentido de declarar patrona a la Virgen es puramente simbólico. Ya sabemos que a Plaza lo de los símbolos y las etiquetas no le va mucho, pero parecen ser importantes para el reconocimiento externo de algunas instituciones.

Además, añade el TC, “es indudable que muchos símbolos religiosos han pasado a ser, según el contexto concreto del caso, predominantemente culturales aunque esto no excluya que para los creyentes siga operando su significado religioso. En este sentido, en la STC 19/1985, señalamos que la circunstancia de que el descanso semanal corresponda en España, como en los pueblos de civilización cristiana, al domingo, obedece a que tal día es el que por mandato religioso y por tradición se ha acogido en estos pueblos; esto no puede llevar a la creencia de que se trata del mantenimiento de una institución con origen causal único religioso”

Ni tampoco se deja la dimensión subjetiva fuera de motivación (al menos hay que reconocerles el trabajo a estos “turistas” de reconocido prestigio ;-) )

– En este punto ha de partirse de que los elementos representativos a que nos venimos refiriendo, singularmente los estáticos, son escasamente idóneos en las sociedades actuales para incidir en la esfera subjetiva de la libertad religiosa de las personas, esto es, para contribuir a que los individuos adquirieran, pierdan o sustituyan sus posibles creencias religiosas, o para que sobre tales creencias o ausencia de ellas se expresen de palabra o por obra, o dejen de hacerlo.

Con todo, es preciso coincidir con el recurrente en que su libertad religiosa quedaría menoscabada si, en virtud de la norma colegial, se viera compelido a participar en eventuales actos en honor de la Patrona del Colegio de Abogados. Como apreciamos en la STC 101/2004, de 2 de junio (FJ 4), la imposición del deber de participar en un acto de culto, en contra de la voluntad y convicciones personales, afecta a la vertiente subjetiva de la libertad religiosa, constituyendo un acto ilegítimo de intromisión en la esfera íntima de creencias”… Pero como no era el caso… La Virgen sigue siendo la Patrona de los abogados sevillanos (imagino)

Ya ves, Rawandi, que mal que le pese a Dworkin, En Derecho lo de one right answer, no siempre se cumple ;-) y nuestro Derecho Positivo (afortunadamente) sí distingue bastante claramente entre Moral y Derecho.

No olvides que religión es consustancial al ser humano, y muy probablemente una etapa muy necesaria en la evolución del raciocinio humano. Además de conflictos (muy normal entre humanos por todo tipo de cosas) nos ha aportado grandes avances intelectuales.

Para Rawandi (pm):

in-god-we-trust

Marod

Buenos días amigos y amigas, voy a desbarrar un ratito (no mucho) sobre el caso Noos (Noos forramos, que dicen que dijo el Rey Felipe VI cuando le pidieron opinión).

Lo que pasa que los que ya me conocéis, ya os imagináis que voy a tratar otros aspectos más allá del clásico morbo de “no hay pan para tanto chorizo” y esas cosas.

Una vez más, voy a tratar de dejar en corto y a la vista dónde realmente pervierte el gobierno a la justicia y a la tan denostada separación de poderes.

Pedro Horrach es el fiscal anticorrupción de Palma. Su jefe es Tomás Barceló. Y el Jefe de Tomás es el amigo Torres-Dulce. Y Torres-Dulce, a pesar de proclamar a los 4 vientos la independencia del ministerio fiscal, le debe su puesto al gobierno, y su jefe – de facto- es el Ministro de Justicia…. y el jefe del ministro es Mariano.

Date tú que Mariano despacha con SAR a menudo y date tú que SAR es el jefe del Estado (formalmente, pero ser, ser… lo es).

Estas tenemos. Pues el Fiscal dice que no hay pruebas objetivas contra la infanta en su escrito de calificación… eso sí contra Urdanga, Torres y la “costilla” de éste hay pruebas suficientes como para encalomarles 20 añitos a la sombra.

Ya os comenté en cierta ocasión la vinculación que supone al juez el título de condena y la acusación. Sin acusación no hay condena. El juez no podrá hacer nada de nada de nada de nada contra Dª Cristina.

Bien, en una causa penal puede haber tres tipos de acusación:

– Pública: la que ejerce el Fiscal en defensa de la legalidad y el estado de derecho

– Particular: la que ejerce el directamente ofendido por el delito. La familia del muerto, el robado, el calumniado, etc.

– Popular: Se basa en un par de “tonterías” que a algún “descerebrado” se le ocurrió meter en la CE.

Por un lado “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión” y por otro “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.” Artículo 24 y 125 respectivamente.

Y mira tú, ¿En qué estarían pensando estos próceres de la democracia, que no se les ocurre otra cosa que incluir el art.24 (TJE) en los denominados Derechos Fundamentales? Ahora hay que hacer una gimnasia tremenda para desvirtuarlos.

Y ¿cómo hicieron esa gimnasia? Con una cosa que se llama la doctrina Botín. La doctrina Botín consiste básicamente en negar la posibilidad de acusación popular cuando la materia del delito sean intereses particulares y cuando tanto fiscalía como acusación particular coincidan en no acusar.

¡Carambola! porque “Noos” lesiona intereses particulares (ja ja ja ja) y el Fiscal Horrach no está por la labor.

¿Qué nos queda? la acusación particular de esos “intereses particulares”… que es….. (redoble de tambor)… La hacienda pública, o sea el abogado del estado.

¿En serio? ¿What the fuck? Y no me digas que el abogado del estado tampoco aprecia pruebas objetivas de que la infanta haya participado en la trama. Nooo, no puede ser… ¡Qué raro!. Oye si los dos coinciden será verdad, ¿no?.

¡Hala, a joderse esos fachas de Manos Limpias! no vaya a ser que el Juez que conozca la fase de enjuiciamiento le de por ser independiente (que este sí puede) y nos forme la marimorena.

Si el juez Castro encaja la “doctrina Botín” (habría que mirar la jurisprudencia), su colega que conozca la causa de enjuiciamiento nada podrá resolver contra la infanta que ni siquiera será imputada.

Nos queda ver de qué pasta son los cojones del Sr. Castro. Él puede.

Y a nosotros nos queda el careto de “pasmo” al comprobar que lo que dice el artículo 24 se lo pasa por el forro tanta gente;

– El fiscal anticorrupción, que dice que no hay pruebas objetivas, y que cree que el “pueblo” no puede personarse en la causa porque no hay intereses generales lesionados y tiene que ser lo que diga él. Oiga, es que el artículo 24 dice que tengo derecho a defender mis intereses legítimos delante de un juez. ¡Ud. se calla, que de esto no tiene ni puta idea, coño!

– El Tribunal Supremo, que dice que si no hay interés general, sólo vale lo que diga el Fiscal y la acusación particular. ¡Hostia! yo sólo conozco un tipo de delitos en los que no hay interés general: los delitos privados (los relativos al honor). ¿No hay interés general lesionado en un robo – en cualquier robo – a toda la sociedad? No jodas.

Si el Juez Castro hace caso a su amigo Horrach, habrá ganado El Estado. Quizá sea lo mejor. Razones de Estado.

Marod

¿Qué motivos pueden llevar a un tipo de 29 años con una buena posición a revelar un chorro de material sensible de espionaje de la nación más poderosa del mundo?

Sí, amigos, voy a desvariar un rato sobre E. Snowden, el espía con corazoncito.

Tras leerme el libro de Greenwald sobre las peripecias del amigo Snowden, me asaltan más dudas que a Rajoy en un congreso de Podemos. Y, dada mi natural inclinación al onanismo mental, unas cuantas reflexiones cuya respuesta, mi friend, is blowing in the wind.

Bueno como supongo que todo el mundo conoce la historia, haré un brevísimo resumen para situarnos. No sin antes recomendar la lectura de “Sin lugar donde esconderse”. Es un libro muy asequible, de lectura rápida, bien novelado, bien estructurado… y realmente sorprendente.

E. Snowden es un muchacho (29 añitos) bastante friki de la informática que, sin carrera universitaria ni nada pero con mucho talento, logra puestos técnicos de importancia en los servicios de inteligencia norteamericanos. Aprovechándose de su posición, destreza y “agujeros” de seguridad en la intranet de la NSA se apropia indebidamente de un chorro de documentos de alto secreto que entrega a unos periodistas de The Guardian US y The Washington Post.

A partir de ahí se monta un jaleo monumental de muchísimo ruido y pocas nueces. Año y medio después, a la fecha actual, se habla poco (mediáticamente, me refiero) Snowden y nada de las actividades de la NSA.

Lo primero que Greenwald (autor del libro y periodista que se encargó de ordenar, seleccionar y publicar los documentos) trata de dejar muy claro es la motivación de Snowden. Greenwald, a pesar de su pose de rebelde antisistema, tiene bastante temor de las repercusiones legales de sus actos (en un momento del libro en que The Guardian demora la publicación de sus artículos se ve tentado a hacerlo él mismo en solitario, pero desecha la opción por el miedo a las consecuencias legales). Es muy insistente en los motivos de Snowden y en los suyos propios que les llevan a la revelación de secretos nacionales.

Los motivos son obviamente morales. La NSA está haciendo algo muy malo, muy secreto y nos vemos obligados a que la verdad se sepa. Esto está muy bien para un periodista como Greenwald, ni siquiera debería recurrir a la moralidad de las acciones de la NSA, simplemente su ética periodística es suficiente para justificar que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de posibles acciones ilegales que su gobierno hace sobre la población.

Es diferente para Edward… Snowden no fue contratado para informar al público de nada, y nunca fue su profesión o su vocación. Snowden justifica sus acciones en la inmoralidad de la NSA. Quiere que internet siga siendo libre y privada (loables intenciones).

Sin embargo, ¿es creíble un sacrificio semejante para salvar la privacidad de internet? Me refiero, no se trata de salvar vidas, hogares, niños famélicos ni nada por el estilo. No. Sólo la privacidad de las comunicaciones y publicaciones de la Red. No digo que no sea importante o muy deseable, pero… ¿tanto como para tirar una vida de éxito a la basura?. En el último caso ni siquiera era algo que a él le afectase (como hacker conoce los métodos para burlar la vigilancia… incluso mete el móvil en la nevera :-) )

Un tipo tan – descrito por Greenwald – inteligente y reflexivo, ¿No se planteó que muy probablemente no conseguiría nada? USA no va a detener sus actividades de vigilancia, y la Patriot Act tampoco se va a derogar. ¿Para qué tamaño sacrificio, entonces?

Hay un momento en el libro en que dice que le inspiran los héroes de los videojuegos y que quiere vivir conforme a sus creencias. A mi no me acaba de convencer, demasiado cándido para un tipo tan capaz. Además, con estos remilgos morales ¿Qué cojones hacía en la CIA y en la NSA? ¿Vio la luz allí dentro? A mi estas revelaciones místicas tipo conversión de S. Pablo me dan tufillo a excusa que marea. No me creo la pura satisfacción moral como ventaja obtenida por un precio tan alto. Otras ventajas debe tener para “tirarse al monte” de esa manera.

En cualquier caso, los motivos del bueno de Edward son secundarios. ¿Qué más dará? Lo principal es lo que estaban haciendo los espías americanos con una vigilancia ilegal, abusiva y una torticera invasión de la privacidad de las comunicaciones de -literalmente- millones de ciudadanos.

Gran escándalo… que duró un ¿par de meses? ¿tres?. Ni una sola dimisión, ni una sola modificación de la ley, ni una sola manifestación o protesta de nivel….¡Nada!. Pero nada de nada.

Bueno sí, Obama y su Ministro de Exteriores tuvieron que soportar las llamadas de cabreo monumental de la Merkel, de los Chinos, y de un montón de embajadores pidiendo explicaciones. Nada más.
Snowden vive exiliado en Rusia y sólo podrá pisar suelo americano para ser procesado por varios delitos… para nada.
USA dice que esas feas actividades se justifican por la Seguridad Nacional. Para prevenir atentados terroristas (joder, cualquiera dice que no). Pero quedó muy claro que se extralimitaban, y no un poquito… millones de poquitos. Una vigilancia con jueces secretos, masiva y generalizada no puede ser para prevenir terrorismo (o no sólo, vaya) y es absolutamente desproporcionado. Otra forma de prevenir el terrorismo islámico podría ser meter a todos los musulmanes en cámaras de gas, pero eso no lo contempla nadie en su sano juicio (tú no vales, Adolf).

Y ¿por qué no pasa nada?. Es ciertamente compleja esa respuesta. Hace algún tiempo se publicó una entrada en esta plaza que trataba sobre el prestigio de los asesinos.

Una de las causas que barajaba es la creación del mito de la lucha contra el poder. Oponerse a un poder tiránico y opresor. El débil contra el fuerte.

Pasa un poco esto con la democracia. Al organizar el poder como un sistema lógico de normas legitimadas en un concepto abstracto (la soberanía) y no en una persona (emperadores, reyes o príncipes), la cosa pierde “fuste”. Y al ser ese poder totalmente reformable por procedimientos objetivos la cosa no sólo pierde fuste, sino cualquier atisbo de resultar heroica, romántica o mítica. Y los humanos funcionamos muy bien con mitos y muy mal con lógica.

Un ejemplo lo vivimos la semana pasada. Imaginaros el mismo acto reivindicativo-festivo del 9N pero con la dictadura franquista. ¿qué hubiese pasado? Fácil, una ensalada de hostias, detenciones masivas, unos cuantos heridos y posiblemente algún muerto. ¡Que poder evocador! (como decía Brando en Apocalipsis Now… ¡me encanta el olor a napalm por la mañana!).

Ahí está el muro de hierro, golpearlo hasta derribarlo. Opone resistencia. El muro de Berlín es un símbolo potentísimo.

Sin embargo la democracia liberal es como pegarle un puñetazo a un colchón visco-elástico. Se deforma, se adapta y absorbe el impacto para recuperar inmediatamente su forma original. Los antidisturbios necesitan una orden para sacar la porra, y cuando les autorizan a sacar la porra tienen que ir suavecito para no salir en el TD solmenando hostias.

Esto tiene una clara ventaja (que compensa, ¿eh?) que vivimos mejor y más tranquilos, que podemos decir lo que queramos y que el gobierno no nos oprime. A cambio nos adormece y nos amansa.

En fin, ¿quien quiere hostias, habiendo libertad? Que le den a Snowden :-)

Ya sabéis que una vez que consigo vencer mi pereza, me pongo a escribir en plan avalancha. Así que vomito esto después de un tiempo de darle vueltas.

Se trata de la noticia http://www.abc.es/espana/20140423/abci-arraiz-terrorismo-absuelto-sortu-201404231315.html (pongo el enlace de ABC para evitar cualquier suspicacia)

Digo que le he dado vueltas, porque es un tema muy hablado en este sitio y nada más lejos de mi intención que ser plomo, pero es que me parece un buen ejemplo de las tremenda dificultad que tiene la vertiente penal y censora de estos aspectos.

A pesar de que he buscado el auto de su señoría Iriarte, no he podido hallarlo por ningún rincón virtual. Pero bueno, con los fragmentos me hago una idea.

Y la dificultad se muestra en todo su esplendor con unas declaraciones tan escandalosas como las que en su día hizo Hasier acerca de que no se arrepentían de haber tomado el camino que tomaron hace 35 años. En clara alusión a la posición que adoptó HB en contra de la CE y a favor de mantener la lucha armada.

Dice su señoría en el auto de sobreseimiento (cabe recurso, no está todo el pescado vendido) que son ambiguas y desafortunadas. Y nos ha jodido que son desafortunadas… a lo mejor no tan ambiguas. Cierto es que el tal Hasier matizó sus afirmaciones diciendo que eran una valoración política del conjunto de la izquierda abertzale acerca de su decisión de mantenerse fuera del sistema y seguir reclamando los derechos del pueblo vasco (se le olvida a Hasier la forma que decidieron emprender para defenderlos).

Sin embargo, digo, a pesar de todo ello hay elementos suficientes para aplicar un in dubio pro reo. Y es esa matización alegando expresamente que en ningún momento pretendió hacer ensalzamiento del terrorismo etarra (recordemos que no había propaganda etarra en el acto donde realizó tales declaraciones) y que fueron respuestas espontáneas a dos preguntas realizadas en turno de intervenciones tras el acto. No parece pues, haber el necesario proceso de preparación de tales afirmaciones (también da que pensar lo que opina el muchacho cuando no lo asesoran sus abogados).

Dice su señoría que no podemos entrar en la psique del individuo, y que el delito de enaltecimiento es “especialmente doloso” (o sea que tiene que haber una intención clarísima del sujeto de cometer el hecho típico). Y tiene razón su señoría, porque hablamos de un derecho fundamental (ísimo) que no es otro que el de la libertad de pensamiento y expresión. Recuerda el juez que la ideología no está perseguida, y a veces – añado – es demasiado fácil confundir o fusionar ideología y asesinatos (aunque vayan tan de la mano, en ocasiones).

Cuando amenazamos con la coacción del Estado a emitir una opinión, debemos ser muy cautos, extremadamente cautos a la hora de limitar ese derecho (de concederle al Estado un gran poder).

Es muy complejo, porque a pesar de que tenga razón su señoría, también es cierto que se le olvida que el hecho de alegar que era una valoración política, no resta verdad al hecho de que hace 35 años, “aquella política” era fundamentalmente pegarle tiros en la nuca y poner coches bomba. Es difícil disociarlo.

¿Qué prefiero personalmente? ¿Que el poder judicial – actuando como contrapeso – haga una interpretación muy restrictiva de esa facultad legal, o que un fulano tenga la posibilidad de hacer una velada exaltación del pasado terrorista de un espectro político y después desdecirse?

Pues personalmente prefiero que el poder judicial actúe como contrapeso – aunque a veces pueda pecar por exceso de celo (como este caso) – a que tengamos unos jueces timoratos a la hora de defender las libertades públicas

Jodidos abogados ;-)

Marod

Hoy nuestros “poderes públicos” nos mandan reflexionar, es la Jornada de Reflexión. Seamos obedientes y reflexionemos.

Como quiera que nada nos dicen sobre qué materia debemos reflexionar, a mi hoy, me ha dado por reflexionar sobre la esencia misma de la democracia.

¿Qué queréis? Para mi desgracia no me gusta el fútbol, y en una fecha tan señalada como esta, no me quedan más cojones que hacer reflexiones para mis adentros. La mayoría de mis congéneres hoy limitan sus conversaciones a la finalísima de la Champion League.

Ya sé que no debería pagar mis frustraciones con vosotros, virtuales – y sin embargo apreciados – amigos. Lamento comunicaros que os jodéis. Hala ahí va la paja mental:

Estaba dándole vueltas al fundamento crítico de la democracia (yo le doy vueltas a lo que me da la gana, ¿qué pasa? :-) ) y he terminado por caer en la cuenta que lo que me apetece no es criticar a la democracia (como sistema), sino a la sociedad (como conjunto).

Sí, porque el gran fallo de la democracia es que pretende darle algo a la sociedad (autogobierno a través de la soberanía) para lo que la sociedad (al menos la nuestra) no está preparada. Es como darle a un perro un periódico y pretender que sea periodista.

Porque no tenemos la suficiente capacidad analítica para comprender el poder que formalmente nos han dado. Que todo podría cambiar si supiésemos discutir y actuar como lo que teóricamente somos: “Un Pueblo” (bueno algunos quieren ser otro pueblo, pero eso también se podría arreglar con un poco de sesera y mucha vaselina :-) )

En parte, supongo, que la sociedad lleva tantos años sometida al poder que es incapaz de liderar su propio gobierno. Nos pasamos buena parte de nuestra Historia derrocando tiranos, haciendo revoluciones, guerreando por la libertad que cuando, por fin, nos la concedemos , no sabemos que hacer con ella.

Bueno sí sabemos, quejarnos de los políticos. Es el gran mal de la democracia española: sus políticos, el bipartidismo, la partitocracia, el “quítate tú pa robar yo”. Hacemos esa crítica muy a la ligera, es ya casi una convención social. Lo típico que te cruzas con el vecino en el ascensor y salen los tópicos de 30 segundos “parece que va a llover”, “está el tiempo muy revuelto” “Los políticos son todos unos chorizos, lo único que hacen es chupar”. Nos tranquiliza. Echarle la culpa a otro y resignarnos al mal necesario. Como el soldado que se queja de la torpeza de sus mandos y va a librar la batalla perdida de antemano.

¿A caso los políticos son una raza especial?, ¿Una especie de alienígenas que llegaron del Espacio para jodernos?, ¿Es quizá fruto del infortunio de acumular a los más idiotas de la clase siempre al frente de nuestros designios, se puede tener tan mala suerte?.

No creo. Los políticos son una representación de sus ciudadanos. Son personas. Son 350 tíos y tías que representan al conjunto de la sociedad española. ¡Somos nosotros, hostia!

Quizá al comienzo fuesen “casta” y las estructuras (partidos) que los acogían fuesen demasiado rígidos para poder introducir cambios a una Constitución diseñada para gobernar a través de partidos políticos. Pero ya han pasado treinta y muchos años. Una generación entera. Tiempo suficiente para abrir las ventanas y regenerar esos partidos, o crear nuevos que nazcan “libres de carga” (ideológica barata, me refiero). Esto implica que no somos capaces de liderar un movimiento regenerador del sistema, que se pudre poco a poco mientras nos empeñamos en echarle la culpa a “esos mamones”.

Esta (pen)última crisis galopante ha generado un clima contestatario, cuasi-revolucionario para “cambiar las cosas”. El 15-M fue un movimiento más o menos espontáneo al principio y rápidamente abortado por la fortaleza del sistema. Dos premisas salieron disparadas como una especie de sistema inmune de nuestra democracia:

– “No violencia”.

La violencia deslegitima cualquier movimiento de oposición. Ya no nos enfrentamos al poder absoluto de un tirano, nos enfrentamos al poder soberano del Pueblo, de nosotros mismos. Es difícil tirarse piedras a uno mismo.

– “Formad un partido con unas propuestas y discutamos en la casa del Pueblo, en el parlamento”.

¡Zas!, la coherencia del sistema en toda la boca. Se acabó el 15M. No fuimos (fueron) capaces de ir más allá. Se convirtió en un gallinero de soflamas y se diluyo en múltiples escisiones incapaces de liderar nada más allá de una pancarta graciosa, o un eslogan ocurrente. Es todo. No damos para más.

Ayer comenté lo que vamos (van) a votar hoy:

“El Parlamento puede, por mayoría de sus miembros, solicitar a la Comisión que le presente cualquier propuesta legislativa que considere oportuna. El Parlamento puede, al mismo tiempo, fijar un plazo para la presentación de dicha propuesta. Previamente, la comisión parlamentaria competente debe pedir la autorización de la Conferencia de Presidentes. La Comisión puede comprometerse a preparar una propuesta legislativa solicitada por el Parlamento Europeo, o bien negarse a hacerlo”

El voto sirve para elegir la opción política que mejor nos representa, y para legitimar el sistema.

Este es el que tenemos en Europa. El que mejor nos representa, desde luego. Gobierno tutelado, para que los niños no se hagan daño con el poder, que pincha y quema y hace pupa.

¡Que gane el mejor! ;-)

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