Ya tenía pinta, pero ahora está claro:

El programa electoral de CiU asegura que la Generalidad ejercerá el concierto económico y asumirá la gestión de la Seguridad Social, de todas las infraestructuras de Cataluña, de la navegación aérea y marítima, del control aduanero, de la expedición de documentos de identidad, y de la gestión hídrica, entre otras. Además, promete que el TSJC será la última instancia judicial en Cataluña, que la Generalidad se arrogará la titularidad de los edificios del Gobierno y de múltiples instituciones -como el CSIC-, y que desmembrará el Archivo de la Corona de Aragón.

El problema no es solo que sea potestad exclusiva del gobierno, sino que es potestad exclusiva de los españoles el decidir cómo se puede estar dentro de España, y cómo no se puede. Y lo que pretende Mas es, literalmente, que Cataluña sea una “okupa” dentro de la casa de todos. Cosa que no es muy de extrañar dentro del ambiente entre payaso y antiglobalización que tanto parece molar en Cataluña. La pregunta sería si los españoles van a querer tragarse eso.

Se puede pretender que moralmente, o democráticamente, una parte del conjunto pueda decidir si quiere o no quiere estar dentro. Con la dificultad de definir quién es una parte. Pero lo grotesco es pretender decidir estar dentro, “a la carta”, y sin permiso de los demás.

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