Marod


Marod

Hoy nuestros “poderes públicos” nos mandan reflexionar, es la Jornada de Reflexión. Seamos obedientes y reflexionemos.

Como quiera que nada nos dicen sobre qué materia debemos reflexionar, a mi hoy, me ha dado por reflexionar sobre la esencia misma de la democracia.

¿Qué queréis? Para mi desgracia no me gusta el fútbol, y en una fecha tan señalada como esta, no me quedan más cojones que hacer reflexiones para mis adentros. La mayoría de mis congéneres hoy limitan sus conversaciones a la finalísima de la Champion League.

Ya sé que no debería pagar mis frustraciones con vosotros, virtuales – y sin embargo apreciados – amigos. Lamento comunicaros que os jodéis. Hala ahí va la paja mental:

Estaba dándole vueltas al fundamento crítico de la democracia (yo le doy vueltas a lo que me da la gana, ¿qué pasa? :-) ) y he terminado por caer en la cuenta que lo que me apetece no es criticar a la democracia (como sistema), sino a la sociedad (como conjunto).

Sí, porque el gran fallo de la democracia es que pretende darle algo a la sociedad (autogobierno a través de la soberanía) para lo que la sociedad (al menos la nuestra) no está preparada. Es como darle a un perro un periódico y pretender que sea periodista.

Porque no tenemos la suficiente capacidad analítica para comprender el poder que formalmente nos han dado. Que todo podría cambiar si supiésemos discutir y actuar como lo que teóricamente somos: “Un Pueblo” (bueno algunos quieren ser otro pueblo, pero eso también se podría arreglar con un poco de sesera y mucha vaselina :-) )

En parte, supongo, que la sociedad lleva tantos años sometida al poder que es incapaz de liderar su propio gobierno. Nos pasamos buena parte de nuestra Historia derrocando tiranos, haciendo revoluciones, guerreando por la libertad que cuando, por fin, nos la concedemos , no sabemos que hacer con ella.

Bueno sí sabemos, quejarnos de los políticos. Es el gran mal de la democracia española: sus políticos, el bipartidismo, la partitocracia, el “quítate tú pa robar yo”. Hacemos esa crítica muy a la ligera, es ya casi una convención social. Lo típico que te cruzas con el vecino en el ascensor y salen los tópicos de 30 segundos “parece que va a llover”, “está el tiempo muy revuelto” “Los políticos son todos unos chorizos, lo único que hacen es chupar”. Nos tranquiliza. Echarle la culpa a otro y resignarnos al mal necesario. Como el soldado que se queja de la torpeza de sus mandos y va a librar la batalla perdida de antemano.

¿A caso los políticos son una raza especial?, ¿Una especie de alienígenas que llegaron del Espacio para jodernos?, ¿Es quizá fruto del infortunio de acumular a los más idiotas de la clase siempre al frente de nuestros designios, se puede tener tan mala suerte?.

No creo. Los políticos son una representación de sus ciudadanos. Son personas. Son 350 tíos y tías que representan al conjunto de la sociedad española. ¡Somos nosotros, hostia!

Quizá al comienzo fuesen “casta” y las estructuras (partidos) que los acogían fuesen demasiado rígidos para poder introducir cambios a una Constitución diseñada para gobernar a través de partidos políticos. Pero ya han pasado treinta y muchos años. Una generación entera. Tiempo suficiente para abrir las ventanas y regenerar esos partidos, o crear nuevos que nazcan “libres de carga” (ideológica barata, me refiero). Esto implica que no somos capaces de liderar un movimiento regenerador del sistema, que se pudre poco a poco mientras nos empeñamos en echarle la culpa a “esos mamones”.

Esta (pen)última crisis galopante ha generado un clima contestatario, cuasi-revolucionario para “cambiar las cosas”. El 15-M fue un movimiento más o menos espontáneo al principio y rápidamente abortado por la fortaleza del sistema. Dos premisas salieron disparadas como una especie de sistema inmune de nuestra democracia:

- “No violencia”.

La violencia deslegitima cualquier movimiento de oposición. Ya no nos enfrentamos al poder absoluto de un tirano, nos enfrentamos al poder soberano del Pueblo, de nosotros mismos. Es difícil tirarse piedras a uno mismo.

- “Formad un partido con unas propuestas y discutamos en la casa del Pueblo, en el parlamento”.

¡Zas!, la coherencia del sistema en toda la boca. Se acabó el 15M. No fuimos (fueron) capaces de ir más allá. Se convirtió en un gallinero de soflamas y se diluyo en múltiples escisiones incapaces de liderar nada más allá de una pancarta graciosa, o un eslogan ocurrente. Es todo. No damos para más.

Ayer comenté lo que vamos (van) a votar hoy:

“El Parlamento puede, por mayoría de sus miembros, solicitar a la Comisión que le presente cualquier propuesta legislativa que considere oportuna. El Parlamento puede, al mismo tiempo, fijar un plazo para la presentación de dicha propuesta. Previamente, la comisión parlamentaria competente debe pedir la autorización de la Conferencia de Presidentes. La Comisión puede comprometerse a preparar una propuesta legislativa solicitada por el Parlamento Europeo, o bien negarse a hacerlo”

El voto sirve para elegir la opción política que mejor nos representa, y para legitimar el sistema.

Este es el que tenemos en Europa. El que mejor nos representa, desde luego. Gobierno tutelado, para que los niños no se hagan daño con el poder, que pincha y quema y hace pupa.

¡Que gane el mejor! ;-)

Marod

No siempre os puedo dar la contraria. La noticia es enervante.

Para mí que al Fiscal del TS le gusta caza menor, más concretamente los “faisanes”: http://www.lne.es/espana/2014/05/13/ts-revisa-hoy-recursos-sentencia/1584406.html

Hay un par de cuestiones que me llaman poderosamente la atención de la noticia (que puede tener una repercusión tremenda), a saber:

* El fiscal dice ahora que en la causa de la AN acusó por el título de condena del 576 CP por colaboración con terrorismo – atentos todos, que tiene guasa – por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Esto delirante, legal, pero delirante. Me explico.

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (S/ Ley 50/1981). Tiene cojones que el tío que supuestamente debe promover la defensa de la legalidad y la independencia de los tribunales acuse de un delito “porque se lo ha ordenado su jefe”.

Digo que es legal porque “El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.”
Pero vamos a ver, hay una imagen equivocada (fruto de las pelis americanas) de que el fiscal es el que acusa. Y no es así, coincide en la mayoría el papel de acusación, pero realmente la función del MF es velar por la legalidad. Y tiene un papel que es esencial para el Juez, que es el de acusar.

Sin acusación no hay causa. El principio de contradicción exige que haya una acusación para que pueda haber juicio. O sea, imaginaos la importancia de un fiscal independiente. Pero no sólo eso. El título de condena vincula al juez. Me explico otra vez.

Si la acusación en una causa solicita (título de condena) que te empuren por un delito de hurto, el juez únicamente puede decidir si eres culpable o no y que graduación de condena te coloca. No puede decidir que eso no es hurto, sino robo con agresión porque le vincula el título de condena. En ausencia de acusación particular, podéis haceros una idea de lo que pinta un Fiscal en una causa (casi todo).
Bueno, pues ese tío con tanto peso es un subordinado del Fiscal General, que -tatachán- lo nombra el Gobierno. Eso sí es separación de poderes!!. De flipar en colorines.

* El argumento de que no había intención de colaborar con actividades o fines de la banda sino la de no entorpecer el proceso de paz, ergo de terminar con ETA, es de mirar a tu alrededor buscando la cámara oculta. ¿Cómo? ¿What the fuck? que diría un inglés. Vamos a ver.
A mi me parece bien que el proceso de paz, o normalización o como hostias lo quieran llamar incluya ciertas acciones que he defendido en otras ocasiones: dejar de aplicar Parot, acercamiento de presos, legalizar partidos en unas determinadas condiciones, incluso siendo generosos aceptar esos comunicados del colectivo de presos como arrepentimiento y aplicar los beneficios penitenciarios comunes. Vale.
Pero joder, dejar impune actos tipificados de extorsión me parece ya una perversión abyecta del Estado de Derecho. Es el mayor reconocimiento de un auténtico precio político por dejar matar.

Que no se olvide el TS de que, como instancia mayor, sienta jurisprudencia. Porque si aceptamos ese argumento, ¿Qué impediría a cualquier persona obstaculizar la acción de la justicia alegando que no pretendía colaborar con ETA, sino ayudar al “proceso de paz”?

Lo siento por esos dos policías, que seguramente estarían cumpliendo órdenes, pero lo justo sería condenarles por el 576 CP. Además, ellos deberían saber que ciertas órdenes no se pueden cumplir.

Marod

Andaba yo un tanto preocupado estos días desde que Plaza me dijo que no entiendo el concepto de separación de poderes.

Estaba, incluso, esperando a que me ofreciera una explicación tal y como se comprometió. Pero bueno, no le reprocho su olvido. A fin de cuentas, bastante trabajo hace manteniendo este sitio y encima altruistamente.

El caso es que me hizo pensar, porque imputarme desconocimiento de algo tan básico tendría que tener un motivo. Y como en el fondo y a pesar de nuestras disputas, creo que me aprecia (en mutua reciprocidad, dicho sea de paso), mi preocupación versaba sobre si no estaría yo viendo problemas inexistentes o era fruto de una cerrazón mental a algo muy obvio que, por algún extraño motivo, mis sinapsis neuronal no era capaz de desenredar. Además, Octavio – al que profeso también un gran respeto intelectual – observaba similares carencias a mis razonamientos. Lo cual no hacía sino consolidar esa preocupación que os comentaba.

Me preguntaba si los problemas que yo observaba entre el concepto de separación de poderes y el principio inspirador de la democracia de soberanía popular, sólo se me habían ocurrido a mí. Lo cual no deja de ser aterrador, porque si se confirmaba este extremo sólo podía significar dos cosas: O que era tonto de remate, o que era más listo de lo que yo incluso pensaba. Ambas cosas son aterradoras.

Afortunadamente ni soy tonto de remate ni más listo de lo que ya me creo. Esto ya se le ocurrió a gentes ilustres hace muchos años. http://es.wikipedia.org/wiki/James_Madison o http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton, e incluso al mismísimo Jefferson.

Pues bien, hay un interesante artículo/ensayo del profesor Fernández-Albertos de la Universidad de Harvard que nos ilustra sobre los problemas que generan estos dos conceptos. Tiene el apropiado título “Dividir lo indivisible”. Voy a comentar algunos extractos del mismo, y mis propias reflexiones sobre ello.

Dice el profesor Albertos que básicamente, el problema consiste en que si existe una única fuente de autoridad (el pueblo), ¿de dónde proceden los diferentes poderes que han de competir entre sí para de esa forma prevenir el surgimiento de formas de gobierno tiránicas?.

Es un poco lo que hablábamos de si el poder es UNO (el pueblo, la Soberanía) necesitamos hallar la forma de dividirlo entre distintos sujetos para evitar el riesgo de tiranía.

Madison, argumenta que la «mezcla» entre poderes es de hecho la forma ideal de prevenir el abuso unilateral del poder. Interconectar las actividades
de los distintos poderes no es sólo inevitable en el mundo moderno, sino que es incluso saludable para que la lógica virtuosa de la separación de poderes actúe en toda su plenitud. Es mediante cierta intromisión por parte de unos poderes en las actividades de otros cómo la separación de poderes debe funcionar: las cámaras legislativas participan en la selección del ejecutivo, el ejecutivo tiene cierta capacidad de nombrar al poder judicial, el poder judicial revisa las actividades de los demás poderes. Es la misma lógica del sistema de pesos y contrapesos (checks and balances).

El problema es que esto tiene un riesgo claro, que Jefferson vio claramente:
«Todos los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial,convergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas manos constituye precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa el que estos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. Ciento setenta y tres déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo, y si alguien lo duda, que se fije en la república de Venecia. Tampoco nos vale el que los hayamos elegido nosotros mismos. Un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos; sino uno que no solamente se funde en principios libres, sino que sus poderes estuvieran divididos y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de magistrados, que ninguno pasara de sus límites legales sin ser contenido y reprimido eficazmente por los otros» (Jefferson, Notes on the State of Virginia, pág. 195, citado en El Federalista, núm. 48).

El problema, cómo muy bien explica el profesor Albertos es que “sin un cierto grado de heterogeneidad en las preferencias de los diferentes departamentos gubernamentales, la separación de poderes se vuelve o inútil o irrelevante:
¿por qué uno de los poderes podría tener un interés en limitar las acciones de otro poder con el que comparte las mismas preferencias? ¿Para qué dividimos el poder en diferentes departamentos si los encargados de esos departamentos deben responder a los deseos de un mismo agente: el pueblo?”

Comparto esta reflexión, y ahondo en que si bien separar distintos poderes es teóricamente fácil, la división de la legitimidad del poder es ciertamente complicada de dividir en una democracia.

Finalmente tenemos en conclusión que la separación de poderes, al combinarse con la doctrina de la soberanía popular, crea dos problemas: primero, se hace inherentemente difícil obtener varias voluntades, un requisito obvio para que la separación de poderes signifique algo.

Y segundo, la existencia de poderes separados que compiten por el apoyo del mismo «agente» (el pueblo), puede fomentar un tipo de competición interinstitucional que provoque problemas de gobernabilidad.

La solución pensada por Madison se trataba de lo que el llama el principio de separación de propósitos: diseñar las instituciones de tal modo que cada poder representara a diferentes intereses.

Marod

En mi tozuda pretensión de “juridificaos” (tan tozuda como pretenciosa, por cierto) en los asuntos polémicos y de actualidad, hoy me voy a introducir en el proceloso mar de la lengua.

Esta somera aproximación no tiene otro interés que acercaros el marco legal, la naturaleza de los derechos y obligaciones y alguna que otra conclusión que os permita enjuiciar por vosotros mismos que grado de acuerdo tenéis con las leyes y con la manera de aplicarlas. Ni pretendo ni estoy en posición de sentar cátedra o doctrina, dicho sea en mi propio descargo.

La primera parada (y única, que no estoy para mucho esfuerzo) es obligada realizarla en el pináculo de nuestro Ordenamiento, que al respecto somete a los poderes públicos en su artículo 3:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Así pues tenemos una lengua única oficial para todo el Estado, y el resto co-oficiales en cada CCAA, según sus Estatutos.

Y, a consecuencia de esta declaración, a los españoles (a todos) se nos configura un derecho-deber de emplearla y conocerla. Ojo, tanto de la oficial – el castellano – en todo el territorio, como en igualdad de régimen de las co-oficiales en sus respectivas CCAA.

De este modo todos los españoles tenemos el deber de conocer el castellano y el derecho a emplearlo, y –aunque parezca un contrasentido- el deber de conocer el catalán, vasco o gallego y el derecho a utilizarlo en Cataluña, País Vasco y Galicia.

Y añade un tercer punto considerando esta pluralidad lingüística como patrimonio cultural, y enviando un mandato directo al legislador para adoptar lo necesario en su respeto y protección. Sobre este punto disertaremos al final.

¿Qué implicaciones tiene el artículo 3 a nivel jurídico? Varias, que esquematizo, para mejor comprensión:

- El empleo de la lengua oficial y co-oficial es un derecho individual. Eso implica que el Estado debe disponer las necesarias medidas para que los individuos podamos ejercerlo “erga omnes” (frente a todos).

- Al establecer el castellano como lengua oficial, se configura como el idioma de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, y entre las Administraciones del Estado. De igual modo, en cada CCAA puede sostenerse lo mismo con respecto a cada idioma co-oficial.

- Se establece también un deber ciudadano de conocer la lengua, sin embargo, el Constituyente fue excesivamente ambiguo al configurar el uso del idioma como derecho pero no como deber.

No hay un mandato expreso acerca del uso del idioma para el ciudadano, al contrario que para el Estado al que sí se le ordena expresamente ser la lengua del mismo.

A la vista de este breve análisis parece claro que la Constitución no previó ninguna jerarquía en la necesaria convivencia de distintas lenguas oficiales en una CCAA. Por tanto, ninguna ley que establezca el uso exclusivo o preferente de un idioma sobre otro será constitucional, ni tampoco ninguna que disponga algún tipo de prohibición o sumisión del uso de alguna de ellas.

La pijada no es baladí. El Estatut tuvo que sustituir el término preferente – hablando de la lengua vehicular de Cataluña – por el normal. Para poder dar entender “a sensu contrario” que tan “normal” era el uso del castellano. A pesar de que en la práctica se reduzca a un puñetera trampa dialéctica para salvar el trámite.

La ley de educación catalana está recurrida por el PP ante el TC, y veremos qué decide el garante de la Constitución acerca de la constitucionalidad de la norma. Me temo que simplemente dirá que el texto de la ley se ajusta a la Norma precisamente por esa “engañosa” redacción.

Al final, el mandato constitucional parece claro hacia un necesario bilingüismo en las CCAA que Estatutariamente decidan ocupar una segunda lengua oficial. Tanto en el lenguaje vehicular de la Administración, como en la educación o el común uso del mismo (carteles, publicidad, TV, prensa, etc). Claro, esto conlleva un considerable “aumento de la factura” que ocasiona ponerse a todo el mundo a “silbar de perfil” para ver de dónde sacamos tanta pasta.

Pero la pasta no debe ser el mayor problema, a fin de cuentas, sólo es cuestión de “sangrar” un poco más al contribuyente y listo.

Hay un problema subyacente, que no es otro que la presunción que hacemos del uso de la lengua como arma política, como justificación de la razón de la “patria chica” con sus consabidos derechos de autodeterminación de los pueblos. No deja de ser una chorrada porque una lengua característica no determina un Estado (USA habla inglés, y ya ves tú). Sin embargo, eso – aunque sea difícil demostrarlo en Derecho – es una instrumentalización del idioma en un sentido que jamás hallaría amparo en la constitución.

Más extraño, por último, es la consideración jurídica del idioma como patrimonio cultural de especial reconocimiento y protección. Ignoro si es algo especial de nuestro Ordenamiento, o si alguna otra Constitución lo reconoce así. Pero, independientemente del concepto subjetivo que cada cual tenga del idioma, en España jurídicamente es patrimonio cultural.

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Esta especial consideración del idioma obliga a los poderes públicos a conservar y promover su enriquecimiento, que a su vez sirve para encalomar cosas como:

- Subvenciones a proyectos “culturales”
- Uso del catalán, vasco o gallego en cosas como cine, literatura, teatro, etc.
- Tonterías varias como ordenación urbanística con arreglo a un criterio lingüístico
Consideraciones finales que se me vienen a la cabeza:

Si se pretendía proteger las lenguas propias de cada región como patrimonio cultural, ¿a qué carajo viene incluirlas en el uso administrativo del título preliminar? ¿A caso no se protegen más que suficientemente otros patrimonios culturales sin necesidad de convertirlos en una herramienta administrativa? No sé, no me imagino tener que convertir la iglesia prerrománica de San Julián en una oficina de turismo para protegerla.

Si se pretendía dar cumplimiento a la necesidad de comunicación en las relaciones administrativas y sociales con el derecho-deber de usar y conocer un idioma, ¿No resulta más lógico adoptar el criterio del TC y hacer del idioma de uso común entre la gente el idóneo para ese fin?

Este despropósito de regulación no sirve ni para lo uno (facilitar a los ciudadanos sus comunicaciones personales y administrativas), ni para lo otro (proteger y conservar un patrimonio cultural. El latín pervive como lengua muerta, el castellano antiguo también)
Una deseable mejora de este marco jurídico sería dejar definitivamente claro qué función desea darle la soberanía popular al idioma. ¿Administrativa, cultural, política?

De ello depende saber qué es licito proteger, obligar y utilizar. Así, no hay quien se aclare.

contemptus-mundi-cathalan

Marod

Joer, últimamente estoy de un prolífico que me empieza a preocupar. Con el “cadáver” todavía caliente de la discusión sobre política terrorista, me dispongo a abordar la reforma de la regularización del aborto.

Mi intención no es otra que analizar de la forma más didáctica posible los términos del debate y enfocar la cuestión desde el punto de vista jurídico, sin reservarme concepciones morales y mis propias opiniones al respecto (trataré de dejar claro qué perspectiva utilizo en cada caso).

Y sin más preámbulos, da comienzo el ladrillo:

Antes que nada conviene dejar claro, jurídicamente, de qué pelotas estamos hablando.Nada mejor que tirar de la Norma “Jefe” de nuestro ordenamiento.

Artículo 15 de la CE 1978 que viene a decir textualmente “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. En consecuencia, el precepto prohíbe expresamente la tortura y la pena de muerte.

Bien cómo quiera que el “La Jefa” manda al Estado proteger la vida, éste obedece tipificando penalmente las conductas que atenten contra la vida.

Hasta aquí, estaba todo más o menos tranquilo. Pero en 1985, no se le ocurre a González otra cosa que abrir la caja de pandora e introducir una reforma que despenalizaba parcialmente el aborto (la conocida como ley de supuestos). Y comenzó la polémica, que no el debate porque en mi opinión se dio (y se da) tanta injerencia ideológica barata que en vez de argumentos, se emplean soflamas y eslogan (nosotras parimos, nosotras decidimos, por ejemplo).

Así las cosas, quedo sentado que despenalizar el aborto era “progresista”, y reafirmado cuando en abril de ese mismo año 85 el papá de nuestro actual Ministro para la cosa de la justicia, actuando en nombre y representación de 54 Señorías del Partido Popular (AP, por aquel entonces. Se ve que al hacerse del PP, lo de los supuestos ya les pareció bien, porque ahora pretenden retomarlo… cosas de los virajes al centro) interpuso recurso previo de inconstitucionalidad contra dicha reforma. Vamos que la criminalización de la interrupción del embarazo por encima de cualquier otra consideración, era “conservador” o de “derechas”. Ya tenemos el fondo norte y el fondo sur… ¡Hale! A gritar todo el mundo. A mí me da lástima la nula capacidad de pensamiento crítico que tiene el personal, así en general. Pero en fin, es lo que hay.

Dijo el T.C. en aquella ocasión que sí, que había supuestos que justificaban jurídicamente la despenalización del aborto para el gozo en la bancada “roja” y la decepción en la “azul”. Por si alguno tiene interés http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/433.

¡Venga, cada mochuelo a su olivo! Y se terminó la discusión. 15 años duró la “pax” política. Va Zapatero en 2010 y se le ocurre darle otra vueltecita de tuerca más al tema promulgando una L.O. que despenaliza el aborto en función de criterios temporales (la ley de plazos). De nuevo el PP interpone recurso, sobre el que el TC no ha dicho nada todavía, bueno sí lo único que emitió fue auto diciendo que mientras se deciden, la ley de plazos no queda suspendida.

Lo gracioso es que no les va a dar tiempo, porque ya tenemos otra reforma en ciernes. El hijo ha vuelto para vengarse y trae como espada un proyecto de ley que, según las noticias, vuelve a los supuestos y es más restrictiva que la del 85. Hasta algunos “barones” del PP han osado contrariarle públicamente. Villalobos, y sin ponerse colorada, ha pedido libertad de voto en el trámite parlamentario (lo que nos confirma lo que todos sabíamos, que tenemos trescientos y pico políticos que valen más bien para nada porque votan lo que les manda uno…pero eso es otra historia)

Bien, hasta aquí la historia política. Viene bien un pequeño resumen, para aclararnos dónde radican las posturas, los encuentros y los desencuentros. Todas las partes en conflicto tratan de apropiarse de la “carga valorativa” del lenguaje. Los partidarios de la despenalización utilizan términos como retrógrado, conservador, limitador; mientras que los contrarios se autodenominan pro-vida, o sin ir más lejos, escuché a “Espe” el otro día decir yo estoy en contra del aborto (claro, no te jode, en contra estamos todos. Lo qué tratamos de decidir es si la conducta merece tipificarla y en qué casos)

Para mejor proveer, que diría un letrado  , abordemos la cuestión desde un punto de vista jurídico (me parece escuchar ronquidos y abucheos entre el auditorio, por favor no abandonen la sala, trataré de ser los más breve y ameno que pueda)
Lo que tenemos es la doctrina de la sentencia que enlacé anteriormente. Para ahorraros el tedioso esfuerzo de leerla, hago un pequeño resumen de los motivos más interesantes. Lo haremos en plan obra teatral.

PERSONAJES:
-       El Recurrente: Los 54 aguerridos diputados populares, representados por D. José Mª Ruiz Gallardón.
-       Abogado del Estado: El fiel funcionario que defendía la causa para el gobierno
-       El Pleno del TC: el árbitro del “combate”.

PRIMER ACTO: comienza “La Justa”. Y ataca el recurrente
-RECURRENTE: Todos significa “toda vida” o “todo individuo humano que posea vida”, por lo tanto incluye al nasciturus (tiene nombre de delantero centro rumano, pero no, se refiere al no nato). Dicen los alemanes, que son unos tíos muy listos y muy ordenaos, que biológicamente existe “vida humana” a partir de los 14 días de la concepción.

Y añade que hubo enmienda al texto constitucional para sustituir “personas” por “todos”. Y de ahí que se deba entender que la protección constitucional se extienda a toda vida.
Luego se tiran otros 5 motivos más justificando la obligación del Estado de proteger la vida, y otras cuestiones técnicas y procesales muy complejas y muy aburridas. En el sexto “embite” se meten con los puñeteros supuestos:

  • •       Terapéutico: Cuando la vida o la salud de la madre corra grave peligro. O sea tenemos en conflicto dos derechos el de la madre y el del nasciturus (n. del narrador: de igual rango porque se trata de la vida de ambos). Dice el Recurrente que los cojones, que para eso ya hay una excepción penal (una eximente, vamos que no te empapelan) de “Estado de Necesidad” y que ni puñetera falta hacía una ley para esto. Y otrosí que en el caso de la salud de la madre no vale porque el rango salud es menor que el rango vida, porque además ni se requiere peritación judicial ni se tiene en cuenta el consentimiento del que hizo la otra mitad del trabajo, o sea el santo varón o papá de la criatura. (obviamente todo esto lo dice en fino y sin las coñas que son de mi cosecha).
  • Ético: Cuando haya sido fruto de la violación: Dicen que tampoco les vale, porque antepone el derecho al honor de la mamá sobre el derecho a la vida del nasciturus.
  • Eugénesico: Cuando el nasciturus venga con graves taras físicas o psíquicas. Que tampoco (joer, parecen al Dr. No, que negativa era esta gente), que atenta contra la vida (no se puede discriminar) y contra la  previsión y tratamiento de los disminuidos físicos o psíquicos.

-       EL ABOGADO DEL ESTADO: el tipo se enciende un ducados sin filtro, y con parsimonia, comienza la defensa.

Empieza diciendo que su defendido (El Estado) no dice que la vida no sea un bien jurídico protegible, sólo se limita a despenalizar ciertos supuestos de aborto. Y Que habrá que ver si la C.E. les obliga a penalizar (en el código penal, se entiende) cada infracción jurídica. Y dice, ¡Hostias, pues no! Ni en el nuestro ni en ningún otro. Que hay otras maneras de proteger bienes jurídicos y se apoya en los austríacos (que también son muy listos y muy ordenaos) y en los americanos (que además, son muy modernos). O sea viene a decir que despenalizar aborto no es igual a desproteger la vida.

Ahora vamos con el puñetero “todos”. Y dice que todos se refiere a todos titulares del derecho, y entonces sólo se puede incluir a los que el derecho les reconoce capacidad de ostentar titularidades jurídicas (hay que ver que retorcidos son los abogaos  ) y que el resto del artículo sólo es aplicable a personas (lo de las torturas y pena de muerte y tal). Añade que la C.E. cuando quiere mandar algo lo aclara, y que si hubiese querido prohibir el aborto lo habría puesto (como por ejemplo sí hizo con la pena de muerte). Y dice también que eso de la enmienda que es una paja mental y que ya venía el término, que la ponencia fue para una corrección técnica, y que U.C.D. dijo expresamente con su decisivo voto para aprobar la dichosa que “ninguna de las dos fórmulas que aquí están en cuestión es una forma abortista”

El abogado de Estado se encendió otro ducados, y encendió la máquina de repartir hostias (jurídicas, se entiende)

Así para empezar, que le ve fallitos a lo que alega el Recurrente:

-       Parten de la base de la equiparación absoluta entre el feto con una persona nacida, cosa que no tiene parangón en la C.E.
-       Desatención absoluta por los derechos de la madre ante la situación de embarazo
-       Que ese rollo de la vida como derecho ilimitado tampoco se sostiene mucho (legítima defensa) y que todo derecho puede entrar en conflicto con otros y tarea del legislador señalar los límites.

Sigue dando estopa con cada uno de los supuestos. No me extiendo más porque es un poco redundante y observo con preocupación vuestro aburrimiento a estas alturas.

SEGUNDO ACTO (y final)

El pleno del TC viene a decir – y esto es lo que vale jurídicamente en la actualidad:

  • La vida es un concepto plurívoco (palabreja que indica que tiene distintas interpretaciones) y en cuya evaluación y discusión no vamos a entrar aquí. El TC pasa de meterse en jardines ajenos y hace bien. No obstante, dada la redacción del artículo entiende que el nasciturus está protegido por el art. 15, aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental (La coletilla deja abierta muchas incógnitas a mi humilde entender. El TC se ha ido por una fórmula de determinar al nasciturus como bien jurídico protegido, aunque sin ser titular de derechos…lo que viene siendo no reconocerle personalidad expresamente).
  • A la hora de imponer penas hay que tener presente la exigibilidad de la conducta, renunciando a sanciones penales de conductas que objetivamente puedan representar una carga insorpotable (añado un ejemplo para que se entienda mejor: no está penado no delatar un delito de tu hijo, porque seguramente te haría un desgraciado el saberte delator de tu propio hijo)
  • Establece el TC que tanto la vida de la madre como su salud son superiores a la vida del nasciturus pues se estaría penalizando a la mujer por defender su derecho a la vida
  • En cuanto al ético, prevalece el derecho a su dignidad, intimidad y honor porque estaríamos exigiéndole a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza y eso es inexigible
  • Por último, el eugenésico en las parecidas razones a lo dicho en primer lugar la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a una madre.

Termino, que me he extendido demasiado y no quería haber sido pesado. Sobre esta base, creo que la reforma de Gallardón es un error

Un error jurídico: Porque contraviene la actual doctrina, haciendo prevalecer la vida del no nacido frente a derechos fundamentales del “sí nacido”, o sea la madre. Recordemos que pretende eliminar los supuestos de violación y taras en el feto.

Un error moral: Hacer prevalecer la vida no consciente ni desarrollada sobre derechos fundamentales (vida, integridad, salud, intimidad, desarrollo de la personalidad) de vida sí consciente (que sufre) y sí desarrollada es, a mi modo de ver, una aberración.

No hay que olvidar que la vida del nasciturus parte de un derecho de la madre, es un acto de liberalidad (una se embaraza porque quiere) y aunque ello no signifique un derecho de libre disposición sobre la vida albergada (sobre todo a partir de determinados momentos biológicos en los que el feto es susceptible de ser independiente del seno materno), sí es preciso tener en cuenta los derechos de la madre. La Doctrina olvida también un concepto que es el de embarazo no deseado. Nadie aborta por deporte, sino por un fallo (del método anticonceptivo, de la persona o de otra índole) hay que estar al caso concreto. En el fondo es exigirle a la madre soportar una consecuencia no deseada (con también inciertas consecuencias al menor una vez que nazca) por un error.

La solución de obligarla a entregar al nacido en adopción tampoco me parece justa, pues supondría infringirle un mayor sufrimiento.

Moralmente, la sociedad ha ido admitiendo estas conductas y no creo que se justifique la suficiente reprochabilidad penal de las mismas. No hay más que mirar las encuestas y la evolución del número de abortos en España para comprender lo que digo. Eso no significa desproteger la vida del nasciturus: hay que fomentar y facilitar que la embarazada pueda criar a ese niño, hay que limitar la legalidad del aborto (con plazos o supuestos, que tampoco hay tanta diferencia), hay que educar y promover la planificación familiar y etc etc.

No hay justificación pues, en criminalizar una conducta cada vez más aceptada socialmente y en equiparar la vida en su etapa de gestación con la vida de las personas desarrolladas.

Marod

Y yo que pensé que no daba más de sí… Pues nada vamos a ahondar sobre la función del arrepentimiento en los beneficios penitenciarios, y posteriormente voy a tratar de analizar nuestro esquema penal y su enfoque del problema.

Ahora, eso sí, yo creo que este comentario deberías hacerlo en otra entrada porque va a ser pelín largo. ¿Qué quieres, ¡Me he levantao flamenco, hoy!

Comencemos, que se hace tarde:

Cuando Plaza y un servidor abordamos las acepciones del término arrepentimiento nos enfangamos en una discusión correosa, tipo a cuando los boxeadores se agarran en el “ring” para que el otro deje de solmenarle hostias, porque ambos sabemos que eso es un pilar central de la discusión.

Y cómo ya dije, el colega anda fino de olfato y se tira dónde sabe que hace pupa.
Al final, es una cuestión semántica en la que, en honor a la verdad, debo reconocer mayor fortaleza en el lado de mi oponente. La acepción de arrepentimiento más común es la que emplea y la que entendemos todos cuando hablamos. Pesar de haber hecho algo.

Dejemos de lado los trucos semánticos. ¿Qué relevancia le concedemos hoy por hoy al arrepentimiento?

- Al activo (el que señalaba Al en un comentario) lo tenemos en consideración como atenuante. O sea el código el penal prevé cierta atenuación de la pena (artículo 21 del código penal) para el caso de confesar antes de que te pillen, o reparar el daño causado a la víctima o sus efectos antes del juicio oral. ¿Y qué significa atenuante? pues según el artículo 66, que se impone la pena en la mitad inferior.

- Al pesar de haber hecho algo: Ninguno más que lo que acabo de citar. Obviamente, el concepto penal de arrepentimiento activo, incluye el concepto que señalaba Plaza, si voy a la comisaría más cercana y le comento al funcionario de turno que tengo a un señor recluido en un zulo en tal sitio es porque me pesa haberle encerrado.

El matiz viene dado (con muy buen tino por el legislador en este caso) en que por sí sólo, el pesar de haber hecho algo no vale para nada, necesita una acción que nos lo demuestre un poco.

Así pues, el arrepentimiento tiene efectos ANTES de cometer el delito, no después (cómo norma general, luego veremos el caso especial)

Sigamos. Analicemos ahora que relevancia tiene ese arrepentimiento una vez que el delicuente está juzgado, condenado y empapelado.

Artículo 25 de la Constitución Española (lo reproduzco para que todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones, recomiendo su lectura): Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Lo que decíamos de la función mixta de la pena, y desmarque clarísimo de la función redistributiva (infringir daño al preso para reparar el del ofendido, o sea castigo puro y duro). Ejemplos de penas puramente redistributivas. La de muerte, la castración química, la cadena perpetua. Todas ellas parten del supuesto de que no hay nada que reinsertar, y buscan únicamente infringir el mayor castigo al reo.

La Constitución manda, las leyes y los reglamentos desarrollan (obedecen) esos mandatos. Establece la LO 1/1979 (General penitenciaria) al respecto (art. 59):

  1. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados.
  2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general.”

Y dice el 61 del mismo texto legal: “Se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos.”

Ohhh!! qué bonito!! (música de violines e imágenes de atardeceres preciosos, por favor).
Requisitos de carácter prográmatico, nada concretos. Muy interpretables. ¿Pesar de haber hecho algo?… no me parece. El 59 habla de la intención y capacidad de vivir respetando la ley penal, del respeto a si mismo y bla bla. Y el 61 menos todavía dice expresamente EN EL FUTURO. Yo creo que el espíritu de la ley no requiere arrepentimiento para que te concedan el tercer grado. De hecho el tercer grado lo conceden los funcionarios de prisiones en función de las entrevistas, y de la evolución del tratamiento. Conforme, me imagino al espíritu de esos principios.

Voy ganado de goleada :-) (permítaseme la broma). Hasta que hablamos de terrorismo. Se me va a empezar a torcer el asunto. Porque llega el 72 en su fatídico apartado sexto y dice:
“La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo (…), requerirá, (…), que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado (…)”

He omitido la paja con los (…), el que quiera que lo lea entero.

Pues hay que darle la razón a quien la tiene. Y en este caso no la tengo yo.
La Ley exige cierto arrepentimiento para la reinserción y los beneficios penitenciarios…pero SOLO en caso de terrorismo. Para los demás delitos nos importa un pijo si el condenado se arrepiente o no de haber matado a su mujer (por ejemplo).

Ánimo el que haya leído hasta aquí (te felicito campeón/na) ya queda poquito. Sólo nuestro esquema penal y mi análisis (opinión totalmente desautorizada, :-))

Este que acabo de describir es nuestro esquema penal actual (código penal del 95 y reforma del LO 1/1979 de 2003). Antes, no lo habíamos pensado, ni el CP73. ¿Qué paso? pues que a muchos presos de ETA no les podíamos aplicar el CP95, y vino el Tribunal Supremo en 2006 a arreglarlo con la Doctrina Parot para que los presos anteriores no tuvieran acceso a beneficios penitenciarios (dijo que había que tener en consideración todas las condenas, y claro si te caen dos mil y pico años de cárcel, mucho te tienen que reducir). Y vino Estrasburgo y dijo: venga chavales, no os paséis que eso aplicar disposiciones penales desfavorables de forma retroactiva. Lo curioso es que lo dijo ahora en 2013, y no antes. La sombra de los políticos es alargada (juicio de valor personal)

Va por el cumplimiento íntegro de las condenas. Que se tira mas al lado castigador de la pena, que al reinsertador (con permiso de los palabros es por abreviar).

¿Y por qué? pues porque hay mucha sensibilidad con el asunto este y la opinión social (no uso la palabra respaldo porque me matais, :-)) quiere esa función castigadora.

Mi opinión, mi análisis sigue siendo el mismo. No hace falta el arrepentimiento. Hace falta que asuman la derrota, que no cometan delitos y que no los vayan a cometer en el futuro. Y de paso ponemos toda la ley en consonancia con la Constitución (o cambiamos la Carta Magna, que también es otra posibilidad)

No quiero extenderme más, mis argumentos a favor de la reinserción y cómo entiendo yo esa reinserción han quedado claros en el resto de mis intervenciones (o eso creo, al menos)

Gracias a todos por aguantar este ladrillo (los escasos valientes que permanezcáis ahí)

saludos

Marod

Vaya por delante que soy consciente del jardín en el que me voy a meter, pero en mi propio descargo dejo clara y meridiana la repulsión que siento hacia los terroristas y sus colaboradores y mi absoluto respeto y comprensión por todos aquellos que hayan sido víctimas -de alguna u otra forma- de la violencia, el miedo y la coacción que supone la actividad terrorista.

Pero es que yo veo más cosas en la declaración que esa perogrullada que vosotros comentáis.
En primer lugar, ellos hablan de la defensa de la libertad del pueblo vasco y todas esas fanfarrias y que su defensa les llevó a prisión. Que esa es la mayor de las mentiras que dicen. Porque lo que les llevó a prisión fue matar a gente, poner bombas y esas cosas, es decir la forma en que decidieron hacer esa defensa. También es cierto que parecen asumirlo, lo cual implica cierto grado de asunción de la responsabilidad (“nuestro traslado a Euskal Herria- se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”).

Pero dicen más cosas: 4. Reconocemos el nuevo escenario surgido tras el cese de la lucha armada de ETA y en adelante, en pro de la libertad de Euskal Herria, utilizaremos vías y métodos políticos y democráticos, de acuerdo con las decisiones que se han tomado en ese sentido.
Por ello, en lo sucesivo renunciaremos al empleo del método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos. Nuestro compromiso con el nuevo escenario es nuestra decisión de fortalecerlo y consolidarlo.
Vamos a ver, estos son los presos terroristas diciendo:

  1. Acatan el cese de la lucha armada de ETA, es decir declaran que no tienen intención ulterior de recaer en su acción delictiva.
  2. Que aceptan el método político y democrático, o sea que se olvidan del “militar” y hacen expresa renuncia del “método utilizado en el pasado”.

Su fuero interno lo imaginamos, pero lo declaran al exterior es altamente reinsertable.

En cuanto a la teoría de la pena y su naturaleza, en España (cómo en todos los países democráticos) se opta por una teoría relativa que garantice la prevención de delitos y la reinserción de los delicuentes.

Olvidaos de que la pena tenga una función retributiva de puro castigo, eso está más que superado.

Dado el extremo daño y alarma social que provoca el terrorismo se justifican esas medidas especiales por la parte “preventiva”, o sea, para que nadie se piense que es “barato” optar por la vía de la pipa y la bomba lapa, nada más.  Es fácil entender que los ofendidos sientan la necesidad retributiva de la pena, desde su perspectiva subjetiva del daño infringido, pero ese razonamiento no es válido para el Estado (ni constitucional, ojo).

Y eso entronca directamente con lo que critican. Y es cierto que hay multitud de excepciones a los beneficios penitenciarios (tercer grado y condicional) si los delitos son por terrorismo. Es cierto que son excepcionalmente duras las condiciones de acceso a esos beneficios, y añado yo que con razón por lo que he dicho en el párrafo anterior.
¿Qué se nos fue la mano con la doctrina Parot y su retroactividad? A lo mejor (o eso ha dicho Estrasburgo). No lo sé, seguramente será un debate doctrinal apasionante. A mi me parece que ahora hay un cambio de melodía política y toca empezar a normalizar esto.

Yo sigo apuntando con el dedo hacia lo que me parece fundamental: cese de la violencia y asunción de los principios legales de nuestro Estado de Derecho. El pasado no se puede borrar, y los gestos de arrepentimiento e implorar el perdón de las víctimas no se van a producir (no dejaría de ser otra tomadura de pelo, después de verles descojonarse en las vistas de los juicios, que ahora se hicieran los buenos para salir de chirona)

Han perdido y lo saben (“Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político”), y a mí la semántica y la oratoria heroica y todas esas chorradas me parecen eso: chorradas. Cómo cuando hablan de la patria vasca y el Rh. Y claro que usan eufemismos “actividad política”, pero es que son tan absurdos que se retratan por si solos.

El proceso de “normalización” o punto final o reconciliación o el nombrecito que le quieran poner, está en marcha y veremos más gestos de una y otra parte. Y a mi me parece inevitable que si continúan sin hacer el animal, nosotros empecemos a pensar que a lo peor también son personas (de las malas, eso sí).
En cualquier caso, que se cumplan la leyes, que para eso están.

Marod

Lo que Prometeo no nos contó cuando robó el fuego

Si es que si nos llega a contar Prometeo lo que nos iba a costar la puñetera llama que le chorizó a Zeus, yo creo que más de uno le manda de vuelta al Olimpo con un algunos recuerdos para su santa madre.

Leo en prensa que la factura eléctrica se ha incrementado algo más de un 80% desde 2004. Hay que joderse, y el maldito calentamiento global detenido desde hace más de una década. Sus muertos.

Que los economistas y especialistas en el mercado eléctrico me perdonen, porque me dispongo a hacer de trapecista sin red (qué es cómo más gustillo da) metiéndome en el jardín del mercado eléctrico. En parte, porque se lo prometí al administrador de este sitio ayer, y en otra porque últimamente está el ambiente de la Plaza muy reposado… y nada mejor que estas fechas de paz y felicidad obligadas para tirarse los trastos a la cabeza, por aquello de seguir contracorriente.

Hay que empezar diciendo que la regulación del mercado eléctrico español es más complicada que la dimisión de un político. Tiene tela entre subastas decrecientes, tarifas de último recurso y costes regulados no hay quien cojones se aclare. Y en este punto reside una crítica generalizada y bien fundamentada. La complejidad de este sistema crea inseguridad jurídica y dificultad a la hora de tener la información a la que tenemos derecho los ciudadanos, más que nada por aquello de que al final los que la pagamos somos nosotros.

Luego está el precio. Leo en:
http://www.libremercado.com/2013-12-20/la-factura-de-la-luz-bajaria-hasta-un-65-eliminando-los-costes-politicos-1276506940/

Hostias! solución fácil, nos cargamos esos costes y, ¡Marujaaaa, atiza la calefacción que nos sale regalada!

Un poco torticero el periodista, juntas dos palabrejas tan negativas como “coste” y “político”, y no hay guapo que se resista a ciscarse en el deficit de tarifa, las primas de régimen especial y la madrequelosparió.

Yo pienso que esos costes son necesarios, desde luego no en tan abultada cantidad, pero analicemos un poco. Según el artículo precitado (ignoro la fuente) de los aprox. 21.000 millones de euros del “coste político” se reparte en:

- costes de transporte, distribución, permanentes: Unos 10.000 millones. Si sumamos los costes financieros del deficit de tarifa, en total unos 12.000 millones.

O sea, que ya tenemos que más de la mitad no son costes políticos propiamente dichos, sino costes de mercado que no está liberalizado. Hombre, teniendo en cuenta que hablamos de suministro eléctrico, a mí no me parece mal que sea de gestión pública. Hablamos de un suministro estratégico, no es cualquier cosa para dejar en manos de operadores privados. En cuanto a la necesaria garantía de suministro (los mercados a veces se vuelven muy inestables).

- Los otros 9.000 millones: Primas al régimen especial. Renovables y carbón nacional fundamentalmente.

Estos sí que son más políticos. Que no significa necesariamente malos o injustificados.

Al carbón nacional. Dos razones fundamentadas: Primero la estratégica, por garantizar el suministro de la materia prima. No vaya a ser cosa que los marroquís o los polacos se enfaden con nosotros y nos corten el suministro… a ver qué hacemos. Segundo la social: los yacimientos españoles están en el norte, en zonas que se prepararon, se transformaron y condicionaron a extraer el preciado mineral cuando si era rentable y muy necesario. No se puede (o no se debe mejor dicho) decirles de un día para otro. “gracias majetes, ya no sois rentables, buscaros la vida”. Eso ya lo sabías cuando armaste todo el tinglado, luego tenías que haber previsto reconversiones industriales, ayudas, etc.

A las renovables. Principalmente una razón, incentivar la explotación de otras fuentes de energía que SÍ tenemos. Lo malo es que su explotación todavía resulta muy cara.
El tema es que nos interesa que se desarrollen muy rápido, para dejar de depender lo antes posible de recursos ESTRATÉGICOS que NO tenemos.

De esos 9.000 aprox, creo que unos 6.000 son para renovables y unos 3.000 para carbón nacional. Y de esos 6.000, la que más se lleva es la solar fotovoltáica (la que sólo produce con luz solar) con unos 1.600 millones. O lo que es lo mismo un 13% del “coste político”, y bastante menos si añadimos el 40% restante del “coste de mercado”. Que tampoco es que nos lo gastemos todo en espejitos, vamos.

Mi crítica fundamental es que hay una parte del coste de la factura de la luz que es un impuesto encubierto y es la que corresponde a las primas de régimen especial. Y la verdad, como impuesto es un puta mierda. Precisamente porque está encubierto y porque no es progresivo, vamos que yo pago el mismo porcentaje (tramo) que un Ortega o un Botín de turno. Y tal y cómo está la situación, pues no es justo que nos encalomen una subida del 80% en 9 años, y encima en plan “café para todos”. Mala redistribución de la renta.

En resumen, que si quitásemos el coste político tal y como “sugiere” el periódico liberal, tendríamos una factura más barata (no tanto), unos mineros muy cabreados en Asturias y León (y con razón) y perderíamos el tren (al que se ha subido media Europa) de explotar otras energías sin dependencia de otros países.

Por favor, el último, que apague la luz. :-)

saludos

Marod

Me alucina la estupidez política que somos capaces de superar en este país. Ahora, a la Alcaldesa de la capital del Reino le ha dado por regular – a golpe de ordenanza – la música callejera.

¿Se puede ser más snob? Pienso yo que no tendrá el Ayuntamiento de Madrid mucho trabajo, cómo para ponerse a gastar recursos en tamaña soplapollez. Hay una máxima jurídica que reza que no se puede regular lo necesario o lo imposible (seguramente la Alcaldesa no lo conozca), puestos a regular estupideces… sería bonito que para el próximo fascículo nos regalara una ordenanza tipo “El movimiento de los astros celestes” o “el ámbito de aplicación de la ley de la gravedad en el barrio de Chamberí”… ya puestos a parir gilipolleces, qué por lo menos hagan gracia.

Porque no se trata de limitar actividades molestas o insalubres en la vía pública (para eso ya tiene ordenanzas bastantes), no. Quiere que los músicos callejeros tengan licencia, yo es que me descojono. Qué discriminación para los mendigos, trileros, mimos y resto de actividades que se practican en la vía pública de forma alegal. Si lo que quiere es que paguen impuestos, está fuera de su competencia… o sea qué no sabemos que pretende. Bueno sí, les hacen un examen. Se ve que la Alcaldesa quiere que los músicos sean de su agrado.

Me enervan estos “liberales” que sólo lo son para la cosa económica, pero que luego pretenden imponernos, no ya su moral o su religión, sino su sensibilidad musical. Lo mismo que me enervan los socialistas, que creen que intervención pública es para que ellos y sus amigos se lleven una comisión.

Le doy toda la razón al “flaco” Sabina, los músicos deberían mandarla a la mierda.
A mí me están entrando ganas de hacer una consulta en mi casa, y declararme independiente… y que me expulsen de la UE, si tienen cojones, :-)

Marod

Son las 17:00 hora local de Mejillones, un pequeño asentamiento marinero de la Segunda Región de la República de Chile reconvertido hoy a industrial y turístico según reza su leyenda municipal. Hace un instante el vocero del gobierno de Chile ha anunciado (por eso se llama vocero) la cancelación de la alerta de tsunami provocada por el reciente terremoto en Costa Rica.

Lo cierto es que no puedo evitar una sombra de irónico cinismo reflejada en mi rostro cuando pienso en lo extraños que somos los humanos. Todo lo que hemos avanzado en el conocimiento y dominio de la tecnología y el medio, y seguimos indefensos ante los eventos de gran escala.

No deja de tener su gracia que –cómo bárbaros galos de famosos tebeos – nuestro temor a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, nos derive irremediablemente en un sentimiento de responsabilidad de lo que le pasa al planeta o a sus diversos moradores. Hemos asistido estos días a las enconadas discusiones de unos y otros sobre las diversas amenazas masivas que se ciernen sobre nuestras cabezas. Sin entrar a valorar los intereses o los métodos de unos y otros (bastante se ha dicho ya) sí es cierto que parte del éxito de esta cuestión bebe de ese miedo ancestral que hoy, a mis exactamente 37 años, tengo más presente.

Somos unos animales, de la familia de los primates más en corto, en vez de aplicar esquemas de causas y efectos, aplicamos esquemas de pecado y culpa. Y claro, si aplicamos pecado-culpa, el tercer elemento es la penitencia (acto de contrición y propósito de enmienda). Y no es que no debamos hacer nada, no voy a tratar de eso en estas líneas. Tampoco sé que es lo que hay que hacer, sólo soy un simple primate asustado e indefenso por la magnitud de lo que me rodea.

Algunos opinan y predican lo que debemos hacer, lo que debe hacer la humanidad… cómo si la humanidad fuese su prima y viviera en Cuenca. Me maravilla la gente tan lista.

¿No intervenir? ¿La injerencia humana en el medio ambiente? Ni que el mundo estuviese recién fregado – ¡Niñoooo, no me pises lo fregao! – Somos parte del mundo, no podemos dejar de intervenir.

Pero siempre hay el eterno dedo acusador que nos señala que nuestra injerencia es perversa. No siempre. El gaviotín chico (Sterna lorata) es un ave marina en peligro de extinción, sólo quedan unas cuantas de éstas en el litoral de Perú y norte chileno. Parece ser que les hemos esquilmado sus anchoas y no tienen que comer, además no oculta sus huevos ni los cuida, y claro, son un festín para sus depredadores. Vamos, que el bicho en cuestión no posee una gran estrategia de superviviencia. Mejillones es una zona en plena explosión económica, hay mucha plata rodando por aquí por las minas: el cobre y el litio. Pues han montado una fundación de protección del gaviotín. Para protegerlo, en el fondo siempre hay buena gente dispuesta a salvar al resto de sus pecados. Pecado, culpa y penitencia… si está todo inventado, lleva más de dos mil años inventado.

¿Y qué pasa si extingue el gaviotín? Supongo que lo mismo que si extinguen los osos panda, no gran cosa. Yo, cómo sé más de leyes que de biología, no dejo de pensar en la colisión de derechos. Porque ya puestos a hacer acreedor de derechos a los gaviotines y gaviotinas, ¿Por qué no hacerlo también a la futura especie que ocuparía su nicho biológico? Porque quizá gracias a nuestra protección, no estamos dejando extinguirse a la especie… quizá ese fuera el plan de Gaia, que los que no se adapten deben desaparecer. Es tremendo, que despiadada es la madre naturaleza, parece la madrastra del cuento de Blancanieves. Es una cuestión moral,

¿Somos o no somos graciosos?.

No pretendo hacer un alegato antiecologista, sólo son pensamientos, reflexiones, preguntas sin respuesta, porque no la tengo, ni la pretendo. La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento.

En el fondo lo que nos gusta es discutir, de lo que sea, pero discutir… para tener razón.

Marod

Estimados;

Raras son las ocasiones en que me da por salir de mi escondrijo de lector voyeur que os sigue sin intervenir. En esta me ha dado por querer hacer un análisis crítico del artículo del Sr. Rogelio Alonso.
Vayan mis anticipadas disculpas al Sr. Buesa por no hacer esta crítica en su espacio, pero con lo poco que me prodigo, me siento en deuda con esta Plaza que tan excelentemente me acoge siempre.

Preliminares realizados, al lío:

La línea argumental del Sr. Alonso se centra en atribuir al gobierno anterior una legitimación del entorno político de ETA, y expone – de forma brillante – las contradicciones del actual entre su programa y su política, culpándole de cierta connivencia con el entorno terrorista y vaticinando veladamente una debacle electoral.

Una primera sentencia llama poderosamente mi atención: “La constante necesidad del Gobierno por defender su posición revela que esa desconfianza está fundada”. Hombre, la necesidad lo que revela es la rentabilidad política del asunto en cuestión (que hace ganar o perder votos), pero en ningún caso fundamenta la conducta que el Sr. Alonso atribuye a Mariano y su muchachos. Pero esta conducta es absolutamente normal en política, quien gobierna se defiende y quien opone ataca, de cajón. La contradicción es más dialéctica que material. Ciertamente, quien se opone es una parte de su electorado. Ni mucho menos podemos englobar a todo su electorado. Sabemos que el PP es conglomerado rarito de liberales, conservadores, monárquicos y católicos. Y claro es difícil contentar a tan heterogéneo grupo (sin ir más lejos, no creo que al sector católico le haga puñetera gracia que les salga del armario un miembro de la ejecutiva… sin embargo igual les compensa porque ganan algunos ciudadanos para la causa).

El gobierno quiere pasar página, porque cree que la mayor parte de la sociedad española está preparada o dispuesta a ello. Ningún gobierno quiere tener un grupo terrorista activo sembrando bombas por el territorio.

¿Cuál sería el precio político del PP si en un hipotético golpe de timón recrudeciera la política antiterrorista, y a cambio la banda le pusiera una pica en Flandes con varios muertos? Todavía se acuerdan del trágico episodio del 11-M que – polémicas y sombras a parte – les costó una debacle y no precisamente hipotética. Y les costó porque lo que caló a la mayoría es que unos talibanes salvajes nos habían volado Atocha por culpa de meternos en una guerra en la que nadie nos había dado vela… Y convence tú de que ni eran talibanes, ni que la guerra nos era ajena… tururú.

Mariano es además especialmente tendente a no moverse, llegó a la Moncloa por KO técnico del adversario, que tenía la extraña habilidad de pegarse tiros en los pies a cada paso que daba.

Dice también el Sr. Alonso que el gobierno anterior propició la legitimación del entorno etarra, o de su brazo político. Pero esta afirmación presenta sesgo político, pues bien sabemos que no depende del ejecutivo esta legalización, sino del judicial (Constitucional, en este caso, o Prostitucional rebautizado en esta Plaza). Me dirán a buen seguro que el judicial ya no es poder independiente, y contesto anticipadamente que esa rémora no la podemos atribuir al gobierno anterior, sino a una comandita entre nuestros representantes mayoritarios, que juegan con el judicial a Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.

Deduce – el Sr. Alonso – de esta legalización un fortalecimiento terrorista, que yo no veo. Y no lo hago por un motivo fundamental, que la legalización fue condicionada a renunciar a sus apoyos violentos. Y, sinceramente, me da igual si esa renuncia es más fingida que el orgasmo de una prostituta experimentada. Porque la renuncia tiene que ser formal, lo que quiere decir que lo que realmente piensen esos señores importa muy poco. Si condicionásemos la validez de los estatutos políticos por sus “ocultas” intenciones… me parece que no quedaba partido en pie. Y todos sabemos que estos radicales tienen por objetivo la independencia de una patria de fantasía llamada euskalerría que vivirá en una eterna revolución marxista y comerán perdices… allá cada cual con los cuentos que se crea. Y también sabemos que les importa tres cojones que a causa de la patria fantástica hayan muerto personas inocentes, y que incluso en su fuero interno lo justifican… la libertad y la democracia implica que los hijos de puta no quedan inhabilitados en política.

Lo que verdaderamente posibilita el “proceso de paz” en el que están inmersos nuestros políticos es que hayan cesado los asesinatos. “Interrumpidos por motivos tácticos” dice el Sr. Alonso, como si lo importante fuera la razón en que estriba que los asesinos hayan dejado de matar, para que eso importara deberíamos concederles una condición moral de la que obviamente carecen… ¿A caso Japón se rindió a los USA por un arrepentimiento espontáneo de su invasión en el Pacífico, o fue más bien producto del pepinazo que les dejó de regalo el Tío Sam?

ETA ha dejado de matar porque militarmente ha perdido, sencillamente no pueden mantener la actividad militar. Pero ningún gobierno en sus cabales subestima su capacidad puntual de que te metan una bomba lapa descarriada y te dejen con el culo al aire. Eliminada la acción delictiva armada, no se sostiene constitucionalmente vetar el acceso político ad infinitum. Y si esperamos arrepentimiento sincero y actos de contricción, vamos a tener que echarle paciencia.

Me dirán, con razón, que ETA no ha entregado las armas. Tampoco han cesado las acciones policiales, ni ETA está en las Instituciones, al menos no en puridad. Y si sus herederos ideológicos lo están es porque se cumplen las condiciones: cese de la violencia, rechazo formal a la misma… y sobretodo… que les votan.
Con estas premisas, no está exento de lógica (que no de justicia o de moral) gestos como los de Bolinaga.

Igual me he extendido demasiado, disculpad el ladrillo.

Afectuosos saludos

Nota (pm). Marod está haciendo alusión a este artículo que destacó Mikel Buesa de Rogelio Alonso:

Marod

Hala, dejad al muchacho tranquilo, que sois muchos zurrándole la badana. Aplicando el artículo 24 de nuestra Constitución Española (con perdón Sugar, ;-) ) expongamos sus conclusiones con una argumentación algo más refinada:

1- Cuestión lingüística: la protección (excesiva en mi opinión) que los poderes públicos proporcionan al euskera se fundamenta en dos cuestiones: por un lado – y esto es obvio – por su propia debilidad frente al castellano (por circunstancias personales resido desde hace 3 meses en Vizcaya, y sólo sé decir “egun on”… vamos que no oigo mucho euskera). Si se hablara más euskera que castellano, no tendría sentido protegerlo. Por otra parte, nuestro marco constitucional reconoce la protección de los intereses o derechos legítimos de las minorías representativas. Y ahí está el meollo. Objetivamente, en esta comunidad autónoma las políticas que defienden el euskera son (tan) mayoritarias cómo para legislar en este sentido. Tan lícito es que a mi estimado PM se la fume que desaparezca de la faz de la tierra el euskera, cómo que a Sugar le parezca sacrílego tan siquiera insinuarlo. Ante dos cosas lícitas (nótese que no he dicho razonables, sino lícitas), aquella que obtenga mayor respaldo social se impone, Y tu ejemplo del ligoteo no me vale, porque compara relaciones personales subjetivas, con relaciones sociales objetivas… vamos que no se pueden sumar peras y manzanas. Por esa regla de tres, como a un inglés se le ponga en los cojones conducir por la izquierda… la llevamos clara. Y no me pongas en cuestión la representación política del parlamento vasco, porque nos salimos del marco objetivo que nos viene dado y empezamos a desvariar,
A partir de ahí, podemos discutir si la protección va por exceso y en perjuicio del derecho a hablar castellano, o lo que a cada cual le venga en gana. La inversión lingüística a mi me parece una estupidez supina, más que nada por despreciar el aprendizaje de una de las 3 lenguas más habladas del orbe, y un atropello, lo que mi abuela decía “vestir a un santo pa desvestir a otro”.

Lo de la “ficha-encuesta” no hay por donde cogerlo (y mira que le he dao vueltas a ver si lo podía defender de alguna manera). Con el DNI, van que chutan… ¿más datos? ¿para qué? ¿por cojones? … lagarto, lagarto.

2- Cuestión política: No comparto esa tendencia tan vuestra de comparar a los votantes/simpatizantes de Bildu con ETA. Le has puesto al “dulce” muchacho este una pistola en la mano desde que asomo el morro, sin que él haya dicho esta boca es mía. Bildu es un partido legal, cuyos estatutos cumplen los requisitos exigidos legalmente para constituirse como tal. Y ninguno de sus integrantes tiene causa pendiente ni consta imputado en proceso por delito de terrorismo alguno… ¡Ya, pero lo piensan!, me dirá alguno. Pero es que el pensamiento no delinque, no se puede ser liberal sólo para lo que gusta. Una cosa es que defiendan la -vamos a llamarla así- teoría del conflicto y reconciliación, y otra muy distinta es que sean filo-etarras. Más que nada porque me temo que de considerarlo así, más de la mitad de la población vasca (y del resto de España, si me apuras) sería simpatizante de los terroristas.

Y no te enfades con el chico, porque te llame facha, es que en clase de historia no estaba muy atento. La culpa la tiene el PP, que ha mezclado liberales, católicos, falangistas, monárquicos y franquistas en el mismo saco… y claro la gente se confunde. A la te ven la patita liberal por debajo de la puerta, te llaman de todo, gajes del oficio :-)

atentamente;

Marod

El desarrollo tecnológico de la información y los soportes virtuales (no físicos) han transformado especialmente el campo de la producción intelectual.

Hace no tanto tiempo, la única forma de consumir la obra intelectual de un creador (literatura, música, cine, etc.) era adquiriendo una copia de la misma en un soporte físico (libro, CD, VHS, DVD). Esto otorgaba cierta facilidad en la protección de la propiedad intelectual, pues aunque se podían copiar ilegalmente, exigía cierta actividad física incriminatoria sobre todo si se pretendía abordar a gran escala (que nos regalaba imagenes de montañas de CD´S destruyéndose a manos de nuestras fuerzas de seguridad).

Sin embargo, la evolución tecnológica de la “sociedad de información” ha supuesto una merma considerable, y una de las frases más recurrentes que se oyen “no se pueden poner puertas al campo”.

Es verdad, esta pérdida de corporidad física de la obra intelectual, supone un reto inabordable para los autores, que ven cómo su obra se reproduce como un virus incontrolado en infinidad de sitios web.

¿Deja de ser delito por qué su comisión sea más fácil?

A primera vista NO. Pero la nueva situación hace necesaria una nueva regulación, que ofrezca protección a los autores, pero que tampoco considere conductas punibles y típicas (penalmente) el intercambio de archivos entre personas (de seguir ese razonamiento, nuestra sociedad estaría enferma dados los millones de delicuentes). Así pues, conductas tan popularizadas no pueden considerarse acreedoras de la necesaria reprochabilidad o antijuridicidad como para penalizarlas.

En este punto me parece que uno de los aspectos a revisar debería ser la duración temporal del derecho de autor. Actualmente según lo establecido por el artículo 26 del RD 1/1996 “los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”.

Parece lógico pensar que si uno elabora un producto, determina un precio único. En el caso de los autores, el precio es continuado en el tiempo, lo que le lleva a explotar esa obra en regimen exclusivo para toda su vida y casi la de sus legítimos herederos. Con algo tan fácil de consumir o adquirir, creo que deben replantearse esta exclusividad.

El hecho de poner un límite temporal real a la explotación del autor, significa que las personas que pretendiesen consumir la obra en sus primeros compases deberían ofrecer la contraprestación exigida, pero pasado ese determinado tiempo, la obra se podría difundir libremente. Dando acceso a la cultura a toda la población, y manteniendo a su vez, el incentivo capitalista entre los autores, que ya habrían obtenido la recompensa pecuaniaria por su trabajo.

Significa, obviamente, una reducción de los ingresos. Si ésta deben soportarla los autores, o los editores, o distribuidores…. es otra cuestión en la que deberían negociar las partes y alcanzar acuerdos.

En todo caso deben perder más aquellos que vegan obteniendo mayor rentabilidad del actual sistema, y los consumidores que pretendan  adquirir la obra asumir también que adquirirla “calentita” pasaría a costar algo más dinero (pues también adquieres la exclusividad de acceder a la obra antes que los que la pretendan consumir libremente).

Con esa reforma, sí resultaría más justo perseguir penalmente a aquellos que por cualquier medio difundiesen contenidos protegidos por los derechos de autor antes de tiempo.

Me pregunto si se les habrá ocurrido, quizá sea algo descabellado y yo no lo vea… la duda me corroe… naah que va!! es broma, era una paja mental.

Marod

Desde su desarrollo evolutivo, el ser humano se distingue por su altísimo y complejo grado de socialización que se traduce en organizaciones sociales más completas y desarrolladas que el resto de animales.

Parece fácil concluir la fuerte necesidad humana de crear sociedades que han ido evolucionando y desarrollándose a lo largo de la historia. Desde las primitivas organizaciones tribales hasta los Estados modernos que conocemos hoy, existieron un completo catálogo de distintas organizaciones sociales (desde las “Polis” griegas hasta los Reinos Feudales).

Una sociedad – sea cual sea su forma – se caracteriza por la convivencia de un grupo de individuos que se rige conforme a unas normas, normas que a su vez emanan de los grupos o individuos que las gobiernan.

Como todos sabemos, a lo largo de la historia podemos encontrar multitud de estas formas de gobierno: timocracias, repúblicas, oligarquías, dictaduras, absolutismo, democracia, etc. Todas las formas de gobierno comparten una crítica fundamental que consiste en la legitimidad del poder. Desarrollando este concepto, cabría que se formulasen dos preguntas básicas:

¿Dónde reside la fuente del poder para dictar las normas que rigen una sociedad determinada?

¿Es esa fuente de poder legítima?

Y aquí está el meollo de la cuestión, me explico: En una timocracia la legitimidad del poder reside en la potencia económica, en una oligarquía en la pertenencia a una clase o casta de los individuos, en el absolutismo reside en el poder religioso, en una dictadura en el poder militar. Todas comparten el mismo vicio la legitimidad del poder es injusta por su arbitrariedad. ¿Todas? No, todas menos una… la Democracia moderna, porque en la democracia moderna la legitimidad del poder reside en… ti mi apreciado lector. Sí, sí borra esa sombra de alucinado de tu rostro porque la legitimidad del poder reside en la SOBERANÍA POPULAR.

Y en esto precisamente constituye en mi opinión el dogma de la democracia.

Un poco de teoría del Derecho para que lo veáis más claro. Para los que no conozcáis a Hans Kelsen (principal exponente de la corriente del iuspositivismo) os diré que nuestro actual ordenamiento jurídico (la madre del cordero del Estado de Derecho) no es más que un sistema formal de normas organizadas en una relación jerárquica que termina en lo que Kelsen denominaba “Norma Fundamental”, o sea la Contitución.

Nuestros reglamentos no son válidos por su justicia o injusticia, sino porque los habilita una norma de rango superior (ley), a su vez habilitada por una LO, a su vez los habilitada por Constitución.

Vale, ¿Y qué coño habilita a la Constitución? Los que hayáis pensado la soberanía popular es que me habéis entendido, los que no ruego me disculpéis por no saber explicarlo mejor.

dogma.(Del lat. dogma, y este del gr. δόγμα).

1. m. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.

2. m. Doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia.

3. m. Fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión.

Bueno, y ¿Quién narices es la Soberanía Popular? ¿Alguien me puede dar su teléfono?, este es el dogma, considerar a la soberanía popular como un ente con sustancialidad y voluntad propia (si se parece a una deidad, no me jodas).

O sea, que yo me entere, hace treinta y pico años unos cuantos millones de administrados de esta finca llamada España votaron SÍ a un texto articulado en 178 artículos (cuyo sistema de revisión es más complicado que darle la B mayúscula del sillón de la Real Academia de la Lengua Española a Belén Esteban), y este acto es la base de legitimidad para que nuestros actual gobierno legisle lo que le salga de las gónadas (arribándose siempre alguna otra voluntad política, claro está); y el único condicionante es que cada 4 años esos millones de administrados digan si prefieren que sea José Luis, Alfredo o Mariano quien se ocupe de sus destinos. Que nadie se pierda en esto, la legitimidad del sistema reside en el primer sí a la Carta Magna, lo de las elecciones cada 4 años es circunstancial.

No quiero que se interprete esto como una renuncia personal a la democracia. Evidentemente, tiene muchas ventajas con respecto a otros regímenes, sin ir más lejos la voluntad individual (libertad de expresión que ahora mismo ejerzo, libertad de pensamiento, de culto, propiedad privada, etc.) es lo más positivo y destaca sobre otras formas de gobierno.

Pero no compremos motos que no andan, la libertad colectiva es un dogma, no tenemos libertad de elegir sobre cuestiones como tributario, organización de Estado, educación, etc. Y no la tenemos porque en cuanto las decisiones trascienden la esfera de lo individual deja de haber una única voluntad, y es cuando las opciones de unos se deben imponer sobre las de otros. Lo que hace la democracia es una magnífica ilusión de que somos realmente nosotros los que decidimos esas cuestiones.

Quizá la iniciativa de “hablar con mi diputado” impulsada en este foro prospere y me tenga que “comer” las 864 palabras de este articulillo de tres al cuarto, pero desgraciadamente creo que tengo razón. El tiempo – como siempre – será nuestro mejor juez.

Marod

Este artículo lo realizo a petición expresa del propietario de esta bitácora, ruego me disculpen aquellos que aprecien el texto aburrido, carente de interés y/u ofensivo. Las reclamaciones a este respecto a la atención de Plaza Moyua; las que sean por las ideas, opiniones, errores o inexactitudes varias tienen un único responsable que no atiende reclamaciones (yo).

Antes de formarse una visión subjetiva al respecto del tema, no estaría de más poder contar con algún material objetivo que nos sirva de “ancla” para que esto no se convierta en una sucesión de opiniones gratuitas más o menos in-sensatas.

Para ello nada mejor que consultar la página del Ministerio de Cultura.  Para el que no tenga gana o paciencia, lo resumo de la forma más breve y sencilla que me puedo permitir.

En primer lugar: hay que saber qué es lo que subvenciona, y en el área de “Cine y Audiovisuales” existen un buen número de convocatorias que van desde ayudas a la producción, creación de series de animación, ayudas a presentación a certámenes, etc. Es decir que la Administración trata de cubrir distintos objetivos realizando diferentes convocatorias públicas con sus específicos requisitos para acceder a la ayuda. Pero fijémonos en dos principales: Ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de largometraje 2011  y Ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto 2011.

Estas son – a groso modo – las que tienen como objetivo ayudar en las fases iniciales de la producción (hay otras posteriores, dirigidas a gastos de distribución y amortización de las productoras, pero tienen criterios correctores en función de su permanencia en Salas y recaudación).

En segundo lugar: ¿A quién se subvenciona?

  • Los que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social.
  • Los que sean de carácter documental.
  • Los que sean de carácter experimental.
  • Los que incorporen nuevos realizadores.

En tercer lugar: ¿Quién concede la subvención?: El Director General del Instituto de la Cinematografía y bla bla bla, a propuesta de un Comité de Ayudas a la Producción, formado por profesionales del sector.

En cuarto lugar y más importante: ¿Cuánto nos gastamos en estas dos? La dotación presupuestaria de ambas ayudas es de 10.000.000€ (ocho para las que van sobre proyecto y dos para la producción).

Una vez que nos hemos introducido brevemente en el asunto, podemos formarnos una opinión crítica.

Nada malo ni perverso hay en que La Administración conceda ayuda a la realización de proyectos cinematográficos. A fin de cuentas, se trata de una actividad comercial privada lícita que fomenta empleo (no sólo a nivel de artistas) y establece mercados secundarios o complementarios; y que por lo tanto, mueve la economía (unos 65.000.000€ de recaudación en 2010, a pesar de su fuerte recesión).

Además, hay que contar con que la difusión de obras culturales da publicidad y prestigio a la nación, no olvidemos que varios de nuestros cineastas han ganado premios de reconocido prestigio internacional (independientemente de que subjetivamente sean del gusto de cada cual, nos dan prestigio).

Y por último, hay proyectos de interés cultural o documental, pero de escaso valor comercial. Sin estas ayudas públicas, estos proyectos jamás verían la luz.

El problema más complejo viene a la hora de determinar quien debe conceder estas ayudas. Obviamente, dado que las otorga La Administración, debe ser un organismo político, sin que ello signifique necesariamente “patente de corso” para la arbitrariedad. Para eso las ayudas se aprueban reglamentariamente con arreglo a unos criterios y requisitos lo más objetivos posibles.

¿Qué ocurre? Pues como en todo, los órganos de la Administración tienen una eficiencia limitada, y siempre habrá corruptelas, amiguismos y relaciones de clientela entre políticos y determinados “artistas”. ¿Eso significa que sea condenable el sistema entero? Pues mire, no. Hay que establecer mejores controles políticos para evitar arbitrariedades (pero no en este campo sólo, en todos).

Pongo un ejemplo, si alguien dijese que el motor de explosión es una aberración porque no transforma todo el combustible en movimiento, y que debe ser erradicado ¿estaría en lo cierto?, o ¿no sería mejor optimizar su eficiencia para que rindiese más y consumiese menos?. Pues esto es algo similar, no erradiquemos el sistema, mejoremos su eficiencia para que el dinero de todos cumpla sus funciones, y no se “transforme en calor” sino en “movimiento”.

Por último, también son injustas las críticas sobre lo que nos gastamos en cine. Miren, sólo el gasto (no financiero) del Estado para 2011 es de 150.056.000.000 € (más de 150 mil millones de Euros), la dotación presupuestaria para estas dos ayudas que acabo de diseccionar asciende a 10 millones, o sea un 0,006%. Tampoco nos va a sacar de pobres y por lo menos, alguna película habrá que les haga olvidar por –al menos 70 minutos- las portadas de los diarios.

 

Fuentes:

-       Cuaderno Blanco de los Presupuestos Generales del Estado: http://www.sgpg.pap.meh.es/sitios/sgpg/es-ES/Presupuestos/Documents/Ley%20PGE%202011/CUADERNOBLANCO2011v2DEFINITIVOESPA%C3%91OL.pdf

-       Web del ministerio de cultura: http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Cine/index.html

-      La Gaceta: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/recaudacion-taquilla-del-cine-espanol-cae-picado-2010

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